Sin la venia y sin el conocimiento del titular, Rommel Moreno Manjarrez, en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, se toman acciones irregulares con propósito de vendettas originadas en hechos de corrupción desde direcciones, comandancias y mandos medios. Las venganzas internas en las corporaciones policíacas y de investigación no son una novedad. Se conoce como “Puntos flojos”, a los puntos fijos donde agentes son enviados cuando, uno, se les tiene desconfianza, y dos, se les castiga. Se trata de encargos de trabajo que lo único que requieren es de la presencia permanente del oficial. Cuidar oficinas, puertas, cárceles, centros de arraigo, palmas, macetas, puntas y lo que se le ocurra al poseedor del poder para asignar esos roles. Otras venganzas institucionales tienen que ver con incriminaciones. Muchos de los policías que han sido detenidos en los cinco años, sea de la municipal o la ministerial, han recobrado su libertad después de comprobar que fueron señalados por otros compañeros o autoridades sin contar con las pruebas suficientes para procesarlos. En la mayoría de los casos, la foto de estos elementos es expuesta a supuestos informantes, ofendidos y testigos protegidos para que los señalen como los autores de equis delito. Eso sucedió recientemente en Tijuana. Dos Policías Ministeriales asignados el uno con el otro para la investigación de diversos casos. Por la mañana del 23 de abril del 2012 fueron comisionados a investigar un hecho de lesiones calificadas. Les entregaron el parte informativo de la Municipal de Tijuana, había un detenido y un lesionado con arma blanca. También les dieron dos oficios con solicitud de información, uno para el ayuntamiento otro para el gobierno. Uno de los Ministeriales debía –aparte– presentarse a una audiencia ese mismo día. Todo lo que hicieron los agentes lo documentaron con precisión. Hora de inicio de la investigación, lugar y forma –personal, telefónica– de cada una de las entrevistas, con detenido, lesionado, familiares y testigos. De las ocho de la mañana a la 1:50 de la tarde habían recabado la información. Llegaron de inmediato a sus oficinas para que una secretaria –por ser ellas sindicalizadas se van a las tres de la tarde– les transcribiera el reporte, que minutos después fue entregado a la agencia del Ministerio Público del Orden Común, al titular de la Unidad Orgánica de Lesiones. Para los dos ministeriales el tema ahí había terminado. Como en muchos casos, el lesionado no quiso presentar cargos para no meterse en problemas y la complementaria en el reporte de los Ministeriales sentenciaba: “… le informamos que el hoy asegurado fue detenido por la autoridad y consignado al juzgado por portación de arma blanca, el cual llevó un proceso y salió por el pago de una fianza”. Liberados de esa labor los agentes se dedicaron a otra cosa. Hasta que al día siguiente otros agentes, éstos asignados a la Visitaduría (antes Asuntos Internos) los buscaron para entregarles citatorios. Luis Antonio Montes y Roberto de la Cruz fueron los encargados de investigarlos en relación a un presunto señalamiento por cohecho. A los ministeriales, a los dos primeros, les entregaron documentos de presentación en horas laborales, a sabiendas que no pueden abandonar su puesto de trabajo. Cuando los ministeriales acudieron, fuese en horario nocturno o a la hora de la comida, siempre encontraron las oficinas de la Visitaduría cerradas. Cuando uno de ellos logró hablar con el Visitador, éste prácticamente lo juzgó y lo sentenció. Le explicó que la pareja del detenido –el que fue liberado tras una fianza– les había denunciado que ellos le solicitaron dinero a cambio de beneficiar al aprehendido. Contó la mujer que los ministeriales la citaron a las siete de la tarde –el reporte había sido entregado a las tres y el detenido liberado. Los de la Visitaduría acompañaron a la mujer al lugar de la entrega del dinero y, nada, los ministeriales nunca llegaron a recolectar lo que se supone habían pedido. Aun así, en la Visitaduría que hoy maneja en Tijuana Édgar Bojórquez inició una investigación y abrió una averiguación previa, que sin las declaraciones de los supuestos señalados fue consignada al Juzgado Décimo de lo Penal en esta Ciudad, donde la evidente trampa para deshacerse de dos ministeriales se está terminando de cocinar. Aquí viene lo bueno: antes que Bojórquez titulara Asuntos Internos, lo hizo el licenciado Sergio Alberto Lagunas Molina, hoy Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Rommel Moreno, y en por lo menos cuatro ocasiones, señalado por detenidos y ante agentes ministeriales, de recibir cuota por parte de fayuqueros para dejarlos en libertad cuando son capturados después de cruzar la aduana –donde también tiene arreglo económico– de Otay o de San Ysidro. Uno de los agentes que hoy son objeto de venganza dentro de la Procuraduría de Justicia, detuvo en diciembre del 2011 a dos sujetos con dos vehículos cargados de artículos chinos, inmediato a la detención, al lugar se presentó –y así consta en un parte informativo– Sergio Alberto Launas, Roberto de la Cruz y Luis Montes entre otros, argumentando que los fayuqueros se habían comunicado con ellos para denunciar que estaban siendo extorsionados. Los contrabandistas de hecho estaban en los separos de La Mesa y los carros y mercancía en espera de ser remitidos a la PGR. No se supo más de los fayuqueros, pero los ministeriales que participaron en ese operativo fueron enviados a los puntos fijos. Castigados. Así ha sucedido en cuatro ocasiones. Ministeriales detienen a contrabandistas, llegan personas de Visitaduría e incluso Lagunas personalmente, y Ministeriales son castigados. La venganza utilizando los recursos de la procuraduría, en un caso que huele mal. Que transpira corrupción. De arreglos con contrabandistas y hostigamiento a funcionarios, todo bajo el amparo de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, de Rommel Moreno Manjarrez, de donde –valga decirlo– muchos funcionarios han salido bajo sospecha cuando no detenidos.
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