Castellanos: Transportistas pagaron por su muerte

Se negó a declarar Saúl Camargo Avendaño, el hombre de 42 años de edad presentado el 16 de enero de 2012 por la Procuraduría del Estado de Baja California como líder del grupo de homicidas que por presuntas órdenes de los dirigentes de la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.C.L. de C.V., asesinaron el 6 de febrero de 2011 al regidor y transportista Arturo Castellanos Ruiz en Ensenada. Conforme a averiguación previa 778/11/300, abierta por la Procuraduría, Camargo Avendaño es la principal liga con los hombres que pagaron, dieron instrucciones, además de proporcionar los vehículos y armas para el asesinato. De acuerdo al expediente, este hombre fue contactado porque había sido chofer de Transportes Rojo y Blanco, nombre comercial de la empresa encabezada por los presuntos autores intelectuales. Noé Javier Armenta –el primer detenido por el caso Castellanos–, capturado el 30 de agosto de 2012 en Estación Bamoa, Sinaloa, relató ministerialmente el 6 de septiembre de 2012, que había sido contactado y contratado por Saúl Camargo en enero de 2011 para matar al edil. Armenta detalló que él y algunos de sus parientes varones fueron reclutados por separado, les hablaron a Sinaloa y se encontraron en Ensenada 10 días antes del asesinato. Pero estos sinaloenses solo tuvieron contacto en Ensenada con Camargo y con otro presunto representante de la cooperativa del que el Ministerio Público solo tiene la descripción física. Pero el 17 de enero de 2013, presentado a su declaración preparatoria, Camargo decidió reservarse el derecho a declarar. “Es una actitud que mantuvo desde su captura en Estado Unidos”, informaron desde la Procuraduría del Estado. Este hombre fue detenido el 20 de diciembre de 2012 en Arizona por autoridades de Estados Unidos, en posesión de metanfetaminas, el 16 de enero de 2013 fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR), de donde lo remitieron a las autoridades estatales. Así lo informó el Procurador General de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, en una rueda de prensa dirigida  a la población de Baja California. El Procurador explicó  que ese mismo día se cumplimentaba “la primera de las órdenes de aprehensión giradas en torno de los autores materiales del homicidio del regidor Arturo Castellanos Ruiz”. En la captura de Noé Armenta, se solicitó orden de aprehensión urgente cuando ya lo tenían en custodia. Moreno Manjarrez explicó que las indagatorias de los agentes ministeriales del grupo en contra de homicidios dolosos, establecieron la participación de 2 autores intelectuales y 4 individuos que fueron contratados para ejecutar a Castellanos. De Camargo Avendaño, originario de Guasave, Sinaloa, explicó el Procurador, “tenía relación directa con los autores intelectuales del crimen, toda vez que laboraba en este municipio como chofer de un microbús de la línea rojo y blanco”. Elementos recabados por la fiscalía, según explicó el Procurador, apuntan a que Camargo junto a sus cómplices vigiló a la víctima durante una semana para poder planear el homicidio. Las investigaciones arrojan que el 6 de febrero de 2011, Camargo estuvo involucrado al conducir uno de los vehículos utilizados para ultimar a Castellanos, un Toyota Rav 4. Tras el homicidio, “el ahora aprehendido acudió a su vivienda, y al cabo de unas horas facilitó la huida a sus cómplices, ya que los trasladó en un vehículo particular a la ciudad de Mexicali, de donde huyeron en autobús hacia la ciudad de Guasave Sinaloa”, dijo Moreno Manjarrez. Agregó que el expediente del caso cuenta con 5 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado y los mandatos judiciales se otorgaron hasta el 11 de septiembre de 2012 por el Juzgado Segundo de lo Penal. La Subprocuradora de la PGJE en Ensenada, Lidia Gallegos Aguilar, agregó que Camargo sería puesto a disposición del Juzgado Segundo de lo Penal donde le tomarían su declaración preparatoria y después, tendrían detalles adicionales sobre su participación y la relación con los otros homicidas, lo que podría incluso a llevar a nuevas órdenes de aprehensión.   Dos autores intelectuales Desde 2011, la PGJE  considera a los directivos de la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.C.L. de C.V., sus principales sospechosos, en ese año solicitó al Juez Segundo de lo penal órdenes de aprehensión contra Gonzalo y Armando Gutiérrez Guerra, Medardo Meléndrez, Francisco Vega, José Hernán Sandoval Cortez y Julio César Meléndrez González, directivos de Rojo y Blanco, aunque presentó testimonios, documentos y argumentos periciales, el juzgador lo negó porque el fiscal no contemplaba en la averiguación a los presuntos autores materiales, ni el posible vínculo de los asesinos con quienes ordenaron el crimen. ¿El móvil? Más de tres años de pleitos por presuntas malversaciones, que hicieron crisis en noviembre de 2010, cuando tres socios de Rojo y Blanco encabezado por Castellano iniciaron los trámites judiciales para ejercer una acción civil contra Medardo Meléndrez y Gonzalo Gutiérrez Guerra, con la advertencia que esto daría pie a un juicio mercantil. La amenaza era que les quitarían a los acusados sus rutas rentables. Para el 11 de septiembre de 2012, fecha cuando el Juzgado Segundo de lo Penal le concedió las órdenes de aprehensión a la procuraduría, la lista de presuntos autores intelectuales se había reducido de seis a dos sospechosos, pero la fiscalía se negó hacer público cuáles de los líderes transportistas habían sido acusados. Extraoficialmente confirmaron, se trata de los dirigentes de la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.C.L. de C.V., Gonzalo  Gutiérrez Guerra y Medardo Meléndrez. Sin embargo los sospechosos habían reaccionado desde el primer trimestre de 2011 al conocer los indicios de la PGJE. El 28 de marzo se enteraron que un juez había determinado que no había elementos suficientes para dictar orden de aprehensión en su contra y el día 30 del mismo mes se presentaron en las oficinas de ZETA, casi dos meses después del asesinato de su socio y rival judicial, Arturo Castellanos. Armando y Gonzalo  Gutiérrez Guerra acompañados de Medardo Meléndrez Armenta en declaraciones públicas hechas en este semanario (ZETA edición 1931) negaron haber participado en el homicidio del regidor y acusaron al Procurador Rommel Moreno y sus funcionarios de acusarlos actuando bajo la presión social y política.  El abogado de los presuntos inculpados les había notificado que la PGJE había solicitado órdenes de aprehensión contra “tres directivos y tres socios de la empresa”, lista en la que estaban incluidos. Aseguraron que los socios de la cooperativa con los que estaban enfrentados desde 2009, habían declarado en contra de ellos con la intención de responsabilizarlos. Y declararon que las órdenes de aprehensión en su contra se habían solicitado sin haberlos llamado a declarar a pesar de que el abogado que los representaba le manifestó a la fiscalía que estaban a su disposición. “De este lado, Arturo (Gutiérrez, uno de los presuntos responsables) declaró, Benito, socio, también; declaró una ex secretaria de la empresa y el tesorero (también señalado), nada más. Yo declaré solo por mi amenaza de muerte…”, manifestó en aquel momento Armando Gutiérrez Guerra. Cuando se les preguntó respecto a su negativa de entregar el expediente conteniendo los datos del manejo administrativo de la empresa, rehuyeron responder justificando que no era de interés de la fiscalía porque se trataba de un expediente diferente. Aseguraron que en aquel momento estaban siendo amenazados por desconocidos y presionados por la procuraduría que los mantenía bajo estrecha vigilancia. “Que venía gente de Chihuahua y gente de Sinaloa y que venían a vengar, pero ¿a vengar qué?, o con que de perdida que primero investiguen. Que se venguen de quien se tengan que vengar, pero no por el mitote que traen vengan a ajusticiar a alguien que no”. Se quejaron de que la fiscalía no había investigado las hipótesis de: el crimen organizado y la usura, actividad a la que se dedicaba el regidor ultimado; o la versión de que Castellanos era amigo de Rómulo Molina Michel, asesinado, hermano de Óscar Molina Michel, nombres apellidos ligados al crimen organizado. De las órdenes de aprehensión solicitadas en 2011 respondieron: “El procurador dijo muchas cosas que no son ciertas, testigos protegidos que nunca han existido, y sí dijo que había más de un teléfono de Mexicali que contestaba de los tres municipios, pero a nosotros qué, si ahí tuvieran las pruebas pues adelante, pero realmente nosotros no tuvimos nada que ver”. — ¿Tuvieron algo que ver con la muerte del regidor Castellanos? “Absolutamente nada”, aseguraron los tres aquel marzo de 2011.   La huida Durante los siguientes 18 meses, los líderes transportistas señalados por la PGJE continuaron con su vida normal, negociaron con al ayuntamiento, hicieron las paces con los funcionarios municipales incluidos los amigos del asesinado Castellanos. Hasta la mañana del 6 de septiembre 2012 cuando la prensa se enteró que habían detenido en Sinaloa a Noé Javier Armenta, uno de los autores materiales del homicidio del edil, y sería presentado alrededor del mediodía en conferencia de prensa. En la misma fecha el sector transportista había programado un acto público en el Hotel Riviera para que el alcalde Enrique Pelayo manifestara su apoyo incondicional a los empresarios y trabajadores del volante, los líderes cooperativistas de Rojo y Blanco tenían una silla entre los invitados especiales pero nunca aparecieron Desde horas tempranas los reporteros de Ensenada los habían contactado por teléfono y radio con la finalidad de obtener su postura respecto a la captura del joven Armenta, las secretarias dijeron que estarían más tarde con el alcalde y después que habían salido de la ciudad. El 11 de septiembre de 2012 se emitieron las órdenes en contra de dos de ellos, pero han transcurrido cuatro meses sin que sean localizados.