Gobierno sin transparencia

BCS, reprobado por el CIDE por su opacidad en el manejo de recursos públicos La transparencia gubernamental del Gobierno del Estado de Baja California Sur nada más existe en el discurso. La información pública que se supone debería estar a la vista de cualquier ciudadano y actualizada en archivos, datos, registros, documentos, fotografías, grabaciones o soportes magnéticos o digitales, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado, simplemente está incompleta, escamoteada o de plano ni siquiera aparece en el portal de “transparencia” de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, encabezada por José Antonio Ramírez Gómez. Durante una revisión e investigación efectuada por ZETA se confirmó que los escasos datos almacenados en la pagina web fueron subidos para aparentar que se está cumpliendo al pie de la letra -y con todas las de la Ley- con la obligatoriedad de poner a disposición del público toda información relacionada a la rendición de cuentas, acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sin embargo, la información es escueta, vaga y hasta antigua, porque no contiene, por citar un ejemplo, un solo balance general en los casi dos años de administración del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, que contenga toda la información sobre “Activo Circulante”, “Activo Fijo”, “Pasivo a Corto Plazo” y “Pasivo a Largo Plazo”. Peor aún, los únicos arqueos en línea datan de 2006 y hasta 2010, cuando el gobernador era el perredista Narciso Agúndez Montaño, y el secretario de Finanzas estatal de aquel entonces, y hoy, es por supuesto José Antonio Ramírez Gómez. Lo mismo sucede en el rubro de “Estados de Resultados”, “Estado de Origen y Aplicación de Fondos”, “Comparativo de Gasto Presupuestado y Ejercido”, “Participaciones y Aportaciones Transferidas a Municipios”, “Comparativo Real y Estimado”, “Deuda Pública Bancaria”, “Deuda Directa, Indirecta y por Acreedor”; “Concentrado de Obras”, “Incremento del Patrimonio”, “Plantilla de Personal”, “Justificación de Valorización de Ingresos”, “Justificación de Valorización de Egresos” y “Catálogo de Cuentas”. La información publicada únicamente del pasado sexenio en estos rubros deja muy mal parada a la administración del gobierno del panista Marcos Covarrubias Villaseñor, y de paso exhibe la nula transparencia y contraviene el discurso de que “el manejo de los recursos públicos ha sido honesto, eficiente y transparente”, como lo expuso el tesorero estatal, cuando el 5 de agosto estuvo en la comparecencia de la llamada glosa del Primer Informe de Gobierno en la XIII Legislatura. Los propios diputados del Congreso local reconocen que en materia de transparencia falta mucho por hacer, “porque estamos muy lejos de ver que por cada peso que salga o por cada compra que se haga, pueda ser revisada por la sociedad con solamente dar un click a la computadora y ver la información detallada de la operación en el portal del gobierno. “La transparencia debe llegar desde la convocatoria hasta el método de adjudicación y el resultado del concurso, por ejemplo, en el caso de una compra de producto o servicio”, consideró el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Salvador Verdugo Ojeda. El legislador subrayó que es “hasta cierto punto tramposo publicar las carátulas de los indicadores o variables financieros, y no subir los anexos, el desglose y toda la información analítica de cómo se gastó el dinero”. Durante una entrevista con ZETA, el legislador comentó que se han dado casos de personas que han estado interesadas en conseguir información sobre el manejo del dinero público, y tienen que recurrir al Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (ITAI) para sacar la información “prácticamente con tirabuzón -así lo dijo-, porque los datos finos no aparecen ni figuran en ninguna parte del portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas estatal”. No obstante, reconoció que el gobierno estatal está haciendo el esfuerzo en avanzar en la materia, a pesar de que ha sido difícil recopilar y capturar toda la información que se está generando para poder cargarla al sistema de transparencia. Actualmente el estado de Baja California Sur ocupa el deshonroso lugar 29 de 32 sitios o estados en materia de transparencia. Según el resultado del último estudio elaborado por un centro especializado en investigación y educación superior en Ciencias Sociales, conocido como Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el retraso en la entrega de información y el vacío en la normatividad local llevaron al estado hasta el fondo de la tabla. Sin embargo, un consejero del ITAI rechazó que se deba a que “haya opacidad en la transparencia”, y atribuyó el hecho a que “los servidores públicos responsables de entregar la información solicitada en su momento por el Centro de Investigación, no lo hicieron en tiempo y forma, como lo estipula la Ley, cuando se desarrollaba una métrica de transparencia, lo que afectó en la calificación”. El consejero dijo que como organismo autónomo, el Instituto de Transparencia está cumpliendo su función de difundir, promover y proteger el derecho de cualquier persona de acceder a la información de interés público, a pesar de tener solo una planta laboral de diez trabajadores y contar con un presupuesto anual de únicamente 4 millones 500 mil pesos. Para ser más explícito y probar que han dado resultados, expuso el caso de un ciudadano que solicitó la cuenta pública de 2011 del Ayuntamiento de La Paz, la cual se consiguió a pesar de la resistencia que hubo al momento de entregar la información oficial. La Ley de Transparencia Los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos públicos autónomos, como suelen ser los ayuntamientos, están obligados -entre otras cosas- a poner a disposición de la sociedad vía portal de internet, según los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del estado, la siguiente información: 1. La estructura orgánica del gobierno, el directorio de servidores públicos y el sueldo mensual que reciben, incluyendo nómina y compensaciones de todo tipo. 2. El ejercicio del Presupuesto de Egresos desglosado, incluidas licitaciones, compras, enajenaciones, créditos, balances, estados financieros y contables, así como todos los actos relacionados al gasto público. 3. Los concursos y licitaciones una vez que haya terminado el proceso en su totalidad para adquirir, enajenar, arrendar o contratar bienes y servicios. 4. Las estadísticas e indicadores relacionados a la procuración y administración de justicia. 5. Los datos y fundamentos legales contenidos en los expedientes que justifiquen el otorgamiento o no de permisos, concesiones y licencias en las entidades gubernamentales. 6. Los datos relacionados con las operaciones de compraventa, permuta, donación, arrendamiento, comodato u otro tipo de contratos o convenios relacionados al manejo de los recursos públicos. 7. Las cuentas públicas que hayan sido enviadas al Congreso del Estado, y éste a su vez, haya remitido al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, las cuales por Ley están obligadas a ser presentadas al Poder Legislativo. 8. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada entidad gubernamental y de interés público que estén en manos de órganos de control interno y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 9. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino. 10. La información de los órganos jurisdiccionales en primera y segunda instancia sobre asuntos iniciados, en trámite y terminados, así como acuerdos, audiencias, autos de formal prisión, de libertad, apelaciones, amparos y sentencias. 11. La información de órganos jurisdiccionales, administrativos o de trabajo que tengan que ver con controversias, aplicación de derecho, en cualquiera de sus funciones como Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cuando independientemente de esto, se comprometan sus recursos financieros o los bienes de la Hacienda pública. 12. Los procesos administrativos de responsabilidad una vez resuelta la causa. 13. La aplicación del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia y la administración de justicia del Poder Judicial y cualquier otro análogo de las entidades gubernamentales y de interés público. 14. El padrón de proveedores o contratistas. 15. Los resultados de la licitación o adjudicación directa de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios. 16. La información de fideicomisos en los que el estado y municipios hayan fideicomitido recursos o bienes de la Hacienda pública.  17. La información contenida en expedientes de procesos penales seguidos en contra de servidores públicos, tales como tortura, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, cohecho, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, trafico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito; así como delitos cometidos contra la administración de la justicia y todo tipo de delitos cometidos por funcionarios, independientemente de cómo se denomine el delito por el que se haya iniciado el procedimiento. 18. Los informes rendidos por partidos y organismos políticos al Instituto Federal Electoral sobre los gastos de campaña interna y constitucional. La negligencia A pesar de lo anterior, la información publicada en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas estatal no reúne los principales requisitos marcados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, relacionada a que “la información debe estar completa y actualizada”. El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Valdivia Alvarado, consideró que “los ciudadanos tienen derecho a saber y conocer cómo se están ejerciendo los recursos públicos” y “los servidores públicos están obligados a transparentarlos”. El legislador comentó que en el caso de los diputados locales “deberíamos de dar a conocer las asistencias, el trabajo legislativo como iniciativas y puntos de acuerdo y pronunciamientos, y de todo eso, poder sacar números y decir cuál ha sido el resultado que estamos teniendo como legisladores”. Durante una entrevista, dijo que “el tema de la transparencia necesita trabajarse mucho, porque fue uno de los principales puntos abordados por la ciudadanía, cuando hace casi dos años andábamos en campaña”. — ¿Ve Usted avances en el tema de transparencia y rendición de cuentas? “A mí me parece que no es suficiente y todavía necesitamos trabajar muchísimo, porque incluso es raro cuando escuchamos alguna noticia del llamado Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información, porque es algo que evidentemente está pendiente y debemos de trabajar”. El diputado priista recordó que la fracción de su partido propuso la creación de la Comisión de Transparencia en el Congreso del Estado, la cual no existía en la anterior Legislatura y donde todavía está pendiente por elaborar y aprobar el reglamento interior de la citada comisión. Los datos que la Secretaría de Finanzas tiene actualmente en su portal de transparencia están distribuidos en seis rubros: Marco Regulatorio. Incluye un compendio de ocho leyes. Costos Operativos. Contiene la información sobre número de plazas, sueldos de funcionarios, acceso de convocatorias a licitaciones, adjudicación de licitaciones, padrón de proveedores de bienes y servicios; concesiones y licencias para la prestación y explotación de bienes y servicios, gastos de representación por secretarias, inventarios del patrimonio publico y arrendamientos. Marco Programático Presupuestal. Abarca la información de los programas sectoriales, regionales y especiales, así como la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, además de distribución de participaciones a municipios, traspaso de participaciones federales del Estado a municipios, distribución de aportaciones y cartera de proyectos de inversión. Rendición de Cuentas. Información de la cuenta pública, clasificación pragmática, desagregación de ingresos y egresos, evolución y costos de la deuda, costos de megaproyectos de inversión de obra pública, informe de gobierno, finanzas y deuda pública. Evaluación de Resultados. Reúne datos del sistema integral de los indicadores. Información Estadística. Maneja el ingreso total, gastos o egresos totales y estadísticas de transparencia. Sin embargo, y en relación al análisis y revisión de la información, ZETA encontró las siguientes evidencias que exhiben la negligencia y opacidad en el manejo del dinero público: – Los datos de gastos de recepción, conmemorativos y de orden social, de ocho secretarías, Oficialía Mayor, Procuraduría de Justicia, Contraloría, organismos descentralizados y dependencias auxiliares del Ejecutivo, aparecen actualizados hasta 2011, con un desglose muy generalizado y sin un anexo y análisis estadístico de cómo se distribuyó y se gastó el dinero de la ciudadanía. – La información de la deuda pública está actualizada hasta diciembre de 2011, cuando el endeudamiento neto pasó de mil 378 millones 700 mil pesos, a mil 438 millones 500 mil pesos, lo que evidencia un incremento inexplicable en 60.2 millones de pesos en la deuda del gobierno estatal, y donde no existe un solo informe de la razón por la cual aumentó la deuda, sobre todo porque en el registro no existe ninguna autorización oficial de la contratación de algún crédito fiscal. – Los datos de la construcción de megaproyectos no están detallados en un desglose, únicamente aparece publicado el nombre y monto ejercido en la obra, así como el municipio. La información carece de la fecha del lanzamiento de la convocatoria, el método de adjudicación, fallo y nombre de la compañía ganadora, así como las fechas de inicio y terminación de las obras. – La información sobre la desagregación de ingresos y egresos está actualizada hasta el año 2010. Lo mismo sucede con la clasificación pragmática. – La cuenta pública está actualizada hasta 2010. – La información estadística sobre ingresos propios, impuestos, recaudación de impuestos sobre nómina, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos federales, ingresos del Ramo 28, ingresos del Ramo 33, ingresos sobre el fideicomiso para la infraestructura de los estados e ingresos sobre el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, está actualizada hasta 2010. Maliciosamente o no, la información de la administración del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor no figura ni en sueños en estos rubros, lo que violenta los artículos 49 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, exponiendo claramente responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos de cualquier jerarquía cuando “nieguen, demoren o proporcionen información falsa o incompleta”; castigos que van desde el “apercibimiento, amonestación, sanción económica, suspensión,  destitución del cargo y hasta inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en cualquier entidad gubernamental”. Únicamente dos ayuntamientos tienen portal y con poca información Gobierno Portal de Trasparencia Información Los Cabos No Nada La Paz Sí Escasa Comondú No Nada Loreto No Nada Mulegé Sí Escasa Fuente: Investigaciones ZETA