Los primeros Delegados Federales en BC Ya comenzaron las designaciones de delegados federales en Baja California, una repartición del poder negociada entre partidos políticos después de las elecciones federales para recompensar el apoyo y la lealtad de aquellos que hicieron que regresara el PRI a la silla presidencial. Tres son los nuevos representantes de las dependencias federales en el estado. Algunos cuentan con experiencia burocrática, otros jamás habían ocupado un puesto en la función pública, pero todos están ahí porque de una manera o de otra apoyaron a Peña Nieto en su cruzada por el poder. Éste es solo el comienzo de un proceso de renovación de 76 delegaciones y oficinas de la administración federal en el Estado, el cual deberá consolidarse a la mayor brevedad posible en miras de que sean estos funcionarios públicos quienes ejecuten los programas federales que ayudarán a posicionar al PRI y sus aliados entre el electorado bajacaliforniano en las siguientes elecciones locales. Los primeros tres nombramientos Ya son tres las delegaciones federales que han renovado su titularidad en Baja California: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El primer nombramiento fue concedido a Alfonso Orel Blancafort Camarena, quien a partir del jueves 31 de enero encabeza la delegación de la Semarnat, tras una ceremonia efectuada un día anterior en la Ciudad de México, en la cual también fueron nombrados los delegados de otros seis estados de la república. Blancafort Camarena fue candidato a senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las pasadas elecciones federales, pero perdió y quedó en cuarto lugar, obteniendo 46 mil 934 votos a su favor. Licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana, fungió como regidor del Vigésimo Ayuntamiento de Ensenada hasta el día de su designación al puesto federal. Antes de eso había sido asesor jurídico y representante legal de la empresa estadounidense “Baja 1000 Development Group I, LLC”. Esta empresa obtuvo en octubre del 2006 un cambio de uso de suelo en El Sauzal para desarrollar un megaproyecto inmobiliario frente a la playa, durante la administración del alcalde panista César Mancillas Amador (ZETA 1894). Fuentes priistas consultadas por ZETA en condición de anonimato explicaron que el nombramiento de Blancafort a la Semarnat, así como la de la próxima designación a la delegación de Comisión Nacional del Agua, corresponden al PVEM a raíz de los arreglos firmados con el PRI antes de las elecciones al establecer la alianza entre ambos partidos. “Haz de cuenta que fue una boda”, bromeó el informante, ya que primero se firmó el acuerdo y luego se consumó la unión. La segunda delegación en ser entregada fue la de la Secretaría de Desarrollo Social, su nuevo titular es Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, priista, empresario y nieto del ex alcalde de Tijuana Marco Antonio Bolaños Cacho, quien a su vez fuera sobrino del presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz. El joven funcionario federal cuenta con currículum en la administración pública. Comenzó en 1993 como verificador de bienes y servicios en la Procuraduría Federal del Consumidor, después laboró en el Servicio Postal Mexicano como jefe de la oficina de Lomas del Porvenir. Fue también consejero de la Cámara Nacional de Comercio en 1998 mientras se dedicaba a los negocios familiares. Posteriormente fungió como director de transporte público de Playas de Rosarito en el 2003 en la administración panista de Enrique Díaz Félix. Cabe resaltar que en aquel trienio se otorgaron 65 permisos para la operación de autobuses al presunto narcotraficante Candelario Arceaga Aguirre, operador confeso del cártel Arellano Félix, quien declararía a elementos del Ejército Mexicano que había apoyado económicamente a varios ex alcaldes panistas durante su campaña electoral. Tras las declaraciones de “El Cande” el Ejército Mexicano investigó a Díaz Félix, pero ningún cargo fue fincado en su contra ni contra los funcionarios de su administración. 
Corona continuó laborando en el gobierno municipal de Playas de Rosarito como director de relaciones públicas en el mismo municipio. Después de ese periodo no volvió a ocupar cargos públicos. Durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto logró mantener una relación muy cercana, al ocupar el cargo de coordinador nacional de Enlace y Seguimiento de Sociedad Civil. En entrevista con ZETA Corona precisó que será quien encabece en Baja California el proyecto de desarrollo social “más importante” de la administración peñista, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, así como los programas federales Hábitat y de Empleo Temporal, mediante los cuales buscará canalizar ayuda para los más de 100 mil mexicanos que son deportados cada año a Baja California. El último cargo federal en entregarse en Baja California fue la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A partir del miércoles 6 de febrero el puesto le corresponde al abogado Guillermo Peñúñuri. Muy poco se sabe sobre su carrera profesional, solo que es abogado litigante, egresado de la Universidad La Salle de la ciudad de México. Días antes de su designación se rumoró en la prensa que el puesto le había sido entregado en recompensa porque organizó un evento privado a Peña Nieto cuando éste hacía campaña en Baja California. “Pues ha de haber sido demasiado privado porque nadie lo conoce”, exclamó un priista tijuanense consultado por ZETA. Otro que ha sido mencionado en las últimas semanas es el nombramiento de Raúl Pompa Victoria como delegado de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo el puesto sigue perteneciendo al contador José Luis Kato Lizardi. En cuanto a la supuesta facultad para designar a dos delegados federales que sería concedida al alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, a cambio de desistir en sus aspiraciones a la gubernatura, las fuentes priistas desestimaron esa posibilidad. Se cree que Bustamante no está en buenos términos con los grupos allegados a Jorge Hank Rhon y a Fernando Castro Trenti, por lo que podría quedarse sin ese privilegio. A cinco meses de las elecciones locales, la entrega de delegaciones lleva un evidente retraso, ya que son los titulares de las dependencias federales los responsables de operar políticamente a favor del partido en la presidencia. Es durante este periodo cuando se tejen las redes de poder que serán utilizadas con fines políticos.
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