Así lo están percibiendo los tijuanenses y los medios de comunicación, por la razón de que el gobierno del XX Ayuntamiento de Tijuana está violando las normas de la legalidad y la tolerancia, al romper con la armonía entre sociedad y gobierno, primero con el programa del alcoholímetro, que ha tenido como resultado 5,800 ciudadanos consignados ante el Ministerio Publico. Por supuesto que el 80% de estas personas salen con antecedentes penales, causándoles daños morales que los dejan en estado de indefensión laboral, ya que para conseguir un empleo por lo general te solicitan la carta de no antecedentes penales. A estos ciudadanos consignados les recogieron sus vehículos, de los cuales solamente el 25% logró poder pagar las altísimas multas para recuperar sus automóviles, el resto no pudo hacerlo por diferentes motivos, sufriendo un daño patrimonial en su propiedad. Independientemente de estos daños económicos, morales y pérdida de su vehículo, este operativo daña al turismo local y extranjero, repercutiendo además en perjuicio económico de bares y restaurantes de Tijuana ya que se están retirando los consumidores. No conformes con dañar en lo económico y moral a la sociedad, ahora enfocan sus baterías recaudatorias a la pequeña y medianas empresas, éstas que tienen de 10 a 14 años funcionando sin antes haber sido molestadas. Los inspectores andan bravos amenazando con clausurar si no tienes uso de suelo, permiso de operación, si te sales de los metros autorizados en el local, autorización de bomberos y otras lindezas que inventan para amedrentar a los pequeños comerciantes. Todo este show es con fines recaudatorios. Hay varios testimonios de que estos inspectores de Inspección y Verificación (antes Reglamentos), no conocen la Ley y sus propios reglamentos para aplicarlos con certeza jurídica. Por ejemplo, dicen los comerciantes que muchos de estos negocios los tienen en lugares de arrendamiento, que de origen, claro que para construir hicieron el trámite del uso de suelo. A estos medianos y pequeños comerciantes les exigen el trámite de doble uso de suelo, como en el caso particular de la central camionera de Tijuana y de los comercios del primer cuadro de la ciudad, así como el pago de anuncios que están dentro de la propiedad privada; o sea que estos anuncios no se encuentran en la vía pública, para exigirles a los negocios el derecho del pago correspondiente como lo establece y obliga el reglamento. Con tantos abusos por parte del XX Ayuntamiento de Tijuana que encabeza el empresario Don Carlos Bustamante Anchondo, en contra de la sociedad tijuanense, ya lo están calificando como un gobierno represor, recaudatorio e intolerante. Todos estos excesos tendrán sus costos políticos, si no al tiempo, porque esos automovilistas dañados en lo económico, moral y en su patrimonio, como los consignados al Ministerio Público que quedaron fichados, se les suman estos pequeños y medianos comerciantes inconformes, que de seguro les cobrarán la factura en el 2013. Dice un refrán que el mexicano perdona pero no olvida. Ramón Rosendo Otáñez Sánchez Tijuana, B.C. Correo: otanez@live.com.mx
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