Ya se sentía el cambio en el ambiente. Los Generales que a partir del 1 de enero de 2013 llegaron a la II Zona Militar con sede en Tijuana y a la II Región Militar con central en Mexicali, poco o nada han referido en relación a quienes desde el mundo criminal, hostigan, extorsionan, aterrorizan, asesinan y envenenan a los bajacalifornianos. Los días anteriores y los posteriores a esos nombramientos, las entidades persecutoras, preventivas, procuradoras e investigadores del gobierno federal, también se han mantenido en silencio. La primera, justifican ante la sensación del cambio, fue que era lógico dado que hasta el 30 de noviembre la Presidencia de la República estuvo en manos de un panista, y al día siguiente la entregó a un priista, Enrique Peña Nieto. Era natural pues, que se diera una transformación en las formas, pero no en el fondo del asunto, que es proveer seguridad a los mexicanos todos. Pero el silencio fue creciendo al tiempo que la violencia fue subiendo de tono. Muchos muertos, muchos ejecutados, mucho tráfico de drogas y de personas, mucha extorsión, muchos secuestros, y nada de información por parte del gobierno federal que encabeza Peña. Vaya, ni su súper Secretario de Gobernación ahora con facultades para la persecución de criminales, la prevención del delito y la inteligencia policíaca, ha dado postura alguna en relación a los criminales y narcotraficantes que con su ola de terror traen azorados a buena parte de mexicanos. El primero en dar declaración al respecto, fue Eduardo Sánchez. Este desconocido personaje de la administración peñista es el subsecretario de normatividad y medios de la Secretaría de Gobernación, y quien a media semana de esta que a punto de fenecer está, soltó la estrategia: prevalecerá la información sobre la prevención del delito y la participación ciudadana, sobre la difusión de capturas o presentaciones de criminales. Textualmente así lo recogió el periódico El Universal de la Ciudad de México: “Con ello se busca dejar atrás la presentación de narcotraficantes ante los medios de comunicación, la mención de sus alias, el nombre del grupo criminal, su antagónico, las escisión o ramificaciones a las que pertenecen”. No exhibirán más a los narcotraficantes. Ni por qué los persiguen y solicitan información, no si en dado caso los detuvieron. No lo harán ni en los tiempos oficiales que el gobierno federal tiene en medios electrónicos. Realizar todas estas acciones, es decir, informar quiénes son los que dañan a la sociedad, señalarlos como los delincuentes que son, ubicarlos en una estructura criminal, consideran en el nuevo gobierno, que es hacer apología del delito. Además de evitar competencias y enfrentamientos entre las fuerzas del orden por colgarse de una captura, un aseguramiento o una persecución. Eduardo Sánchez profundizó: “Informaremos con tono neutral y refiriéndose a las personas (presuntos delincuentes) por sus nombres y apellidos, como corresponde a cualquier otro ciudadano”. Hay más: “Las personas detenidas son presuntos delincuentes que corresponderá a un Juez determinar su nivel de responsabilidad y, en todo caso, su castigo si fuesen encontrados que generaron las acciones u omisiones que sancionan las leyes”. O sea, el Presidente Enrique Peña Nieto manejará una línea institucional y de respeto con quienes incluso en otros países son exhibidos como los más buscados. En México ya no será “El Chapo”, sino casi casi Don Joaquín Guzmán Loera, y no dirá el Gobierno Federal que encabeza el cártel de Sinaloa, sino que se asienta en ese y en otros estados. No escucharemos más de Los Zetas, menos de La Familia o Los Caballeros Templarios, olvídese de que le informen sobre los malos pasos del cártel del Golfo. En el gobierno nos dicen que por debajo de la mesa, fuera de los reflectores, perseguirán a Fernandito (por la edad) Sánchez Arellano (antes conocido como “El Ingeniero”), a Servando Gómez (antes “La Tuta”), Mario Alberto Beltrán Leyva (alias “El General”), Juan José Esparragoza (antes “El Azul”), Ismael Zambada García (antes conocido como “El Mayo”). Poco o nada escucharemos de parte de las autoridades federales, de facto las encargadas de perseguirlos, de estos hombres; no sabremos si son detenidos porque no serán presentados, tampoco si son investigados, mucho menos si se liberó orden de aprehensión en su contra. Olvidémonos también de los arraigos, ya dijo el Procurador Jesús Murillo Karam que no son convenientes. A los criminales en el gobierno de Enrique Peña Nieto los tratarán con mucho respeto, con sumo cuidado y con harta discreción, y en casos extremos se les dejará libres como el caso de la señalada reiteradamente por víctimas y compinches como secuestradora, Florence Cassez, a quien en palabras de la Ministra Olga Sánchez, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dieron su libertad no porque demostrara su inocencia o culpabilidad, sino porque en el proceso le violaron sus derechos humanos. Esta nueva estrategia de no comunicación, de ocultación de información, de minimizar los quiénes, los dóndes, los cuántos y los porqués en materia de crimen organizado y narcotráfico, no puede traer al país nada más que mayor impunidad. Ocultar el fenómeno de la criminalidad en el discurso y eliminarlo de la estrategia de combate, es darles ventaja a quienes hoy día matan, secuestran, trasiegan droga y controlan a base de sangre y plomo muchos estados del País. Los señores y señoras narcotraficantes contarán con lo que no cuentan los mexicanos todos por parte del Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, la discreción oficial. Terrible para México. Terrible. Veremos muertos, seremos testigos de balaceras, si acaso los medios en los estados deciden contrariar a la presidencia e informar de ello, pero no sabremos ni quiénes ni por qué arremetieron contra quien se les puso enfrente. Fatal.
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