Más cuentas reprobadas

Diputado acusa de tolerante al Órgano de Fiscalización Superior En el informe de gastos presentado sobre el ejercicio fiscal 2011, nueve instituciones gubernamentales de Baja California Sur tuvieron opacidad en el manejo del recurso público, las cuales fueron observadas por el Órgano de Fiscalización Superior, y por consiguiente, reprobadas por diputados de la XIII Legislatura. Los titulares de esas corporaciones no pudieron comprobar gastos por el orden de los 68 millones 895 mil 082 pesos con 37 centavos hasta diciembre de 2012 -según dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del congreso local-, por lo tanto, deberán solventar todas las observaciones pendientes; de lo contrario, tendrán que enfrentar un proceso administrativo y una posterior denuncia penal por las irregularidades. En el banquillo de los acusados de gastos por comprobar están: – Edgar Polanco Martínez, director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Constitución, con 27 millones 953 mil 637 pesos con 31 centavos. – Adalberto Pérez Pérez, director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos; 17 millones 836 mil 661 pesos con 57 centavos. – Pedro Graciano Osuna López, director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mulegé; 5 millones 820 mil 717 pesos con 68 centavos. – Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS); 10 millones 746 mil 096 pesos con 88 centavos. – Jesús Alberto Muñetón Galaviz, titular del Instituto Estatal Electoral (IEE); 2 millones 291 mil 283 pesos con 68 centavos. – Antonio Álvarez Romero, director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE); 1 millón 643 mil 988 pesos con 97 centavos. – Juan Manuel Reyes Cervantes, director del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA); 1 millón 315 mil 477 pesos con 36 centavos. – Ramón Meza Verdugo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); 414 mil 581 pesos con 18 centavos. – Héctor Santana Trasviña Castro, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI); 872 mil 637 pesos con 74 centavos. El Artículo 31 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior establece un plazo que no deberá exceder 20 días hábiles a partir de la entrega de la notificación de las irregularidades, para que los titulares de las instituciones gubernamentales respondan y entreguen un informe detallado del resultado de sus actuaciones. En caso de no contestar sin causa justificada, el Órgano -estipula el Artículo 34 de la citada Ley- “fincará las responsabilidades que correspondan, e impondrá a los servidores públicos responsables una multa de 50 a 600 del salario mínimo vigente en el estado”. Asimismo, que “en caso de que el servidor público reincida, se podrá castigar con una multa de hasta el doble de lo anteriormente señalado, y podrá solicitarse la destitución de su cargo a la autoridad competente”. De acuerdo al diputado panista Luis Martínez Pérez Murrieta, el Órgano de Fiscalización Superior ha sido “notablemente” tolerante hasta cierto punto, rayando en una evidente protección a favor de funcionarios públicos que salieron observados por la serie de irregularidades encontradas. “Tenemos cuentas públicas de otros años que salieron con una serie de observaciones, las cuales fueron rechazadas por los diputados. El Órgano tienen la instrucción de actuar y fue aprobado por el pleno, y no ha hecho absolutamente nada, a pesar de tener atribuciones legales y constitucionales; por lo tanto, ni recuperó el dinero, ni tampoco deslindó responsabilidades en contra de los funcionarios”, acusa. — ¿Y entonces? ¿A qué están jugando? “Es lo que me pregunto yo, porque de nada sirve estar gastando miles de pesos en hacer auditorías y fiscalizar a las instancias de gobierno y municipios, si no pasa nada. Detectan irregularidades, otorgan un tiempo y resulta que a pesar de que no se repara el daño, no pasa nada. Estamos en el estado donde no pasa nada, absolutamente nada, y la verdad es una vergüenza. Te lo digo desde mi punto de vista personal, porque el Órgano de Fiscalización y  los diputados que rechazamos las cuentas públicas, y sabemos dónde, cuánto y quiénes no pasaron las cuentas y no sucede nada, a pesar de la gravedad de las infracciones cometidas y del importe o monto del daño patrimonial”. Claro ejemplo de ese grado de tolerancia, es por parte del auditor superior del Órgano de Fiscalización, Julio César López Márquez, quien dicho sea de paso, se niega a dar entrevistas o explicaciones respecto al avance de las investigaciones contables. El director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Constitución, Edgar Polanco Martínez, quien no ha contestado una sola de las 134 observaciones, aun cuando venció el plazo de 20 días y no tuvo manera de comprobar el gasto de 27 millones 953 mil 637 pesos con 31 centavos. Durante una entrevista con ZETA, Pérez Murrieta consideró que el no actuar en contra de servidores públicos que de plano “no mostraron disposición de solventar nada”, es incurrir en la complicidad y ser irresponsables, porque “el dinero no es de nosotros, es de los impuestos de la gente, y como administradores, debemos entregarles cuentas; y si alguien no lo está haciendo, no tiene por qué seguir en el cargo, y se tienen que tomar decisiones firmes y sin complacencias. “Por mi parte, iniciando el tercer periodo ordinario de sesiones en marzo próximo, retomaré el tema y hablaré con mis compañeros, y aunque no soy integrante de la Comisión del Órgano de Fiscalización, como diputado tengo facultades para solicitar información y ver cómo van todas las observaciones, porque no es posible que nadie haga nada”, expuso. Para el legislador blanquiazul, la “transparencia” no puede ser a medias, porque “no puedes decir que eres transparente porque haces auditorías, publicas resultados y emites observaciones, pero resulta que los funcionarios señalados de cometer irregularidades, no te contestan, te dan largas con los tiempos y al final no te responden, y entonces no se deslindan responsabilidades”. Desde su punto de vista, no se trata de empezar una cacería de brujas, sino de actuar porque la sociedad está atenta a los resultados, y si alguien gastó dinero y no lo comprobó al vencerse el termino, tienen que atenerse a las consecuencias desde ser separado de su cargo e iniciar procedimientos administrativos y penales, pues “ya no estamos en el anterior sexenio”, concluyó el panista. ZETA solicitó una entrevista con los funcionarios señalados, y aunque quedaron de comunicarse, nadie lo hizo al cierre de esta edición, incluido el director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ciudad Constitución, Edgar Polanco Martínez, y el rector de la UABCS, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez.