Instituto Forense, el nuevo pleito

Congreso prepara parche para reforma del ICF El recién aprobado Instituto de Ciencias Forenses (ICF) significará un encontronazo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en función de la evidente pérdida de autonomía e independencia del Servicio Médico Forense, el cual y de acuerdo a la ley aprobada por el Congreso el 31 de octubre del 2012 –junto con Servicios Periciales, antes parte de la Procuraduría Estatal– pasaron a ser parte de este nuevo organismo. Pero el instituto parece que nació amorfo –cuestionado, sin presupuesto, infraestructura y un plan definido para su instalación–, lo que ha provocado la incertidumbre entre el personal, sobre todo los 60 empleados del Semefo, preocupados sobre la situación laboral, además que ya se especula sobre la inminente posibilidad de que se nombre a un nuevo titular. Su creación fue aprobada –con 20 votos a favor, cero en contra– el 31 de octubre de 2012 y publicada en el Periódico Oficial el viernes 30 de noviembre del mismo año. El lunes siguiente el Poder Judicial inició el largo periodo vacacional que finalmente concluyó el 7 de enero de 2013. Ese día la noticia para los empleados del Poder Judicial fue que Semefo ya no dependía del Poder judicial. Además, mientras en el discurso se habló de crear el organismo con autonomía e independencia, en la Ley lo supeditan al estado, porque contemplan la necesaria instalación de un órgano directivo, una Junta compuesta por el Secretario General de Gobierno, el Procurador de Justicia del Estado, el Secretario de Seguridad Pública, el de Planeación y Finanzas y el Oficial Mayor. La legislación también especifica que el Director del Instituto será nombrado y destituido en su caso, directamente por el Gobernador del Estado. Por lo pronto el 28 de diciembre de 2012 (día de los Inocentes) tomaron protesta al nuevo titular del organismo, Marco Antonio Sotomayor, quien fungía como cabeza del Centro de Control y Comando, conocido como C4. Mientras tanto, en el poder judicial apenas se acomodan en sus lugares después de varias semanas de vacaciones navideñas. Pero el silencio no es gratis, ha trascendido que estos especialistas en derecho preparan ya una Controversia Constitucional contra la creación del nuevo Instituto de Ciencias Forenses bajo el argumento de que no fueron tomados en cuenta. Adicionalmente, en el Congreso local ya tienen una propuesta para parchar la recién aprobada Ley e incrustarle un par de artículos transitorios para que tanto el Semefo como Periciales continúen con sus funciones y nombramientos conferidos antes de la modificación, y además que el Instituto inicie operación hasta dentro de un año. Necesaria imparcialidad El abogado y académico Arnoldo Castilla cuestionó la inexistente autonomía dentro del recién formado instituto porque en su junta solo hay dos espacios para gente fuera del gobierno, un docente y un representante de abogados, además de la facultad de designación del director reservada exclusivamente para el Gobernador.  “Debe haber un reglamento, que no se ha elaborado” dijo Castilla quien también se cuestionó respecto a las 500 certificaciones y dictámenes emitidos por Semefo en el último mes. “¿Qué valor tienen esos certificados?” El también maestro de la Facultad de Derecho de la UABC en Mexicali consideró que debió incluirse en el acuerdo del Congreso un artículo transitorio donde se estableciera que tanto Servicios Periciales como Semefo siguieran actuando hasta que, en un plazo determinado, se constituyera el Instituto. Y recordó otra incongruencia. “Para este proyecto el gobierno consideró un presupuesto inicial de 17 millones de pesos, siendo que en Chihuahua se requirieron 600 millones de pesos para crear un instituto similar. “Hay una gran desorientación en esta materia. Se propusieron a criminólogos, pero la función del criminólogo es analizar las causas del delito, aquí lo que se necesita es un criminalista, un experto técnico científico especializado en dictar cómo y quién cometió el delito. Debe ser un conocedor de la física, de las matemáticas, de la medicina legal, de la balística”, refirió Castilla. En cuanto al riesgo de que el consejo no se integre de manera democrática y con participación social, recalcó que los peritajes de la Procuraduría son peritajes de parte –en este caso la acusadora–, por lo que no es un ente que pueda técnicamente garantizar la imparcialidad. “Por eso se requiere un organismo totalmente imparcial, con su patrimonio propio. Pero este Instituto nació con deformaciones genéticas”. Para Castilla, lo correcto en estos momentos sería el someter a revisión esta Ley, convocar a especialistas y rehacer jurídicamente el Instituto. Oficialmente: Acatar “Habíamos hecho el planteamiento con algunos de los diputados que se incluyera un transitorio en la Ley para que (el Instituto) iniciara funciones hasta el primero de julio del 2013 y que los mismos integrantes de la Junta de Gobierno formaron una comisión de transición del sistema para que viera todo el tema de Periciales y Semefo”, explicó el Secretario General de Gobierno Francisco García Burgos. “Esto para crear un Instituto iniciado con orden y la debida atención a los procesos laborales, a los procesos de los propios peritos, esto no fue secundado por los señores diputados”,  refirió el funcionario estatal. Refirió que la propia ley plantea ciertos momentos que hacen que el Instituto entre en pleno vigor con posterioridad. “Por ejemplo establece que el reglamento interior se apruebe a los 60 días de publicada la Ley, el reglamento es el que establece organigramas, facultades, es toda la forma en que se organiza el Instituto. Del valor de los peritajes que se realizan en este lapso, el funcionario considera que se trata de una validez de forma y no de fondo, porque la ley establece que el Poder Judicial y la Procuraduría mantendrán la misma relación y apoyo que se ha dado a los peritos hasta en tanto se incorporen al instituto. “Hay una previsión legal que no pone en duda la validez de estos peritajes, simplemente se está en el proceso de transición”. Explicó que inicialmente tienen la pretensión de que se opere con los presupuestos ya destinados a las áreas que se incorporan al Instituto Servicios Periciales y a Semefo, aunque aceptó que falta acordarlo con el Poder Judicial. Sobre la presunta no aceptación del Poder Judicial a la reforma, García Burgos expuso que “El Poder Judicial hubiera estado más tranquilo, igual que nosotros, si el Poder Legislativo hubiera accedido a una etapa de transición de seis meses. Eso ha inquietado al Poder Judicial como ha inquietado a los propios trabajadores del Semefo. Los diputados decidieron de acuerdo a sus facultades y habrá que acatarlo”. Sobre la conformación de la Junta y la necesaria autonomía, el funcionario agregó que el nuevo organismo está fuera de la esfera del Ministerio Publico, quien acusa, y del Poder Judicial, quien juzga. “Ya ahorita está como está, creo que hay que echarlo andar así y al paso de los meses veamos qué modificaciones legales necesita haber y entonces proponérselas al Congreso”, acota el funcionario. Informó que actualmente están en la parte de convenir con la Procuraduría y el Poder Judicial una sustitución patronal de forma que los derechos de los trabajadores se incorporen tal como están en el Instituto. Por su parte el Procurador Estatal Rommel Moreno, pronunciándose seguro de que se está haciendo “un gran esfuerzo” para colaborar con el nuevo instituto, dijo que desde que se aprobó el nuevo instituto buscaron “generar internamente una dinámica a la cual cada solicitud que se está haciendo se tenía que hacer hacia el Instituto y por comisión y actividad específica de cada uno de los peritos. Hemos cubierto esa parte jurídica para proteger la actividad que llevan a cabo los peritos”. Sobre el apresuramiento en aprobar la iniciativa, Rommel primero evade la respuesta y ante la insistencia refiere que “hay que hacer un ejercicio cada vez que se plantee una ley, tiene que haber un acompañamiento. Un ejercicio que debe llevar siempre de la mano, es la información, la coordinación y hoy como nunca tenemos que estar unidos los tres poderes. Coincido en que sí fue un tanto precipitado en ese nivel…”. Se le pregunta si fueron tomados en cuenta en la creación del Instituto y el fiscal estatal aclara: “En un inicio para trabajos, proyectos, claro que sí. El tema es la implementación, ésa si llegó de sorpresa…” Semefo en la mira Durante los últimos 10 años ha sido insistente la intención desde el Ejecutivo para apropiarse del Servicio Médico Forense, creado en enero de 1954 como un área auxiliar de la administración de la justicia y dependiente del Poder Judicial. Francisco Acuña Campa, director estatal de esa instancia recuerda desde el 2004 la insistencia del entonces fiscal estatal, Antonio Martínez Luna para que el Semefo pasara a la Procuraduría. Incluso durante varios meses personal de la procuraduría fue comisionado a las instalaciones de Semefo en Mexicali, Tijuana y Ensenada sin tarea fija, pero apropiándose del espacio. Aparte ya buscaban crear un Instituto de Ciencias Periciales. “Primariamente quisieron llevarse al Servicio Médico Forense a la Procuraduría”, comenta Acuña Campa en relación a la intención del procurador Martínez Luna apoyado por su director de Periciales, Francisco Castro Trenti, hermano de quien en ese entonces era diputado local y titular de la Comisión de Legislación, Fernando Castro Trenti. “La información que se filtraba en ese momento es que era inminente que se pasase el Semefo a la Procuraduría”, comenta el médico. La intención llegó al extremo de calendarizar el punto para votarlo en una sesión del Congreso en el poblado de San Quintín. De última hora y en el contexto de la búsqueda de una persona desaparecida un diputado local le preguntó a Acuña su opinión sobre la reforma, la respuesta fue en el sentido de que ahí en el Semefo no estaban enterados y, de paso, le expuso su rechazo. La procuraduría es la instancia encargada de la investigación de los delitos, es parte del litigio, mientras que el Semefo no es ni parte del litigio ni parte de la defensa. “Le dije que éramos más bien médicos de los jueces, por lo tanto nuestro accionar debe ser dentro del Poder Judicial, desde 1954 se ha guardado ese equilibrio”, la iniciativa finalmente no pasó. La siguiente legislatura, la XVIII retomó el tema y tampoco prosperó y el tema quedó congelado hasta diciembre del 2001 cuando el diputado panista Ricardo Magaña lo descongeló. En ese año el Semefo obtuvo cerca de 10 millones de pesos para el remozamiento de su infraestructura, sobre todo en Tijuana y Mexicali. Acuña explica que en enero del 2012 se presentó ante la comisión del  Congreso para exponer sus motivos para el rechazo, después hubo otras dos con el mismo fin. Sorpresivamente a mediados de diciembre se enteró de que la creación del Instituto ya había sido aprobada por el Congreso, pero a la vez supo que la partida presupuestal 2013 del Semefo no había sido retirada de esa instancia. Rememoró que el 19 de diciembre de 2012  fue invitado a una reunión en el Gobierno del Estado donde mostró su inconformidad con la medida y se dijo sorprendido que lo invitase a esa reunión sin haberlo invitado antes a revisar la Ley. “Una de mis preocupaciones es en cuanto a la situación de los 63 empleados del Semefo, son 63 familias que quedan desabrigadas con la Ley del Instituto de Ciencias Forenses”, dice en función de la situación laboral de trabajadores que eran regidos por la Ley de Servicio Civil. “Se habla de que se trata de no ser parcial, que el Instituto va a ser imparcial en sus procedimientos. No sé qué tan imparcial puede ser el Instituto que sea formador de los Peritos que van a servir al Fiscal, que van a poder servir al Juez, que sirven a la defensa, que sirven a los abogados, a la comunidad. “Si el Juez quiere un Perito lo va a pedir, si el Fiscal quiere un Perito igual, salen del mismo lugar, ¿dónde está la imparcialidad?”, se pregunta y concluye: “Eso rompe la imparcialidad que legalmente debe tener el litigio”. El director del Instituto Con una trayectoria al frente del C4, Marco Antonio Sotomayor fue nombrado titular del Instituto de Ciencias Forenses y desde entonces trabaja en darle forma al nuevo organismo, aunque aún no cuenta con oficinas propias, despacha entre la Secretaría General de Gobierno y aseguran que su espacio estará en el edificio de la Procuraduría. El propio Sotomayor explica que después de su protesta, lo que seguía era emitir los nombramientos de los Peritos, cerca de 200 –lo que hizo el 29 de diciembre de 2012– y ahora sigue la transferencia de todos los recursos de las “extintas” Servicios Periciales y Servicio Médico Forense al nuevo Instituto. “Estamos trabajando en una mesa con Oficialía Mayor, Finanzas, Contraloría. En los convenios donde nos transfieren la propiedad de todos los recursos materiales al Instituto y en el tema del personal la misma Ley establece que debe conservar las mismas condiciones laborales que tenía antes. Se va a dar la figura de sustitución patronal”, explicó el director del nuevo organismo. Sobre la soterrada inconformidad en el Poder Judicial sobre el cambio, Sotomayor se muestra cauto. “Hemos estado muy centrados en el trabajo con la Procuraduría, ha habido todas las facilidades de parte del Procurador para que se dé esta transición. En el Poder Judicial estamos por empezar el contacto…”, finalizó.