Mientras en la planta baja de la Casa Municipal de Playas de Rosarito, trabajadores preparan el escenario donde Javier Robles Aguirre presentará su Segundo Informe de Gobierno, el próximo 29 de noviembre, en entrevista con ZETA el alcalde del quinto municipio menciona como sus principales logros: Seguridad pública, infraestructura y promoción turística; los cita también como sus pendientes para 2013. Optimista ante un escenario adverso con el debilitamiento de sus finanzas públicas, la baja recaudación de impuestos y derechos municipales, el estancamiento del sector inmobiliario, la marginación en servicios públicos y la incertidumbre de recibir 3 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) con un director de Seguridad Pública que no aprobó los exámenes de confianza, “Tito” Robles pronostica que el próximo año será “el mejor de mis tres años de gestión”. ¿Y el Plan de Austeridad? Presentado en julio pasado como la solución a los problemas de falta de liquidez en Rosarito, los resultados han sido más austeros que el propio plan. De acuerdo a información proporcionada por el V Ayuntamiento, el ahorro proyectado en el gasto de nómina sería de 800 mil pesos anuales. En realidad, de la nómina del 3 de junio a la del 18 de noviembre, ha habido un ahorro en sueldos de poco más de 281 mil pesos y otros 83 mil pesos de compensaciones. Contrario a lo declarado en aquel entonces por el alcalde priista en entrevista con ZETA, ningún miembro de Cabildo ha rebajado su sueldo. De los 10 mil pesos contemplados como ahorro de la supuesta reducción de salario del primer edil, nada. Cuando se le preguntó sobre los resultados de su Plan de Austeridad, el munícipe respondió: “Tuvimos que recortar parte de los funcionarios públicos municipales, en cada una de las dependencias ajustamos presupuestos, bajamos sueldos por segunda ocasión, sobre todo de personal de primer y segundo nivel”. Los recortes en sueldos de directores de dependencias han sido del 3 por ciento, el único en mantener su sueldo es Francisco Castro Trenti, quien por ser policía activo, continúa cobrando 50 mil pesos mensuales. Además, de junio a la fecha, solamente han sido recortados 27 puestos de la nómina municipal, la mayoría correspondiente a personal de lista de raya. Por otra parte, la Ley de Ingresos 2013 pretende recaudar 377 millones de pesos mediante el incremento de 0.6 por ciento al Impuesto Predial en fraccionamientos de clase media alta y alta. Según cálculos del presidente municipal, esto afectaría al 45 por ciento de la población, mientras que el 25 por ciento del padrón de Playas de Rosarito continuaría pagando el impuesto actual de 7.5 salarios mínimos. Se estima que el 40 por ciento de los rosaritenses contribuyen con el Predial, en tanto que los poseedores de grandes extensiones de terrenos son evasores. Al ser un incremento mínimo (alrededor de 80 pesos por inmueble), también se tomarán medidas como la venta de predios propiedad del Ayuntamiento -hasta abril de 2012 contaban con 77 baldíos- y el aumento al impuesto al alumbrado público. El problema de recaudación municipal existe desde la administración pasada, el ex alcalde y empresario Hugo Torres Chabert explica: “Los impuestos más importantes que llegó a captar el municipio fue durante su crecimiento económico fuerte, entre 2000 y 2006, con auge en 2005. Mediante las ventas de condominio se recaudaban entre 50 y 80 millones de pesos en impuestos”. Sin embargo, desde 2007, debido al alejamiento de turismo por la incidencia delictivita y la crisis financiera en Estados Unidos, la actividad inmobiliaria decayó por completo. En este Ayuntamiento y en el anterior, no se han registrado importantes ingresos inmobiliarios, principal vía de recaudación. Por otro lado, está el Sindicato de Burócratas que no respeta las situaciones económicas al exigir su aumento salarial cada año, considera Torres Chabert. “En Rosarito se nota más esta situación porque estamos en época de vacas flacas, no hay ingresos inmobiliarios provenientes de la venta de condominios, el aspecto inmobiliario cayó en toda la Zona Costa y no vemos que termine rápido”, aseveró. Un dolor de cabeza llamado Francisco Castro Trenti Han transcurrido cuatro meses desde que Francisco Castro Trenti fue nombrado director de Seguridad Pública de Rosarito, y desde entonces el gobierno municipal se ha empeñado en mantenerlo en su cargo, pese a no haber aprobado el necesario examen de control y confianza. Sin el apoyo de la comunidad empresarial, Javier Robles ha declarado que Castro Trenti continuará al mando de las fuerzas policiales de la ciudad, para ello ha realizado una serie de gestiones, viajes y reuniones. Durante la entrevista sostenida con ZETA, se le planteó la pregunta obligada: — Una de las polémicas que ha levantado su administración es el nombramiento de Francisco Castro Trenti como director de Seguridad Pública, a pesar de haber reprobado los exámenes de control y confianza. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para no perder la aportación de SUBSEMUN? “Hemos solventado cada una de las observaciones que nos hizo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública referente a los mandos policiacos que deben ser aprobados, el actual director ha aprobado cinco exámenes de confianza y reprobó el que le realizó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Es ahí cuando entra la desconfianza y optamos no por no reconocer el resultado, sino por solicitarles una revisión del mismo expediente, y a propuesta del Secretariado Ejecutivo, que sea enviado a la Ciudad de México para que los poligrafistas certificados de SUBSEMUN puedan revisarlo. “Esperamos que en un momento dado, luego de evaluarlo se pueda cambiar el resultado a favorable. Solicité al Centro Estatal de Control y Confianza (C3) los criterios para obtener ese resultado, pero el 20 de noviembre recibí la negativa. Me reuniré con la directora Nancy Luz Medina Corral, para pedirle me muestre los criterios y evaluaciones para saber dónde no aprobó. Independientemente, ya solicitamos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal un examen de confianza más”. — ¿Hay algún plazo para esto? “Ellos nos hablaron de un periodo de 15 días, pero en realidad tenemos hasta antes de que se termine el año”. — ¿Qué va a pasar si los resultados de los exámenes son los mismos y se les niega el recurso? “Nosotros estamos plenamente convencidos que el recurso no se puede perder por eso. Además, no somos el único municipio del país que solicita que el gobierno estatal no realice los exámenes, ya ha ocurrido cuando son de partidos contrarios”. — Pero es el mismo escenario en todos los ayuntamientos priistas en Baja California, ¿por qué solamente tomarían esta postura con Rosarito? “El actual subsecretario de Seguridad Publica (Jorge Eduardo Montero Álvarez) fue secretario de Seguridad Pública en Rosarito. En su momento fue acusado ante Sindicatura Municipal por policías auxiliares, por supuestos actos de corrupción. En respuesta a esto, él tiene un sentimiento contra el gobierno municipal, antes de que concluyeran los exámenes, hizo público que el actual director no pasó los exámenes. Al reprobar el examen que se realizó, le mandamos a hacer un examen más a Estados Unidos ante un poligrafista certificado en el gobierno de California, allá sí lo pasó”. — ¿Y era el mismo examen? “No era el mismo examen, por eso necesitamos conocer cuál fue el examen que le aplicaron aquí y los criterios para no aprobarlo. (Castro Trenti) Ya había pasado cinco exámenes de la CISEN, del FBI y del poligrafista”. – En dado caso que no lo aprobara y no se les destinara el recurso por ese motivo, ¿Usted consideraría cambiar de director de Seguridad Pública para evitar…? “Ya nosotros estaríamos realizando lo que marca la Ley, si habría que hacer una remoción, la haríamos, pero primero vamos a agotar las instancias correspondientes”. En efecto, si el presidente municipal no desiste de mantener en su cargo al hermano del diputado federal Fernando Castro Trenti, Rosarito no recibirá los recursos con los que el año pasado se compraron nueve patrullas, más de 400 uniformes y equipos anti-motín. El primer edil se defendió de las críticas recibidas de los grupos empresariales, quienes protestaron desde la llegada del funcionario y la remoción del militar retirado, Magdaleno Vázquez Luis. “Ya hubo quien tuvo su oportunidad de servir y los resultados están a la vista… hay gente que lamentablemente quiere desprestigiar al gobierno municipal y a mi persona. Las críticas constructivas son bienvenidas, pero aquellas críticas con la finalidad de descalificar y que no aportan nada, vamos a hacerles caso omiso”. Por otra parte, José Carlos Vizcarra, presidente saliente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, consideró que el examen de control y confianza está basado en un modelo nacional, por lo que no es una decisión del gobierno estatal. El edil Jesús de Felipe Mayoral opinó que la postura de Robles Aguirre responde a la lógica del cambio de presidente el sábado primero de diciembre, bajo la administración federal priista, el Ayuntamiento tiene mayores posibilidades de que se realice un nuevo examen y éste sea aprobado. Impericia política de Javier Robles: Regidores de oposición A consideración de Sergio Sotelo, regidor del Partido Estatal Socialista (PES), los problemas económicos no son excusa para los resultados obtenidos en el actual Ayuntamiento: “Es en esos temas donde debe destacar la pericia y experiencia política, mostrar cómo podemos hacer las cosas bien con menores recursos, se han hecho algunas obras buenas, pero pudiéramos hacer más si el Ejecutivo permitiera más apoyo de los regidores”. De igual forma, el regidor del Partido Estatal de Baja California, Felipe de Jesús Mayoral, consideró que la falta de liderazgo y convencimiento de Javier Robles Aguirre se refleja en la mala administración municipal es el retraso, en más de una ocasión, al pago de empleados municipales, mientras se destinan mayores gastos a rubros como difusión y publicidad, o a mantener los salarios de funcionarios de primer nivel. “Por ejemplo, el secretario de Planeación y Finanzas no ha dado resultados, no vemos reflejados sus esfuerzos, hay dependencias como Recaudación que tampoco generan mayores ingresos al Ayuntamiento, ni siquiera son autosustentables”, agregó. Síndico procurador durante el XVIII Ayuntamiento de Tijuana y aún cercano a Jorge Hank Rhon, José María Lozano Rodríguez conserva uno de los sueldos más altos entre los funcionarios de primer nivel: 43 mil pesos mensuales. Sin embargo, rara vez pisa su oficina y es todavía menos común verlo en reuniones para atender temas financieros. El tesorero municipal Manuel Zermeño es quien lo sustituye. “Por lo menos hay que enderezar el barco antes de dejarlo”, expresó el regidor de oposición. Entre los pendientes, aseguró, está dejar finanzas sanas a la siguiente administración y que las dependencias encargadas de la recaudación municipal trabajen de fondo para captar estos recursos y no depender de las contribuciones estatales y federales. Entre tanto, Javier Robles reflexiona sobre su experiencia como alcalde de Rosarito: “Se siente frustración porque no todo lo que uno quiere hacer se puede hacer, y menos en un tiempo tan corto… falta mucho por hacer, el próximo año va a ser el mejor de mi gestión de tres años”. Por último, sobre su futuro en la política, adelantó que estará “en espera de alguna invitación del Gobierno Federal o del Gobierno del Estado”.