El cuñado cómodo

Giovanni González Pelayo es un tipo con suerte. Hijo del empresario del ramo mueblero Encarnación González, mejor conocido como “Chon González”, es íntimo amigo del secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, y cuñado del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Baja California Sur, Gil Cuevas Tabardillo. La fortuna del empresario comenzó a gestarse en 2005, cuando arrancó el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y registró -cuatro meses antes de iniciar el gobierno perredista- una compañía de su propiedad, denominada Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A de C.V., según escritura pública número 19 mil 310, certificada por el Notario Público Número 9, Óscar Amador Encinas. La compañía, mejor conocida como Codeprosa, fue inscrita el 20 de diciembre de 2004 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de contribuyente CDP-041220-9W6. Comenzó a recibir paulatinamente contratos en el primer tramo de la administración agundista, los cuales se robustecieron con la llegada de José Antonio Ramírez Gómez a la Secretaría de Finanzas, luego de que el 18 de octubre de 2008 perdiera la vida el entonces titular Nabor García Aguirre, cuando la avioneta Cessna 402C, matrícula XEHAQ, repentinamente se desplomó y cayó al precipicio, al salir de la ciudad de Monterrey rumbo a La Paz. Pero el tiempo de bonanza no pudo haber sido mejor para Giovanni -como le llaman sus amigos-, con la ratificación de Ramírez en Finanzas en el cuatrienio del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor y la llegada de su pariente al Congreso del Estado. Casado con Stephanie Cuen Lozoya, su hermana, Blanca González Pelayo, es esposa del diputado del IX Distrito por el Partido Acción Nacional (PAN), Gil Cuevas Tabardillo. Desde entonces el “cuñado cómodo” vio acrecentar el número de contratos que empezaron a caer en su próspero negocio, establecido en un local de escasos 50 metros cuadrados dentro de Plaza San Diego de La Paz. Surte al gobierno estatal de material de construcción y eléctrico, herramientas, equipo de trabajo, mobiliario, productos, artículos, automóviles, camionetas, camiones e inclusive maquinaria. Codeprosa, localizada en una plaza comercial propiedad de la familia del empresario e inaugurada el 31 de octubre de 2008, únicamente tiene un par de empleadas en la recepción. De acuerdo a datos recabados por ZETA y en base a documentos oficiales de compras y contratación de servicios de la Dirección de Recursos Materiales de Oficialía Mayor, exponen que tan solo en un año, Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A. de C.V. recibió 41 millones 429 mil 823 pesos en contratos de compraventa que van de agosto a diciembre de 2011. Por si lo anterior fuera poco, en solo dos meses de 2012 -de enero a febrero-, Giovanni González Pelayo recibió contratos por 2 millones 856 mil 030 pesos, por lo que el slogan oficial “Contigo” le cayó como anillo al dedo, ya que ratificó su estatus de empresario sexenal, quien dicho sea de paso, es vecino del propio gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor en un exclusivo fraccionamiento de Avenida Abasolo y Mar Caribe, en la ciudad de La Paz. Una parte de estos contratos fueron adjudicados de manera directa “por presentar la propuesta técnica y económica más conveniente, con el precio más bajo y las mejores condiciones para el estado”, según describen en la causa de adjudicación. Sin embargo, el oficial mayor del gobierno estatal, Rafael Gallo Rodríguez, rechazó que haya favoritismo en la entrega de contratos comerciales, a razón de que “todo está vigilado por la Contraloría General del Estado y los propios proveedores, sobre todo cuando se lanzan licitaciones públicas, y donde están muy pendientes desde la publicación de la convocatoria, presentación de propuestas económicas, apertura de paquetes y dictamen del ganador”. El funcionario agregó que “hasta hoy no tienen conocimiento de que se hayan dado procesos irregulares en la compra o contratación de algún servicio”, empero, reconoció que la publicación de ZETA en su edición 1982, de marzo de 2012, respecto a “Licitaciones Amañadas” en la Secretaría de Salud, tuvo “mucho que ver para vigilar firmemente el procedimiento de contratación de obras y servicios, y actualizar el padrón de proveedores y abrir un expediente por cada uno que lleve desde la razón social hasta la fotografía del negocio”; ya que “como ustedes publicaron, teníamos que comprobar que el proveedor realmente existiera y estuviera establecido físicamente en una oficina, y no solo en papel”.   Las compras Desde el inicio de la administración del gobierno Marcos Covarrubias Villaseñor, la empresa de Giovanni González Pelayo comenzó a ser favorecida discrecionalmente con millonarios trabajos. La mayoría de los contratos fueron supuestamente ganados en licitaciones públicas por el cuñado cómodo, a pesar de que el Artículo 46 fracciones XI y XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur, establece claramente: “… los gobernantes y sus subalternos deberán de excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación, resolución de asuntos entre los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluidos aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes hasta cuarto grado”.  Siendo cuñado del diputado Gil Cuevas Tabardillo e íntimo amigo del secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, con quien tiene una amistad pública de sobra conocida por los sudcalifornianos, no debería siquiera participar en los concursos porque -según versión de un auditor de la propia Contraloría estatal-, “la sospechosa adjudicación de contratos expone por sí sola que no fueron entregados de manera limpia y transparente, sino ilícitamente para favorecerlo con trabajos”. En esta práctica tipificada como delito es corresponsable la propia contralora general del estado, Maritza Muñoz Vargas, ya que -según el Artículo 6 del reglamento interior- “es responsable de vigilar que las licitaciones públicas, asignaciones de obra pública, concesiones, así como adquisiciones de bienes o servicios, observen las disposiciones legales y administrativas correspondientes”. El hecho de que permita la participación de amigos y parientes de servidores públicos en una competencia de proveedores, vicia de origen el proceso y, de paso, se convierte automáticamente en responsable de encubrimiento, figura delictiva contemplada dentro del Código de Procedimientos Penales, ya que en vez de actuar conforme a la Ley, protege y avala la entrega dudosa de contratos millonarios. Para muestra un botón: De acuerdo a documentos que obran en manos de este Semanario, tan solo en 2011, Giovanni González Pelayo recibió 15 contratos, presuntamente ganados a través de licitaciones públicas, pero no aparece el motivo de la adjudicación y el nombre de quienes habrían participado en cada uno de los concursos. En el reporte de compra, contratación de bienes y servicios de la Dirección de Recursos Materiales, únicamente se puede leer que fueron adjudicados por “ofertar la propuesta solvente técnica y económica, con el precio más bajo y garantizar las mejores condiciones al estado”. Los acuerdos amparan la compraventa de herramienta, equipo de trabajo, mobiliario, material de construcción y unidades automotrices. En agosto fueron asignados dos contratos, así como cinco en octubre, cuatro en noviembre y cuatro en diciembre. En 2012,  Codeprosa recibió dos contratos más, exactamente el 13 de febrero, cuando de golpe y porrazo, fue favorecida con un contrato de 2 millones 186 mil 700 pesos y otro más por 669 mil 330 mil pesos, en un gobierno que se jacta de limpieza y transparencia. Sobre estas compras, ni el oficial mayor del Gobierno del Estado, Rafael Gallo Rodríguez, recordó el método de adjudicación a favor del integrante de la familia González-Cuevas, ya que, según dijo, “no me suena el nombre”. Durante una entrevista con ZETA, Gallo Rodríguez expuso que “la compañía Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A de C.V. no aparecía en el padrón de proveedores”, empero, después de llamar a su director de Recursos Materiales, Miguel Álvarez Rivas, y requerir información sobre la empresa, recordó que “sí era proveedor, lo que pasa es que lo tenía con otro nombre”. De entrada, el funcionario expuso que la asignación directa es a veces necesaria, ya que “la mayoría de los proveedores no tenían dinero para soportar un crédito de productos y servicios, ya que a veces duran quince días o más en pagar”. — ¿Eso quiere decir que se están haciendo asignaciones directas? “Cuando el monto del valor no rebasa lo establecido por la Ley, porque debemos recordar que tenemos tres lineamientos para poder hacer compras. La directa, la de las tres cotizaciones y la de licitación. Según sea el monto, es el proceso que utilizamos, aunque algunos proveedores muchas veces se quejan del retardo en sus pagos, y eso hace que constantemente cambiemos, porque comprar al gobierno es entregar su producto o servicio, y después esperar su pago en un lapso de tiempo que va de 15 a 30 días, y la verdad es muy difícil la espera porque la situación económica actualmente es crítica”. En su oficina de Palacio de Gobierno, el oficial mayor reconoció no tener el control total de las compras, porque “a veces no somos requeridos por otras entidades gubernamentales que tienen su propio Comité de Adquisiciones, y las cuales muchas veces o la gran mayoría, nos entregan o notifican sobre compras directas o licitaciones, cuando ya se realizaron”. — ¿Cuándo son requeridos entonces? “Cuando son bienes inventariables nos hacen una solicitud a nosotros, y donde nos presentan el estudio de mercado de los llamados tres proveedores o las bases de alguna licitación, según el monto; es entonces que ya se hace el procedimiento de compra, y donde tratamos de que entren todos aquellos que quieran participar”. — Nos llama la atención el término “por presentar la propuesta técnica y económica más conveniente, con el precio más bajo y las mejores condiciones para el estado”. Lo leímos en algunos contratos que entregaron al proveedor Codeprosa. Entendemos que es un contrato que se adjudicó de manera directa por presentar la propuesta económica mas baja en eso de los llamados tres proveedores… “Bueno, sí, es un término cuando algún proveedor oferta el precio más bajo y las mejores condiciones de compra. Te explico rápidamente: Por ejemplo, me solicitan ahorita de repente la compra de un vehículo, entonces me entregan todas las características y yo tengo que sacar tres propuestas en las agencias automotrices o proveedores de vehículos, es decir, como un estudio de mercado, y luego solicitó un documento de Finanzas donde confirme que hay suficiencia presupuestal y se prepara una licitación que dura casi tres meses, desde el lanzamiento hasta la adjudicación y entrega de la unidad; eso es muy engorroso, pero así lo marca la Ley”. — ¿Así es como le han entregado los contratos a Codeprosa? “Así es”. Gallo Rodríguez no recordó el número de contratos que han entregado al cuñado del diputado Gil Cuevas Tabardillo en los casi dos años de gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor: “Yo no tengo ni idea de cuántos contratos se han adjudicado a su favor. Es más, ni siquiera recordaba el nombre de la compañía. Por eso le hablé a mi director de Recursos Materiales, y aquí frente de ti, le pregunté. La verdad no se cuántos contratos”, admitió. Por último, el funcionario aceptó que la compañía de Giovanni González Pelayo “comúnmente concursa en todas las licitaciones y todo el tiempo están al pendiente a ver que hay en el CompraNet, y le entran a todo. En todo participa, y no les puedes decir que no, porque están en su derecho”.