Con un trasfondo engañoso fue presentada la reforma migratoria en Estados Unidos, bajo el pronunciamiento por un “camino duro y justo para la ciudadanía”, acompañado de la reiterada necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza. De hecho, la doctora Alejandra Castañeda, investigadora del Observatorio de Legislación Migratoria Norteamericana del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), no otorga de entrada el beneficio de la duda: “Fácilmente se puede leer como una iniciativa benéfica u optimista, pero no lo es porque primero está el tema de seguridad fronteriza y después lo demás”. Bajo la promesa de adquirir un permiso temporal para trabajar y vivir legalmente en el país – aunque sin garantía de obtener la residencia – 11 millones de indocumentados en Estados Unidos recibieron la noticia por parte de tres senadores republicanos y dos demócratas. El anuncio se adelantó un día al mensaje del Presidente Barack Obama, que aconteció el 29 de enero de 2013 en Las Vegas, Nevada, donde el primer mandatario dio a conocer su propuesta en materia migratoria. La principal distinción de esta reforma es la ventaja que se ofrece a tres sectores del resto de la población inmigrante: los jóvenes estudiantes llevados al país de seis años o menores, conocidos como “Dreamers”; quienes poseen estudios de maestría o doctorado en ciencias, tecnología o matemáticas; y los trabajadores agrícolas, que tendrán su estancia legal prácticamente en el bolsillo. Estos migrantes calificados se beneficiarían por ser considerados parte esencial del sistema económico del país. Así se evitará la fuga de conocimiento al extranjero y la captación de nuevos talentos, pieza crucial para el desarrollo de cualquier país. La consideración hacia los “<i>Dreamers” está contemplada desde un punto de vista legal, “no son culpables de haber roto la Ley porque fueron sujetos a la voluntad de sus padres”, explica la doctora Alejandra Castañeda. Mientras que los trabajadores del campo son empleados del sector agricultor que, de acuerdo a la entrevistada, está en manos de un grupo fuertemente republicano, del cual depende la seguridad alimentaria de Estados Unidos. “La categorización no es un asunto inocente, ellos son elementos necesarios para la sociedad norteamericana o que despiertan empatía, sin embargo, el verdadero debate está en el gran grupo de indocumentados que podría ser amnistiado o no, dependiendo de los puntos específicos a establecer”, argumentó Castañeda. Protección fronteriza a toda costa La criminalización de la migración inició con la legislación instaurada en la administración del demócrata Bill Clinton, en 1996. Abreviada IIRAIRA, en esta normatividad se estipulan lineamientos de vigilancia migratoria como el reforzamiento tecnológico en las zonas limítrofes y el aumento de agentes de la Patrulla Fronteriza. La visión hacia los migrantes ha permanecido desde entonces, y de 2005 a 2007, inspiró tres iniciativas de reforma introducidas, mas no aprobadas por republicanos, pese a que el objetivo era reforzar la seguridad en los puertos de entrada a Estados Unidos. Para la investigadora del COLEF, los intereses de los legisladores republicanos son inseparables de su reiteración por la seguridad fronteriza, e interpreta la inclusión de este apartado en la reforma como una intención explícita por conservar sus principios ideológicos. Como muestra, el primero de los cuatro pilares legislativos de la reforma es “crear un camino duro, pero justo a la ciudadanía para migrantes no autorizados que viven en Estados Unidos, contingente en mantener la seguridad de la frontera y el seguimiento de salidas de migrantes legales”. Con ello vendría el endurecimiento de la política en la frontera mediante el incremento de agentes fronterizos y adquirir más aviones no tripulados o drones. Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos, indica que en la actualidad se cuentan con diez unidades -cada una con un costo de 18 millones de pesos-, pero solamente se utilizan dos. Cabe mencionar que los antecedentes de las políticas fronterizas demuestran que a la par del aumento de elementos de la Patrulla Fronteriza, están las violaciones de Derechos Humanos de los migrantes. Como un punto interesante, grupos de activistas destacan la intención del Senado de crear un dispositivo de rendimiento de cuentas para la Patrulla Fronteriza. “Green Card” no garantizada Aunque todavía queda un largo camino por recorrer para que se definan las futuras reglas del juego migratorio, por ahora se ha dicho que quienes deseen aplicar para el programa -una vez aprobada la reforma- deberán registrarse en una base de datos gubernamental que incluirá “someterse a una revisión de antecedentes penales y pagar una multa, a modo de compensación con la sociedad norteamericana, además de sus impuestos de ingresos anteriores”. Para la investigadora Alejandra Castañeda, este apartado comprende una pieza clave en la reforma, dado a que aquellos criminales peligrosos por sus antecedentes penales serán sujetos a la deportación, pero habría que considerar que el solo hecho de haber ingresado al país con documentos falsos y los subsecuentes intentos de introducirse ilegalmente, convierte a los migrantes en delincuentes. “Hay estudios que demuestran que esta gente solamente cruzó sin papeles o vive sin papeles, y algunos realizaron alguna infracción de tránsito. Para mí éste es el tema, porque probablemente desencadenará una gran cantidad de deportados”. Así, la gran mayoría de los indocumentados deberán atravesar estos filtros, sin obtener ningún beneficio de acceso a programas federales y bajo el riesgo de ser deportados si el proceso no es completado de manera satisfactoria. En la reforma se propone que las medidas de seguridad sean implementadas de forma previa a la legalización de estadía y trabajo de los indocumentados. Además, quienes se sometan al proceso de revisión y registro deberán esperar que quienes iniciaron su proceso por la vía legal, sean atendidos primero. “Sería crear una segunda fila de espera, cuando sabemos que por los recursos que cuenta el Gobierno Federal, hay quienes deben esperar entre 20 y 30 años para obtener su residencia legal”, apuntó el activista Pedro Ríos. Una vez aprobado este requisito, los migrantes serán sometidos a una revisión de antecedentes penales adicional. A la par, deberán continuar con el pago de sus impuestos, así como aprender inglés, demostrar un historial laboral en Estados Unidos y tener un trabajo, entre otros requerimientos, para obtener la residencia permanente. Mientras tanto, a los agrícolas se les condicionará a “comprometerse en largo plazo con la estabilidad de la industria agricultura nacional”. Bajo estos términos, serán sometidos a un proceso diferente y de acuerdo a un programa especial. Obama propone lo mismo “El sistema de inmigración de Estados Unidos está fragmentado”, inició así su discurso el Presidente norteamericano Barack Obama, durante el cual invitó a los millones de ilegales a salir de las sombras. Sin embargo, la propuesta del primer mandatario es prácticamente la misma que la de los senadores (en su mayoría demócratas) y se compone de cuatro partes: reforzar la seguridad fronteriza; perseguir a las empresas que contratan a indocumentados; someter a los trabajadores migrantes al mismo proceso largo, burocrático y punitivo para obtener su ciudadanía; y modernizar el sistema legal de inmigración. En el documento emitido por la Casa Blanca, se incluye un apartado para combatir a las organizaciones del crimen organizado y, sin brindar mayores detalles, menciona la incorporación de nuevas sanciones para combatir a estas organizaciones, así como ampliar el alcance de la Ley par permitir la confiscación de los ingresos y bienes de los grupos criminales. Respecto a la deportación de individuos, la propuesta enfatiza la expulsión de criminales en prisión una vez que hayan concluido su sentencia, sin la posibilidad de reingreso al país. En otro sentido, busca aumentar el número de jueces de inmigración y personal de este departamento, ya que se requiere de un eficaz sistema para mejorar, y así agilizar estos procesos legales. “Obama no es tan pro migrante como pareciera, tomó medidas como de la Acción Diferida o la detención de deportaciones de no criminales, pero lo pudo haber hecho desde el principio de su administración. Su mandato es el de mayor número de deportaciones”, sentenció la investigadora Alejandra Castañeda. De ahí la coincidencia entre los proyectos de demócratas y republicanos: la seguridad en la frontera. No obstante, Mark López, director asociado del Centro de Investigación Pew (Pew Research Center) en Washington, D.C., declaró para ZETA que la imagen de los republicanos entre hispanos “no es positiva, hay una brecha de dos tercios de simpatía para los demócratas, y un tercio para republicanos”. De acuerdo a estadísticas del instituto, en Estados Unidos viven 40 millones de migrantes; de los 11 millones con estatus ilegal, alrededor de un millón son los jóvenes beneficiados con Acción Diferida, junto a quienes poseen un posgrado y trabajan en el campo. Ellos representan la minoría de esta población. El investigador observa cómo la reforma posee varios aspectos de políticas de migración y no solamente uno, además de incluir la amnistía, elemento que en opinión de López, no debe ser perdido de vista durante la evolución de la propuesta. “El Presidente Obama indicó que su agenda para su segundo periodo, incluiría la reforma migratoria, y de acuerdo al patrón de otros presidentes reelectos, la segunda administración resulta ser la más fructífera respecto a iniciativas de Ley”, indicó. Sin duda, la segunda controversia en esta propuesta es el sistema electrónico de verificación de empleos, que responsabiliza al empleador en caso de que el trabajador no tenga permiso para laborar. Como director de la asociación pro migrante, Pedro Ríos considera este sistema un modo de discriminación para aquellos con nombres de origen latino. El sistema de revisión, como es planteado en la reforma, busca desalentar y reducir las probabilidades de los miles de migrantes que anualmente intentan ingresar a Estados Unidos para obtener empleo. Tan sólo en 2011, fueron detenidas 327 mil personas por este ilícito. Sin embargo, para el abogado en migración Jacob J. Sapochnick, el sistema de verificación de empleos es una oportunidad de contratación de migrantes porque permite una opción más para tramitar la visa. Como tal, la propuesta “deja abierta a las interpretaciones”, por lo que en un análisis previo, el abogado interpreta -por ejemplo- la mención a trabajadores exitosos que han contribuido a sus comunidades como una oportunidad para aquellos padres que han trabajado durante 15 años y ha logrado que sus hijos tengan acceso a la educación. Aún así, advierte: “Esto apenas es una propuesta, todavía no es algo definitivo para quienes buscan su permiso de residencia, pero sí brinda esperanza para quienes antes de esta propuesta no tenían oportunidades de calificar en alguno de los programas”. Si la propuesta queda lista para marzo, el proceso para convertirse en Ley podría tomar un año, así que el abogado recomienda a los interesados actuar con cautela, buscar asesoría legal y preparar la documentación requerida, sin caer en trampas de abogados que les aseguren un permiso de residencia casi inmediato. Para los investigadores y el abogado consultados, esta propuesta aparece en el momento más adecuado, “es la primera en muchos años tan interesante y revolucionaria”, aseguró Sapochnick Por su parte, la investigadora del COLEF relaciona la decisión con el momento histórico en Estados Unidos tras las elecciones presidenciales de 2012: “Los republicanos se inclinaron tanto a la derecha, que utilizaron un discurso de rechazo a los migrantes, se dieron cuenta de su grave error y tratan de arreglarlo, pero de forma superficial, porque en el fondo continúan las mismas políticas. La discusión se centrará en qué tanto énfasis poner en la frontera, cuántos recursos y con qué propósito serán dirigidos en este punto”. Mientras que Pedro Ríos afirma que los inmigrantes han externado su preocupación por los retos a enfrentar para aplicar para el programa y bajo qué condiciones. En específico, porque la mayoría cuenta con antecedentes penales -infracciones de tránsito o la entrada con documentación falsa-, y una deportación implicaría la separación de familias. “Hay molestia por el doble discurso del Presidente cuando habla de la procuración de leyes migratorias, asegura que los deportados son criminales, pero también han sido amas de casa, estudiantes y trabajadores, sin ese antecedente penal”. En opinión del director asociado del Centro de Investigación Pew, la atención debe enfocarse en la forma como las negociaciones avanzarán, qué decisiones se tomarán y qué compromisos se pactarán. Finalmente, eso determinará si en verdad la reforma será distinta a las anteriores.
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