Dádivas institucionalizadas: Legislación no garantiza libertad de expresión ni seguridad La recién aprobada Ley para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del Estado de Baja California no garantiza la libertad de expresión, mucho menos se trata de una legislación para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California investigue las agresiones tanto a periodistas como a medios de comunicación en el estado. De manera unánime, con 20 votos a favor los integrantes de la XX Legislatura del Estado de Baja California aprobaron la Ley Para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del Estado, la cual “tiene como objetivo principal, mejorar sus condiciones de bienestar y desarrollo en materia de salud, capacitación, becas y formación profesional, así como el que puedan tener acceso a una vivienda digna, y complementar esto con su desarrollo personal, familiar, recreativo, social y cultural”. La Ley de los Periodistas se integra con 33 artículos y “en ellos se establece que no se pretende sustituir las obligaciones de seguridad social a cargo de los patrones o empleadores, que son propietarios o administradores de los medios de comunicación, sino tratar de apoyar y promover a este grupo de trabajadores que cumple con la importante misión de comunicar a la sociedad y mantenerla informada oportunamente, además se tomó en consideración que muchos periodistas se desempeñan en forma independiente y por lo tanto carecen de cualquier tipo de seguridad social”. La citada ley prevé la creación de un fideicomiso que operará: I.- Fondo para la promoción de la salud de los periodistas de Baja California y sus familias. II.- Fondo educativo para la formación profesional de los periodistas de Baja California. III.- Fondo de becas para los hijos de los periodistas de Baja California. IV.- Fondo de apoyo para la protección social de los periodistas del Estado. Rosana Soto, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fue cuestionada sobre las implicaciones que pudiera afectar entre el gobierno y gremio: “La Ley es muy específica. Los apoyos que se contemplan son para superación personal y obviamente de su familia, pero nada más va a ver un comité técnico, un reglamento, la misma Ley te prevé para que casos se pueda acceder al fondo, yo pienso que no hay forma de que se le dé mal uso a este fondo que se va a instaurar de apoyo para la salud, capacitación de los periodistas”. Sobre el fideicomiso previsto en dicha Ley, la legisladora explicó a ZETA: “El fondo máximo que se prevé en 90 mil salarios mínimos, que vienen siendo aproximadamente 5 millones 558 mil pesos, que ése es el fondo del periodista y ya de ahí ese recurso estará a disposición de los periodistas que estén en el padrón, el cual habrá un periodo para que a lo individual o por medio de las asociaciones se registren y alguno de los beneficios que los periodistas van a poder acceder son los mismos a los que cualquier ciudadano puede acceder relativos a los programas que el mismo gobierno tiene contemplados”. Agregó Rosana Soto: “Definitivamente no es la intención que las empresas que ya les brindan prestaciones a los periodistas que trabajan en ellas aminoren las prestaciones que en ellas les están dando, sino que la problemática que se discutió en las mesas de trabajo es que la mayoría de los periodistas están independientes y que muchos de ellos les daban a escoger en las empresas”. Por su parte el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Alanís, dijo que la propuesta fue aprobada por los miembros de su partido para que sea el Ejecutivo del Estado quien revise y modifique varios de los puntos y no sea en el congreso donde se avive la discusión. Se les cuestionó si la reciente normatividad legalizaba las dádivas hacia el gremio, a lo que respondió: “Hicimos un acuerdo en el tema con el PRI y con los periodistas, los diputados del PAN reconocen la labor social que los periodistas hacen en cuanto a informar, criticar y promover una ciudadanía más reflexiva, pero también tenemos que entender que no hay que caer en eso, precisamente en dádivas, no caer en cuestiones que van más allá de una relación de trabajo profesional que debe de haber entre políticos, funcionarios y los periodistas, el acuerdo es que se apruebe tal y como viene, pero por parte del ejecutivo se harán algunas adecuaciones a ésta, si se buscarán apoyos sobre todo que tengan acceso a programas sociales, becas para sus hijos, al seguro popular, pero no que exista un monto asignado”. “Hay que llegar a algunos tipos de apoyos sin llegar a las dádivas, que (pudiera) contaminar la relación periodista-gobierno, seguramente entraremos a una etapa de revisión que le tocará al ejecutivo”.
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