Acapara (y vende) terrenos sindicato de burócratas

Predio que Gobierno cedió para uso de los sindicalizados está disponible a particulares El acaparamiento de terrenos del dominio público obtenidos en donación, adjudicación o compra por parte del Sindicato de Burócratas lo ha llevado a operar cual empresa inmobiliaria. Los lotes adjudicados para uso exclusivo de la burocracia son ofertados al público en general, mexicano o extranjero y cualquier interesado puede adquirirlos ya sea en pago en efectivo o vía trueque. Y aunque el secretario general de Sección Tijuana del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California (SUTSPEMBC) niegue la venta a terceros, los desarrollos Cañada Verde en Tecate, Hacienda del Sol en Rosarito y Mar de Buena Vista en Tijuana, son ejemplos claros del usufructo que el organismo a su cargo realiza a través de una de sus áreas, la Secretaría de Fomento a la Vivienda. Como cualquier empresa inmobiliaria, esta secretaría se encarga de comprar terrenos u obtenerlos en adjudicación o donación, para que luego la dirigencia del sindicato gestione apoyo del municipio o del estado para regularizarlos, urbanizarlos y, posteriormente, poder comercializarlos. Aunque el no regularizarlos no es una limitante para la realización de las transacciones inmobiliarias, muestra de ello es el desarrollo Hacienda Burócratas, asentado en Cañada Verde, predio rústico donado por Gobierno del Estado al Sindicato de Burócratas en 1987 y que aún no ha sido regulado. Con engaños, la Secretaría de Fomento a la Vivienda asegura a los interesados en adquirirlos que INDIVI está en proceso de legalizarlos, versión que el delegado del Instituto en Tijuana, Juan Ramón López Medina, desmintió. La operación inmobiliaria de la Sección Tijuana del SUTSPEMBC es calificada como irregular tanto por el delegado de Tijuana del INDIVI Juan Ramón López Medina, como por el propio dirigente estatal del Sindicato de Burócratas, Ricardo Medina Fierro. Cañada Verde Fue en el gobierno de Xicoténcatl Leyva Mortera, en 1987, cuando el Estado mediante el decreto número 57, desincorporó del dominio público una fracción de 600 hectáreas del terreno rústico Cañada Verde, localizado a la altura del kilómetro 105 de la carretera Tijuana-Mexicali a favor del SUTSPEMBC. De esa manera una superficie de 300 hectáreas del predio, identificado entonces con la clave catastral 4LR-086-001, se enajenó a título gratuito, a favor del Comité Ejecutivo  Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, para ser destinada “exclusivamente a la consolidación de la construcción de un centro vacacional para el uso común de sus agremiados, por lo cual no podrá darle uso distinto”, según reza el decreto. La fracción restante del predio mayor –300 hectáreas– fue enajenada a título gratuito también, pero en forma individual a favor de los miembros del sindicato, “a fin de que lo destinen a la construcción de casas de descanso”. Esta porción de terreno fue distribuida entre las secciones de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, pues Rosarito aún no se incorporaba como tal, correspondiéndole a cada una de ellas 75 hectáreas. El decreto entró en vigor el 21 de noviembre de 1987, un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Pero ni el SUTSPEMBC ni sus secciones construyeron en Cañada Verde, predio lleno de encinos que limita con la carretera libre Tecate-Mexicali y con la línea internacional con Estados Unidos. Fue hasta hace cinco años cuando por decisión del sindicato de Tijuana, se delimitó el área correspondiente a cada sección, “y los terrenos fueron puestos en venta por las secciones de Tijuana, Tecate y Mexicali”, reconoció a ZETA Martín Plascencia, dirigente de los burócratas en Tijuana. “La excepción ha sido Ensenada”, añadió por su parte Ricardo Medina Fierro, actual secretario general de los burócratas en el estado, quien además lidera la sección Ensenada del SUTSPEMBC. A decir del propio Martín Plascencia, los terrenos correspondientes a su sección se pusieron en venta en 2007 por acuerdo de la asamblea, “aunque fue donado para un fin, como un centro recreativo, si fue acuerdo de asamblea sí se pueden vender”, asentó el dirigente sindical, quién solo reconoce para la sección que dirige 20 de las 75 hectáreas que le correspondían en forma original. De esas 20 hectáreas 5 se destinaron para la edificación de un centro recreativo, aún en construcción por manos de personal sindicalizado, el resto del terreno fue dividido en 300 lotes que se comercializaron a un precio de 20 mil pesos de contado y 25 mil pesos a crédito, obteniéndose de su venta la cantidad de 5 millones de pesos, recursos que fueron utilizados para la construcción del gimnasio que se ubica en las instalaciones del SUTSPEMBC Tijuana, precisó Plascencia Ávila. En las 5 hectáreas dejadas para un centro recreativo se tiene una cabaña, ahí se instalan juegos infantiles, se construye una alberca, labores realizadas por personal sindicalizado comisionado para tal fin. De los 5 mil 700 trabajadores de base de la Sección Tijuana del SUTSPEMBC, solo unos cuantos se han interesado en los lotes aún en venta en Cañada Verde. Entre ellos está Yoana Lozano Cuevas, esposa del Martín Plascencia Ávila, sindicalizada que se encuentra en la nómina municipal en el área de Bibliotecas y que ya cuenta con una pintoresca cabaña circular en la estancia de descanso. Sindicalizados sostienen que Martín Plascencia utilizó a personal del sindicato para edificar su cabaña, versión que fue desmentida por Plascencia, quien aseguró a ZETA que ésa es propiedad de su esposa y que fue construida por albañiles ajenos al organismo que dirige. Es en el terreno correspondiente a la Sección Tijuana donde más construcciones se observan, la mayoría son amplias casas de descanso que cuentan con SKY y alberca, propiedades que, sostiene Plascencia Ávila, son exclusivas de los sindicalizados. Sin embargo el Sindicato de Burócratas promueve en Internet y mediante volantes la venta de lotes en el “Desarrollo Hacienda Burócratas”, acción que se realiza a través de la Secretaría de Fomento a la Vivienda de la Sección Tijuana del SUTSPEMBC, cuyo personal le garantiza que luego de obtener el finiquito de compraventa, “INDIVI le puede regularizar su lote”. Los lotes de mil metros cuadrados, 20 por 50 metros, se comercializan a un precio de 43 mil pesos si se es sindicalizado, pero el no pertenecer al sindicato de burócratas no es impedimento para hacerse de un terrenito, aunque a un costo de 48 mil pesos. Además está la opción de obtenerlo a crédito, mediante un enganche de 5 mil 200 pesos y 36 cómodas mensualidades de mil 200 pesos. Respecto a la vasta superficie de 600 hectáreas donada por el gobierno de Estado al sindicato, el actual Secretario General del SUTSPEMBC, Ricardo Medina Fierro, dice desconocer tal dimensión, únicamente afirma saber que a la Sección Ensenada le corresponden 72 hectáreas, pero advierte que investigará al respecto. De la venta de lotes a personas ajenas al sindicato calificó la acción como irregular, pero se desmarcó de ella señalando que “ésa es decisión de cada sección”. Mar de Buena Vista En 2008 el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI) y el Sindicato de Burócratas de Tijuana firmaron un convenio para regularizar el desarrollo Mar de Buena Vista, enteró a ZETA Juan Ramón López Medina, delegado de INDIVI Tijuana, dependencia que tiene jurisdicción en Tecate, Tijuana y Rosarito. El trámite legal implicaría para los posesionarios de lotes o viviendas un costo de 6 mil pesos, recursos que les serían descontados vía nómina por tratarse, se supone, de trabajadores sindicalizados y de confianza. Las catorcenas a pagar serían de 190 a 230 pesos. “El sindicato opera la Secretaría de Fomento a la Vivienda para hacerse de propiedades para luego venderlas a sus agremiados”, comparte a ZETA López Medina, quien añadió que INDIVI posteriormente realiza acuerdos para legalizar los terrenos que se encuentran irregulares. “En el caso de Mar de Buena Vista el fraccionamiento fue regularizado al cien por ciento”, subrayó el delegado. La mayoría de los lotes fueron legalizados por Luis Bustamante Fernández, entonces delegado de INDIVI, quien no solo escrituró propiedades a nombre de sindicalizados, sino también de compradores ajenos al SUTSPEMBC, y así quedó asentado en la partida 5743000 del Registro Público de la Propiedad, con fecha de 17 de noviembre de 2010, en la que aparecen los nombres de cada uno de los beneficiarios hasta ese momento con un lote de interés social. Aunque el fin de esos fraccionamientos era el promover el desarrollo de casas de interés social para los burócratas, lo cierto es que también se vendieron, y aún se venden, a particulares. Tan es así que a la fecha se promocionan lotes de una extensión de 200 metros cuadrados en el área de Baja Malibú, a un costo de mil 200 dólares cada uno, destacando el anuncio: “los lotes están bien protegidos por el sindicato de los burócratas de Tijuana, Baja California”. En el mismo teléfono de la Secretaría de Fomento a la Vivienda de la Sección Tijuana informan sobre estas ventajas y precios. Los anuncios en volantes e Internet añaden: “Los lotes cuentan con escrituras, para ser escriturados a cualquier persona que sea ciudadano mexicano, y si es extranjero podrá comprarlos por medio de fideicomiso, que es un contrato por medio de un banco”. También se destaca la buena plusvalía de los terrenos y la aceptación de un intercambio a cambio del inmueble. Es en el fraccionamiento Mar de Buena Vista donde el dirigente de los burócratas de Tijuana, Martín Plascencia Ávila también cuenta con una propiedad, de acuerdo a la partida 5781865 del Registro Público de la Propiedad, el lote 18 de la manzana 40 lo adquirió apenas el 7 de junio de 2011, siendo ya Secretario General, a un costo de 61 mil 321 pesos. Ese mismo día su esposa Yoana Lozano compró, al mismo precio que el líder sindical, un lote en el mismo fraccionamiento, propiedad inscrita bajo la partida 5781862. Ambos contratos fueron expedidos por Santos Gutiérrez García, representante de la Sección Tijuana del SUTSPEMBC y avalados por el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI). Hacienda del Sol En Playas de Rosarito, el sindicato de Burócratas a través de la Secretaría de Fomento a la Vivienda de la Sección Tijuana, también promueve la venta de lotes de un predio denominado Hacienda del Sol, ubicado en la zona de Calafia al este de la carretera Tijuana-Ensenada. A través de un juicio de prescripción positiva el predio rústico de 675 hectáreas se asignó como propiedad de Santos Gutiérrez García, nombrado representante legal para tal fin por el sindicato a principio de noviembre de 2010, mediante el oficio 0590/DTIJ/2010, con la autorización de INDIVI. El terreno estaba asentado en el Registro Público de la Propiedad con la inscripción 3424 desde 1960, sin que el documento señale beneficiarios. Una vez en poder del representante del Sindicato de Burócratas se inició la venta de lotes. De acuerdo al anuncio y constatado por ZETA “algunas de las propiedades ofrecen una grandiosa vista panorámica hacia el mar. El fraccionamiento cuenta con energía eléctrica, alumbrado público, cordón de banqueta, nomenclatura de calles y listos para escriturar”. En el anuncio también se destaca la plusvalía del inmueble y la facilidad para la adquisición de los lotes de 50 metros cuadrados a un costo de 125 mil pesos de contado, o a crédito por mensualidades de 100 dólares por mes. Personas ajenas al sindicato también pueden beneficiarse con alguno de estos lotes. Para regularizar este asentamiento INDIVI signó un convenio de colaboración con el gobierno de Playas de Rosarito, a través del departamento de Fraccionamientos, y la Sección Tijuana del Sindicato de Burócratas, para ello “el sindicato presentó antecedentes documentales del predio como memorias descriptivas y mientras que el municipio de Rosarito realizó los trabajos técnicos requeridos para poder legalizar el predio, anotó López Medina. No obstante, anotó que hasta el momento INDIVI no ha firmado ningún título de ese desarrollo, pues aún no se presenta documentación de que se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad, “está en proceso su regularización, pero aún no se concreta”, subrayó. Aun así, los lotes están a la venta. En las negociaciones que cada sección del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California realiza con los gobiernos municipales los líderes gestionan la intervención de las autoridades municipales para lograr que el Estado les asigne terrenos para beneficio social de sus agremiados, así queda asentado en varios acuerdos signados por ambas partes. Pero más que promover el desarrollo de casas de interés social, se promociona la venta al público en general, aun cuando Martín Plascencia sostenga que: “La venta de terrenos no es con fines de lucro, solo se venden lotes a sindicalizados”, los anuncios y ofertas del sindicato lo desmienten. Las irregularidades de Plascencia La gestión de Martín Plascencia Ávila en la Sección Tijuana ha sido ampliamente cuestionada desde su arribo a la Secretaría General del Sindicato. Un caso el de Juana Alejandra Corona Reyna, a quien aparte de ofrecer una base sindical contrató en calidad de vocera del Sindicato y posteriormente despidió bajo el compromiso de una indemnización por 250 mil pesos que aún no cubre. En una de las cláusulas del contrato que firmó Plascencia con Corona, se estableció una sanción administrativa de 756 mil pesos si el sindicato no le otorgaba una base al año de laborar, o no se le asignaba una oficina, o se le cancelaba el contrato signado a tres años. Como no hubo cumplimiento la Junta de Conciliación y Arbitraje obligó a Plascencia Ávila a indemnizar por una cantidad proporcional de 250 mil pesos a la quejosa, mediante negociación se acordó abonar esa cantidad en pagos mensuales de 10 mil pesos a costa, claro, de los recursos del sindicato. La asignación de bases a personas sin trayectoria dentro del sindicato es harto conocida y desaprobada por los agremiados, quienes en el anonimato hacen señalamientos por miedo de perder su trabajo y la propia base lograda. A lo que Plascencia Ávila responde que: “La antigüedad no es el requisito principal, pues hay gente meritoria que hace más por el sindicato y se gana a pulso una base”. Plascencia Ávila también se opuso, mediante oficio, a la práctica de exámenes toxicológicos a sus agremiados que pretendía realizar el XX Ayuntamiento de Tijuana, argumentando que en las Condiciones Generales de Trabajo firmadas con la autoridad no se encuentra establecida tal acción, por lo que los trabajadores de base “no están obligados a cumplir con este requerimiento de la autoridad”. La negociación a espaldas de los agremiados con el gobierno municipal para descontar durante este 2012 a los trabajadores la aportación de ISSSTECALI que no se hizo en 2011, fue algo que molestó sobremanera a los sindicalizados, quienes de pronto vieron reflejado el descuento en su talón de pago, sin que su líder se los hubiera notificado en forma previa. “No se aprobó por asamblea, ni medio punto de acuerdo para ello”, expusieron sindicalizados inconformes con el actuar de Martín Plascencia. Son 40 pesos catorcenales que se descuentan a cada uno de 2 mil 800 empleados de base que laboran en el municipio de Tijuana, cantidad que en suma al año significa alrededor de 3 millones de pesos que para los trabajadores inconformes significa el monto anual que el gobierno municipal se comprometió a abonar a ISSSTECALI por la deuda heredada con el instituto. Martín Plascencia admitió que el acuerdo lo tomó en forma unilateral, pero asegura que no hay dolo en las negociaciones, que todo se hace con el fin de beneficiar a los agremiados al sindicato, muestra de ello son los bonos que se obtuvieron a cambio del descuento que se les aplica para la aportación a ISSSTECALI y de la disminución de la previsión social que acordó, contra la voluntad de los sindicalizados, en las negociaciones con el municipio en 2011. Pero esas acciones no son nada nuevo dentro de la Sección Tijuana del Sindicato de Burócratas, pues “así se las gasta Martín”, esgrimieron los inconformes a ZETA.