El programa de verificación vehicular en Baja California es evidentemente una medida recaudatoria. Las unidades que contaminan menos pagan más por el trámite. Además, no importa si la unidad pasa o no el examen, lo que le interesa al gobierno estatal es que los ciudadanos paguen por realizar el trámite. Al menos eso es lo que a la fecha ha sido acordado entre el gobierno estatal y la Cámara de Diputados. Y es que acudir al reconocimiento de una unidad anterior a 2008 tiene un costo de cuatro salarios mínimos (253.32 pesos), mientras que los modelos nuevos deben cubrir cinco salarios mínimos (316.65 pesos). Todavía más: De no pasar la prueba, los ciudadanos tendrán que volver, pero la segunda vez no cubrirán el monto; no sucederá así si tuvieran que regresar una tercera vez, pues tendrán que pagar de nuevo el mismo monto. Cabe recordar que en su edición 1997, ZETA informó que el negocio de los verificentros representa ingresos aproximados a 350 millones de pesos por año; 14 empresas se vieron beneficiadas con un convenio otorgado por el Gobierno del Estado, y actualmente operan en Baja California. En la lista destaca el nombre de Jorge Kahwagi, ahora del Partido Nueva Alianza. A lo anterior habría que agregar que durante los primeros dos meses de socialización del programa (julio-agosto de 2012), los servicios de revisión corrieron por cuenta de las concesionarias, que en un principio iniciaron con equipos obsoletos, computadoras que no reconocían modelos recientes, personal mal capacitado y equipamiento insuficiente; generando gran malestar entre los pocos usuarios que acudieron a verificar sus unidades. Muchos se encontraron con la sorpresa de que la maquinaría no podía siquiera hacer la revisión de los vehículos de modelo demasiado reciente “por ser demasiado aerodinámicos”, explicó en su momento a ZETA uno de los empleados del verificentro ubicado en la calle Pío Pico. De acuerdo a cifras del Gobierno del Estado, de un padrón vehicular de un millón cuatro mil unidades, apenas 140 mil realizaron el trámite en 2012. Por otro lado, a partir de que diversas modificaciones a los artículos de la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular en Baja California, aprobadas el martes 15 de enero por diputados locales, sean publicadas en el Diario Oficial del Estado, la verificación vehicular será obligatoria para realizar cualquier trámite en Recaudación de Rentas del Estado, según dijo la titular de los centros de verificación en el estado, Martha Fonseca Sánchez. De nueva cuenta, la funcionaria afirmó que no será forzoso que la unidad haya aprobado el examen, el simple hecho de presentar la constancia de rechazo será suficiente para realizar el canje de placas, dado que el programa presuntamente va encaminado a hacer conciencia en la población sobre un tema de salud pública, e insistió que no se trata de una medida tributaria. Cabe recordar que dentro del programa de verificación, las unidades se inspeccionan de acuerdo a la terminación de placas. A las unidades con terminación en “1” les corresponde en enero, las que tienen terminación “2”, en febrero-marzo, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, con el cero. Aun así, los ciudadanos que tengan línea Sentri o deban reemplacar en enero, pueden acudir sin problema alguno, mientras que quienes llevaron su unidad y obtuvieron el holograma cero, les será válido en 2013.
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