Bajo el capricho del Presidente Felipe Calderón, muchos casos pasaron del ámbito federal al local por obra y gracia de su iniciativa, en un intento de hacer su gobierno más eficiente y trasladar la responsabilidad a los estados. Para efectos de persecución del narcotráfico, separó del delito mayor la raíz del mismo: el narcomenudeo. La investigación y procesamiento del mismo, la trasladó a las entidades federales; lo mismo pasó con la trata de personas. Obligó a los gobiernos locales a hacer suyo el tema y perseguirlo con la misma intensidad que su gobierno lo ha hecho. Solo con estas dos medidas, Calderón endilgó las cifras de la derrota en la investigación y consignación de personas por esos delitos a los gobiernos locales. En ese sentido, la Procuraduría General de Justicia de Baja California hubo de abrir dos unidades más en su estructura de investigación: la Unidad contra la Trata y la Unidad contra el Narcomenudeo. Pero lo que olvidó Calderón, fue pasar recursos de la federación a los estados, para que éstos se hicieran de infraestructura y recurso humano, y así perseguir de manera eficiente tanto el narcomenudeo como la trata de personas. En Baja California esas dos unidades fueron completadas con elementos de la Policía Ministerial que fueron retirados de otras áreas, lo mismo agentes del Ministerio Público, que personal administrativo. Están enclavadas en oficinas prestadas que no tienen los requerimientos básicos para la seguridad de la información y el resguardo de evidencia. Aparte, las procuradurías locales deben trabajar con sus de por sí minimizados recursos. Para este 2012 y antes que le fueran sumadas dos unidades de investigación más, la Procuraduría del Estado dispone de un presupuesto de 1 mil 238 millones 468 527 pesos; diez por ciento menos que en 2011. Así cómo.
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