Hace veinte años que se firmó el muy cuestionado Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB); el Gobierno Federal, el SNTE y los gobernadores de los Estados de la República estampan sus firmas. El Ejecutivo Federal traspasa y el Gobierno Estatal recibe los establecimientos, bienes muebles e inmuebles; las relaciones jurídicas con los trabajadores; se responsabiliza de los adeudos pendientes; homologar las diferencias salariales. “El Gobierno Federal se compromete a transferir los recursos económicos para que el Gobierno Estatal se encuentre en condiciones de encargarse de la dirección de los planteles que recibe, cumplir compromisos que adquiera, así como elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo”. El incumplimiento de los compromisos del Gobierno Federal, obliga a concluir que después de veinte años el ANMEB ha sido un fracaso como lo señalan algunos investigadores y estudiosos del proceso educativo. “Los acuerdos políticos fundamentales registrados en el ANMEB fueron fruto de la negociación del Ejecutivo Federal con el SNTE, más que con los gobiernos estatales, este fue el principal de los factores que incidieron en el fracaso del acuerdo, ya que las entidades federativas quedaron sujetas a la presión de los recursos presupuestales de la federación por un lado y a los intereses estrictamente gremiales por el lado del sindicato”. Pedro de León Mojarro. “Los déficit de la educación pública en Baja California, se deben a la imbricación de los dirigentes sindicales en la administración educativa, ya que obedece a una estrategia clara del SNTE de colocar a cuadros leales a la organización sindical en la gobernación de la educación básica en todo el país”. Marcos S. Reyes Santos Carlos Ornelas, cuestiona el “federalismo educativo” en su libro “Política, poder y pupitres”. Dice: “Es increíble corroborar que cuesta más mantener a ‘castas privilegiadas’, en referencia a los ‘comisionados’, que sostener programas compensatorios a escala nacional”. Por cuidar sus propios intereses, actores clave del sector educativo, se han convertido, directa o indirectamente, en delincuentes y no hay leyes ni voluntad política, ni mecanismos de la sociedad civil que los detenga. Esto mantiene en un grado de cinismo inverosímil al sistema educativo en México. Otto Granados, en su reciente artículo en La Razón, escribió: “A 20 años del ANMEB se ha reparado muy poco en los efectos corrosivos que ha tenido en las finanzas públicas. Lo que esconden los gobernadores es la ‘doble negociación’, la que sostienen la SEP y el SNTE, por un lado, y la que sostienen con las secciones estatales”. Cuando menos 12 estados están por declararse al borde de la quiebra. Ahora resulta que el SNTE, a través de la Sección 2, está solicitando la destitución del Secretario de Educación, Lic. Javier Santillán Pérez, “el menos peor” que los anteriores, amenazando con posibles suspensiones de labores, ya antes había amenazado con emplazar a huelga al gobierno del Estado. ¿Por qué y para qué firman el Calendario Escolar? Las baterías están mal enfocadas, ellos tienen una extrema responsabilidad en el “fallido” Acuerdo Nacional, ellos tienen su Registro como sindicato en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, su relación laboral es con la Secretaría de Educación Pública, ahora están supeditados a que la Secretaría de Hacienda cumpla sus compromisos de transferir los recursos económicos suficientes. Con la firma del ANMEB, el 18 de mayo de 1992, en Baja California se estaba aplicando la naciente Ley del Servicio Civil y se estaba estrenando el primer gobernador de extracción panista que intentó sustituirla por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero el Congreso Estatal se la rechazó, no se hicieron las adecuaciones jurídicas para incorporar a los ex federales a la Ley Laboral Estatal y, un Acuerdo, inoperante como el ANMEB, jamás podrá estar por encima de la Ley. Tal vez, el mensaje sea el anuncio del término de la alianza partidaria. Tal vez, la recurrencia, estampada en una carta dirigida al gobernador a nombre de “más de 33 000 maestros” acusen sus ansias políticas. En Baja California “las castas privilegiadas” también ocasionan daños. Juan Ríos Pérez Comisión de Prensa y Propaganda del SETE en Ensenada