Abusan con Ley de Periodistas

Aprobada la Ley de Periodistas, 5 millones de pesos del erario -cantidad que irá en aumento- fue aprobada por el Congreso para entregar apoyos, préstamos, becas y pagar la seguridad social de una lista de “periodistas desamparados”. Pero lo que menos incluye el catálogo de beneficiarios aprobado en la Legislatura, son trabajadores de los medios de comunicación. El listado circunscribe desde actores de teatro, docentes, reporteros que ya no están en activo, empresarios, políticos o parientes de periodistas, y medio centenar de funcionarios que integraron la convocatoria. Peor aún, los recursos que provienen de los impuestos ciudadanos: – Se usarán para cubrir gastos de salud y seguridad que en el resto de los sectores productivos,  pagan las empresas que contratan o el profesional. – Serán administrados por asociaciones que inflan sus padrones, registrando a personas que no se dedican a la labor informativa y que poco han hecho por sus agremiados. Y nunca se han preocupado por marcar distancia sana con el gobierno en turno para garantizar el periodismo libre. Para el diputado local priista Carlos Murguía Mejía, no son suficientes 110 mil pesos que gana. Además de prerrogativas adicionales, quiere más; por ello, al igual que otras 358 personas, se dice periodista sin serlo, y exigirá que el gobierno le otorgue los beneficios económicos que podría representar la aprobación de la Ley de Periodistas en Baja California. Él no es el único empleado de gobierno que pretende hacerse pasar por reportero. Mario Alberto Palacio Romero, coordinador general de Comunicación Social de Gobierno del Estado, con su sueldo de  63 mil pesos mensuales pagados de la nómina estatal, también se inscribió al padrón. De los cerca de 357 “periodistas” inscritos en la convocatoria que abrió el Congreso del Estado para integrar lo que será el nuevo padrón, pocos trabajan en medios de comunicación bajacalifornianos. A los trabajadores serios de la noticia poco les atrajo el tema, así que el padrón se completó con  seudo comunicadores incluidos en catálogos de asociaciones y clubes de prensa, con padrones inflados. La voracidad de los aprovechados es fomentada por la identificada como “Ley Chayote”,  mal hecha y cuyas bondades consideran favorecer con recursos a cualquier persona que escriba un blog, incluso en su cuenta de Facebook y Twitter. Incluso quien tenga alguna participación esporádica en algún medio de comunicación con información, pudiera exigir ser incluido. Y eso fue lo que hicieron cientos de personas. La legislación permite que el “reportero” no tenga relación laboral con un medio de comunicación -lo que favorece a los agentes libres-, pero ni siquiera es necesario que gane dinero de la actividad, con que escriba de vez en cuando, o participe en alguna cápsula, podrá exigir los beneficios. Bajo ese tenor, el propio gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, pudiera pedir ser inscrito al colaborar con una columna mensual en ZETA. El requisito menos fácil de cubrir, es tener tres años de antigüedad en el trabajo periodístico, sin embargo, tal requerimiento también fue manipulado por quienes deseaban abusar. Gente que ya no es periodista, pero lo fue entre 2010 y 2012, también se registró. Por ello decenas de ex reporteros que ahora integran las oficinas de gobierno en áreas de Comunicación, se aprovecharon.   Daño a la libertad de prensa El control hacia la prensa va en aumento, en lugar que de los gobiernos busquen que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales, de buena gana fungirán como patrón sustituto, al ser el que otorgue estos beneficios, obviamente de los impuestos de la ciudadanía; afianzando así la injerencia directamente con los reporteros para cerrar la pinza. Al cotejar la información de los más de 358 nombres, pocos realmente ejercen el periodismo como forma de vida, incluso un alto porcentaje de las personas no se pudo localizar en foros de la prensa, o información sobre su trabajo periodístico. Como ejemplo de las personas encontradas en el gobierno estatal, además de Mario Palacios se inscribió Mitzi Monge, directora de Comunicación Social del Sistema Educativo estatal y ex reportera de La Voz de la Frontera. Tiene varios años trabajando como funcionaria estatal, al igual que Víctor Adrián Ramírez, titular de área de Comunicación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Francisco Daniel Vargas Ugarte es el encargado del área de Comunicación Social de la Secretaría de Pesca y Agricultura; Guadalupe Ayón aparece en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como coordinadora de Comunicación Social. La nómina del Gobierno del Estado no se conforma con el sueldo que le ofrece ser funcionario, en ese sentido también se incluye a Juan José Tavera, quien labora en Comunicación de la PGJE en Tijuana; Julián Torres en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM); Luis García Higuera, coordinador de Políticas y Difusión de la SSPE; Norma Alicia Bustamante, directora del Centro Estatal de las Artes en Mexicali; y José Fabián Sánchez Luna, auxiliar de difusión del CEART Tecate, quienes también buscaran los beneficios de la Ley como ex reporteros. De Playas de Rosarito, se inscribieron Jonathan Alain Abarca Guzmán, quien fuera director de Comunicación Social del Ayuntamiento, así como el titular Rodrigo Montes y Gerardo Díaz Valles, comisionado al área de almacén. En Tijuana, José Rosario Osuna Camacho, delegado de Mesa de Otay, Bartolomé Rubio Hernández, de Sindicatura municipal; Rafael Morán Magaña, titular de Comunicación de la SSPM Tijuana; y Víctor Manuel Hernández, auxiliar administrativo del XX Ayuntamiento de Tijuana. En el Ayuntamiento de Mexicali aparece el subdirector de Comunicación Social, Rafael Mendoza Madrid; la analista Ivonne Coronado Díaz y Nancy Yolanda Vázquez Fernández, ex reportera de La Voz de la Frontera, quien aparece en la nómina como “operador de conmutador” de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. En Ensenada se inscribió Luis Mario Lamadrid Moreno, director del Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano; mientras que del Congreso del Estado, aparece en la nómina José Luis Oliva Rojo, asesor del Partido Revolucionario Institucional.   Padrones inflados También hay empresarios, como el caso de Francisco Ayala Félix, quien preside la Asociación de Médicos Veterinarios de Playas de Rosarito desde 2012, al igual que Jesús de Galilea Peña García, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y Víctor Loza Bazán, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Playas de Rosarito. Entrevistado por ZETA, Ayala Félix negó haberse inscrito en el padrón convocado por el Congreso del Estado, aseguró no ser periodista y que su único acercamiento al medio informativo fue a través del Club de Prensa. Lo invitaron a dar una plática y después fue a escuchar una conferencia de José Galicot, hasta ahí. Pero que en ningún momento pidió o le informaron que lo agregarían a la lista de periodistas que enviaron al Congreso: “No firmé nada, no envié ningún correo, mi currículum no contempla ninguna actividad periodística, no entiendo cómo pudieran incluirme unos y  aprobarme los otros”. Lo que sí le comentaron fue que el grupo necesitaba crecer su padrón. Ante esto, se abre la posibilidad de que las propias asociaciones inflaran al grupo de beneficiarios; incluso Loza Bazán, vicepresidente del CCE, tampoco es periodista pero presta el inmueble donde se reúne el gremio. Otra de las incluidas en el inexacto catálogo es Elizabeth Arce Aragón. Se localizó un currículo en la red que la acredita como psicóloga, y fue candidata del Partido de la Revolución Democrática por el Octavo Distrito electoral. Martha Patricia Ramírez Lucero es licenciada y pertenece al comité municipal del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Tijuana. Julia Camarena Fierro fue suplente a diputada por el desaparecido Partido Alternativa Social. De Aracely Brown no se pudo encontrar mucha información en su faceta de periodista, en algunos registros de la red aparece como consejera del PRI, mientras que, bajo un currículo, se detectó que Arianzuhuy Villaseñor Figueroa es de profesión abogada. En el ámbito federal aparece el vocero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Luis Alonso Díaz; Zahady Nolasco, coordinadora de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Roberto Salas Landaverde como vocero del Instituto Federal Electoral (IFE) en Baja California. Otros casos singulares son el de Bonnie Arellano Lara, la única referencia que se pudo encontrar fue que cantó en el aniversario de la municipalización de Rosarito; Brenda Morales Márquez, quien estuvo en el departamento de Comunicación Social de Ensenada y recientemente en el equipo de la diputada Lizbeth Mata Lozano; a Elia Campillo Osnaya se le ubica como vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Ecología y Saneamiento Ambiental de Playas de Rosarito; del maestro Cándido Zatarain Salmerón existen pocas referencias sobre su labor en los medios de comunicación, sin embargo, en 1993 fungió como secretario del Ayuntamiento en el municipio de Mexicali; mientras que Gloria Aglae Margalli Dives, es funcionaria en el departamento de Difusión de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).   Abusan del recurso público La joya de la corona la representa el diputado Carlos Murguía Mejía, quien ni tardo ni perezoso, aprovechó la oportunidad para buscar beneficios adicionales a los de ser representante popular. Cuestionado sobre su inscripción en el padrón, reconoció: “Soy yo, es que yo participo precisamente escribiendo artículos en el periódico El Sol de Tijuana y tengo un programa de televisión donde he participado como comentarista en PSN también; y la Ley estableció que sea recurrente el oficio de periodista o eventual, y yo cumplo el perfil. Por eso yo escribo, muy modestamente, pero participo”. La situación no fue bien vista ni por sus compañeros de partido. La diputada Nancy Guadalupe Sánchez manifestó que estas situaciones no se contemplaron cuando se creó la Ley. “Yo creo que no es lo correcto, es la Ley del Periodista y en el caso de Mario (Palacios) está ostentando una posición en gobierno estatal, tendría que renunciarla para enlistarse. Del diputado (Carlos) Murguía me extraña, tengo entendido que ni siquiera es comunicador, no se dedica a eso, ahorita es diputado; creo que no es lo correcto”, declaró. El espíritu de la iniciativa es para los reporteros que ejercen directamente la tarea de la comunicación, por lo que a su consideración, la lista se tendría que depurar y analizar. “No va a haber dinero suficiente si se inscriben tantos, esa lista debe ser depurada”, insistió Sánchez. Por su parte, Rosana Soto, inicialista de la Ley, dijo que por lo abierto que quedó el concepto de periodista pudieran estar dentro del padrón, y sería necesario reformarla para que las personas en nómina gubernamental, no reciban tanto apoyo. “Ese tipo de lineamiento tendrán como primer tarea el Consejo de Periodistas, elaborar esas reglas de operación del fondo que abrigará el fideicomiso del periodista”, indicó. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali, Jorge Cervantes Arenas, criticó la inscripción de servidores públicos y del diputado Murguía dentro del padrón. “Tenemos que tener un respeto claro a los fondos de apoyo, y creo que es una falta de respeto el que personas que ni siquiera están en el gremio de los periodistas, puedan recibir un apoyo que no es para ellos, mucho menos si se trata de funcionarios o de cualquier persona”, estableció. A su vez, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Efrén Cadena Pimienta se manifestó en el mismo sentido, al criticar la inscripción de funcionarios y de un diputado: “No me parece correcto que habiendo tantas cosas que hacer y tan poco dinero, todavía que se designe más del presupuesto a una partida extraordinaria, como que sí afecta, hay mucho trabajo por hacer. Estamos peleando que todo el recurso no se vaya a toda la cuenta corriente, que exista algo para inversión también, que es lo que estamos buscando como Cámara de la Construcción para poder reactivar la economía”.   Aprueba el padrón sin revisar El martes 22 de enero de 2013, el Congreso del Estado aprobó de manera unánime el padrón de periodistas como la conformación del Consejo de Periodistas, y según la nueva Ley, existen 358. Sin una revisión adecuada y bajo las presiones de los “periodistas”, se apresuraron a aprobar los dictámenes 151 y 152, con lo que se establece que los inscritos sí cumplieron con todos y cada uno de los requisitos de la citada convocatoria, ignorando intencionalmente las grandes anomalías que representa el padrón y que en algunos de los casos, ni siquiera lo hicieron por su voluntad.