Los periodistas en México y la libertad de expresión son moneda de cambio. Tanto para el gobierno como para el narcotráfico, el crimen organizado. Para los gobierno municipales, estatales, y por supuesto el federal, si el periodista escribe favorable a sus acciones, se le respeta la libertad de expresión, se le compra a su medio publicidad, se premia a los reporteros con información… y con concesiones a los propietarios del medio. Como rehenes del narcotráfico, los periodistas han de sortear cuestiones más valiosas que un trabajo, la seguridad de la familia, la tranquilidad y la vida. Encallados en un sistema de impunidad patrocinado por el Estado mexicano, los criminales amenazan a los periodistas que osan investigar sus ilícitos y estela de corrupción. Secuestran reporteros para acallar al resto, atentan contra oficinas de periódicos para amedrentarlos, y en el extremo asesinan comunicadores para enviar un mensaje de silencio al resto. La libertad de expresión en México está condicionada al humor del poder público y del poder impune del crimen organizado. Decenas de periodistas han perdido la vida en el centro y sur del país, y sus crímenes se esconden en la impunidad. Otros han debido abandonar México, ante la directa consigna de hacerlo, o morir en el intento de ser libres. Pero si este escenario de sangre y terror en el ejercicio del periodismo de investigación en un país como México, donde su gobierno mantiene una ineficiente guerra contra el narcotráfico, no fuese suficiente, también está el gobierno para amedrentar. Para abusar del poder conferido por el pueblo y amenazar abiertamente. Notorio es el caso de Joaquín Vargas y su cadena MVS, la Presidencia de la República de Felipe Calderón Hinojosa, y la libertad de la periodista Carmen Aristegui. Medio electrónico al fin, MVS requiere de concesiones de aire y banda para subsistir, y el dueño del aire y de la banda es el gobierno federal. Todo estaba bien, hasta que un buen día el aprovechamiento de la banda 2.5 GHz por parte de la empresa de Vargas, fue puesto en duda por el gobierno federal. Además, dirían más tarde, MVS no pagó lo que vale la banda. En las negociaciones entre concesionaria y gobierno, la periodista hizo un comentario en su programa radiofónico, a propósito de una manta que en la Cámara de Diputados colgó el legislador Gerardo Fernández Noroña, donde cuestionaba la capacidad del Presidente de la República ante un presunto alcoholismo. La consigna de Noroña rezaba: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?”, acompañada de una fotografía de Felipe Calderón donde aparenta ebriedad. Al aire en su programa de radio, Carmen Aristegui cuestionó por qué la Presidencia de la República no salía a aclarar el presunto alcoholismo del mandatario, ya era ocasión que alguien hablara de ello, que hubiese alguna explicación. Y a la periodista la corrieron. Después de mucha presión mediática, pública y política, Joaquín Vargas llegó a un nuevo arreglo con Aristegui y se acabó el tema. Recontratada, y como siempre, con tema, discusión y análisis libre en la estación de radio. Pero ahora nos enteramos de la “verdad” de Joaquín Vargas. Ha aceptado el enojo de la Presidencia de la República en aquella ocasión; ha dicho que le solicitaron por indistintas vías y actores del gabinete presidencial, despedir a Aristegui. Incluso que ella leyera una disculpa al Presidente. El señor Vargas hoy presiona a la Presidencia de la República, informándonos que lo extorsionaron con la permanencia de la concesión de la banda ancha 2.5 a cambio del despido de la periodista. La realidad, basada en los hechos, es que mezquinamente Joaquín Vargas cedió a Carmen Aristegui para negociar con la Presidencia la concesión de la banda ancha 2.5 Gigahertz. De hecho, el 6 de febrero de 2011 la despidió cuando ella se negó a leer una carta de disculpa por sus comentarios. Aristegui fue, por esos días, rehén en la negociación entre Vargas, la dirección de comunicación de la Presidencia, la Secretaría del trabajo y la de Comunicaciones y Transportes. Entre aquella fecha y el 14 de febrero, la Presidencia negoció con Vargas pero no hubo un arreglo sobre el destino final de la concesión de la banda ancha. A la par, Carmen hizo lo que sabe hacer: informar a sus radioescuchas, a sus lectores, colegas, seguidores y amigos lo que había sucedido, aumentando la presión sobre Vargas y sobre el propio gobierno federal, por coartar la libertad de expresión de una mujer periodista. Siguieron las amenazas de los funcionarios federales para los directivos de MVS en caso que recontrataran a Aristegui, lo cual sucedió aquel 14 de febrero. Ahora nos venimos enterando de todo este embrollo palaciego, de este abuso de poder y de esta manipulación entre gobierno y concesionarios en detrimento de la libre expresión, porque una vez más, el gobierno federal falló a Joaquín Vargas. La banda ancha 2.5 GHz que el empresario de las comunicaciones no utiliza en su capacidad -por falta de inversión, dicen- y que no compró a cabalidad -la Presidencia afirma que cuesta 27 mil millones de pesos que Vargas no quiso pagar-, es el meollo del asunto. Miles de dólares que se requieren para explotarla y poder ofrecer a los usuarios mexicanos acceso rápido a Internet, mayor capacidad y mejor precio, estarán en litigio con la libertad de expresión de por medio. Con la periodista que fue rehén entre una concesión y una Presidencia. Al final, los intereses ganarán. Después de años de procesos legales, la banda ancha se quedará en MVS o se concesionará a otros inversionistas –Televisa, por supuesto, está entre los interesados- para que los mexicanos puedan tener un acceso digital de primer mundo; pero el tema de la modernización de la comunicación electrónica quedó varado, a propósito del supuesto alcoholismo de Felipe Calderón, hecho que, por cierto y como lo sugirió Carmen Aristegui a inicios de 2011, sigue requiriendo de una “respuesta seria, formal y oficial de la propia Presidencia”.
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