Más fraudes con plazas magisteriales

PGJE, Educación y Sindicato tienen conocimiento de la transa, pero no la detienen Los fraudes por venta ilegal de plazas magisteriales parecen imparables, y brotan lo mismo al inicio del ciclo escolar que a mitad de éste, con patrones y embaucamientos similares: Bajo la promesa de obtener un empleo “seguro”, con prestaciones y seguridad social, grupos de incautos entregan 10, 15 o 20 mil pesos. Otros, 40, 50, 80 mil pesos. En Mexicali, una señora pagó 70 mil pesos por varias plazas para sus hijos y otros familiares, pero resultó esquilmada. Los casos de ventas fraudulentas de plazas han sido recurrentes en los últimos años. A mediados de 2011 se presentaron cuatro, cinco denuncias que integraban a una veintena de personas que habían pagado diversas cantidades, y que al recibir “su alta” a través de documentos oficiales e incluso sellos, se presentaron a su lugar de “adscripción” solo para enterarse que todo era falso. Otro grupo empezó a reunirse en el otoño del año pasado, les pedían 10, 15 mil pesos de “entre” por una plaza en el magisterio. Algunos fueron citados en las oficinas sindicales de la Sección 37 del SNTE, entregándoles copia de la credencial del IFE de los embaucadores y “recibo” del pago firmado por los gestores. Finalmente, los ofertantes desaparecieron. En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hay una carpeta donde se acumulan las denuncias, que incluyen fotos, direcciones, nombres y teléfonos de los defraudadores  pero el desarrollo de la investigación es lento. En esa coyuntura, hace dos semanas fue detenido un maestro, Ramón Gerardo Orozco Romero, acusado de defraudar a una persona que le entregó 80 mil pesos en dos pagos -en junio de 2008-. A cambio le conseguiría una plaza en el magisterio. Tras la denuncia, el caso judicial siguió el lento proceso que concluyó parcialmente en agosto de este año, con la detención del mentor transa. Oficialmente se dijo que se abstuvo de aportar su declaración, que pagó 80 mil pesos de fianza, otros 15 mil “por buena conducta” y quedó libre, aunque el proceso continúa. El modus operandi Una de las víctimas de fraude por una plaza magisterial, detalla a ZETA el procedimiento que siguió: Después de varios meses sin empleo, una amiga -empleada de una dependencia federal- le contó en diciembre de 2010  que le habían “vendido” una plaza en el magisterio. Le dijo que se pagaba una parte de anticipo y el resto se haría descuento vía nomina a través de un concepto de “cuota para el sindicato”, que saldría en el cheque quincenal. Serían cerca de 40 pagos que sumarían alrededor de 80 mil pesos. La promesa variaba. Desde plazas de maestros de secundaria, prefectos y administrativos, o de intendencia. El desempleado fue recibido en la primera cita en junio de 2011, en un salón rentado del Hotel Lucerna en Mexicali. Acudió con sus documentos -acta de nacimiento, currículum, certificación de estudios- y pagó un adelanto de 13 mil pesos en efectivo, mismos que consiguió prestados. Un conocido suyo saldó 15 mil de adelanto por un trámite similar. “Sabía que era una irregularidad, que era un albur, pero necesitaba el empleo”, comenta el entrevistado. “En tres meses te hablamos”, fue la promesa de quienes habían recibido papeles y dinero del joven solicitante. En una ocasión recibió una llamada, avisándole que juntara sus documentos y acudiera a unas oficias del Sistema Educativo estatal ubicadas por la Avenida Obregón, para que le certifican sus papeles. Después le indicaron que con esos documentos acudiera a un domicilio en la zona de Los Virreyes –al Oeste de la ciudad- con una persona de nombre Francisco, quien la indicaría la fecha de asignación de la plaza. “Me dijo que quizá sería un poquito tardado, que podría ser hasta octubre y que se tardaban porque tenía que ir alguien del sindicato, de la Sección 37, para presentarme con el director, y con una carta de nombramiento y asignación del cargo”, relató. Ante la ausencia de la llamada prometida, empezó a inquietarse y se enteró que habría una junta con los aspirantes a plazas magisteriales. La cita era en el salón social ubicado en la parte alta de Sanborns de Calzada López Mateos, cercano al Centro Cívico. “Cuando llegue el salón de arriba estaba atascado de gente, y abajo había gente haciendo cola para entrar. Calculo que había 300, 400 gentes”, expone. En eso entró un maestro acompañado con un reportero del Canal 66 y un camarógrafo gritando que era un fraude, que los estaban engañando, y ante el contexto, los presentes abandonaron en tropel el lugar. “Lo que recuerdo es que había mucha gente, y había logos de SEDESOL”, confirmó el reportero televisivo al que le tocó acudir a la denuncia. Ante la inquietud de la gente, a principios de diciembre de 2011 convocaron a una reunión -en la zona sur de Mexicali- que encabezó uno de los defraudadores al que identifican como Mariano Ríos. Ahí todavía había gente con la esperanza de que les conseguirían la plaza; predominó la ansiedad de conseguir el empleo y débilmente cuestionaron a Ríos, quien los mareó con un discurso enfatizado en que tendrían su plaza. De paso hasta refirió su participación en el PAN, su apoyo a uno de los entonces precandidatos, de apellido Carrasco, y su abierta participación en la campaña de la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Educación federal. “Yo no puse denuncia porque luego agarré una chamba y ya se me pasó”, comentó el entrevistado, además de externar su indecisión, debido a que sabía que se trataba de un intento irregular de obtener un empleo, donde el atractivo tenía que ver con asegurar la estabilidad laboral con seguridad social. Otro grupo de víctimas de este tipo de fraude, obtuvo comprobantes del pago y copia de la credencial de uno de los gestores, Edgar Núñez Carillo, pero hay otros: Mariano Ríos, Juan Ríos y Francisco Ortega. En el documento-comprobante se lee “Yo, Edgar Núñez, recibí la cantidad de 10 mil pesos de ‘….’ como anticipo para la adquisición de una plaza en la Sección 37 del SNTE para iniciar en el mes de enero del 2011. De no ser así, dicha persona podría utilizar este documento en los términos legales que más convengan a su persona”. Lo firman Edgar Núñez Carrillo, Rodrigo Adame y Carlos Herrera. Más denuncias Desde el año pasado, en el Sistema Educativo estatal iniciaron un expediente relacionado con un grupo de personas –alrededor de 15- que dijeron haber sido timados con la venta de plazas magisteriales. “Tenían ordenes de presentación, que es el documento oficial con el que el profesor puede ingresar a laborar, eran apócrifos”, explica Javier Santillán Pérez, secretario de Educación en la entidad. Los directores de los planteles adonde acudieron estas personas identificaron que los funcionarios que firmaban, no eran empleados en activo, y los pusieron a disposición del área jurídica de la dependencia. De acuerdo a Santillán, en los casos donde se pudo localizar a las personas, el SEe interpuso las denuncias penales. Tal acción penal derivó en la detención, la semana pasada, de uno de los maestros, al que ubica como el hilo conductor que puede servir para desenmarañar esta red. “Desafortunadamente era un maestro en activo, ya estamos en Contraloría Interna tomando las medidas pertinentes”, expone el funcionario educativo, quien a la vez, aclara que el que se trate de un maestro en activo no implica que funcionarios educativos o líderes sindicales estén involucrados, pues finalmente se comprobó que se trataba de papeles falsos. “Ningún profesor ha entrado por esa vía”, recalca. El proceso sigue abierto para que quienes hayan sido víctimas, acudan al Sistema Educativo estatal para presentar la denuncia y convertirse en coadyuvantes del proceso. “Los vamos a asesorar en todo. Es una práctica que no vamos a tolerar”, asevera Javier Santillán. Asimismo, el titular de Educación en el estado lanza un exhorto a la ciudadanía para que estén atentos a este tipo de prácticas, ya que “nadie puede entrar al sistema educativo a través de una cuota”. Los ingresos al magisterio tienen que ver con la Alianza por la Calidad Educativa, hay varios “candados” en el mecanismo, además de que es público en cuanto el número, procedimiento y orden de prelación. Dice que se concursan plazas nuevas de preescolar y secundaria, ya que en el nivel primaria, la federación no ha dado espacios nuevos. Explica que el programa de la Alianza implica que todo lo que sea con recurso federal, se tenga que concursar, y aquí en la entidad -aunque se trate de recursos estatales-, aun así se incluyen en ese procedimiento. Santillán refiere que por año escolar anualmente se crean entre 100 y 120 plazas nuevas en preescolar, y en secundaria, cerca de 2 mil 500 horas nuevas. Aparte se concursan las plazas de “vacancia”, que son resultado de una jubilación o de una incapacidad por cambio de actividad. El funcionario dice tener la seguridad que, en el caso de los profesores, los que entran por alianza o propuestos por el sistema educativo, no hay forma de que ingresen de otra manera. Otro procedimiento tiene que ver con el crecimiento natural en una escuela. Por ejemplo, al crearse un primer año, al siguiente debe crearse un segundo, y esos horarios les corresponden a los maestros que ya están en ese plantel y que tienen derecho a crecer en esas áreas. La justicia, otro ritmo En la Procuraduría General de Justicia del Estado han abierto un expediente (NUC 202-2012-2375) por el delito de fraude en contra de Edgar Núñez Carrillo, Zaida Nayeli Valencia Lugo y Francisco Ortega. Se trata de un Numero Único de Caso acumulado, donde se han juntado 16 denuncias presentadas por los ofendidos, explica la subprocuradora de Zona en Mexicali, María Elena Andrade. A decir por la funcionaria, los ofendidos coinciden en su testimonio: Se enteraron que Núñez Carrillo ofertaba plazas magisteriales, haciéndose pasar como empleado del sistema comisionado a la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las víctimas aseguran que acudieron a las instalaciones del  sindicato, donde fueron atendidos por Zaida Nayeli Valencia y Francisco Ortega. Les ofrecieron “plazas cercanas a su domicilio” fundamentalmente de mantenimiento, conserjes y empleados administrativos, pidiéndoles 10 mil pesos en efectivo y hasta entregándoles un “recibo” por el pago. Todos entregaron los 10 mil pesos, a excepción de una de las ofendidas, que entregó 70 mil pesos, ya que buscaba adquirir varias plazas. Pero los denunciantes también coinciden en que les dieron largas y, ante la nula respuesta y avance de los trámites, optaron por interponer las denuncias de tipo penal. De acuerdo a la subprocuradora, las primeras denuncias se interpusieron desde enero y febrero, la última data de apenas el jueves 30 de agosto. Andrade expone que desde hace tres meses solicitaron información al representante legal de la sección 37 del SNTE para que informase si efectivamente las personas en mención estaban adscritas al sindicato, pero hasta el momento no ha habido respuesta, pese a que enviaron varios requerimientos, e, incluso, el último con apercibimiento de multa. Andrade comenta que los ofendidos han sido requeridos para que presenten los documentos que les entregaron los “gestores” para revisarlos en el área de Periciales. “Consideramos que puede haber más, algunos de los ofendidos han dicho que sabían que se trataba de una irregularidad, quizá eso les ocasione un temor de venir a denunciar”,  refiere la funcionaria, quien aclara que los denunciados “están localizables”, pero no han comparecido porque primero se ocupa que los ofendidos aporten datos y documentos. Asimismo, acepta que mientras no estén detenidos, pudiera existir el riesgo de que se evadieran, pero acude a mecanismos legales y “están sujetos a una investigación”, expresa en alusión a la situación legal de los acusados. “Le pedimos a la ciudadanía que venga a denunciar”, recalca la funcionaria, quien no descarta que se pueda tratar de una banda en crecimiento que se aprovecha de la necesidad económica de la gente, capaces hasta de pedir prestado para el pago de esas plazas ofertadas de manera fraudulenta. También indica que, en el caso de los fraudados, desde cierta óptica pudiera decirse que participaron en la acción ilegal, pero la Ley puede conceder algún tipo de beneficios si cooperan con la investigación.