Se arrebatan San Quintín

Acusan manejo político en la municipalización del poblado Por un lado está el cúmulo de necesidades de un poblado remoto que requiere su propia administración pública. Por el otro, se intensifica el jaloneo desatado a raíz de un plebiscito para crear el sexto municipio de Baja California, mismo que diversos sectores sociales reprueban por el manejo político que se le ha dado al tema y la desinformación en torno a la posible división territorial. San Quintín es una de las 23 delegaciones del municipio de Ensenada, localizada a 170 kilómetros al Sur de la ciudad y puerto. Según datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Ensenada, cuenta con una extensión territorial de mil 705.83 kilómetros cuadrados. Su interacción inmediata es con las delegaciones de Vicente Guerrero y Camalú, ubicadas al Norte, que a su vez tienen mil 855.81 y 262.74 kilómetros cuadrados, respectivamente, y conforman lo que se conoce como la Región de San Quintín. En el Censo 2000 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de San Quintín rondaba las 32 mil 912 personas. Sumada con las otras dos delegaciones, llegaba a 66 mil 505 personas en dicha región. Ahora, de acuerdo con el delegado municipal Jaime Solorio Alejandre, la población, tan solo de esa delegación, supera los 60 mil habitantes. Los principales pendientes manifestados por los residentes de la zona sur de Ensenada, plasmados en el Programa de Desarrollo para la Región San Quintín 2008-2013 del gobierno del estado, comprenden ocho puntos con el siguiente porcentaje de importancia: 27 por ciento, necesidad de pavimentación; 19, de drenaje; 19, de centros de salud, hospitales y clínicas; 16, seguridad pública; 11, en agua, electricidad y otros servicios; 4, en escuelas primarias, secundarias y preparatorias; y 1 por ciento en vías de acceso. De acuerdo a los Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), en los ámbitos social, económico, ambiental-urbano, y de seguridad pública y justicia, la región enfrenta múltiples problemas. Más allá de las áreas de oportunidad visualizadas por el ejecutivo Estatal, que contemplaban en dicho programa, proyectos congelados como Punta Colonet y Escalera Náutica, destacaban la “disposición de organización y coordinación entre los actores de la Región”. El escenario de la Región de San Quintín es, entonces, complejo. En materia de seguridad, el gobierno del estado enlista carencia de oficinas de atención, falta de personal y recorridos en fines de semana, carencia de agentes de la Policía Estatal Preventiva y problemas derivados de la extensión geográfica. También identifica riesgos por adicción a las drogas entre la juventud, la existencia de tienditas y un incremento en la inseguridad. El propio delegado Jaime Solorio Alejandre resaltó la urgencia por impulsar la construcción de unidades deportivas para alejar a los jóvenes de San Quintín del consumo de drogas, lo cual se ha transformado en un serio problema social. En el ámbito social el escenario es aún más difícil: desigualdad y falta de oportunidades para las minorías y hacia los indígenas, atención insuficiente de servicios de salud, poco abasto de agua para la población presente y futura, aumento de delincuencia y drogadicción, e inclusive “desinterés de la gente respecto de sus responsabilidades como ciudadanos”, son algunos de los puntos observados por el gobierno estatal. En lo económico refieren la falta de mano de obra calificada, de riesgos por falta de inversión en rubros distintos a la agricultura, que es una de sus fortalezas. En lo ambiental-urbano, el incremento de la contaminación, el deterioro del medio ambiente, escasez de agua para uso agrícola e infraestructura insuficiente tanto en abastecimiento de agua como de vialidades; a reserva de todas las potencialidades no explotadas aún en el territorio, en temas como ecoturismo, agricultura, minería y pesca. Para representantes de distintos sectores de la sociedad en Ensenada, el proceso de municipalización de San Quintín debe darse con mayor detalle ante la población, y esto incluye a residentes de esa misma  delegación, que luego de conocer sobre la aprobación del plebiscito se han mostrado más interesados, de acuerdo a lo explicado por el delegado Solorio. Los ensenadenses tienen dudas sobre temas como el abastecimiento del agua, los límites geográficos exactos, el impacto económico, los sistemas de recaudación o la nueva infraestructura gubernamental. Por todo lo anterior, plantear la división del territorio de Ensenada, mediante un plebiscito impulsado a través del Poder Legislativo del estado, que pudiera llevarse a cabo en un par de meses, resulta a los ojos de grupos empresariales y políticos en la ciudad un acto arrebatado y/o con tintes políticos, considerando la desinformación que aún existe. Armando León Ptanick, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Ensenada, explicó que los empresarios no se oponen a la municipalización de San Quintín. De hecho ningún sector plantea estar en contra de esto. Lo que sí hicieron ver fueron temas que no se están informando, sin los cuales no se puede decidir correctamente, o al menos darle un “sí” o un “no” al plebiscito. De acuerdo a León Ptanick, uno de ellos es conocer si San Quintín está realmente preparado para transformarse en municipio, si los cálculos económicos en materia de recaudación a través del pago de Impuesto Predial, les permite subsistir, pues “hay mucho terreno ejidal” y se requiere regularizar la tierra para que funcione. El lunes 20 de agosto, el diputado Alfonso Garzón Zatarain, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), abordó el tema de la regularización de la tierra en la zona sur, específicamente de la colonia Lázaro Cárdenas, pues hay un conflicto de décadas que no ha podido resolver los problemas de la propiedad de predios. Lo planteado por Garzón y aprobado por mayoría en el Congreso, fue un exhorto al Ejecutivo del estado, al gobernador José Guadalupe Osuna Millán, para que a través del titular del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI), destinen recursos para resolver los problemas que les fueron planteados por diversos grupos de residentes, entre ellos el denominado Comité Pro Regularización de Predios de la Colonia Lázaro Cárdenas de la Delegación de San Quintín. Justamente uno de los problemas que, según el titular de COPARMEX, necesitan considerarse durante el proceso de municipalización. Otro asunto que plantea es el impacto económico que representaría para Ensenada perder la administración de amplias extensiones de zonas costeras, desiertos y montañas. Tan solo “en el sector turístico, ¿qué ocurrirá?”, cuestionó León. De igual forma, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE)  analizan llevar a cabo un posicionamiento conjunto sobre el proceso de la municipalización. Refieren que el tema del agua es un asunto importante y pendiente, se preguntan cómo y con qué recursos sostendrán el abastecimiento, mientras hablan de desconocimiento sobre diversos temas que desean hacer públicos en próximas semanas. Para la regidora María del Carmen Íñiguez Casanova, residente de San Quintín, lo más importante es “la información que tiene que darse a la gente, sobre todo a la del polígono que se va a municipalizar, la información correcta. Creo yo que ahorita lo del plebiscito, que quieren hacerlo así tan arrebatado, desde mi punto de vista, porque la gente no tiene información tanto del polígono a municipalizarse como los habitantes de Ensenada, no es correcto en ese sentido”. De igual manera, la regidora consideró que el Comité Pro Municipalización de San Quintín no ha sido incluyente con todos los sectores de la comunidad de la zona sur: “Desde mi punto de vista yo condicionaría el plebiscito, para que antes de hacerlo, con tiempo suficiente, se le diera a la gente la información correcta para que puedan decidir atinadamente”. A decir del delegado municipal Jaime Solorio Alejandre, la difusión que ha dado el Comité Pro Municipalización de San Quintín ha sido a través de los medios informativos disponibles, principalmente la radio comunitaria XEQIN y una televisora local, con espacios semanales. Heberto J. Peterson Legrand, cronista de la ciudad de Ensenada, opinó que “tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía tampoco me parece sano, me parecen sanos los referéndums o los plebiscitos, como se hace en otros países, donde se le dan a la gente todos los elementos posibles de juicio para poder analizar y poder, en todo caso, externar una opinión más sustentable”. La maestra jubilada Silvia Dávila Jiménez, luchadora social de izquierda en Ensenada, quien conoce de primera mano las realidades y necesidades de zonas rurales, comentó: “El proceso que está llevando a cabo el Congreso del Estado sí es un proceso que se vaya a tomar en consideración y en cuenta lo que es la economía, el bienestar de la población, qué bueno. Yo estaría en contra si es nada más para aumentar el número de funcionarios a los cuales se pagan sueldos millonarios. “Definitivamente San Quintín nos ha dado la muestra de que a través de la agricultura pueden salir adelante y hacer muchísimas cosas, yo creo que vale la pena considerarlo (la municipalización) como una solución que pudiese estar a corto plazo, y en la cual se tomara en cuenta la opinión de ellos, que no afectara al municipio de Ensenada y sobre todo, que no fuera únicamente porque ya los partidos grandotes tengan en la mira que fulano va a ser el presidente municipal”, consideró la profesora Dávila, para rematar: “Ojalá en ese nuevo municipio no se permita la construcción de casinos” Y es que el tema de los intereses políticos es una más de las vertientes que ponen a dudar a distintos ensenadenses, como el caso del diputado federal César Mancillas Amador, quien piensa que el proceso sí está politizado: “Vemos la intención del PRI de dividir el municipio de Ensenada, pues para seguir dando sus chambas como acostumbra, y me parece muy mal… hacer más (municipios) implica más problemas, ¿por qué lo digo? Porque mira, no hay Catastro, no pagan Zona Federal Marítima, no hay un ordenamiento. De qué van a vivir si tampoco hay impuestos, ¡ah!, y no hay agua… ahí están los parámetros con los que te dan recursos federales, recaudación de agua, fiscal, predial. ¿Entonces en base a qué te van a dar recursos?”, cuestionó Mancillas. A su consideración, una alternativa sería la creación de un representante de la zona ante el Poder Legislativo, un diputado de un nuevo distrito en la zona sur, lo que implicaría menos complejidad y costo para llevar apoyos a la zona. Aun cuando se manifestó a favor de la municipalización, la diputada local Lizbeth Mata Lozano planteó haber observado lo que calificó como un “desaseo” en el proceso. Refirió que la municipalización se debe dar en base a un análisis presupuestal y social: “Lamento mucho el posicionamiento del Comité Pro Municipalización (de San Quintín), que ha sido en un sentir de que de la manera que sea, salga el tema y no ver los intereses de los sanquintinenses”. La diputada advirtió que existen inconsistencias en temas como los recursos planteados originalmente por el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California (IEPCBC), para realizar el plebiscito. “Primero, en una sesión, el Instituto Estatal manifiesta que ocupa 10 millones para realizar el plebiscito. Meses después manifiesta que ocupa solamente 3.6 millones y que el Congreso del Estado se hará cargo de la publicidad y de todo lo relevante a la información a la gente del plebiscito, por lo que también se presta a actos de corrupción, de intervención de autoridades, donde el Congreso no ha sobre todo aprobado la participación económica en ese plebiscito”, explicó la panista. No obstante, el diputado Garzón aseguró que el trabajo va bien y en los tiempos adecuados. Incluso, hizo ver que el Comité Pro Municipalización de San Quintín fue el primero de los grupos que atendió la actual Legislatura, a través de la entonces presidenta del Congreso, la diputada Nancy Sánchez Arredondo. “Hemos estado informando, hemos tenido reuniones los diputados de la XX Legislatura con los ciudadanos de San Quintín, hemos realizado reuniones aquí en Ensenada, con límites perfectamente establecidos”, reiteró Garzón, además de destacar que se publicarán los límites que quedarán, a grandes rasgos, como sigue: “Al Norte queda lo que sería el Ejido Rubén Jaramillo; al Sur, hasta lo que es el Paralelo 28 en la delegación de Villa Jesús María; al Este, con el Ejido El Varadero, Reforma Agraria Integral, el Ejido Revolución y el Mar de Cortés; y al Oeste con el Océano Pacífico, serían los únicos. Empieza en lo que es el Arroyo de San Telmo”. Isla de Cedros no sería parte del municipio de San Quintín, quedaría dentro del municipio de Ensenada, al igual que los terrenos del Observatorio Astronómico en la Sierra de San Pedro Mártir. Las delimitaciones a detalle serán, dijo, en base a los límites ejidales. No habrá ningún ejido dividido entre un municipio y otro. De acuerdo al diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Javier Sánchez Corona, la siguiente fase del Poder Legislativo será una intensa campaña de información y difusión a través de foros, reuniones con apoyo de la academia y especialistas en diversas áreas para dar a conocer a los pobladores de Ensenada, los detalles no conocidos aún del proceso, es decir, aclarar las dudas antes del plebiscito previsto para el 28 de octubre. Dudas como, por ejemplo, saber si existe en la legislación un mínimo de población para que un área se transforme en municipio, pregunta que ZETA hizo a Sánchez Corona, quien aseguró que la región de San Quintín ronda los 100 mil habitantes, pero no hay una cifra específica para no permitir la creación de un municipio. Además del trabajo que realizará el IEPCBC, los diputados solicitarán el apoyo del Ejecutivo del estado y del presidente municipal para que se sumen al trabajo informativo. Sin embargo, el alcalde ensenadense Enrique Pelayo Torres ya se ha manifestado en contra de la municipalización, fijando una postura parcial en el proceso “porque no quiere ser el Santa Anna de Ensenada”, referiría la regidora María del Carmen Íñiguez Casanova en relación a los argumentos esgrimidos por Pelayo sobre su posicionamiento contra la municipalización. De acuerdo a un comunicado del Legislativo, de los 51 mil 952.3 kilómetros cuadrados actuales en el municipio de Ensenada, San Quintín se quedaría con 34 mil 179, lo que representa cerca del 66 por ciento del territorio. Tras el convenio firmado el miércoles 22 de agosto entre el Poder Legislativo y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, el asunto pasará a la decisión de aproximadamente 353 mil 108 ciudadanos empadronados en Ensenada (334 mil 322 en lista nominal, al corte del 24 de mayo de 2012 del IEPCBC), que son los que pueden decidir si quieren o no un nuevo municipio; cifra que se confirmará una vez el IEPCBC signe un acuerdo con el Instituto Federal Electoral para llevar a cabo el proceso del plebiscito.