De policías federales, o del Cártel de Sinaloa

La droga decomisada por la Policía Estatal Preventiva en Tijuana En la Procuraduría General de la República y en el Ejército, mantienen un hermetismo cómplice respecto a los “dueños” de las 9.046 toneladas de marihuana encontrados el 8 de enero de 2013 en un inmueble de la delegación La Presa en Tijuana. El motivo: la presunción que algunos paquetes estaban marcados con las características de aquellos que ya han sido decomisados y deben estar en poder de la autoridad. La versión de que parte de la droga decomisada estaba clasificada como asegurada con anterioridad no fue oficial, pero sí inició en las corporaciones inmiscuidas. En Baja California existen cinco corporaciones que pueden y han incautado droga: Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, Policía Federal y el Ejército; pero ninguna ha reconocido públicamente las marcas de la carga. En la delegación de la PGR informaron que van iniciando la investigación para conocer el origen de la droga, dado que no hubo detenidos. Su primer paso fue citar a los agentes que localizaron el cargamento para que les proporcionen al denunciante anónimo que llevó a los de la Estatal Preventiva hasta el hechizo almacén. Información esta última resguardada por la Secretaría de Seguridad Pública en protección a los denunciantes. “No han investigado de quién es la casa, de cuál autoridad son las marcas de la droga supuestamente decomisada, si es de Baja California o de otra entidad”, refirió un agente de la PEP que, además, subraya el hostigamiento de la PGR hacia quienes incautaron la droga. En general sobre la propiedad de la droga, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública manejan tres hipótesis, independientemente de la investigación de la PGR: 1. Pertenece al Cártel de Sinaloa, específicamente a Alfonso Arzate “El Aquiles”, versión que es compartida por las autoridades de Estados Unidos. Además, presumen que la casa donde se localizaron los paquetes de marihuana es un tipo de bodega para distribución, o un almacén previo al resguardo masivo, como las cajas de tráiler localizadas en octubre de 2010 en el fraccionamiento Murúa de Tijuana, conteniendo más de 130 toneladas de marihuana. Aseguramiento realizado  después que una célula delictiva intentó robar parte del cargamento propiedad de la mafia sinaloense, topándose con una pareja de policías municipales, a los que baleó. “A este tipo de inmuebles de seguridad llegan los paquetes, que después el líder de la zona distribuye entre sus cabecillas de célula criminal. Lo que llama la atención es la variedad en los pesos de los paquetes, no nos había tocado ver tanta diferencia”, detalló un agente investigador. La droga estaba etiquetada con apodos e iniciales, de quienes, presumen las autoridades, eran los destinatarios finales de la marihuana; salvo “Capulín”, los motes y abreviaturas en los paquetes “Benji”, “Ibarra”,  “JJ”, “CC” y “KK”, y “V”,  según versión de las corporaciones, resultaron desconocidos para los responsables de investigar y perseguir el tráfico de enervantes, sea al mayoreo o menudeo. Incluso en el caso del “Capulín”, el apodo apenas ha sido mencionado por algunos detenidos, sin mayores datos. No está identificado. 2. Una segunda versión atribuye la propiedad del enervante a corruptos agentes de la ex Policía Federal. Entre autoridades, infiltrados y criminales circulan los reportes de un pequeño grupo de Federales que en Tijuana se dedican a robar la droga, la mayoría de las veces a criminales independientes que intentan cruzar los enervantes por el municipio hacia Estados Unidos, pero sin “permiso” ni protección de los sinaloenses. “Se sabe que son policías de Tijuana, pero hay algunos que  incluso se trasladan de Mexicali a Tijuana, a concretar los bajes”, se explicó a ZETA. Además: “También han robado droga de grupos locales… llegan vestidos de civil y encapuchados, son difíciles de identificar y ubicar; por eso no han sido asesinados, como acostumbra la mafia en estos casos”. De hecho, una de las líneas de investigación en el asesinato del policía municipal Ricardo Salgado, caído apenas la mañana del 10 de enero en Tijuana, es precisamente un presunto “baje de droga” a narcotraficantes. Por el momento los investigadores no lo relacionan con las nueve toneladas decomisadas por la PEP. 3. En esta versión, la droga había sido asegurada, y elementos de la autoridad encargada de cuidarla fueron quienes cometieron el delito de sacarla de las bodegas oficiales, no incluirla en incineraciones y, conforme a los implementos localizados en el inmueble de seguridad, empaquetarla y posiblemente traficarla. En este punto existe una versión entre la tropa de la Policía Estatal Preventiva: parte del cargamento incautado el 8 de enero procede de un aseguramiento hecho el 1 de noviembre de 2010 por la propia PEP, en el número 20641 de la calle Mexicali, Colonia Buenos Aires Norte. Fueron 12. 976 toneladas, e incluso hubo un detenido identificado como José Manuel Gallegos Mercado. Afirman que la droga era de un traficante identificado como “El Capulín”; aunque hace dos años, en la información proporcionada a la prensa, solo se destacó que uno de los nombres con que identificaban los paquetes era “Mercedez”. De este dicho de sus agentes, los jefes se han mantenido al margen, asegurando no saber la procedencia de la droga. En Baja California funcionan tres instancias responsables de resguardar el enervante una vez incautado: Procuraduría General de Justicia del Estado cuando es al menudeo; Procuraduría General de la República por acuerdo; y una vez que la droga ha sido empapelada, se envía para almacenar en las instalaciones militares hasta que el juez responsable la libera para su incineración en un acto público. ZETA estableció comunicación con personal de la delegación de la PGR para conocer si en la institución existía información de que la marihuana había sido previamente decomisada, y cuál sería el destino de la investigación. De manera extraoficial, se dio a conocer que ya inició la indagatoria en la cual se incluye la necesidad de determinar quiénes son los dueños de la droga. Que efectivamente, verificarán si proviene de un decomiso en resguardo del Ejército o la PGR, pero antes de concluir la investigación, adelantaron: “Estamos seguros que no salió ni de aquí, ni de con los militares”. Refieren que hay muchos candados y personas -en Ciudad de México y en Baja California- involucradas que hacen “prácticamente imposible que eso suceda”. En la PGR justificaron que no hay indicios que correspondan a aseguramientos locales, y la forma en que estos envoltorios están abiertos y enteipados, tampoco corresponde a la forma en que lo hace el Ministerio Público local. Además que por protocolo, en el edificio de la PGR no se almacena ninguna droga que pese más de un kilo. “Sabemos que hay un agente de la PEP que dice que él ya había decomisado esa droga hace dos años, pero en las primeras pruebas periciales se identificó que la marihuana es nueva, no vieja, no lleva guardada dos años”. Destacaron que en el parte informativo realizado por la PEP no se mencionan las marcas ni las sospechas, ni se ofrecen particularidades de la forma en que recibieron la denuncia que los llevó al aseguramiento.  — ¿Qué hay respecto a la línea que indica, se trata de droga que se incautó y no se reportó?, preguntó ZETA a un funcionario de la PGR, quien pidió el anonimato. “¿Nueve toneladas? ¿Cómo se van a incautar y no enviar al Ejército? Eso ya es cuestión de lógica”. — ¿Y en cuanto a la versión que menciona a policías federales como dueños del cargamento y presuntos responsables de robos de drogas a narcos independientes? “Los policías ministeriales federales están demasiado ocupados, apenas son suficientes  para cumplir con las obligaciones de su función”. Sobre el ex policía federal, se aclaró: “Esa versión no nos ha llegado”. En cuanto al procedimiento para acelerar la indagatoria, el primer paso para el Ministerio Público Federal será hacer que el cateo de la PEP sea legal, además de solicitar la orden de un juez, aunque la droga ya no esté en el inmueble: “Si los paquetes del enervante estaban en el patio, tirados, con la puerta abierta, y al llegar no encontraron a nadie para detener, los agentes debieron llamar al Ministerio Público Federal. Se toma una foto, se envía al juez, éste otorga la orden y el Ministerio procede, pero ahora hay que rearmar”. Por ahora la PGR está enviando los oficios pertinentes a diversas autoridades para saber quiénes son los dueños del inmueble, si estaba rentado y si existe un contrato de arrendamiento. De lo contrario, el dueño del lugar sería integrado a la investigación, y sujeto a la posible incautación del inmueble.  La denuncia y el decomiso Todo comenzó como un rumor. La tarde del martes 8 de enero, la Policía Estatal Preventiva había entrado a una casa de seguridad del narcotráfico, cerca del Cerro de las Abejas, donde escondían más de cinco toneladas de marihuana que al parecer había sido incautada con anterioridad. Los paquetes estaban pesados y marcados, como cuando las corporaciones policiales los presentan ante medios de comunicación. La confirmación oficial fue rápida. Desde las oficinas de la PEP se convocó telefónicamente a la prensa para que dieran cobertura al operativo de incautación efectuado en el número 5 de la calle Tehuacán, Colonia Ejido Francisco Villa, ubicada al extremo Este de Tijuana. La convocatoria fue rara, por lo regular no se permite a los reporteros ingresar a los inmuebles que aún están siendo cateados. Sin embargo, agentes de la Policía Estatal encargados del operativo, recibieron instrucciones de proporcionar información a los medios y guiarlos. Explicaron que el hallazgo derivó de  una llamada anónima a la línea de Denuncia 089, de personas que reportaron haber presenciado actividad sospechosa en la zona. Una denuncia extraña, ya que el domicilio se ubica en una calle prácticamente baldía y sin vecinos colindantes. Posteriormente, ZETA fue informado que efectivamente se trató de una denuncia anónima, pero no llegó por teléfono, sino por escrito en una jornada asistencial. La dirección de la Policía Estatal Preventiva decidió que el reporte fuera atendido por “un numeroso convoy de unidades de la PEP”, pero no con la unidad operativa, sino encabezada por los jefes del área de Inteligencia, grupo especializado en la investigación de casos más complejos. Los agentes involucrados explicaron que cuando llegaron al lugar no había nadie, pero sí varios paquetes de droga regados en el patio, por lo cual sospechan que los traficantes que descargaban, contaban con vigías en la zona, quienes alertaron de la presencia policial con suficiente antelación para que alcanzaran a escapar. De acuerdo al informe de los oficiales, a su arribo encontraron el portón abierto y varios paquetes, al parecer de marihuana, dentro y fuera del inmueble. Con la presencia de droga a plena vista -según mencionaron-, acreditaron la flagrancia, permitiéndoles entrar a revisar la propiedad. Por fuera el lugar parecía un antiguo taller mecánico, su apariencia de abandono hacía pensar que llevaba varios años fuera de operación, o nunca funcionó como tal. No había rastros de la suciedad característica de los talleres. Dentro del predio, un inmueble que no era oficina o almacén de autopartes, sino un tipo de casa habitación abandonada, vacía y sin luz eléctrica. Tres habitaciones y una estancia. El único mueble era una vieja estufa, y el polvo sobre ésta revelaba que no había sido utilizada en mucho tiempo. Prácticamente toda la casa estaba llena de paquetes de marihuana, 2 mil 106, para ser exactos. Los había de todos tamaños, formas y pesos, desde “almohadas” de 10 kilogramos, hasta “ladrillos” de un kilo; algunos envueltos en plástico transparente, otros con cinta adhesiva negra o color canela, uno encima de otro, formando grandes pilas desde el suelo hasta el techo. El lugar estaba tan penetrado con el olor a cannabis, que algunos agentes se sintieron mareados y tuvieron que salir a tomar aire. Mientras inspeccionaban la casa, advirtieron que en una de las habitaciones algunos cuadros de loseta se movían cuando los pisaban. Se trataba de una tapa, que al levantarla, dieron con un subterráneo de aproximadamente tres metros cuadrados. No era una cisterna o una fosa séptica, no había tuberías ni desagües. Los policías sospechan que había sido construido como almacén, pero la cantidad de droga que ahí guardaban excedió su capacidad. Se presume que el inmueble era utilizado para reempaquetar la droga en cuadros más pequeños para ser escondidos en autos que cruzan la línea fronteriza, o en paquetes más grandes para los camiones de carga. También “curaban” la marihuana, aplicando grasa, jabón en polvo o químicos de limpieza a los paquetes para así disminuir el característico olor de la hierba. En el sótano clandestino también había básculas y equipo para prensar la marihuana, gatos hidráulicos que empujaban esquineros de metal y vigas de madera para formar los cuadros de marihuana. Colchas y cobijas tiradas en el suelo hacían pensar que ahí dormía un velador. Droga marcada A pesar de la peculiaridad del hallazgo, lo más sorprendente fue que los paquetes de droga contenían diversas marcas que revelaban información incierta, pero sumamente relevante. Como en muchos otros cargamentos decomisados, los envoltorios tenían una marca de los posibles propietarios o destinatarios del enervante. Muchos tenían escritos los apodos “Capulín” y “Benji”, “Ibarra”; otros, las letras “JJ”, “CC”y “KK”. Algunos más tenían dibujado con plumón azul, un círculo con un punto en el centro, o una “V” similar al signo zodiacal Virgo. Sin embargo, algunos paquetes tenían escrito con líquido corrector blanco lo que parecía ser el peso exacto de la marihuana que presuntamente contenían, hasta con miligramos, algo jamás visto por los agentes ahí presentes. También tenían escritos números en secuencia, por ejemplo, al tomar el paquete 114, se podía encontrar cerca el 115, 116 y sucesivos. Estas marcas coinciden con las aplicadas a los paquetes de droga cuando son incautadas por las corporaciones policiales, para marcar su peso e inventariarlas para su posterior almacenaje. Una gran cantidad de paquetes tenían cinta adhesiva que parchaba cortes hechos en forma de triángulo o equis, como los que se hacen cuando se inspecciona por primera vez su contenido. Aproximadamente tres horas después del aseguramiento de la droga, un grupo de al menos ocho militares arribaron a la casa de seguridad, armados y con los rostros cubiertos por pasamontañas. Ingresaron al inmueble, fotografiaron los paquetes y se reunieron con los responsables del operativo. Posteriormente apoyaron con el traslado del cargamento a la base de la PEP en la Zona Río de Tijuana. La conferencia La mañana siguiente, el director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Montoya Gómez, encabezó una conferencia de prensa para informar sobre el total de la droga incautada: Nueve toneladas 041 kilogramos, con un valor en las calles de por lo menos 361 millones 678 mil 400 pesos. Sin embargo, la droga no fue presentada físicamente, como ha sucedido con otros decomisos, incluso más cuantiosos. Esta vez, solo se colocó en la pared una foto del cargamento tomada por la propia corporación. Montoya admitió que los paquetes presentan marcas indicando peso, pero se deslindó de responsabilidades al explicar que no corresponde a la PEP determinar si la droga ya había sido asegurada anteriormente por alguna entidad de Seguridad Pública. “No tienen una característica propia o un sello que pueda denotar que efectivamente esa droga había sido decomisada, corresponderá a la Procuraduría General de la República determinar esa situación”. Admitió que “no se tiene un antecedente de otro decomiso en el que se haya tenido esa marcación”. Asimismo, estableció que no se les había reportado ningún robo de droga por parte de las autoridades policiales locales. No reveló si habían consultado a las autoridades militares sobre su posible decomiso previo, limitándose a decir que existía “una excelente coordinación con el Ejército Mexicano”. Por último, el titular de la PEP estableció que el operativo surgió de una llamada anónima, sin embargo, policías municipales adscritos a la zona revelaron a ZETA de manera extraoficial que la mañana del decomiso habían detectado la presencia de patrullas militares tipo pick-up rondando la colonia Ejido Francisco Villa, además de un convoy de la Policía Estatal Preventiva que les ordenó despejar el área.  Túnel en Mexicali Cerca de las diez de la mañana del sábado 5 de enero de 2013, una llamada a la Central de Emergencias C4 alertó a agentes de la Policía Municipal de que una persona se encontraba tirando escombro en la Avenida Durango  y Calle Séptima. Al llegar al lugar vieron una gran cantidad de tierra en el almacén. Ahí fue detenido Carlos Alberto  Hernández Montero, de 29 años de edad, originario de Veracruz. Según algunas versiones oficiales, el hombre estaba en posesión de algunas dosis de ice. Fue en el interrogatorio que Hernández alertó a los agentes de la presencia de un túnel, confesó trabajar para un individuo de nombre “Cecilio”, originario de Puebla, quien lo tenía amenazado. Su labor consistía en sacar de manera discreta algunos costales de tierra, por lo que recibía la cantidad de 3 mil pesos semanales. Al ubicar el lugar, los agentes pidieron apoyo a elementos de la Segunda Región Militar, quienes trasladaron al detenido a sus  instalaciones. Ahí les indicó el lugar donde había estado trabajando en un túnel, en inmueble ubicado en el número 612 de Avenida Gustavo I. Madero, entre Nicolás Bravo y México. Vecinos del lugar informaron que los trabajos de remodelación iniciaron 18 meses atrás, en ese tiempo se amplió la construcción, por lo que en esa etapa fue fácil justificar el movimiento de maquinaria para trasladar la tierra que salía de las excavaciones. La fachada estaba pintada de color verde con amarillo, por fuera solo existía la instalación de un tanque de gas, y por dentro ya había sido acondicionado para operar como local comercial. Sobre la boca del túnel se encontraba en construcción una loza de cemento que haría que fuera casi imposible su localización. El pasadizo estaba divido en dos secciones, resultando muy parecido al localizado en julio del 2012, a una cuadra de la Aduana en San Luis Río Colorado Sonora, ya que ambos contaban con un idéntico sistema de ventilación con motor, el cual  empuja el aire a través de un conducto armado con tubería de plástico tipo PVC color negro, de seis pulgadas. El equipo permitía sacar los gases que emanan de la construcción, y mediante un sistema de ventiladores oxigenaba el túnel. El tubo plástico era utilizado para conectar un sistema eléctrico para iluminación. Adicionalmente, contaba con un sistema de suministro de agua con la intención de ablandar la tierra, causando una fuerte humedad dentro del túnel. El subterráneo tenía 10 metros de profundidad divididas en espacios  totalmente encementados. La entrada  medía 1.5 metros de altura por 1 de ancho. Quedó inconcluso hacia Estados Unidos, apenas llevaba 30 metros de construcción. Asimismo, contaba con lozas de concreto, para evitar derrumbes. La localización del túnel, el más sofisticado construido en Mexicali, se dio a 24 horas del cambio de mando del General de la Segunda Región Militar, y es el primero que se encuentra en la entidad bajo la nueva administración federal. (ZETA/Mexicali) Bienes de suegro de “El Chapo” congelados El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó esta semana a dos operadores clave en el Cártel de Sinaloa, dentro de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), congelando todos sus bienes invertidos en instituciones financieras de ese país, e impidiendo todo tipo de transacciones monetarias a su nombre y de las empresas registradas a su poder. Se trata de Damasco López Núñez, alias “El Licenciado”, identificado por la OFAC como un lugarteniente de alto rango por su participación en actividades de trasiego de droga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, responsable del envío de cargamentos de toneladas de narcóticos de México a Estados Unidos. También se le relaciona con la fuga del “Chapo” del penal de Puente Grande en 2001. Se le ubica en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con domicilio en Avenida Nicolás Bravo número 1607, Colonia Guadalupe. Uno de los suegros de Guzmán Loera también fue incluido en la lista de la OFAC: Inés Coronel Barreras, padre de Emma Coronel Aispuro, actual esposa del líder del cártel. “Hoy la OFAC designó (a su lista) a la mano derecha y al suegro de ‘El Chapo’ Guzmán. Continuaremos trabajando con nuestros compañeros en las corporaciones federales para seguir el dinero y la estructura operativa del Cártel de Sinaloa”, sostuvo Adam Szubin, director de la OFAC, el miércoles 9 de enero, durante una conferencia de prensa en la que reconoció la labor de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA). En 2012, dos esposas de Guzmán Loera y tres de sus hijos fueron incluidos a la lista de la OFAC. Griselda López Pérez y su hijo Ovidio Guzmán López en agosto y marzo, respectivamente; María Alejandrina Salazar Hernández y sus hijos, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, también han sido boletinados, los dos primeros en junio y el último en mayo. También en Estado Unidos, la madrugada del domingo 6 de enero agentes de la Patrulla Fronteriza de Campo, California, detectaron huellas de calzado sospechosas provenientes de la valla internacional. Al seguirlas encontraron una bolsa con 9.72 kilogramos de marihuana. Momentos después los agentes aprehendieron a tres hombres mexicanos relacionados con el decomiso de la droga. Policía asesinado: 21 homicidios en 10 días Recién salía del turno Ricardo Salgado Hernández, policía municipal de Tijuana, lo habían despachado más temprano que de costumbre, sus homicidas lo persiguieron, chocaron el vehículo que manejaba, lo mataron antes de las siete de la mañana del 10 de enero de 2013 y huyeron. Minutos después fueron aprehendidos por otros uniformados municipales. La existencia de Salgado estaba amenazada, coinciden sus compañeros, pero se dividen en el motivo de la agresión: 1. “Por la captura de un delincuente”, al cual Salgado detuvo en Baja Malibú y sus jefes le dieron la cortesía, “lo liberaron”. Se había dado la orden de matarlo por la noche, pero hubo cambio de planes. En esta línea, la tropa habla de corrupción en torno a jefes policiacos, a quienes solo nombran como Carillo, España y Ramírez. 2. “Por sus ligas con el crimen organizado”, tenía acuerdos, tenía relaciones delictivas y empezó a detener, a “poner” criminales y a “bajarles droga”; incluso refieren que pasaba información a la Policía Estatal Preventiva. Desde las jefaturas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, la referencia es que Salgado era uno de los “focos rojos” bajo investigación. De acuerdo a su expediente, uno de sus consanguíneos participó activamente en los comandos negros (grupos de policías que servían de matones para el Cártel Arellano Félix) que operaban en Baja California hace una década. Fue sorprendido fotografiando a los agentes que participaban en la detención de uniformados corruptos, y su padre ha sido detenido en varias ocasiones por la Municipal, presuntamente cometiendo el delito de tráfico de personas. Tras el asesinato, sus compañeros localizaron en un barranco el auto usado por los asesinos y a un hombre huyendo, quien fue detenido. Horas más tarde, el reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California fue que en las inmediaciones de la escena del crimen se aseguró: Un vehículo Explorer verde, en cuyo interior había un fusil AK-47 cal. 7.62 x39, con dos cargadores unidos con cinta adhesiva. En un tambo de basura a 50 metros, se encontró una subametralladora 9 milímetros; de ahí, a 50 metros sobre el cordón de la banqueta, se encontró una pistola calibre 45. Además les pusieron a disposición un presunto responsable y dos testigos. 13 asesinatos en Tijuana; cinco en San Antonio de los Buenos En los primeros 10 días de 2013,  21ochosiete y un multihomicidio, y en la primer quincena del año un total de 10 ejecuciones. ejecuciones tambalearon la seguridad de Baja California, figurando entre los ejecutados un policía municipal y un multi-homicidio. La PGJE informó sobre ocho asesinatos cometidos solo el 9 de enero en Tijuana. El primero se dio en las inmediaciones del Bulevar 2000, donde encontraron sin vida a un hombre de aproximadamente 50 años, envuelto en una cobija y con marcas en el cuello. La suma siguió en una casa ubicada en la delegación San Antonio de los Buenos, donde se localizaron tres sujetos asesinados. Se presume que el predio era utilizado como picadero y como tiendita de droga. En el fraccionamiento El Pípila, otro sujeto fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando se encontraba dentro de un automóvil. Conforme a las primeras indagatorias, la autoridad informó que el delito pudo haberse efectuado por una deuda de dinero.  El mismo día, en los terrenos del panteón ubicado en la subdelegación La Gloria, abandonaron el cuerpo de un hombre asesinado con arma de fuego. La PGJE también reportó el asesinato, al parecer por asfixia, de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, en las inmediaciones del fraccionamiento Villas de Alcázar, Delegación La Presa. El jueves 10 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer el asesinato de uno de sus elementos, esto en la Comandancia “Margarito Saldaña”, también en la delegación San Antonio de los Buenos. Luego, en un predio de la colonia Los Venados, a un costado de la Vía Rápida Poniente, fue hallado el cadáver de una mujer, según expresaron las secretarías municipales y estatales de Seguridad Pública. Más tarde, una persona baleada arribó a bordo de un vehículo a la Clínica Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana. Previamente, entre el 1 y 7 de enero se habían cometido otros cinco homicidios en Tijuana. Lo anterior se suma a la lista de seis homicidios contabilizados a la fecha en Mexicali y dos en Rosarito, la mayoría relacionados por ajuste de cuentas al interior de células dedicadas al narcomenudeo. Marina también decomisa Elementos de la Armada de México, adscritos a la Segunda Región Naval, aseguraron más de una tonelada de marihuana en dos hechos distintos durante la primera semana del año. Mediante el comunicado 01 de 2013, se informó que 1 mil 015 kilogramos fueron incautados en las costas de Baja California. El primer decomiso se efectuó el jueves 3 de enero, aproximadamente a 50 kilómetros al Sur del puerto de Ensenada. Personal naval ubicó una embarcación menor con dos motores fuera de borda, y al abordarla encontraron en su interior seis paquetes de marihuana con un peso bruto de 64.7 kilogramos, así como ocho tambos llenos de 50 litros de combustible. Dos días después, el sábado 5 de enero, se localizaron abandonados en un punto de la costa Sur de Ensenada, 94 bultos de hierba verde con las características de la marihuana. Éstos fueron incautados y pesados, arrojando un peso total aproximado a 950.98 kilogramos. La droga decomisada fue concentrada en el puerto y posteriormente puesta a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en Ensenada. La denuncia La denuncia del inmueble donde se localizaron las nueve toneladas de marihuana  llegó a la Coordinación de Atención Social de la Secretaría de Seguridad Pública. El ciudadano llenó un formato en el que debía especificar: Lugar del delito: Avenida Tehuacán, entre calles Centenario y Calafia, Ejido Francisco Villa. Delito: En ese apartado eligió venta de droga, desmanteladora de vehículos robados, inseguridad en zona determinada; en la opción denominada “Otro”, agregó “posibles drogas y armas”. Sospechosos: Varias personas desconocidas. El formato de denuncia incluye la elaboración de un croquis, donde el denunciante especificó la ubicación espacial del inmueble, el cual se describe como “un lote con barda de bloques pintado de amarillo con letras negras ‘Bardahl’ y grafiti en la parte superior estructura de metal”. Respecto a los hechos, el denunciante complementó: “Entran y salen carros por las noches, se han observado personas armadas y mucho movimiento con personas desconocidas, se observan carros de modelos recientes ya hace tres meses, y eso causa temor entre nosotros porque ha generado desconfianza he (sic) inseguridad, ha aumentado el incremento de droga, con un alto incremento de jóvenes viciosos”.  Inseguridad Nacional Durante esta semana, la violencia provocada por las bandas del crimen organizado aterrorizó varios estados del país, principalmente Coahuila, donde por varios días se efectuaron ataques a distintos bares. Los hechos se suscitaron el viernes cuatro de enero en el municipio de Torreón. Según información proporcionada por las autoridades en el primer caso, un grupo de hombres armados disparó contra clientes del bar, denominado “Bar Leonardos”,  matando a tres individuos. De acuerdo a testigos, los matones arribaron al sitio en dos automóviles, de los cuales descendieron para más tarde ingresar y atacar contra los parroquianos. Un par de días después, en otro atentado, al menos nueve personas murieron y otra decena de ellas, resultaron heridas cuando nuevamente un comando armado entró a dos bares en distintas horas de la madrugada del domingo seis de enero. En estos ataques, los bares que irrumpieron los delincuentes fueron los llamados, Futuro y Tornados. En el primer atentado murieron dos personas, las cuales presentaban heridas de bala en todo el cuerpo. Mientras que en el segundo sitio fallecieron siete personas, además de que otras cuatro resultaron heridas, entre ellas una mujer. Estos hechos obligaron a que las autoridades activaran el Código Rojo, provocando la movilización de efectivos de las diferentes corporaciones policiacas. Con esto, son cinco los bares que han sido atacados por el crimen organizado en las últimas semanas y del 2010 a la fecha suman más de 10 destacando el caso del ataque al “Bar Ferrie”, donde fallecieron una decena de personas. Además del atentado al “Bar Juanes”, que arrojó ocho muertos y 19 heridos, así como el ataque en el “Bar Quinta Italia Inn”, donde asesinaron a 17 personas y otras 18  resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Apenas pasaron unos días y la ola de violencia se extendió por el territorio lagunero alcanzando un retén militar, el cual fue atacado por un grupo armado que utilizó armas de alto calibre que incluyeron granadas. El cerco militar estaba ubicado bajo un puente en una de las avenidas principales de la ciudad, sobre el periférico Raúl López Sánchez. Tras el atentado, policías y militares realizaron una persecución sin tener éxito alguno. Afortunadamente no se reportaron víctimas fatales.