Comerciantes y artesanos que fueron ignorados en la moratoria de un año en la expedición de permisos de operación comercial que emitió el gobierno de Tijuana, conformaron una alianza para demandar a las autoridades locales ser incluidos en las mesas de negociación que se realizan en torno al desarrollo del proyecto El Chaparral. Hasta la fecha se dicen ignorados en las decisiones tomadas al respecto, las cuales ya han sido en agravio de algunos vendedores informales que operan en esa área, por lo que, a fin de evitar un “madruguete”, acordaron emprender acciones de manifestación pacífica que obligue a las autoridades a tomarlos en cuenta. Encabezados por Ignacio Pérez López, cinco organizaciones que operan en la línea Internacional de San Ysidro, se reunieron el jueves 18 de octubre y acordaron conformar el frente denominado Democracia y Libertad, cuya primera acción será efectuar una marcha el próximo martes 23. Integrantes de las organizaciones Fundadores del Triunfo del Pueblo, de los mercados sobre ruedas Libertadores y La Abeja Obrera; la Unión de Trabajadores al Servicio del Transporte y la organización de Mixtecos Bicentenarios, iniciarán el recorrido de protesta a las 11:00 horas, partiendo de la Línea Internacional hasta llegar a Palacio Municipal, pasando antes por Centro de Gobierno. En los trabajos de reubicación participan tanto el Gobierno del Estado como municipal, de ahí que se busque entablar un diálogo con ambos. La aplicación de la moratoria avalada por el Cabildo de Tijuana el 6 de octubre, comprende los predios localizados en las manzanas 1 a la 11 de la colonia Empleados Federales; así como de manzanas 1 a la 5 del Desarrollo Urbano Río Tijuana primera etapa, que incluye la Zona Federal de la Puerta México. En esa área solo se autorizarán permisos para el desarrollo de proyectos y obras de infraestructura urbana previstos en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana 2010-2030, y del programa parcial de mejoramiento para la Zona Centro. A decir del alcalde Carlos Bustamante Anchondo, la moratoria permitirá a su gobierno poner orden en los sitios de taxi y vendedores ambulantes, lo cual incluye su reubicación; acción a la que los comerciantes sostienen estar dispuestos, siempre y cuando se dé a través del consenso y no por una decisión unilateral del gobierno. “Por ello es importante se nos den a conocer el proyecto y las condiciones como se llevará a cabo, y no que de la noche a la mañana pretendan retirarnos”. Ignacio Pérez precisó que en la Línea operan 430 vendedores del comercio informal, cuya labor beneficia a un promedio de mil familias.
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