Sospechoso reacomodo de jueces

Cambios en el Tribunal de Justicia Dueño del escenario, Daniel Gallo Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, y con validación del Pleno, comenzó la rotación de jueces, algunos de los cuales tienen antecedentes cuestionables que nadie ignora, pero que han sido arropados por el poder y la impunidad. El exabrupto de la liberación del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, registrado el 14 de diciembre del 2012, fue el blanco perfecto para cambiar de los juzgados a todos aquellos que estrecharon lazos –políticos, económicos y amistosos— con el ex mandatario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su grupo. Sin embargo, ninguno fue cesado o sujeto a investigación oficial, simplemente fueron rotados de un juzgado a otro. El presidente del Poder Judicial del Estado anticipó a ZETA que se trata de una “reacomodo normal” de funcionarios judiciales, aunque las intenciones exponen todo lo contrario. Con 30 juzgados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a partir del 7 de enero los cambios quedaron de la siguiente manera en cinco de ellos: 1. La Juez Norma Maldonado López, pasó del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Guerrero Negro al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa Rosalía. 2. El Juez Víctor Flores Aguilar, pasó del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa Rosalía al Juzgado Segundo del Ramo Civil de La Paz. 3. El Juez Bárbaro Valenzuela Serrano, pasó del Juzgado Segundo del Ramo Civil de La Paz al Juzgado Primero del Ramo Penal de La Paz. 4. El Juez Eulogio Verdugo Pérpuly, pasó del Juzgado Primero del Ramo Penal de La Paz al Juzgado Segundo del Ramo Penal de La Paz. 5. El Juez Sergio Aguilar Navarro, pasó del Juzgado Segundo del Ramo Penal de La Paz al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Guerrero Negro. Asimismo, hubo rotación de Secretarios de Acuerdos, y se tienen proyectados otros reacomodos una vez que entren en funciones cuatro nuevos juzgados en las próximas semanas. —Viene el escándalo de la liberación del ex gobernante a finales del 2012 e iniciamos el 2013 con cambios en algunos juzgados, entre ellos destaca el del juez Sergio Aguilar Navarro, quien ordenó la liberación de Agúndez por una fianza de 31 mil 714 pesos con 66 centavos. Es removido del Juzgado Segundo del Ramo Penal con sede en La Paz hasta el Juzgado Mixto con sede en Guerrero Negro, la última población al norte del estado de Baja California Sur. ¿Se va castigado?, cuestiona de entrada ZETA al presidente magistrado Daniel Gallo Rodríguez. “Los cambios obedecen a la rotación normal de funcionarios judiciales que se realiza a lo largo del año. En el 2012 se realizaron cambios en los meses de marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, considerando diversos aspectos como el desempeño del funcionario judicial, el tiempo que tiene en el juzgado para evitar vicios propiciados por el trato prolongado con abogados y ciudadanos, la experiencia y perfil de cada funcionario, el trato y relación con el personal, abogados y ciudadanos, y las necesidades de los propios juzgados, entre otros aspectos que son considerados para la rotación de jueces y demás funcionarios judiciales”. La salida del ex gobernador perredista, considerado el padrino creador de una estirpe de políticos que durante su sexenio abusaron del poder y se enriquecieron impunemente, no sólo cimbró a la clase política gobernante, sino evidenció el sistema de justicia sudcaliforniano como “deficiente y corrupto”. Durante una entrevista en exclusiva con ZETA, se cuestionó la supervisión del trabajo que realizan los jueces, sobre todo a raíz de la liberación del ex gobernador Narciso Agúndez, aunque también está el asunto del italiano Giuseppe Marcelletti, el hotelero intocable de Punta Chivatos. Cuatro jueces han conocido hasta hoy el tema en un año y seis meses y nadie ha resuelto nada. “Ahorita no tenemos un área en específico que supervise el trabajo de los jueces, prácticamente todo lo hemos hecho basado en las quejas de la propia gente. La verdad de las cosas, es que debo reconocer que tenemos varias quejas y están en trámite. Ciertamente, no hemos podido avanzar en la revisión de su trabajo, pero este año vamos hacerlo. La facultad definitivamente ahorita es de los Magistrados, pero es una situación muy complicada porque nos distrae totalmente de asuntos que tenemos en revisión, el cual se rezagaría más si nos pusiéramos a revisar el trabajo de los jueces”, respondió Gallo A continuación transcribimos íntegramente la entrevista concedida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez. —Lo que está sucediendo con los jueces ahorita en el Poder Judicial del Estado, volvió a encender el tema de la creación del Consejo de la Judicatura. Si revisamos las promesas de campaña del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, podremos ver que aparece en la lista de las cinco principales promesas de campaña. ¿Qué va a suceder? ¿Sigue vigente? ¿O tendremos que esperar otro año u otra administración? “Es un proyecto vigente en el que coincidimos los tres poderes del Estado. El gobernador ya lo externó en su campaña, cuando era candidato, y por su parte, el Congreso ha emitido comentarios en el mismo sentido, incluso los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa para la creación del Consejo de la Judicatura, y el cual está en comisiones; en lo personal, creo que es un proyecto que considero es necesario dentro del Poder Judicial, incluso como abogado litigante en su momento, impulsé hace más de diez años. “Puedo decirte que la realidad y prioridades del Poder Judicial no nos ha permitido aún llevar a los hechos este proyecto, porque antes tenemos que atender el grave rezago que tenemos mediante un programa de modernización que arrancamos este año; tenemos que avanzar más fuerte en la implementación del nuevo sistema de justicia penal; está en puerta también la oralidad en materia mercantil; y si ello fuera poco, tenemos que capacitarnos en temas de actualidad, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos con temas relacionados como el control de constitucionalidad y convencionalidad, que viene a modificar de manera radical la forma de impartir justicia; así como asumir otras competencias que no teníamos como narcomenudeo y ejecución de sanciones y medidas de seguridad en materia penal. —Entonces ¿tendremos que esperar otro año, hasta el 2014? “Considero que es un tema que podremos retomar el año entrante para consolidarlo en el mismo dos mil catorce, buscando que la creación del Consejo de la Judicatura, no implique la creación de una estructura muy grande, sino aprovechar las áreas y personal con los que actualmente cuenta el Poder Judicial y crecer solo en lo estrictamente necesario. El Consejo de la Judicatura es un proyecto vigente y viable, solo que tenemos que avanzar este año en otros temas prioritarios; desafortunadamente la falta de crecimiento de los últimos años en el Poder Judicial nos obliga a planearlo de esta forma”. — ¿Qué va a pasar con la supervisión del trabajo de los jueces? Vemos que todos los días, y en todo tipo de medios de comunicación, hay quejas de la gente de que los encargados de impartir justicia, no están haciendo bien su trabajo, y evidentemente, no se está haciendo nada para resolver la situación. Las resoluciones están siendo duramente cuestionadas por la sociedad y el tortuguismo con el que se están llevando los casos. La propia Procuraduría General de Justicia del Estado tiene abiertas averiguaciones previas en contra de algunos de ellos por su deficiente trabajo. “Bueno, sobre este tema déjame adelantarte que estamos por proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, y en breve tiempo, la creación de “La Visitaduría”, un órgano que tiene como objetivo la inspección y vigilancia permanente de todos los juzgados del estado, de manera que no solo actuemos a solicitud o queja de algún ciudadano, sino que sea un trabajo permanente, de forma aleatoria y sorpresiva, que obligue a los jueces que su juzgado esté al día en todo momento y no solo cuando se realicen las visitas; y que de encontrarse irregularidades o deficiencias, abrir los procedimientos para sancionar a los funcionarios responsables. En el 2012 hemos realizado un esfuerzo considerable para dotar a los jueces de los recursos materiales y humanos para que desempeñen su trabajo de manera adecuada, y en este año, con la implementación del programa de modernización, así como la apertura de cuatro nuevos juzgados, sin duda estaremos en condiciones de exigirles a los jueces un trabajo eficiente. —Habla Usted de un programa de modernización en el Poder Judicial del Estado. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus alcances? “Bueno, el programa está diseñado en dos etapas. La primera está estructurada para modernizar todos los juzgados de primera instancia en todo el estado en un tiempo récord de diez meses, y el cual consiste en que los abogados podrán subir a la red, aprovechando la avanzada tecnología del internet, escritos, promociones e incluso a través del mismo medio, van a ser notificados, lo que obviamente, reducirá los costos de los litigantes, porque desde la comodidad de su casa u oficina, podrán revisar asuntos y no estar viniendo a checar directamente todos los días sus asuntos en los juzgados, salvo casos que ellos consideren necesarios. “En el caso de nosotros, vamos a reducir costos en gasolina y en tiempo por el trabajo que desempeñan los actuarios, porque muchas contestaciones se van hacer a través de la red, lo que también se verá retribuido en el desempeño del personal de los juzgados porque el propio sistema que vamos a manejar va a generar al mismo tiempo, el acuerdo del Juez, exhortos, oficios o la documentación que corresponda según sea la resolución, sin que los abogados estén encima del juez para que se saque una u otra cosa. Con ese sistema vamos a poder medir la productividad de los casi 480 trabajadores de los juzgados, porque el sistema nos va a generar un reporte interno y sabremos el rendimiento de cada trabajador, información que actualmente no tenemos, y el cual a su vez, nos permitirá trabajar y ver quiénes son merecedores o no de incentivos y bonos que se dan cada año. La segunda etapa vendrá después y en ésa estamos trabajando en la planeación, pero consiste en las salas de apelación en los juzgados de segunda instancia. — ¿A qué le apuestan con esta modernización a largo plazo? “Bueno, pues le estamos apostando a terminar en un tiempo de dos años con el terrible rezago que tenemos en los juzgados. La verdad es uno de los principales beneficios van a recaer en los propios abogados, porque ya no van a tener que trasladarse de un lugar a otro, que antes les generaba un costo. Ahora se van a subir a la red y automáticamente podrán revisar todo en el internet. Para ser más explícito, te cito un ejemplo, un abogado de Los Cabos o de cualquier otro municipio, tendrá la enorme ventaja de que ya no ocupará trasladarse a revisar su expediente a la ciudad de La Paz. O viceversa, en el caso de los abogados que llevan casos en otros municipios. “Para dar una idea del paso que representa esta modernización, te pongo otro ejemplo. Un abogado tiene que ir a algún municipio a presentar un exhorto, y luego a la semana, tiene que regresar a ver si lo admitieron, y si no lo resolvieron, tiene que dar una tercera vuelta, y donde gasto gasolina, comida y tiempo y muchas veces hasta hotel para esperarte un día. Como sabes, los expedientes son reservados para las partes, y bueno, los abogados ahora para poder acceder a sus expedientes van a tener un registro y firma de autorización de tal manera que el litigante que quiera trabajar de esa forma, tendrá su clave de ingreso, y de esa forma revisar sus asuntos desde su casa u oficina, como acuerdos, sentencias y todo lo que surja en el expediente, y va a poder promover desde ahí cualquier cosa. Como es sabido, para que algún abogado pueda ser notificado tiene que tener un domicilio, y el cual la mayoría de las veces es de otros abogados que radican en el lugar, y quienes tienen acuerdos económicos por recibir notificaciones. Ahora no, registrado todo estará en la red y se le notificará por internet y él podrá contestar desde su ciudad de origen. Tan sencillo como eso. — ¿Quién va a subir y bajar la información de la red? “Bueno, ya tenemos un área de informática, que va a ser la responsable de alimentar la base de datos, provenientes de los propios juzgados, y ellos, a su vez, canalizarán el trabajo a los juzgados. Todo eso va a generar una nueva dinámica de trabajo y va agilizar todo, y sabemos que puede haber resistencia, porque el personal ya está acostumbrado a trabajar de una manera, pero tenemos que modernizarnos, no tenemos de otra y los beneficios se van a ver conforme avance el tiempo”. — ¿Cuál es el origen de tanto rezago en los juzgados? “Bueno, son varias vertientes, pero sin duda alguna, uno de los orígenes es la pesada carga de trabajo que nos envían de los Juzgados Federales, yo creo que ese problema no es exclusivo de Baja California Sur, sino de todo el país, porque a falta de personal de su parte, usan por ejemplo a nuestros notificadores, y si no hacen, tenemos amenazas de multas y una serie de apercibimientos y con la molestia de los abogados locales”. — ¿En qué estatus está su programa de modernización en comparación con los Juzgados Federales? “Bueno, pues el sistema de nosotros va a ser tan moderno que ellos no lo tienen. Ciertamente, ellos están muy avanzados y trabajan muy bien, pero lo que vamos a implementar no lo tiene el Poder Judicial de la Federación, y el cual va a ser de gran beneficio para los abogados, sobre todo en el uso de la tecnología del internet, y vemos que ellos cuando mucho, manejan las listas de acuerdos, sentencias y otras cosas”. —Vemos muy buenas intenciones con este programa de modernización, pero no vemos nada de transparencia. ¿Qué va a pasar en esta materia? Según la Ley de Trasparencia, es obligación tener actualizados los datos y la información. “La verdad es que en transparencia no estamos bien. Ciertamente, la página web del Tribunal Superior de Justicia del Estado, carece de datos, realmente no tenemos información en esta materia. Qué bueno que tocas el tema, porque justamente en el nuevo sistema que implementaremos este año, vendrá toda la información que la ciudadanía quiera saber. En el 2012, no quisimos ya trabajar en un programa paralelo porque ya lo teníamos previsto para el 2013 y la ciudadanía podrá acceder a la información que la Ley no obliga a publicar. No ocultaremos ni taparemos nada en relación a la información que debe hacerse pública y claro que la información de los expedientes, ésa es única y exclusivamente para las partes”.