Revocada resultó la propuesta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de pretender obtener 360 millones de pesos como presupuesto para 2013; así lo considero la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Roxana Soto, quien manifestó estar más apegada a la propuesta del Ejecutivo, de otorgarle poco más de 200 millones de pesos. Sin embargo, éste es uno de los pocos temas relevantes en la sesión del Congreso realizada ayer jueves 27 de diciembre. A las 2:00 pm, los legisladores citaron a receso, presuntamente se tocaría en tema del presupuesto 2013, pero el argumento se mantiene en el aire. El principal obstáculo para la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos, radica en los aumentos a la tarjeta de circulación, al consumo de agua potable y la adquisición de mobiliario y equipo. Otro punto pendiente era la obligatoriedad de la verificación vehicular al momento de revalidar las placas, la cual se encontraba en negociaciones. La diputada local Roxana Soto Agüero dijo no estar de acuerdo con el incremento en 100 pesos en la revalidación de la tarjeta de circulación, y el 9.20 por ciento a las tarifas del servicio del agua. En materia de egresos se manifestaron en desacuerdo por la intentona del Gobierno del Estado para realizar diversos estudios económicos, debido a que su uso pudiera entrar en el tema electoral. Por su parte, el secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Aguilar, pidió coherencia entre los gastos y los ahorros, además de que la obligatoriedad de la verificación vehicular no sufriría modificaciones. “Quizás sea necesario, como en todos los años, ajustes en algunos conceptos de ingreso y gastos; insisto, lo importante es mantener el equilibrio en las finanzas y que no genere algunos cambios el que tenga un problema financiero o un déficit adicional”. El funcionario estatal señaló que la propuesta de 36 mil 999 millones de pesos presenta un déficit de 824 millones de pesos, debido a que faltaría la aportación de la federación en el pago del 22 por ciento a maestros federales. Por su parte, el gobernador del Estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, justificó los aumentos propuestos por el Ejecutivo, al señalar que no afectarían el bolsillo de los bajacalifornianos. “La modificación a la tarifa del agua, hace dos años que no se modifica, estamos proponiendo un incremento del 5 por ciento, es prácticamente la inflación”, citó. En el tema de la verificación vehicular, el mandatario expuso que debería ser obligatorio a partir del 1 de enero y por la vía de la Ley, la cual se encontraba en discusión en el Congreso local, ante los grandes daños que causan las emisiones de contaminantes al medio ambiente. En cuanto al aumento de la revalidación de la tarjeta de circulación, el mandatario estatal precisó que el impuesto estaría dirigido a la entrega de becas a estudiantes de preparatoria.
Publicidad
