Luego de dar a conocer datos del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), en los cuales reconoce promedios de captura incidental de dos tortugas enmalladas en redes por día en la Bahía de Ulloa, en el municipio de Comondú, según un análisis del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), más de 7 mil ejemplares de tortuga amarilla han muerto en Baja California Sur. Para Alejandro Olvera, representante de esa organización, la cifra es alarmante: “Es fácil determinar que han sido al menos 7 mil tortugas las que han muerto durante la administración de Felipe Calderón, sin que las autoridades hayan actuado para resolver este problema. Es bastante grave que apenas se reconozcan este numero de muertes, esta mortandad de tortugas amarillas solo a unos días de que acabe esta administración; que hayan sido años en cuales las autoridades hayan tenido conocimiento, y van a dejar esta administración sin resolver el problemas”. La “tortuga amarilla” es una especie en peligro de extinción, anida exclusivamente en el archipiélago japonés, se alimenta en las costas de Hawái y Estados Unidos hasta la Bahía de Ulloa en Comondú. Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la pesca incidental en la entidad no es la principal causa de mortandad; aunque no han logrado identificar la causa de muerte, suponen que la principal es por agotamiento y factores originados en la migración de la especie desde Japón hasta México. “Toda la mortandad que se ha venido dando de la tortuga amarilla es en la zona costera de entre Punta San Lázaro a Boca de la Soledad, por el grado de descomposición en que se encuentra no ha sido posible realizar la necropsia y conocer las causas de la muerte de esos ejemplares. No descartamos la posibilidad de que se dé por algún grado de actividad pesquera, pero no es la razón principal”, advirtió el experto. La PROFEPA reconoció que no es posible mantener una vigilancia permanente en la zona, sin embargo, a principios de 2012 instaló un comité de participación ciudadana para la vigilancia de la zona de Comondú. El aprovechamiento o captura de la especie es un delito penal, con sanciones entre 20 mil y 50 mil salarios mínimos, además de cárcel.
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