Sin cumplir con los procedimientos y normas para dar de baja a un empleado, el jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares en Baja California, José Armando Estrada Lázaro, despidió a dos trabajadoras de la oficina de Tijuana, quienes lo acusan de abuso de autoridad, hostigamiento y violencia laboral. Rosalina Márquez Herrera, administradora de la Unidad Regional Tijuana y Martha Domínguez Medina, con 17 y 18 años laborando en la Unidad Regional de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y la Artes (CONACULTA), expusieron que desde hace casi dos años venían padeciendo hostigamiento laboral. Refieren que al poco tiempo de asumir la jefatura de la unidad, Estrada Lázaro asumió una actitud por demás arbitraria. Primero aprobaba proyectos que luego decía desconocer, hasta terminar despidiéndolas con violencia verbal y física, acusaciones que han asentado en oficios enviados a Miriam Morales Sanhueza, directora general de Culturas Populares, quien a la fecha no da respuesta a este conflicto laboral. Del agravio también interpusieron una queja ante la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Márquez Herrera narra que el 21 de diciembre de 2012, aprovechando un periodo vacacional, se reunió con la subdirectora de Proyectos de Intervención, Prudencia Juárez; Néstor Matus, coordinador administrativo y María Eugenia Hurtado, jefa de Recursos humanos, ante quienes expuso la situación laboral de la oficina de Tijuana, requiriéndoles su intervención conciliatoria para la solución del conflicto. Pero el 9 de enero de 2013, al volver de sus vacaciones, José Armando Estrada le pidió firmar la renuncia voluntaria, a lo que ella se negó, por lo que en forma violenta le arrebató el teléfono cuando ella intentó comunicarse con autoridades del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), toda vez que la unidad se encuentra en proceso de descentralización y el personal está comisionado a ese organismo; acto violento que sus compañeros confirmaron a ZETA. Tampoco le permitió el uso de la computadora y le ordenó retirarse. A la fecha el acceso a la oficina le es negado por los guardias, quienes recibieron esa orden. La misma situación enfrenta Martha Domínguez, despedida el 15 de enero de 2013. Enterado de la situación, Moisés Galindo Herrera, director general del ICBC, envió un oficio a Miriam Morales Sanhueza, de la Dirección General de Culturas Populares, ya que José armando Estrada le respondió que el trato hacia las empleadas era una instrucción de la DGCP. De igual manera, le solicitó pruebas documentales que derivaron “… tan penosa situación que violenta en todo momento los derechos de los trabajadores, y expone tanto a la DGCP y al ICBC ante el dominio público por este abuso de autoridad”, precisa en el oficio. ZETA requirió a Estrada Lázaro una explicación de esta situación, pero éste evadió responder, bajo el argumento que solo puede hablar de los programas que la unidad lleva a cabo.
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