Crisis penitenciaria en BCS

Según diagnóstico de la CNDH En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2011, las tres principales penitenciarías del estado de Baja California Sur fueron sujetas a evaluación y colocadas en el lugar número 13 con un rango de calificación general de 6.61 a nivel nacional. La información fue el resultado de un muestreo de las 100 cárceles más pobladas del país, que incluye centros varoniles, mixtos y de mujeres en los 31 estados y el Distrito Federal, y cuya población asciende a 161 mil 823 internos, lo que representó el 75.10 por ciento de la población total penitenciaria. La puntuación fue considerada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Meza Verdugo, “como buena”, tomando en cuenta que la calificación más alta fue de 8.42 correspondiente al estado de Aguascalientes y la más baja de 4.57 respecto del estado de Nayarit, en una escala del 0 al 10. Los indicadores y sub indicadores tomados como base en este dictamen fueron aquellos aspectos que garantizan la integral física y moral del interno, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos internos con requerimientos específicos. Sin embargo, los indicadores más relevantes arrojaron una serie de deficiencias e irregularidades que surgieron en la investigación del organismo autónomo dentro de las cárceles de Ciudad Constitución, La Paz y San José del Cabo. La información es producto de una supervisión permanente, visitas periódicas y atención personalizada de quejas que fueron expuestas a la institución durante el levantamiento del diagnóstico. Por su importancia destacan, entre otros puntos, los cobros indebidos por los propios reos respecto del control de la seguridad y de servicios, pase de lista, mantenimiento de dormitorios, acceso de visitas y no realizar labores de limpieza. Asimismo se anota el tráfico de drogas y alcohol, así como objetos y comunicaciones telefónicas; la carencia de personal de seguridad y de custodia, instalaciones en mal estado en cocina, comedor, visita familiar, talleres y áreas deportivas, así como alimentación insuficiente, y sobrepoblación de internos. Lo anterior no es otra cosa más que el reflejo de una cruda realidad que se vive todos los días dentro de las cárceles en el estado. Datos recabados por ZETA expusieron que la población penitenciaria actualmente asciende a mil 707 reos, distribuidos de la siguiente manera: 1.- La Paz cuenta con 721 de los cuales 490 son del fuero común y 231 del orden federal. 2.- Ciudad Constitución tiene 157 de los cuales 153 son del orden común y solo 4 del fuero federal. 3.- Santa Rosalía cuenta con 186 de los cuales 178 son del fuero común y 8 del orden federal. 4.- Loreto tiene 33 de los cuales los 33 son del fuero común. 5.- San José del Cabo cuenta con 610 de los cuales 590 son del orden común y 20 del fuero federal. De toda esta cifra, 51 son mujeres y mil 656 son hombres, y los cuales cuestan al estado cerca de 40 millones tan solo en alimentación. En números fríos, son 60 pesos diarios por prisionero, lo que equivale a 102 mil 420 por día y tres millones 072 mil 600 pesos por mes y 36 millones 871 mil 200 por año. Las quejas A raíz del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2011, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) puso en marcha un programa piloto de “visitadurías” al Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz. “La intención es hablar con los reos y dar atención individualizada sobre quejas que puedan presentarse en este organismo autónomo, y donde hemos detectado algunos problemas que posteriormente son expuestos a las autoridades penitenciarias y logramos una solución”, dijo el presidente de la CEDH, Ramón Meza Verdugo. — ¿Y los otros penales?, cuestionó ZETA. “No lo hemos implementado, porque tenemos escasez de personal, pero ya hemos estado hablando con algunos visitadores de los municipios, y es muy posible que este año, aterricemos el programa en todos los penales del estado. La verdad de las cosas es que no es que vamos cada mes al Cereso en el caso de La Paz, ya que el visitador va prácticamente todos los días, porque muchos de los asuntos que recoge en su visita mensual formal, tiene que salir y desahogarlos en el penal y eso permite que entre y salga todos los días de la semana y atienda asuntos durante dos o tres horas diariamente”. Tan solo en enero la CEDH recibió 13 quejas de internos del penal de La Paz, y cinco más fueron presentadas durante una visita esporádica a las cárceles de San José del Cabo, Ciudad Constitución y Santa Rosalía. Desde el punto de vista del presidente del organismo, Ramón Meza Verdugo, la violación de los derechos humanos no es una constante dentro de los penales, en comparación con el caso de los cuerpos policiacos. “Las cifras que tenemos no son significativas y los pocos casos que nos llegan son atendidos, y tienen solución rápida, sobre todo porque tienen que ver con castigos y negligencia de revisión de expedientes o de libertades e incluso de la dilatación de resoluciones de los jueces en las sentencias”, señaló.   Pero independientemente del diagnóstico oficial, el principal problema del penal de La Paz es el encarcelamiento de aproximadamente 10 reos que están purgando una condena, a pesar de que padecen de sus facultades mentales. A decir del presidente del organismo, Ramón Meza Verdugo, los prisioneros con problemas mentales irreversibles, prácticamente conviven con el resto de los internos y no están aislados y quienes por humanidad “deberían de estar internados en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento especializado en el tratamiento de personas con enfermedades mentales irreversibles”. El ombudsman agregó que recientemente presentaron un proyecto para la construcción de un hospital monovalente o un manicomio para que se puedan internar no solo a reos, sino a personas internas en el hospital psiquiátrico, y los cuales tienen daños mentales que desgraciadamente no se pueden solucionar. “Es lo humanamente posible hacer por ellos, porque independientemente de todo, son personas y tienen sentimientos, aunque estén trastornadas”, señaló. Aunque fuera de estos señalamientos el ombudsman consideró que “dentro de las cárceles priva la tranquilidad, salvo el intento de motín registrado el 9 de octubre del 2012 en La Paz y el amotinamiento del 7 de febrero pasado en el de San José del Cabo”. — ¿Ya estuvieron en el Cereso de Los Cabos? “Sí, ya estuvimos e incluso el día del motín pasamos hasta dentro y no hubo quejas. Obviamente, eso no quiere decir que no vaya a haber. Lo que hicimos ahora fue regresar y hablar con los presos para recoger posibles quejas y de las cuales tendremos información una vez que se levanten las actas.” El presidente de la CEDH anticipó que la queja principal que habían recolectado dentro de ese penal “era la escasez de alimentos y la entrega de porciones muy limitadas que no satisfacían el paladar de la mayoría de los internos”, información que fue expuesta por los propios reos y algunos familiares tras estallar el motín del 7 de febrero. Datos recabados por este Semanario expusieron que el Cereso de San José del Cabo, estaba atravesado por su peor momento desde su inauguración registrada el 24 de octubre del 2007. El motín –según testimonios de trabajadores del penal– “ya se veía venir” porque estaba en completo abandono “y todo mundo hacía lo que quería”, tanto así que el Director era interino y carecía de comandante general, jefe jurídico, de recursos humanos y hasta de criminología. La única área medianamente funcional era la de administración bajo el cargo de Elsa Agúndez Ceseña, prima del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y de su ex esposa, Sonia Gómez Ceseña, y quien en el sexenio pasado ocupó el cargo de secretaria privada de la ex Primera dama. No obstante, los trabajadores mencionaron a ZETA que la administradora restringía mucho los gastos de alimentación y comúnmente faltaba entre 40 y 60 platillos de reos por día, y cuya carencia siempre pretendía solucionar “dándoles un huevo”. Por último, a raíz de la revuelta que se registró la semana pasada, no había todavía una cuantificación de los daños ocasionados en el interior del Cereso de San José del Cabo. Empero, el director del penal de La Paz, Jesús Ranghner Torres fue transferido como director a ese penal de Los Cabos, y en su lugar quedó provisionalmente Raymundo Flores. La revisión Ante esta situación, el secretario general de gobierno, Armando Martínez Vega explicó  que “el sistema penitenciario entró en un proceso de revisión exhaustiva, ya que actualmente se elabora una evaluación en el estado en conjunto con el gobierno del Presidente de México, Enrique Peña Nieto”. De entrada, anticipó que el primer paso que van a dar para revertir está evidente crisis penitenciaria es tratar de descomprimir las prisiones y lograr la transferencia de alrededor de 80 reos sentenciados del fuero federal hacia cárceles de seguridad máxima, porque la sobrepoblación es un tema pendiente en la agenda, sobre todo en el Cereso de La Paz. “Estamos muy preocupados en cuanto a su ubicación, ya que actualmente está dentro de la marcha urbana y tenemos planeado reubicarlo definitivamente fuera de la ciudad, pero hasta ahorita no hemos conseguido el respaldo económico en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública”, reconoció. Durante una entrevista con ZETA indicó que la reubicación del Cereso de La Paz, costaría cerca de mil 400 millones de pesos y admitió que “es muy costoso porque debe ser construido con materiales especiales desde celdas, bardas perimetrales y todo el sistema de vídeo-vigilancia y seguridad”. El segundo paso que las autoridades tienen en mente es agilizar el proceso de sentencias de cada uno de los internos de las cárceles, ya que es el principal problema y reclamo, derivado de que algunos reos tienen ya hasta tres años y todavía no han recibido una sentencia del Juez que pueda ser condenatoria, libertad o pago de una fianza, cuando en teoría, debieron haberla recibido en un plazo no mayor al año. Según un informe de resultados de enero del 2012 a enero del 2013 de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública –responsable de las penitenciarías– casi la mitad de la población interna está en el estatus de procesados, lo que quiere decir que no han recibido sentencia de parte de un Juez. En el caso de los reos del fuero común, de los mil 144, solo 549 han sido sentenciados y 888 se encuentra en calidad de procesados, lo que representa una diferencia del 75 por ciento entre uno y otro. En el caso de los presos del fuero federal, de los 263, solo 77 fueron sentenciados y 186 aparecen como procesados, lo que significa una diferencia del 140 por ciento. Armando Martínez Vega también afirmó que actualmente están trabajando apegados a los códigos y reglas de operación nacional de las penitenciarías, donde está establecido el tipo de alimentación y el tratamiento que deben de otorgar a personas que están purgando una condena por haber cometido un delito. El funcionario dijo que aún tendrán que esperar tres o cuatro meses la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, a fin de homologarla e implementar las nuevas reglas del juego en esta materia. — ¿En qué condiciones, considera, están operando las cárceles del estado?, se le preguntó. “Nosotros estamos trabajando apegados a las normas federales y eso está validado en el diagnóstico que hace poco hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. El estado estaba calificado con un 5.66 cuando recientemente empezó está administración, y ahorita estamos en el estatus de 6.61, lo que quiere decir que nos hemos esforzado en atender todas las recomendaciones que se han hecho desde mejora en las instalaciones hasta suplir deficiencias en actividades, atenciones y trato. No digo que todo se haya solucionado, pero estamos avanzando, y sobre todo porque periódicamente somos sujetos de revisión por parte de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, y la cual toma nota y evalúa y de eso depende que bajen más recursos federales para equipamiento, armamento y equipo, así como capacitación”. El secretario general añadió que este año el personal de seguridad y custodia de los penales habrá de ser evaluado y tendrá que ser sometido a exámenes de control y confianza porque tienen la mira puesta en lograr que todos sean custodios acreditables. — ¿Y los que no pasen? “Bueno, por eso van a presentar un examen y van a ser sometidos a capacitación, y el que no pase, pues tendremos que darles las gracias”. El funcionario enfatizó que actualmente Gobierno del Estado corre con todos los gastos de los penales desde alimentación hasta luz, agua y gas entre otros gastos indirectos, y la federación entrega una aportación mínima de cinco millones de pesos al año. Además, consideró que el dinero destinado a los penales alcanza bien para cubrir los gastos más elementales y preparar cinco mil 121 raciones de alimento diariamente, conforme al rol del menú de cada semana y basado en la norma de las penitenciarías y autorizado por un consejo. “Las revisiones que nos hacen de la federación son tan rígidas que traen médicos y nutriólogos y toman internos al azar y los someten a una evaluación para ver su nivel de nutrición y ahí salen los resultados”, comentó.