Negligencia en descarrilamiento del tren

Una vez más el tren que transporta cientos de toneladas de gas desde Tijuana hasta Tecate sufrió un descarrilamiento. Es el decimoséptimo que se registra desde 2007, el segundo en menos de un año, desde que la empresa Baja California Railroad Inc. fue facultada como operadora oficial de esta vía de 71 kilómetros. El incidente sucedió en un cañón ubicado a 50 metros de la cortina de la presa Abelardo L. Rodríguez, al este de Tijuana. Oficialmente el siniestro se registró la tarde del lunes 11 de febrero, pero un correo electrónico anónimo recibido por ZETA que contenía fotografías del descarrilamiento reportó que había sucedido desde la madrugada de ese día. La lejanía del la zona permitió pasar desapercibido hasta la mañana del martes 12. Esa tarde la Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate (Admicarga), empresa paraestatal que administra el funcionamiento del tramo ferroviario, emitió un comunicado en el que se explicó que la carga que transportaba estaba conformada por 21 carros, de los cuales se habían descarrilado seis y que cuatro de ellos requerirían equipo especial para encauzarse de nuevo a las vías. La hipótesis oficial de la causa del descarrilamiento apunta a una acumulación de humedad en la zona montañosa, donde existen cortes de tierra que dejan piedras sueltas que pudieron haberse desprendido con el reblandecimiento de la tierra y rodado hasta dañar las vías del tren. Esta versión fue rechazada plenamente por representantes de la empresa ferrocarrilera Carrizo George Railway, anterior concesionaria de la Vía Corta Tijuana-Tecate. “Por supuesto que no, cada máquina pesa varias toneladas así es que suponiendo que hubiera habido una piedra la hace polvo al pasar”, sostuvo Benigno Licea, representante legal de la empresa de capital estadounidense. “Además se tiene que considerar que a bordo hay un maquinista y auxiliar del maquinista, que van viendo los tramos en los que va circulando el ferrocarril, así es que de advertir cualquier situación fácilmente se (puede) disminuir la marcha, además el tren circula a una velocidad muy lenta”, precisó el Abogado. Vías requerían mantenimiento Ese mismo sitio era considerado por la anterior empresa concesionaria como una zona de terreno accidentado, que requería de constante mantenimiento y trabajos preventivos para evitar descarrilamientos. Años atrás ocurrió un incidente similar en ese mismo sitio, señaló Licea. Admicarga tiene un registro de 15 descarrilamientos durante los últimos cinco años de la concesión de Carrizo George Railway, dos más desde que se le entregó la concesionó a Baja California Railroad Inc. Según el Abogado de Carrizo, la mayoría de los siniestros se deben a la antigüedad de las vías y la gran inversión en reparación y mantenimiento preventivo requerida periódicamente. Días antes del descarrilamiento Baja California Railroad Inc. había manifestado a través de un comunicado de prensa la necesidad de invertir alrededor de 253 millones y medio de pesos (20 millones de dólares) para incrementar la seguridad y mejorar el servicio del transporte de carga. Después de una inspección minuciosa a los poco más de 71 kilómetros de vía existente se determinó que las reparaciones más “apremiantes” consistían en la colocación de durmientes, sustitución de rieles, clavos, placas de asiento, alineación, nivelación y reparación de los golpes que presentan algunos tramos del riel, así como la colocación de grava, limpiado y desyerbado de las áreas aledañas a la vía. A pesar de estas necesidades solamente se invirtieron cinco millones de pesos durante 2012. En reiteradas ocasiones ZETA solicitó una entrevista con los directivos de Baja California Railroad Inc., pero no se obtuvo respuesta de parte de la empresa. El Abogado de Carrizo George Railway, expuso que durante su periodo como concesionarios proyectaban invertir aproximadamente 70 millones de dólares en una reinstalación total de la vía e incluso propusieron al Gobierno del Estado un proyecto para extender las vías hasta Ensenada. Sin embargo la concesión les fue revocada y entregada a Baja California Railroad Inc. En su edición 1971, ZETA documentó cómo la paraestatal Admicarga entregó la concesión de manera irregular, aun cuando le restaban más de 15 años de concesión a Carrizo, ya que el presidente de la mesa directiva de Baja California Railroad Inc., Dimas Campos Santiesteban, había aportado una fuerte suma de capital a la campaña electoral del gobernador José Guadalupe Osuna Millán. El director de Admicarga Jorge Octavio Monraz Sustaita, informó a ZETA vía correo electrónico que el otorgamiento de dicha concesión se realizó “de acuerdo a la normatividad de la materia para el otorgamiento del contrato, se realizó previa validación de la SCT por ser dicha autoridad que tiene la facultad para autorizar dicha contratación”. En septiembre del año pasado Carrizo George Railway interpuso una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior de Baja California, al considerar que existieron irregularidades en la revocación de su concesión. Además en las siguientes semanas se interpondrá una denuncia penal en contra de Monraz por los delitos de uso indebido de la función pública, abuso de confianza y peculado. Según el abogado Benigno Licea, el titular de Admicarga se rehusó a pagar 101 mil 398 dólares de conciliaciones que correspondían a su cliente, además de que retuvo ilegalmente 81 mil 405 dólares que debían ser destinados para trabajos preventivos y correctivos a la vía. Mientras los problemas legales se resuelven en los tribunales las vías continúan en mal estado y el riesgo de otro descarrilamiento continúa latente.