Detienen a presunto asesino de Jonathan La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cuenta a partir del 4 de septiembre con treinta días para demostrar la responsabilidad de Daniel José Sánchez Ávila o Daniel Salgado “El Dany” o “El Hijo del Gobernador”, en el asesinato del joven abogado Jonathan Hernández Ascencio, ocurrido el 4 de marzo de 2010 en el bar Las Micheladas de La Paz. De acuerdo con el procurador Gamill Arreola Leal, la detención del joven es una de las líneas de investigación que han seguido desde hace tiempo en el caso del pólemico crimen, y que habían dado como resultado su detención y arraigo, como una medida cautelar para efectos de investigación y de identificar plenamente a quien o quienes cometieron este delito. El día de su captura, el presunto responsable del homicidio cumplió 27 años y acababa de cerrar su negocio la noche del 4 de septiembre, localizado sobre Avenida 5 de Febrero, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Héroes de Independencia, Colonia Centro de La Paz. Comenzó a caminar lentamente hacia su vehículo, cuando repentinamente agentes del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, le cerraron el paso e intentó correr, pero ante la superioridad numérica se vio rebasado y no tuvo más remedio que entregarse. De hecho, la PGJE lo buscaba desde noviembre de 2011, cuando fue visto por primera vez en la ciudad, luego de un año y ocho meses del homicidio del joven abogado, pero “El Dany” era escurridizo. Entraba y salía de Baja California Sur con facilidad. Según la PGJE, y en base a declaraciones del propio detenido, es originario de La Paz, pero trabajaba y se desplazaba fuera del estado, a puntos como Tijuana, Mexicali, Tecate, Hermosillo, Agua Prieta, Caborca, Los Ángeles y San Diego. La Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE supo de la presencia de Daniel José Sánchez Ávila o Daniel Salgado en La Paz en el mes de enero -tras más de un mes de tratar de encontrarlo-. Fue entonces cuando se le buscó, siguió y ubicó. Los agentes investigadores en el caso lo estuvieron observando hasta que descubrieron que desde esa fecha y hasta su detención, “El Hijo del Gobernador” ya no se había movido del estado, e incluso, había abierto un par de negocios y estaba vendiendo vehículos que traía de Tijuana. Los comercios son los siguientes: 1. Baja Tiger, ubicado en la calle Francisco I. Madero número 354, Colonia Centro de La Paz. El giro comercial era la venta y distribución de bolsas, carteras, cinturones, lentes, gorras y todo tipo de accesorios para dama y caballero. 2. Cayuri Baja Tacos & Grill, localizado en Avenida 5 de Febrero número 830, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Héroes de Independencia, Colonia Centro de La Paz. Ahí se vendían tacos de pescado, camarón y empanadas. 3. En cuanto a la venta de autos, las unidades que el detenido tenía en existencia eran tres: Un Cadillac color crema, modelo 2003; un pick-up Nissan color gris, modelo Tacoma 2005; una camioneta van Chevrolet color blanco, modelo 2005. Al ser capturado, “El Dany” vestía shorts color café, playera verde, gorra y chanclas; y según su propia versión, se dirigía a su domicilio particular, sobre la calle Legaspy, a dos cuadras de donde tenía su negocio de tacos. La investigación La primera vez que los agentes investigadores del Caso Jonathan tuvieron información y referencias del apodado “Hijo del Gobernador”, fue entre el 6 y 8 de marzo de 2010, cuando investigando el paradero del responsable de haber disparado el arma en contra del joven abogado, lo ubicaron en su domicilio particular. Los investigadores levantaron un informe, entregándolo al entonces director de la Policía Ministerial del Estado, Irineo Martínez Ordaz, actual coordinador de giras del gobernador, y al entonces titular de la PGJE, Fernando González Rubio Cerecer. En el informe, los agentes investigadores explicaban detalladamente que “el autor material había sido ubicado físicamente en ese domicilio”, y que tenían “un plantón para poder detenerlo inmediatamente”. En base a su trabajo de recurrir a testigos e indagar información, los argumentos de los agentes investigadores del crimen eran los siguientes: 1. Los propios vecinos habían testificado sobre la media filiación del joven, y sobre todo, la forma en que estaba vestido cuando llegó y se metió a su casa el día del crimen. Uno de los residentes se mostró hasta extrañado de verlo sin gorra, porque “todo el tiempo la traía puesta”, según declaró a los policías. 2. De todos los testigos de la noche del crimen, algunas personas pudieron ver a “El Dany” físicamente, y cuando observaron un juego de fotografías de varios sospechosos, tres coincidieron en señalarlo como responsable de haber disparado el arma, según testificaron, y cuya versión figura en el expediente del caso. Con esta información, tanto el director de la Policía como el titular de la PGJE dieron la orden a los agentes investigadores del caso de retirarse del lugar y “dejarlo en paz”. Hoy se sabe que el plan tanto de uno como de otro fue dejarlo escapar, porque a decir de los propios investigadores, “sabían perfectamente que se trataba del responsable, pero ya tenían en mente lo que harían para incriminar a otras personas”. Luego de los acontecimientos que se registraron, el parte informativo quedó prácticamente en el olvido. Entonces el caso cayó en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al concluir la administración del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño e iniciar la de Marcos Covarrubias Villaseñor. 
El entonces candidato había prometido investigar y castigar a los responsables implicados en el Caso Jonathan. Lo mismo decía en reuniones con empresarios, que en eventos masivos y entrevistas. Inclusive en un encuentro con ZETA, textualmente expuso: “Lo vamos a atender y revisar, porque aunque ya ha pasado el tiempo, para la justicia nunca es tarde. Yo he tenido acercamiento con el papá de Jonathan a través de personas de mi equipo, y quiero decirle: tendrá la certeza y seguridad de que el caso de su hijo, habrá de ser revisado minuciosamente”. Y en efecto, así fue. Apenas tomó protesta Gamill Arreola Leal como titular de la PGJE, según su propia versión a ZETA, comenzó a revisar el caso, y en el análisis descubrió que la integración de la averiguación era pésima y no había elementos jurídicos suficientes para haber consignado a Gary Gaines Hidalgo, Carlos Alejandro Castro Castro “El Bebo”, Jazziel Soto Murillo y Emilio González Rubio, como presuntos responsables del crimen de Jonathan Hernández Ascencio. “Lo que hicimos fue empezar de cero”, dijo el procurador, y por eso, el 20 de octubre de 2011, tras 19 meses y 18 días de prisión, la PGJE se desistió de las acusaciones en contra de los cuatro presuntos responsables, solicitando su liberación al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, Rosario del Carmen Palacios Montaño, quien sobreseyó la causa penal número 133/2011. Una vez liberados, la PGJE abrió una nueva averiguación previa, la LPZ/013/HOM/2011, y emprendió las investigaciones a partir del parte informativo que los ex procuradores Fernando González Rubio y Francisco Karim Martínez Lizárraga, así como el ex director de la Policía Ministerial del Estado, Irineo Martínez Ordaz, se negaron a recibir y proceder a investigar, porque a decir de los investigadores, “no les convenía y ya tenían armado su plan”. El interrogatorio Ya detenido y en manos de la PGJE, Daniel José Sánchez Ávila o Daniel Salgado terminó por aceptar que la noche del crimen estaba en el bar Las Micheladas. Ofreció nombres de acompañantes y detalles de lo que supuestamente había hecho antes y después del incidente. Aceptó que no trabajaba en el estado, sino en otros lugares, pero se negó a decir cuál era su oficio y en qué compañía. Cuando los agentes le preguntaron de dónde obtenía tanto dinero, no supo qué responder. “¿De dónde salió el dinero para tus negocios y los vehículos que vendes?”, le preguntaron. “El Dany” solo guardo silencio. En un segundo intento por esclarecer el origen de sus ingresos, los policías cuestionaron sus contantes salidas de Baja California Sur, y específicamente en qué lugar trabajaba y cuál era su actividad. Nuevamente no pronunció palabra alguna. Lo único que atinó a decir, es que parte de todos los negocios eran de un hermano suyo, quien posee un restaurante. “¿Y los viajes a Las Vegas? ¿A San Diego? ¿A Los Ángeles? ¿A Tijuana? ¿Quién te paga todos esos gastos o cómo le haces?”, le volvieron a preguntar al detenido, quien solo sonreía. Por tal situación, la PGJE determinó arraigarlo por treinta días para reunir las pruebas y tratar de comprobar que es el verdadero responsable del homicidio, y entonces consignarlo al juez. El propio procurador Gamill Arreola Leal comentó a ZETA que “hay elementos que hacer presumir su responsabilidad”, pero tendrán treinta días para “sustentar jurídicamente la culpabilidad del presunto responsable”. Por lo pronto, la PGJE inició el cruce de información con las procuradurías de Baja California y Sonora, así como la autoridad competente del estado de California en Estados Unidos, sobre todo porque -según los investigadores del caso- Daniel “podría estar implicado en otros casos de homicidios”, pues aunque no tienen la certeza, sospechan que podría tratarse de un sicario en caso de resultar culpable, por la precisión y forma en que se perpetró el crimen de Jonathan. Al cierre de esta edición, los investigadores del caso estaban trabajando en la presunta participación de “El Hijo del Gobernador” en un homicidio cometido en La Paz en 2003, con arma blanca, donde están implicadas otras personas.
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