Arnaiz deberá presentar solución por daños de deslave el 31 de enero

Aún no vence el plazo para que el fraccionamiento Arnaiz presente la solución técnica para reparar los daños generados a partir del deslizamiento del lunes 14 de enero sobre el Bulevar Cuauhtémoc Sur, y el XX Ayuntamiento de Tijuana le otorgó un plazo de diez días -válidos a partir del jueves 17 de enero- para que entregue, además, el estudio geotécnico actualizado. De acuerdo al arquitecto Raúl Pompa, asesor en la Dirección de Administración Urbana, el caso aún no está cerrado, el trámite continuará incluso luego de presentados los documentos requeridos por la dependencia. En la comparecencia del 17 de enero, la fraccionadora presentó estudios anteriores al deslizamiento, por lo que deben aportar nuevos estudios de la zona, así como la solución definitiva de forma oficial. Debido a estos estudios, el anteproyecto del fraccionamiento deberá ser modificado para adecuarse a las nuevas especificaciones que éstos arrojen, y esta vez, sí asegurar que el riesgo de construcción sea mínimo y no ponga en riesgo la estabilidad del terreno. La autorización de este trámite puede tomar desde seis meses -cuando las condiciones tanto legales como técnicas del terreno no tengan irregularidades- hasta diez años. Generalmente, eso depende en gran medida de la capacidad financiera de la empresa para pagar estudios, y de la urgencia por iniciar del proyecto. Sobre la posibilidad de fincar responsabilidad y sancionar a la empresa, el arquitecto respondió: “No hubo una irregularidad técnica ni una responsabilidad o del perito, las sanciones generalmente se aplican cuando la información proporcionada es falsa, se presentan estudios que no corresponden a la zona, o cuando hay una emisión en el tiempo que se hayan otorgado las anuencias. Agregó: “No significa que más adelante no pudieran resultar responsables o ser acreedores a una sanción, pero por lo pronto no; sin embargo, todavía no está cerrado el caso, el trámite sigue”. Será la Dirección de Administración Urbana responsable de estudiar la solución técnica y el estudio geotécnico, a efecto de corroborar la congruencia de la información. Este caso evidencia de la complejidad en la industria de construcción en la entidad, por ejemplo, las condiciones de suelo en Tijuana con inclinación a deslaves y derrumbes por la mala cimentación, entre otros fenómenos sismológicos, hidro-meteorólogicos; incluso información sobre riesgos químicos -empresas que manejan sustancias peligrosas- en Baja California. El ingeniero Mario Rodríguez, de Protección Civil estatal, informó que la dependencia colabora con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) para desarrollar el proyecto. El objetivo es determinar las zonas de riesgo de sismos, maremotos, inundaciones, incendios forestales y hasta peligros químicos. De igual forma, determinar aquellas con mayor inestabilidad de laderas y monitorear el comportamiento de la infraestructura en zonas propensas como Mexicali, o donde hayan ocurrido fuertes sismos recientemente. También se evalúan los daños de lluvias de hace cien años, y cómo algunas de estas áreas ya no son adecuadas para la construcción. De acuerdo al funcionario, un factor de riesgo está determinado por la vulnerabilidad de la zona, el peligro de vivir en ella y la cantidad de personas asentada en el área. El Atlas de Riesgos de Baja California podría estar terminado en julio de 2013, y necesitará la actualización de datos para añadir mayor precisión a la información. “En este documento se conjugan todos los elementos de un terreno para determinar la capacidad de cimentación, los tipos de peligro a que son sujetos y cómo se debe construir en ellos”, precisó el ingeniero Mario Rodríguez. Sin embargo, aseguró el trabajo va más allá, una vez concluido, el Atlas deberá incorporarse a los programas de desarrollo del estado y de los cinco municipios, con el objetivo de prevenir futuros desastres naturales o deslizamientos, y derrumbes de cerros y laderas por falta de construcción adecuada. El documento sería un parteaguas para conceder permisos de construcción, y de ahí podrían emanar nuevas leyes de construcción para Baja California, ya que no solamente se trata de aspectos técnicos a perfeccionar, sino de que los factores humanos -supervisión por parte de las autoridades- crezca a la par de los primeros. Sobre el aspecto de la prevención -siempre posible- de este tipo de incidentes, el funcionario de Protección Civil aseveró que la dependencia ya no busca ser un organismo de “reacción” a los desastres, sino evitarlos. Agregó que por su tipo de economía, por cada peso invertido en evitar desastres naturales en México, la nación se ahorra 14 pesos destinados a reparar los daños que se ocasionarían. Inés García