Inundados y endeudados

El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, y el pleno de la XIII Legislatura, se fueron por lo fácil y lo cómodo. En apenas 48 horas determinaron endeudar por 20 años más al estado de Baja California Sur. Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes el 17 de noviembre del 2011 se opusieron férreamente a la contratación de un crédito fiscal a favor de los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos por considerar que “era un atraco y una burla”, hoy, a la vuelta de casi un año, no pusieron la mínima resistencia. Los diputados del PAN, PRI, PRD, PANAL, PRS, Movimiento Ciudadano e independientes, aprobaron el 26 de octubre vía fast track la autorización de contratar un empréstito por 500 millones de pesos en una sesión extraordinaria del congreso local. Los legisladores apenas dos días antes habían recibido oficialmente la solicitud del gobernador Covarrubias, la cual tuvo una evidente preferencia sobre los casi 50 asuntos que estaban en fila y en revisión en la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos de la XIII Legislativa, y cuyo tiempo estimado normalmente es de 30 días. Los tres integrantes de dicha comisión encabezada por el diputado del Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), Juan Domingo Carballo Ruíz, firmaron y emitieron un dictamen al vapor, sin haber valorado y analizado detenidamente la información, sobre todo porque la solicitud carecía de elementos técnicos básicos como el listado de obras, costos totales de cada una, programas de ejecución y tiempo de terminación de la construcción, métodos de adjudicación, corridas financieras que demostraran los rendimientos y recursos suficientes de retorno para amortizar la deuda. Ya dictaminada, la mayoría de los legisladores locales ni siquiera se tomaron la molestia –y así lo reconocieron algunos de ellos– de revisar a profundidad la petición enviada por el gobernador del estado, por dos cosas. 1.- Por la urgencia de tener listo ese trámite para avanzar en las negociaciones y conocer las ofertas y condiciones de las principales instituciones bancarias, en la víspera de la entrega del paipaso del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), cuando sea liberado el dinero federal para la reparación de los daños provocados por los huracanes “Norman” y “Paúl”. 2.- Porque la petición no iba acompañada de algún soporte o una justificación detallada que tuvieran que revisar de cómo, dónde, cuándo y en qué orden se gastaría el dinero del crédito fiscal. El argumento –según la solicitud– era que después se entregaría un informe detallado, porque “actualmente los miembros del Comité de Evaluación de Daños del FONDEN, integrado por funcionarios federales, estatales y municipales, se encontraban en el proceso de cuantificación de los daños ocasionados por los fenómenos naturales”. El propio delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Baja California Sur, Carlos Corona, reveló a ZETA que el monto del dinero que pretendía solicitar el gobernador “iba ser en función del balance final de las afectaciones”, por lo que se estaba terminando de levantar un censo a través de un formato de Proyectos Terminales, conocido como PT-01, para obtener la información exacta de los daños y proceder, entonces, a la elaboración de la solicitud del crédito. – ¿Quiere decir que el gobernador va a solicitar el crédito en torno a la información que arroje el censo sobre los daños? ¿La cantidad exacta? ¿Lo que determine el balance final?, se le cuestionó al delegado federal. “¡Exacto! Cuando tenga oficialmente el monto de los daños, lo cual se habrá de conocer en la próxima reunión de evaluación”. Pero cuando el delegado de SEDESOL, Carlos Corona, explicaba eso a este Semanario el 24 de octubre, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor ya se había anticipado; apresuradamente, y sin tener en mano todavía los datos duros del balance oficial de las afectaciones, estaba enviando el Proyecto de Decreto, bajo el número de oficio 161, estimando que “el dinero que requerían para las obras de restauración era por un mínimo de 500 millones de pesos”. Obviamente, y como era de esperarse, el asunto levantó suspicacias tanto que los diputados Axxel Sotelo de Los Monteros y Luis Martín Pérez Murrieta, del PRI y del PAN, se opusieron a “darle un cheque en blanco” al jefe del ejecutivo, y quienes colocaron el candado de que “no se haga uso del dinero del empréstito hasta que no sea entregado el catálogo detallado de obras por parte del gobierno estatal”, y a su vez, “sea creada una comisión especial legislativa para revisar el destino final del recurso prestado”. El diputado del PAN e integrante de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, Luis Martín Pérez Murrieta, dijo a ZETA que la intención de todo esto es “darle certidumbre a la ciudadanía de que el dinero, deberá ser utilizado para lo que fue autorizado, porque si de algo está cansada la gente, es de que el dinero público sea malversado, manoteado o tenga un destino final diferente para lo que fue aprobado”. Casualidad o no, la aprobación del crédito tuvo un sospechoso silencio en todos los medios de comunicación locales, y donde al cierre de esta edición, incluso la gran mayoría de los legisladores, no quisieron tocar el tema, salvo el caso de los diputados Axxel Sotelo de Los Monteros y Luis Martín Pérez Murrieta.   La solicitud En la solicitud dirigida a la presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año, Edith Aguilar Villavicencio, el gobernador Marcos Covarrubias advirtió que “tendría que realizar una importante inversión para sufragar la reparación de los daños ocasionados en la infraestructura de los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé”. En el Proyecto de Decreto describe que “desafortunadamente, el gobierno del estado, no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la magnitud de estas necesidades, ya que el presupuesto estatal aprobado por el congreso local, estaba plenamente comprometido para la operación, inversión y el pago del servicio de la deuda pública, por lo que era indispensable recurrir a la contratación del crédito para revertir los daños ocasionados por los fenómenos naturales y restituir e inclusive mejorar las condiciones de la infraestructura afectada”. El gobernante justificó que el crédito autorizado sería en base a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur, ya que “establece que se entiende como inversión pública productiva, entre otras cosas, aquellas acciones que permitan hacer frente a cualquier calamidad o desastre natural, por lo que al destinar el dinero a la reparación de daños, coincide perfectamente con la definición estipulada en la legislación estatal”. De conformidad con el análisis realizado por la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, el gobernador Covarrubias, solicita que respecto a las condiciones financieras, “deberían de considerar un plazo de hasta 20 años, incluidos dos años de periodo de gracia y hasta un año de periodo de inversión”. La petición establece que el empréstito será cubierto a través de los ingresos y derechos que reciba por concepto de ramos y programas, derivados de las participaciones federales presentes y futuras, y conforme a la legislación aplicable, se puedan destinar para el pago de sus obligaciones financieras, afectándolas irremediablemente en un fideicomiso de administración y pago constituido para tal efecto. La solicitud fue firmada por el gobernador Marcos Covarrubias y los titulares de la Secretaría General y Secretaría de Finanzas, Armando Martínez Vega y José Antonio Ramírez Gómez, quien dicho sea de paso, fue autorizado para manejar el crédito, a pesar de que todavía no ha publicado en la página oficial un solo balance general y el estado de resultados de ninguno del año y 8 meses que lleva al frente de la titularidad en el gobierno del PAN, después de haber pertenecido a la administración del prisionero ex gobernador del PRD, Narciso Agúndez Montaño. Quizá por esta razón, y según el último resultado de la métrica de la transparencia, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, el estado de Baja California Sur, ocupa el lugar número 29 de los 32 lugares de la escala nacional en esta materia. Las reacciones La incongruente actitud de algunos diputados que “se daban golpes de pecho”, cuando los alcaldes de La Paz y Los Cabos, Esthela Ponce y José Antonio Agúndez, pretendieron acceder el 17 de noviembre del 2011 a un crédito de 462 millones 600 mil pesos y 498 millones 600 pesos, respectivamente, hoy por hoy, ha generado reacciones hasta de sus propios compañeros. El diputado de PRI, Axxel Sotelo de Los Monteros, reconoció que la contratación del crédito definitivamente golpeará las participaciones federales de la actual y las próximas seis administraciones municipales, porque aunque no se quiera ver como tal, es una deuda. Por eso, el legislador propuso un punto de acuerdo el cual fue aprobado por la XIII Legislatura, a fin de que los diputados federales y senadores gestionaran mayores ingresos en las participaciones en el presupuesto federal para el 2013 y revertir un poco la afectación. El priista se pronunció inclusive a favor de que el gobierno federal, absorba la deuda del estado y municipios, cuando menos con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), a cambio de que se mantengan libres de nuevos créditos fiscales. Pero el diputado del PRI no es el único preocupado en el tema. Desde el punto de vista del panista Luis Martín Pérez Murrieta, el empréstito golpeará directamente las decaídas finanzas de los ayuntamientos, porque el gobierno del estado únicamente está fungiendo como aval, y creo que “no se está tomando en cuenta que tiene un gasto corriente muy fuerte y cualquier disminución en sus ingresos se verán afectados”. “Lo único que está haciendo el gobierno estatal, es servir de aval para auxiliar a los municipios, quienes son los que finalmente tendrán que pagar el costo del crédito destinado a la reparación de los daños que dejaron los huracanes Norman y Paúl”, expuso. El legislador del PAN comentó que la reciente aprobación de la reestructuración de los créditos a los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, vinieron a dar un poco de oxígeno y un margen de maniobra mas cómodo en el flujo de efectivo, sin embargo, un nuevo compromiso tendrá sus repercusiones. – ¿Por qué no buscaron apoyos extraordinarios? ¿Por qué seguir endeudado a los gobiernos, cuando podrían colapsar sus ingresos?, se le preguntó al diputado panista. “Bueno, ahorita en este momento es por la emergencia de reparar los daños de los fenómenos naturales, porque definitivamente los ayuntamientos no tienen dinero. Son otras las condiciones que se vivieron en noviembre del 2011. Ahorita ya no tenemos otra opción porque el gobierno federal ya prácticamente cerró su periodo y estamos entrando a otro régimen gubernamental. Te puedo decir que ya no hay dinero y no hay muchas partes de donde, en este momento, podamos bajar recursos de manera extraordinaria. El único que tiene dinero y puede darnos respuesta inmediata es el Fonden, porque ellos tienen recursos etiquetados específicamente cuando se trata de desastres”. Pero contradictoriamente, el senador del PRI Ricardo Barroso Agramont, expuso que “si no se han conseguido recursos extraordinarios, es porque el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor anda operando solo, y por fobias políticas no ha llamado a los legisladores priistas”. El legislador federal, desde su opinión, dijo “no se vale que el gobernante esté endeudando al estado y prácticamente empeñando las participaciones federales de las actuales y futuras administraciones, cuando haciendo equipo con todos los legisladores, y poniendo sobre la mesa los trajes partidistas, pudieron haber conseguido mucho más”, porque consideró que “a la larga, es muy costoso contratar un crédito y más de esas cantidades porque hay que pagar asesoría legal, estructuración financiera, calificaciones quirografarias, calificaciones del financiamiento, garantías, gastos fiduciarios, publicaciones y hasta la comisión por la apertura”. Finalmente, consideró que los ayuntamientos que vayan a sujetarse a estos créditos, deberán pagar una tasa muy alta por concepto del préstamo bancario, lo que a largo plazo afectaría gravemente las participaciones federales hasta las administraciones del 2031. El crédito que pretende contratar el estado, representa el 25 por ciento de la deuda actual del gobierno, y hoy por hoy, a la vuelta de casi un año, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor recurrió al pasivo, cuando había dicho incongruentemente que “no estaba de acuerdo con el endeudamiento”.