Esa es la cantidad que le falta a la Procuraduría General de Justicia de Baja California para mantener su infraestructura -humana y física- en el ejercicio fiscal de 2012. Es, pues, el déficit con el que carga la fiscalía bajacaliforniana comandada por Rommel Moreno Manjarrez. En la Procuraduría justifican que el faltante no es porque hayan sido malos administradores del presupuesto, sino que dinero etiquetado para áreas específicas, lo hubieron de utilizar para levantar la Unidad contra el Narcomenudeo, que por Ley les pasó el saliente Presidente de la República, Felipe Calderón, a todos los estados. Les dio facultades, pero no dinero. En esa condición el problema no es que no haya dinero para comprar papel de baño, sino que por falta de recursos para gasolina, en Mexicali estén detenidas todas las unidades del Ministerio Público, y en Tijuana, 30 no se pueden utilizar. Han llegado a grado de solicitar raite a la Policía Municipal cuando un hecho delictivo es reportado. El problema es que el gobernador José Guadalupe Osuna Millán no apoya económicamente para el funcionamiento de la Procuración de Justicia, pero sí mantiene en nómina a un trabajador del PAN de ratos libres, como es su asesor en materia de comunicación, Raúl Ruiz, que al año cobra casi el millón de pesos. La prioridad sería menos asesores, más justicia.
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