Suprema Corte avala impunidad

En marzo de 2102, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó a un voto de otorgar el amparo “liso y llano” a la francesa Florence Cassez, quien purgaba una condena de 60 años. Diez meses después, el ministro colocado por Enrique Peña Nieto en los últimos días de gobierno del ex Presidente de la República, Felipe Calderón, otorgó ese voto y la inculpada de los delitos de secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de fuego, salió libre esta semana. Cassez no tuvo que comprobar la inocencia de los cargos que le habían valido una sentencia original de 90 años -a la cual apeló y consiguió una reducción de 30 años-, la SCJN solamente dictaminó la violación de sus derechos constitucionales, dejando en claro que hoy en día, en la justicia mexicana, el debido proceso con que son detenidos los criminales queda por encima del delito cometido. Por ello, la culpable de secuestro puede agradecer al anterior secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien produjo el montaje que la retuvo durante 24 horas y violentó sus derechos de ser presentada inmediatamente ante la autoridad correspondiente.  Así, tras siete años en prisión, el 23 de enero de 2013 Cassez recibió de la SCJN la resolución con tres votos a favor y dos en contra, para otorgarle un amparo. Con ello, el proceso judicial librado y la posibilidad de reabrir el caso, quedaron totalmente anulados. En este contexto, María Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, dio su postura a ZETA. “Es una decisión no nada más desafortunada, es una decisión que atropella los derechos de las víctimas, porque estamos totalmente de acuerdo que se deben respetar los derechos humanos, se hubiera castigado a quien violentó los derechos humanos de Florence Cassez, pero no pasarle la factura a las víctimas”, explica en torno al caso de la extranjera que fue pareja y cómplice de Israel Vallarta “El Cáncer”, miembro de la banda de plagiarios Los Zodiacos. “Estamos en favor de que se observe el debido proceso, pero en la Suprema Corte, los tres ministros que votaron, olvidaron que el debido es para los dos lados, para la víctima y para el procesado; y aquí solo vieron por el debido proceso de Florence Cassez, se quedan con las manos vacías las víctimas, se quedan humilladas. Estamos a favor de que se tomen en ambas partes, no nada más para un lado”, agregó con tono enérgico. “México hoy más que nunca necesita mandar el mensaje de legalidad, de certidumbre, y eso lo perdimos el día de ayer (23 de enero), estamos desilusionados de la Primera Sala y, en especial, de estos tres primeros ministros, es una barbaridad lo que hicieron con las víctimas y con el pueblo de México. De hoy en adelante los capos, los delincuentes, ya no tendrán que corromper a un director de una cárcel, podrán argumentar lo mismo que Florence Cassez, que violaron sus derechos o el debido proceso, y saldrán libres sin ningún problema. Eso es lo que creo que pasó el día de ayer (23 de enero). “Es muy preocupante, porque si eso va a hacer de hoy en adelante la Suprema Corte de Justicia, solamente vigilar los derechos del imputado, pues que abran las cárceles, que ya no haya procesos y que la gente se haga justicia por su propia mano”, consideró Miranda de Wallace. Por otro lado, el presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, Benigno Licea González, refiere que la actuación de la autoridad incurrió en graves violaciones a las garantías individuales reconocidas en la Constitución y en los Derechos Humanos. El más evidente ejemplo es el realizado “a petición de los medios de comunicación” -de acuerdo a lo declarado en su momento por el entonces director de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna-, ese montaje preparado especialmente para la transmisión ‘en vivo’ en el noticiero matutino de Televisa, permitió la liberación de la inculpada y le costó a las víctimas, la procuración de justicia”. El 9 de diciembre de 2005, García Luna recreó la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez para las cámaras de televisión, una especie de “reality show”, cuando en realidad, un día antes, la pareja perteneciente a la banda de secuestradores Los Zodiacos  habían sido capturados en el rancho Las Chinitas de la Ciudad de México, mientras custodiaban a tres personas secuestradas. “El montaje respecto a la detención, aseguramiento y liberación de los secuestrados para su filmación, provocó que Cassez no fuera puesta inmediatamente frente a la autoridad competente, eso constituye un delito de abuso de autoridad y de privación ilegal de la libertad por parte de los agentes y de sus superiores relacionados con esa decisión”, apuntó el abogado constitucionalista. En segundo término, de acuerdo al abogado consultado por ZETA, la reforma constitucional que presenta el principio de inocencia como base del sistema penal mexicano, debió beneficiar a la inculpada, pero tampoco se respetó su derecho a la presunción de inocencia. Además, el Ministerio Público no notificó la detención realizada al cónsul francés, como es su obligación para asegurar que un extranjero reciba los correspondientes servicios de asesoría legal. A raíz de esto, violentaron sus derechos consulares. “En este caso se hizo unas cuantas horas antes de ser consignada, y vía telefónica, esas situaciones fueron muy importantes porque generaron un efecto corruptor, una serie de violaciones al debido proceso que hace que se invaliden las demás situaciones, como los testimonios presentados, ese efecto nulificó el proceso”, refirió. Si bien, la SCJN ordenó la liberación inmediata de Cassez, nunca determinó su culpabilidad o inocencia, solamente reconoció las violaciones a sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso.   Ministro recomendado de EPN permite liberación En marzo de 2012, la discusión del otorgamiento del amparo “liso y llano” llegó a la Primera Sala de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar mantuvo su postura de otorgar la liberación inmediata de Cassez. Sin embargo, solo obtuvo su voto y el de la ministra Olga Sánchez Cordero. Entonces, los ministros acordaron dejar en responsabilidad de Sánchez Cordero, la realización del nuevo proyecto de amparo que proponía reenviar el caso a un tribunal inferior para recibir una nueva sentencia. En noviembre de 2012, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se convirtió en ministro de la SCJN, y en uno de los últimos movimientos asegurados por el ex Presidente, Felipe Calderón. Fue también el ministro colocado por el primer mandatario Enrique Peña Nieto. Así, Gutiérrez Ortiz Mena sustituyó a Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien había votado en contra del amparo para Florence Cassez, meses antes de abandonar la Primera Sala. Los eventos de la sesión de la SCJN el miércoles 23 de enero estuvieron, en gran medida, influidos por el desempeño del recién estrenado ministro. Durante su votación reconoció que el montaje y presunción de inocencia y libertad se convirtieron en agravantes a los derechos fundamentales de Cassez, e incluso dijo que su postura era “muy similar a la del ministro Zaldívar”, quien meses antes había buscado la liberación inmediata de la francesa. Cuando fue el turno de la ministra Sánchez Cordero, ésta decidió “cambiar los puntos resolutivos de mi proyecto para reincorporar las consideraciones expuestas en el discutido, y así hacer ordenar la liberación de la quejosa”. Modificado, el proyecto fue sometido nuevamente a votación por el presidente de la Primera Sala, Jorge Pardo Rebolledo. En un vuelco, obtuvo el voto a favor de Gutiérrez Ortiz Mena, quien hasta el año pasado se desempeñaba como jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sin experiencia judicial al momento de su ratificación como ministro. De negar un amparo “con efectos”, que enviaría el caso a un tribunal inferior para que se revisara nuevamente, Gutiérrez Ortiz Mena prefirió votar a favor del amparo que le permitiría la libertad inmediata a la inculpada. Asimismo, el ministro Jorge Pardo Rebolledo manifestó durante la sesión que la violación de los derechos constitucionales de Cassez “no demerita los testimonios de las víctimas”, en relación a la intención de Sánchez Cordero de anular los mismos, por supuestas irregularidades encontradas durante las distintas declaraciones de los plagiados. Para el ministro, el efecto corruptor no era total, y por lo tanto, no podía imponerse a las evidencias de los delitos. Sin embargo, su postura solo fue compartida por el ministro José Ramón Cossío Díaz, y ese mismo día, por la noche, la entonces presa volaba hacia Francia. En su declaración a los medios, Agustín Acosta, abogado de Florence Cassez , aseguró que “el fallo de la SCJN es una gran victoria desde el punto de vista humano, es un precedente para la defensa de los derechos humanos en México, de mandarle un mensaje a la Policía y las autoridades que hagan bien su trabajo”. Bajo estos argumentos, respaldados por la mayoría de la Primera Sala de la SCJN, la sentencia aplicada el 10 de febrero de 2011 por el Séptimo Tribunal Colegiado de Materia Penal, de 90 años para Cassez -posteriormente disminuida a 60 años -, quedó anulada. Para Benigno Licea, “esta situación debe servir de ejemplo para todos los jueces de distrito, tribunales unitarios, colegiados y para la propia SCJN, de que las situaciones relativas a la legalidad se tienen que respetar. En un Estado de Derecho, se deben garantizar todos nuestros derechos”. Como lo declaró la ministra Sánchez Cordero, los testimonios, tanto de las víctimas como del líder de la banda plagiaria Los Zodiaco, presentaba ciertas inconsistencias conforme eran citados a comparecer; irregularidades que colocaron la balanza a favor de la francesa. Sin embargo, irregulares o no, las pruebas pudieron haber sido anuladas por la violación a los derechos constitucionales de la sentenciada durante los procesos de detención y presentación a las autoridades encargadas de la impartición de justicia.   Un precedente para otros casos “Cabe la posibilidad que quienes en el pasado hayan sido detenidos bajo las mismas condiciones que Cassez o lo sean en un futuro, soliciten un amparo tomando como procedente este caso”, reveló el abogado constitucionalista, Benigno Licea González. Para el presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, Diego Beristain, el fallo de la SCJN abre una posibilidad para la defensa de los detenidos en las mismas condiciones que la liberada, incluso para su entonces pareja sentimental, Israel Vallarta. “Para el resto de las personas sujetas al mismo ilícito, esto podría impactar a su favor, pero será tarea de la autoridad, la Procuraduría General de la República (PGR), del Poder Judicial y abogados asesores, revisar el caso”. Si bien, el proceso judicial y su sentencia quedaron anulados, el caso podría ir más allá. En primera instancia, Florence Cassez podría denunciar la situación vivida y demandar al Estado Mexicano por la sentencia que se le dictó y los años transcurridos tras las rejas. Pero, para el licenciado Licea -como para la gran mayoría de la sociedad mexicana-, las víctimas son las más afectadas: “Esta situación pone en relieve que no se llevaron a cabo las investigaciones y diligencias de manera adecuada y ajustada a Derecho”. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana reitera: “Aquí quedan los mexicanos secuestrados, agraviados, con una incógnita muy grave, el fallo de la SCJN es inapelable y ya no pueden hacer nada”. De ahí que familiares de las víctimas de la banda de secuestradores se manifestaran a la salida del penal de Tepepan en contra de la liberación de Cassez. “Asesina, secuestradora”, fueron parte de los reclamos dirigidos no solo a la francesa -escoltada por siete camionetas y protegida por chaleco antibalas-, sino también al sistema judicial mexicano. Licea González contempla otros procesos para que las víctimas finquen responsabilidades en las responsables de lo ocurrido: las autoridades. “Pueden exigir las responsabilidades que correspondan, como una denuncia o de acuerdo a la propia Ley de Responsabilidades de los servidores públicos; que los ministerios públicos, los subprocuradores, el secretario de seguridad, las autoridades relacionadas, sean enjuiciadas”. De acuerdo al abogado Diego Beristain, “la defensa de Cassez acreditó que hubo un lapso de 24 horas a partir de su detención para su consignación ante el Ministerio Público competente, la defensa lo capitaliza, lo comprueba, y de ahí deviene la lucha por la libertad de ella”. Como parte de la comunidad jurídica, el litigante sabe que es una situación de capital importancia que en un proceso penal, la detención, consignación y sometimiento a dicho proceso, se cumplan las formalidades esenciales del mismo. Sin embargo, para el presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana persiste una incógnita: “La ministra Sánchez Cordero, de última hora, le da un giro al fallo y se inclina por las opiniones de sus compañeros ministros, y el amparo se resuelve en esos términos”.   Generales podrían salir en libertad Parece que el otro caso insignia de la PGR de Felipe Calderón, también podría venirse abajo. El 22 de enero, la PGR reconoció ante un juez federal no tener más pruebas que las declaraciones de testigos protegidos que vinculan al General Tomás Ángeles Dauahare y a cinco militares más, con el Cártel de los Beltrán Leyva. El 31 de julio de 2012, Ángeles Dauahare, retirado General de División Diplomado del Estado Mayor (DEM) -quien hasta 2008 fungió como subsecretario de la Defensa Nacional-; el General Brigadier DEM, Roberto Dawe González; el General de División DEM retirado, Ricardo Escorcia Vargas; el Teniente Coronel retirado, Silvio Hernández Soto; y el Mayor Iván Reyna Muñoz, recibieron órdenes de aprehensión, acusados de cargos de delincuencia organizada. Los dos primeros habían sido arraigados desde mayo de 2012; los tres restantes también fueron colocados en la misma situación. La entonces titular de la PGR, Marisela Morales, informó que la acusación contra el General Ángeles se había realizado a partir de una denuncia anónima a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Y es que la acusación hacia el General Ángeles consistía en una llamada telefónica que revelaba que éste había instruido a sus alumnos del Honorable Colegio Militar, a consumir y vender drogas. Cuando se reveló la acusación, el militar en retiro envió una carta al entonces Presidente Felipe Calderón, señalando los testimonios de los testigos como “inverosímiles y mentiras”, al no poderse comprobar con hechos. Precisamente, los dichos de “Jennifer” y Sergio Villarreal “El Grande” fueron suficientes para poner tras las rejas al General Ángeles en el sexenio pasado, pero este año, bajo nueva titularidad, la PGR le dio una vuelta al asunto. El 21 de enero, mediante un oficio enviado al Juez Federal del Tercero, esta dependencia comunicó: “Por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los deposados (las declaraciones) de los testigos protegidos no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que a la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de ‘Jennifer’ y ‘Mateo’. Al respecto, el abogado Beristain, precisó: “La anterior administración tuvo a bien consignar a los militares, extraditar acción penal y someterlos al proceso ante la jurisdicción de los jueces federales por los dichos o testimonios de los testigos protegidos”. Para el entrevistado, el problema consiste en que no hay más pruebas que aportar que las ya previstas en el expediente judicial, “que esos presuntos testigos no pudieran confirmar sus dichos o acreditar que ellos hubieran podido estar involucrados con el crimen organizado, representa un señalamiento muy fuerte”. El error de la PGR de Marisela Morales consistió en no contar con más elementos jurídicos, de verdadera convicción o de peso para probar que, efectivamente, los militares estaban involucrados con el crimen. “No debieron haber dudado ni vacilado en sus averiguaciones, debieron ser contundentes y claros, pero no lo pudieron hacer”, agregó. Según el abogado, en base a las últimas indagatorias, los generales podrían quedar libres. Lo anterior porque, en teoría, el expediente debe estar integrado casi en su totalidad, con las únicas diligencias por desahogar, como llamar a comparecer a los testigos para que confirmen sus dichos, elemento que no han podido esclarecer. El caso pone en revisión sus similares, aquellos en los cuales un dicho o testimonio de testigos protegidos fueron suficientes para arrestar a los acusados, por lo que el abogado constitucionalista destaca la importancia de analizar a fondo la figura del testigo protegido. “Entre los aspectos técnico-jurídicos a considerar para que esta figura coexista y pueda surtir el efecto ante los procesos de esta naturaleza, están su existencia, su personalidad, que sus dichos sean acreditables y relacionados con otros hechos”. Como aspecto fundamental, a las autoridades acusadoras no les debe bastar con argumentar que los hechos señalados son suficientes para incriminar a ciertos acusados; deben buscar la relación entre los hechos y la circunstancia del caso para aportar credibilidad.   Caso Martí también fue montaje Una vez alejado del amparo del Gobierno Federal, los deslices del anterior secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, comienzan a cobrar factura. Tal es el caso “resuelto” del secuestro y asesinato del menor Alejandro Martí, suscitado el 1 de agosto de 2008. Las investigaciones confrontaron al Gobierno Federal con el capitalino -Miguel Ángel Mancera se desempeñaba como procurador de Justicia-, cuando el segundo exhibió como presuntos colaboradores del ilícito a funcionarios de la Policía Federal. Sergio Ortiz Juárez, ex policía de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia y Lorena González Hernández, policía federal y cercana a Facundo Rosas Rosas y Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, fueron señalados como participantes en el retén policiaco donde fue secuestrado el hijo del empresario Alejandro Martí. A partir de esa acusación, a un mes del asesinato, se volvió tarea de la Secretaría de Seguridad Pública, primero deslindarse de la policía acusada, afirmando que no laboraba dentro de la dependencia, y después, fincar responsabilidades en un tercero. Fue así como en 2009, en una rueda de prensa, fue presentado Noé Robles Hernández junto a José Antonio Montiel Cardoso, acusados de pertenecer a la banda Los Petriciolet y de estar vinculados con 14 secuestros y ocho homicidios, entre éstos, el de Fernando Martí. Convenientemente, Robles Hernández fue filmado en vídeo mientras se decía culpable del secuestro y asesinato del menor, incluso, en él reitera que ninguno de los dos acusados por la PGJ del Distrito Federal, participó en el secuestro. Sin embargo, un mes después de su detención, Robles Hernández rindió su primera declaración por escrito, mediante su abogado, en la cual narra el montaje -otra producción de García Luna- para librar de culpas a los policías federales. El aún preso, narra la tortura física y psicológica que sufrió: golpes, patadas, amenazas directas a su familia; lo que fuera necesario para aceptar culpas ajenas. Amedrantado y meses después de ser detenido, se le negó la presencia ante el Ministerio Público para ampliar su declaración respecto a las torturas recibidas. Debió esperar dos años para presentar su primera declaración escrita. Publicada por la revista Proceso, la declaración narra cómo fue sustraído de un domicilio distinto al señalado por las autoridades e instruido para responsabilizarse como autor del secuestro de Fernando Martí y otros. En una habitación, frente a la comandante, el agente que lo torturó y un tercero que filmaba la escena, confesó ser culpable de los delitos señalados. Detalla incluso que el vídeo se realizó en varias tomas porque olvidaba lo que debía decir frente a la cámara, le escribieron en una hoja las líneas a repetir. Ahí fue visitado por Cárdenas Palomino, previo a la rueda de prensa que encabezó. Ese vídeo, montado, supervisado y filmado por policías federales, fue prueba suficiente para inculparlo por el secuestro y asesinato de Fernando Martí. La declaración de Robles Hernández  -quien admite haber participado en otros secuestros- es un ejemplo más de los montajes realizados bajo la supervisión de García Luna, y muestra de que el sistema judicial mexicano no es competente para determinar el destino de los acusados. Menos aún para procurar justicia a las víctimas, que parecen ser lo menos importante para el sistema de impartición de justicia, en un país donde la impunidad tiende a reforzarse.    “La liberación ha causado dolor a muchos ciudadanos”: MUCD “La impresión que tenemos como asociación, lo sintetizaríamos como un lamentable caso. Lamentable el caso en general. La liberación ha causado dolor a muchos ciudadanos, a mucha gente de México, por la forma tan lamentable que fue manejado el caso”, expresó a ZETA Gerardo Pérez, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, A. C. (MUCD), sobre la liberación de Florence Cassez ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “El caso hace sentir que hay una injusticia, en cierto sentido la hay, y eso no es más que evidencia del terrible estado que tiene el sistema de procuración de justicia en el país, desde el momento en que no se respetan los derechos del acusado, tampoco se están respetando los derechos de las víctimas, y pues yo creo que todo mundo sale perdiendo. “Es lamentable, no es más que un llamado de atención a las autoridades a que se tiene que evidentemente mejorar todo este sistema, porque casos como éste puede haber, estar habiendo ya ahorita, y puede haber en un futuro”. Sobre el mensaje o interpretación de la delincuencia organizada sobre el caso Cassez, expuso: “¿Cómo lo interpreta delincuencia? Mira, la delincuencia se da perfectamente cuenta que en México hay mucha impunidad; el caso Cassez nos es más que una evidencia de lo que la delincuencia ya sabe: no es nada nuevo para la delincuencia que lamentablemente hay mucha impunidad en nuestro sistema de justicia, para la delincuencia no hay nada nuevo”. Sobre la exigencia a la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en la procuración de justicia, aunque incluye a los tres poderes, el consejero de MUCD explicó a ZETA: “Lo primero que tendrá que trabajar (el actual sexenio) es con el sistema de procuración de justicia, que vemos en el caso Cassez fue sumamente deficiente, y es un llamado a que se tienen que corregir muchas cosas; es lamentable porque se lastimó a mucha gente, y esto no puede volver a ocurrir”. Pérez lamentó que el caso Cassez es parte del 95 por ciento de impunidad en el país: “Nos evalúan, a México, en base a los indicadores de impunidad como un país que está gobernado por la impunidad, donde un 95% de impunidad anda en el sistema (de procuración de justicia), esto tiene que corregirse de manera dramática en los próximos años. El consejero de México Unido Contra la Delincuencia puntualizó: “En los próximos seis años, que el caso Cassez sea un punto de referencia, un punto de inflexión donde la ciudadanía que realmente las autoridades tomaron este caso como un punto de aprendizaje y empiecen a generar una serie de cambios, en MUCD estaremos muy al pendiente de los casos que vengan después de éste, para ver si realmente hay un aprendizaje, o si solamente hay declaraciones demagógicas por parte del gobierno”. (Enrique Mendoza Hernández/ZETA)   Cassez y Los Zodiaco Liberada sin ser comprobada su inocencia, Florence Cassez estuvo detenida durante siete años por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión y portación de armas de fuego. Las acusaciones, tanto de víctimas como de sus cómplices plagiarios, inicialmente le valieron una sentencia de 96 años. En 2003, Cassez, de entonces 29 años de edad, llegó a la Ciudad de México para vivir con su hermano Sebastien. En agosto de 2004 conoció a Israel Vallarta Cisneros -líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco-, con quien inició una relación sentimental. De acuerdo a las declaraciones, la primera de las víctimas del líder de la banda, apodado “El Cáncer”, narró que su plagio ocurrió el 31 de agosto de 2005. Vallarta Cisneros fue plenamente reconocido por sus víctimas, y Cassez, por dos de los liberados el 8 de diciembre de 2005, por su acento extranjero, tono de piel y color de cabello. La señora Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian, vivieron 54 días en cautiverio. Ambos fueron encontrados en una casa de seguridad localizada sobre la carretera federal libre México-Cuernavaca, junto a Ezequiel Elizalde, secuestrado el 4 de octubre de 2005 en el Estado de México. Desde su primera declaración ministerial, identificó a Cassez como una de sus captoras. La banda de Los Zodiaco comenzó a operar en 2001, estratégicamente en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Un negocio familiar, era liderado por los hermanos Israel y Mario Vallarta Cisneros. Oficialmente, operaron durante ocho años, en los cuales realizaron 18 secuestros. La primera detención fue precisamente la de Florence Cassez  -vinculada con la banda por alguno de sus compañeros- e Israel Vallarta. Entonces se formaron tres células que continuaron operando: Los Japos, Los Palafox y Los Tablajeros. El día de su detención, 8 de diciembre de 2005, Israel Vallarta declaró haber participado en al menos seis secuestros. Por su parte, Cassez fue identificada como “una mujer de origen francés, quien dijo no saber nada de lo que estaba ocurriendo y que la casa era de su novio, quien ‘le estaba dando chance de quedarse ahí’”. El 10 de marzo de 2006, Cassez se declara inocente de todos los cargos y señala que su pareja sentimental nunca le dijo haber estado  involucrado con actividades de la delincuencia organizada o que lo investigaba la Policía. En esa misma audiencia, cuatro personas declararon que fueron secuestradas, asegurando que Israel y Florence se encargaban de vigilarlos en una casa de seguridad. Naturalmente, el caso estuvo impregnado de tintes diplomáticos, Francia solicitaba la extradición de Cassez y abogaba por su libertad, encargándose de tramitar amparos y de afirmar la inocencia de la condenada. Incluso activistas como Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace, exigieron al Poder Judicial no ceder ante las presiones internacionales. Las detenciones de otros integrantes continuaron en 2009. David Orozco Hernández “El Géminis”; Alejandro Cortez Vallarta “El Libra”; Juan Carlos Cortez Vallarta “El Virgo”; René Vallarta Cisneros y Ulises Zenil Villegas “El Güero”, fueron puestos a disposición del sistema judicial. En mayo de 2012 se capturó a Mario Vallarta Cisneros, cofundador de la banda de plagiarios y hermano de Israel. Sin embargo, Cassez es la única miembro de la banda que ha sido sentenciada y, por supuesto, liberada, con todas las pruebas de las víctimas en su contra.