En el pequeño poblado de Gustavo Díaz Ordaz, en Mulegé, Baja California Sur, la vida cotidiana transcurre sin mayores problemas para las poco más de mil personas que lo habitan. Ahí se ubica un centro comunitario construido hace dos años, a través de una licitación gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En apariencia, las canchas deportivas y áreas de juego son producto de las acciones de la paraestatal como una Empresa Socialmente Responsable. Sin embargo, una denuncia realizada por la empresa constructora expuso las extorsiones y amenazas que durante los meses de obra, sufrieron el socio y empleados de Materiales y Proyectos de la Costa Oeste. El ingeniero se vio forzado a salir de México. De acuerdo a Martín Pablo Gutiérrez Serrano, socio y representante de la empresa, su relación laboral con la CFE inició cinco meses antes de la licitación, al conocer a José Noel Aguilar Rodríguez, entonces contratista en residencia en construcción II Rosarito, quien le presentaría a José Miguel Olea Castro, residente general de construcción Rosarito II. En julio de 2010, Olea Castro invitó al empresario a participar en la licitación número LIC-INV3-003/LO para construir el centro de convivencia en el municipio sudcaliforniano. Ese mismo mes, conoció a Jesús Iván Rodríguez López y a Luis Humberto Álvarez García, residentes de obra en Guerrero Negro III. Según lo declarado en la averiguación previa 193/12/207/AP, Gutiérrez Serrano fue testigo de las negociaciones entre el contratista y los residentes de obra de la CFE, el 17 de julio de 2010. “Noel le dijo a Luis Humberto: ‘Si tienes movida con alguien, dinos y nos vamos, no hay problema’, pero él respondió: ‘No, aquí todo está limpio, tú sabes que las movidas las hacen los jefes de Rosarito y México… aquí las movidas las hacen Benjamín Granados Domínguez, Ramón Fernández Velázquez y José Miguel Olea Castro”. En esta denuncia son acusados de los delitos de secuestro y extorsión, los funcionarios arriba mencionados, así como Jesús Iván Rodríguez López y Luis Humberto Álvarez García. La licitación El 26 de julio de 2010, se presentó la licitación de la obra y se recibieron cuatro propuestas: del ingeniero José Luis Razo Oblea, otra del ingeniero Héctor Beltrán González y dos más de las empresas Materiales y Proyectos de la Costa Oeste y de Concretos Ambientales -sin representante el día del fallo-. Las tres últimas fueron aceptadas; en todas, el presupuesto oscilaba en 2 millones de pesos. En los días subsecuentes, según lo relatado por Gutiérrez Serrano, éste recibió una llamada del ingeniero Beltrán González para ofrecerle 300 mil pesos, bajo la condición de que no se presentase al fallo. No aceptó la propuesta. Finalmente, el 2 de agosto de 2010, Materiales y Proyectos de la Costa Oeste obtiene el fallo a favor, con ello Martín Gutiérrez Serrano, representante legal de la constructora ubicada en Playas de Tijuana, estaba a punto de sumergirse en un mundo de corrupción, amenazas y extorsión. El fallo fue a favor de la empresa tijuanense, lo que desató la furia del licitante Héctor Beltrán González, quien advirtió a Gutiérrez Serrano: “Ten cuidado con este par (Álvarez García y Rodríguez López), te van a hacer la vida imposible, los 300 mil pesos que yo te ofrecía era lo que les iba a dar”. El empresario ignoró lo escuchado y la obra inició el 11 de agosto de 2010, bajo el contrato SDC-RGROS-INV-03/10, con un monto de 2 millones 360 mil 823 pesos. La empresa recibió un anticipo de 786 mil 154 pesos. Ese mismo día en Tijuana, recibió una llamada de José Noel Aguilar Rodríguez, quien le solicitó 100 mil pesos en efectivo, según explicó, bajo órdenes de Olea Castro. De forma simultánea, el residente de la obra en Baja California Sur, Óscar Alarcón Sánchez, era extorsionado por los residentes Luis Humberto Álvarez y Jesús Iván Rodríguez López. La primera suma se pagó. 600 mil pesos en extorsiones A los días de firmado el contrato, el ingeniero José Miguel Olea Castro presentó una modificación para incluir un área ecológica vernácula con biblioteca, palapa, baños, salón de usos múltiples, pérgola, cocina, andadores y decoración. Un año después, el contratista se enteró de la existencia de la ampliación del contrato, cuando José Noel Aguilar Rodríguez le informó de ésta. El área fue construida, mas el nuevo contrato no se signó. Veinte días después, los mismos le solicitaron 60 mil pesos más -el segundo pago de la CFE a la constructora fue de 145 mil 514 pesos-. Los extorsionadores le informaron que los 100 mil pesos exigidos con anterioridad eran para los ingenieros Benjamín Granados Domínguez (subdirector de Proyectos y Construcción de la CFE) y Ramón Fernández Velázquez (coordinador de Proyectos Termoeléctricos). La cantidad también fue entregada. Luego de entregar ambos montos, las extorsiones continuaron. A menos de un mes de iniciada la obra, el 9 de septiembre, el arquitecto residente de la obra le marcó al ingeniero Gutiérrez Serrano para comunicarle las amenazas de dos líderes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), quienes solicitaban un pago de 75 mil pesos en efectivo. Solamente recibieron 5 mil. De acuerdo a la declaración rendida en la agencia del Ministerio Público en Rosarito, Baja California, el arquitecto y otro trabajador, Saúl Ramírez, fueron víctimas de un secuestro exprés. El contratista cedió a la presiones y entregó los 70 mil pesos restantes, cantidad que fue depositada en la cuenta bancaria del arquitecto y entregada a cambio de su liberación. En lugar de buscar el auxilio de las autoridades, Gutiérrez Serrano acudió a la oficina de Olea Castro en Rosarito para explicarle la situación, donde éste le ofrece crear un concepto dentro de la obra licitada para la recuperación de la suma perdida. También le sugiere el reemplazo del arquitecto secuestrado por José Noel Aguilar Rodríguez, quien hasta el momento había servido como intermediario en las entregas de efectivo. Una vez que Aguilar Rodríguez se integró a la obra, comenzó a ser extorsionado por los dos residentes de la CFE, Jesús Iván Rodríguez López y Luis Humberto Álvarez García, quienes de acuerdo al denunciante, recibieron 70 mil pesos en un periodo de 14 semanas. El denunciante entendió el modo de operación de los funcionarios: las cantidades solicitadas guardaban relación con las estimaciones pagadas en los nueve meses de la obra. En los últimos cuatro, no le solicitaron dinero, debido a la falta de pagos. De esa forma, los empleados de la CFE condicionaban las estimaciones a pagar a la empresa: el contratista debía entregar las cuotas solicitadas, de lo contrario, las estimaciones no serían depositadas y la obra quedaría detenida. Cuando Gutiérrez Serrano requirió del pago de la octava estimación, el 23 de diciembre de 2010, el ingeniero Olea Castro le solicita primero el pago a la proveedora Maxco. A modo de garantía, le indicó a otro empleado de la CFE, Héctor David Lozano Lara, no realizar el pago a la empresa, ni permitir al contratista retirarse, hasta que el pago al proveedor se efectuara. En el transcurso de tres horas y luego de visitar dos sucursales bancarias en Playas de Rosarito, Gutiérrez Serrano permaneció al lado de Lozano Lara, hasta que el cheque para el proveedor es depositado. El contratista denunciaría al funcionario de secuestro. El contratista hizo un balance de los daños patrimoniales sufridos por su empresa durante la construcción de la obra: un millón 283 mil 970 pesos por concepto de atrasos provocados por la CFE por el retraso de pagos y las interrupciones a la obra para realizar visitas al área ecológica; un millón 276 mil 29 pesos como costo de las pinturas de arte esquemático realizadas para ésta, y los 600 mil pesos pagados en extorsiones. Una vez calculadas las pérdidas, Gutiérrez Serrano solicitó al entonces jefe de Departamento de Costos, Gilberto Carrillo Mayón, 2 millones 560 mil pesos por los dos primeros conceptos. A decir del afectado, el funcionario aceptó la responsabilidad de la empresa en los daños ocasionados. Sin embargo, cuando se efectúa la reunión el 1 de marzo de 2011 para establecer las próximas acciones, Olea Castro se declara imposibilitado para realizar los pagos y le ofrece a la empresa contratista, una obra de 12 millones de pesos para “recuperarse” de las pérdidas. Un mes después, autoriza la participación de la empresa de Gutiérrez Serrano en la reparación y compra del equipo de aire acondicionado de las oficinas administrativas ubicadas en Rosarito. El reclamo de una deuda de 180 mil pesos a proveedores en Baja California Sur, infundada a decir del denunciante por los dos residentes extorsionadores, quebranta la relación de trabajo entre la empresa y la CFE. Olea Castro niega el pago de la obra realizada, así como la participación en dos licitaciones de obras. En agosto de 2011, el contratista es llamado a la oficina del residente de construcción de la CFE para firmar la ampliación del convenio. Cuando Gutiérrez Serrano se niega, las amenazas alcanzan a su familia. Es entonces que luego de mudarse junto a su familia a Estados Unidos, el empresario denuncia lo ocurrido al Órgano de Control Interno de Mexicali y, en enero de 2012, la denuncia es levantada en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). De lo narrado, ZETA posee copias de contratos, planos, denuncias, declaraciones firmadas por testigos y ratificadas por notarios, así como facturas de pago, oficios girados a la PGJE y averiguaciones previas. Por su parte, el 30 de marzo de 2012 rindieron su declaración el indiciado José Miguel Olea Castro y sus testigos, Héctor David Lozano Lara -acusado del secuestro del denunciante- y Javier Enrique Ruíz Michel -abogado de Olea Castro y acusado de ofrecer 25 mil pesos a un tercero para la firma de la ampliación del contrato -. El primero subrayó las acusaciones como falsas, e incluso levantó una denuncia por difamación con el número de expediente 10936/11/211/AP. Días después, el denunciante amplió su declaración para indicar que ambos testigos son subordinados del indiciado, por lo que su declaración está comprometida con la continuación en sus cargos. Más denuncias En la demanda de Everardo de la Toba Coronel a la CFE por nulidad parcial del convenio de terminación por jubilación, recibida en la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje bajo el expediente 328/2011 en mayo de 2011, los nombres de los funcionarios Benjamín Granados Domínguez, José Miguel Olea Castro y Juan Manuel Rodríguez Álvarez, se repiten como presuntos cómplices delictivos. De acuerdo al denunciante, él les informó de irregularidades en los contratos PIF-006/2006 y PIF-002/2007, como cambios de proveedores y materiales o el rehacer de bitácoras de obra para favorecer a Maquinaria Igsa en obras realizadas en la Central Geotérmica Cerro Prieto en Mexicali. Los abogados del demandante afirman que después de que el trabajador se negó a participar en los actos de corrupción y los denunció, fue cambiado de adscripción, de Rosarito a Querétaro y luego a Guerrero. También acusó al abogado Javier Enrique Ruíz Michel de amenazas vía telefónica, cuando éste intentó persuadirlo para que retirase las denuncias en contra de José Miguel Olea Castro. Otra denuncia de Gilberto Carrillo Mayón apoya la versión de la reelaboración de bitácoras, bajo el pretexto de la pérdida de las anteriores. El ingeniero expone ante la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Dirección General de CFE que, por instrucciones de Olea Castro, él elaboró las nuevas bitácoras. Los esfuerzos de Martín Gutiérrez Serrano no han cesado, a pesar de que la averiguación previa no se ha terminado de integrar, debido a la falta de declaraciones de los involucrados y de las estériles denuncias en el Órgano de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad. El afectado confía en que las autoridades logren fincar responsabilidades a los funcionarios aún activos de la paraestatal.
Publicidad
