Ahora que las autoridades estatales están facultadas para perseguir, investigar y procesar por el delito de narcomenudeo, existe una seria preocupación entre los generales de esta región militar. ¿Qué harán los del Estado con la droga decomisada? Sucede que tanto la II Zona como la II Región Militar, han establecido convenio con la Procuraduría General de la República para que toda la droga confiscada sea remitida a los cuarteles, en tanto es liberada por la autoridad judicial una vez concluido el proceso, después de lo cual se procede a su inmediata incineración. Así ha sucedido tradicionalmente. En los cuarteles han sido acondicionados espacios para almacenar los estupefacientes y mantenerlos a salvo de manos deshonestas que intenten robarlos, recuperarlos o venderlos al origen de mismo de la droga. Pero ahora que el Estado perseguirá el narcomenudeo, el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán no ha firmado convenio alguno con los militares para el manejo, resguardo e incineración de las drogas. Los militares temen que, dados los antecedentes de la Policía Ministerial, funcionarios del Ministerio Público y empleados de la Procuraduría, los decomisos no sean guardados o incinerados, sino hurtados o devueltos a sus dueños. El problema, piensan en la II Región, es que no hay confianza para esas autoridades y ni siquiera se han acercado a firmar acuerdo. La descoordinación entre militares y autoridades estatales y municipales -como el caso de Rosarito, Tijuana y Ensenada- es cada vez más evidente y en beneficio del crimen organizado.
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