Procurador rehúye responder

Niega PGJE información a abogados A través del portal de transparencia del gobierno de Baja California, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) respondió a ZETA, durante las últimas semanas del mes de julio, una serie de preguntas que compilaban y replicaban las 18 dudas planteadas por la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, A.C. (Fedabo). Los datos que proporcionan permiten conocer realidades dentro de la dependencia que abarcan, por ejemplo, el trabajo asignado a los ministerios públicos, la distribución de personal, la efectividad en las resoluciones de la PGJE ante los juzgados penales, las averiguaciones previas (APs) en curso, entre otras cosas. Con cierre al 17 de julio las averiguaciones previas y/o casos en integración o investigación sumaban un total de 163 mil 919, distribuidos de la siguiente manera: La entrada en Mexicali del nuevo sistema de justicia penal no ha reducido la cantidad de asuntos pendientes en relación a las cifras que regularmente se observan entre un municipio y otro. Con 50 mil 579 averiguaciones entre los dos sistemas sigue superando en pendientes a las ciudades más pequeñas excepto Tijuana. A esto, y de acuerdo a lo explicado por el propio Procurador General de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, habrán de sumársele 18 mil averiguaciones previas nuevas, que absorberá el Estado en el tema de narcomenudeo. La cantidad de agentes ministeriales y las asignaciones que reciben por parte de la Procuraduría, y los rezagos en la determinación de averiguaciones previas por municipio también dejan mal parada a toda la institución, destacando Mexicali, pues la PGJE refiere que en el Sistema Tradicional existen 9 mil 891 APs en integración, un 100 por ciento de rezago. En dicho sistema Mexicali cuenta con 8 Agentes de la Policía Ministerial y cada uno de ellos con aproximadamente 174 órdenes de investigación. En el Nuevo Sistema de Justicia Penal existen 282 Agentes de la Policía Ministerial, una Orden de Investigación se asigna a 2 Agentes generalmente, pero dicha cantidad puede variar dependiendo de la complejidad del caso. La ciudad de Tijuana arroja mejores datos en lo que a rezago se refiere, la Comandancia Zona Tijuana tiene un total de 247 Agentes Ministeriales asignados a la Zona de los cuales 184 se encuentran asignados a los diferentes grupos y delegaciones y 49 en comisiones varias y 11 Jefes de Grupo. Asimismo se asignan mensualmente desde 10, 16, 28 y 40 órdenes de investigación según el grupo y área de asignación de acuerdo al índice delictivo del área que corresponda. Se tienen recibidas de enero al mes de junio un total de 17 mil 818 Órdenes de Investigación recibidas y 10 mil 853 cumplidas, por lo que existe un 39 por ciento de rezago. Todo esto según los datos de la PGJE. El rezago para la ciudad de Ensenada es exactamente el mismo que Tijuana, más de una tercera parte. El municipio más extenso cuenta con 157 Agentes de la Policía Ministerial, a cada investigación se le asigna una pareja de Policías. Del 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2012, reportan un 39 por ciento de rezago, con un total de 72 mil 006 Averiguaciones Previas y 28 mil 400 Averiguaciones Previas pendientes. En Tecate la PGJE trabaja con 26 Agentes de la Policía Ministerial, y se asigna una pareja de agentes por cada investigación. De enero del 2011 a la fecha, se iniciaron 6 mil 709 APs de las cuales se determinaron mil 817, siendo el 27 por ciento, es decir, un rezago del 73 por ciento. Playas de Rosarito por su parte, cuentan con 29 elementos, de los cuales 14 se encargan de darle cumplimiento a las órdenes de investigación, generalmente se entregan 2 investigaciones a cada pareja, correspondiendo una investigación por agente. Se han iniciado mil 394 APs de enero a junio de 2012 y se han determinado 540 dando un rezago de 61.26 por ciento. La Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada por otro lado, refiere la PGJE, tiene asignados en Tijuana a 118 Agentes Ministeriales adscritos a las distintas Agencias del Ministerio Público (Homicidios, Secuestros, Robo de Vehículo, CAPEA, Trata de Personas) y regularmente se les asigna una investigación por pareja, no obstante en las Agencias de Homicidios y Secuestros trabajan por grupo por lo delicado de los asuntos (asegura la Procuraduría). Actas iniciadas en Tijuana: 72 mil 134, porcentaje de actas determinadas, el 9.12 por ciento, 6 mil 579. Bajo el Sistema Tradicional en Mexicali: 236, de las que se han determinado el 49.5 por ciento, 116. La PGJE declaró contar con 191 Agentes del Ministerio Público, y su distribución por municipios es la siguiente: Mexicali 68, Tijuana 47, Ensenada 36, Tecate 10, Playas de Rosarito 6, y 24 en la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada. En el desglose por Subprocuradurías, se observa que en la mayoría de las unidades o agencias se encuentra asignado solo un agente del MP. En el caso de Mexicali, la mayor cantidad de agentes se concentra en la zona poniente en la Unidad de Investigación de Delitos con Detenidos, con un total de 10, seguida por las Unidades de Investigación de Delitos Contra Robo (8), Robo de Vehículos (7), Foráneas (7), con Detenidos Oriente (6), Contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia (4), Contra la Libertad Sexual y la Familia (3), Contra las Personas y su Libertad (3), la Dirección de APs y Control de Procesos (3) y la Agencia del Ministerio Público Para Adolescentes (3). Las áreas con un solo agente son cada uno de los juzgados, que son 10. Asimismo, en cada una de las siguientes agencias investigadoras: Delitos Patrimoniales; Delitos de Robo y Robo de Vehículos; Delitos Sexuales, Violencia Familiar, Delitos Contra la Vida y la Salud; Delitos Contra la Seguridad Social, Delitos de Daño en Propiedad Ajena y Delitos por Culpa. En Tijuana, las asignaciones varían de 6 a 2 agentes por agencia, quedando la distribución como sigue: Robos (6), La Mesa (5), Lesiones (5), Delitos Sexuales (5), Otay (4), Matamoros (4), Homicidios Culposos (4), Delitos Patrimoniales (4), Adolescentes (3), Subprocuraduría (3), Dirección de Averiguaciones Previas (2), y Despojos (2). De los 36 agentes en la Subprocuraduría de Zona en Ensenada la distribución es la siguiente: Dirección de Control y Procesos (12), Agencia Iniciadora-Conciliadora Con Detenido (3), Agencia Investigadora en Delitos de Robos (3), Agencia Investigadora en Delitos de Robo de Vehículos (2), Agencia Receptora Maneadero (2), Agencia Receptora San Quintín (2), Agencia Investigadora en Delitos Patrimoniales (2), Dirección de Averiguaciones Previas (1), Agencia Investigadora en Delitos Contra la Vida y la Salud (1), Agencia Investigadora en Delitos Sexuales y Violencia Familiar (1), Agencia Investigadora en Delitos Culposos (1), Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en San Quintín (1), Agencia Receptora Zarco (1), Agencia Iniciadora Praderas del Ciprés (1), Agencia Investigadora en Delitos Contra la Seguridad Social (1); Agencia para Adolescentes (1), Agencia para Adolescentes San Quintín (1). En Tecate, la PGJE cuenta con 4 agentes en la Agencia Receptora, y el resto distribuido como sigue: Dirección de Control de Procesos (2), Justicia Alternativa (1); Poblado El Hongo (1), Poblado La Rumorosa (1), y la Agencia Investigadora de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar (1). Playas de Rosarito, el municipio con el menor número de agentes asignados, los distribuye de la siguiente forma: Agencia Receptora (4), Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales (1), y Agencia Adscrita al Juzgado de Primera Instancia Penal (1). Por último en este listado, se encuentra la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada que distribuye a sus agentes de la siguiente manera: Unidad de Homicidios y Secuestros de Nuevo Sistema en Mexicali (6); Agencia de Homicidios Tijuana (5), Agencia de Robo de Vehículos Tijuana (5), Agencia de Secuestros Tijuana (4), Agencia de Homicidios Sistema Tradicional Mexicali (2), Agencia de CAPEA en Tijuana (1), y Agencia de Trata de Personas en Tijuana (1). En más resultados, se pidió a la Procuraduría brindara porcentajes sobre las resoluciones dictadas por los Ministerios Públicos en el ejercicio de la acción penal, que fueran confirmadas por jueces penales en el Estado, así como el número de éstas y el número de las no confirmadas, desde el 1 de enero de 2008 a la fecha, siendo su cierre de información el 30 de junio de 2012. Tijuana ocupa el tercer sitio en lo que se refiere a las Subprocuradurías de Zona, siendo la que obtuvo el mayor porcentaje de confirmaciones, Mexicali; seguida por Ensenada, Tijuana, Playas de Rosarito y en último lugar Tecate. No obstante el número de resoluciones en esta ciudad se dispara, casi cuadruplicando las cifras de Mexicali, y muy distante del resto. Otras de las preguntas planteadas originalmente por los abogados en Baja California iban encaminadas a conocer los gastos del Procurador General de Justicia Rommel Moreno. Los abogados buscaban conocer cuánto gasta Rommel en hoteles, en restaurantes y en renta de salones sociales para realizar eventos de la PGJE. También querían saber sobre sus gastos en viajes, las ciudades que ha visitado y quién le ha acompañado. La Procuraduría negó dicha información, catalogándola como reservada, utilizando el “Acuerdo de Reserva número 01/2012 de fecha 11 de Julio de 2012”, que bloquea el acceso a dicha información bajo lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. De acuerdo a la respuesta de la PGJE, la información reservada es la “bitácora y el control de la Agenda del Procurador General de Justicia del Estado, así como los planes y programas de las actividades y reuniones de trabajo, las invitaciones, correspondencia, eventos especiales y cívicos, las fechas, horarios, lugares y en general, los datos relativos a trasportación terrestre, aérea o marítima…”. Pese a no establecer que no pueda informar sobre sus gastos, la “proactiva” PGJE, en palabras de Rommel, no quiso responder. Los convenios y avances de los mismos, eran otras de las dudas planteadas por la Fedabo. En ese sentido, la pregunta elaborada por ZETA estuvo dividida en 4 partes, primero intentando conocer cuáles eran los convenios; conocer los recursos asignados a los mismos; conocer si existía información reservada en algún convenio; y conocer los avances de cada convenio firmado desde el 1 de enero del 2008. La PGJE aseguró tener el listado de sus convenios en el Portal de Internet de la PGJE, http://www.pgjebc.gob.mx/, en “…el menú superior del lado izquierdo en la sección CONÓCENOS la opción CONVENIOS”. Sobre los gastos, hicieron referencia a 3 convenios. Con Cetys Universidad, Univer Noroeste y de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los Estados Occidentales (CWAG, por sus siglas en inglés). Con Cetys el recurso ha fluido de la siguiente manera 225 mil 700 pesos en 2009; 455 mil 800 en 2010; 244 mil en 2011 y en lo que va de este año 25 mil 575 pesos. ¿El objetivo de este recurso?, “…brindar capacitación para el personal en activo de esta Dependencia”, afirma la PGJE. En lo que respecta a Univer Noroeste, que solo refieren es un convenio general “de Coordinación”, los montos han sido 236 mil en 2009; 744 mil 40 en 2010; 543 mil 680 en 2011; y en 2012 son 435 mil 274.50 pesos. CWAG no le ha costado, asegura la PGJE: “… no se ha destinado presupuesto alguno de partidas de capacitación para el desarrollo de los cursos y visitas derivados de convenios como lo es el Convenio de Colaboración con CWAG, Procuradurías Estatales de los Estados Unidos y la PGJE, por lo que se ha obtenido un ahorro del $9´337,500.00 M.N.”, afirman. Y en lo que respecta a avances reportaron haber logrado lo siguiente: el ingreso de 85 prestadores de servicio social en la PGJE a través de convenio con el Centro de Estudios Universitarios de Noroeste, 10 de la Universidad Rosaritense, 22 de Xochicalco, y 5 del Centro de Estudios Universitarios Benito Juárez; obtención de grado de maestría de 7 servidores públicos mediante convenio con CETYS Universidad y 6 empleados más que están cursando estudios de posgrado. También, la PGJE recibió 17 cursos de capacitación impartidos tras convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 27 agentes obtuvieron licenciatura en derecho en Univer; 268 empleados de la PGJE realizaron viajes a través del convenio CWAG, tomando cursos en California, Dakota del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Chicago, Florida, Nueva York, Cancún, México D.F., y videoconferencias en Mexicali y Ensenada. Además, con diversos “Acuerdos de Entendimiento” con Estados norteamericanos, la PGJE envió a capacitar, en materia de justicia, a su personal a distintas ciudades: 10 servidores públicos recibieron 2 cursos en Washington; 42 tomaron 3 cursos en Arizona; 36 tomaron 3 cursos en Colorado; 20 tomaron 1 curso en Idaho; 15 tomaron 1 curso en Nevada; 62 tomaron 3 cursos en Colorado; 8 tomaron 1 curso en Oregón; 27 tomaron 2 cursos en Utah; y 5 más en la Columbia Británica en Canadá, también tomaron cursos sobre juicios orales y justicia de Estados Unidos. Entre las 18 preguntas de la Fedabo, procuraban también conocer cuántas plazas nuevas existían, a lo que ZETA planteó lo siguiente vía Transparencia: “¿Cuántas plazas de funcionarios públicos y de qué categoría, se han creado en la institución (PGJE), desde el 1 de enero de 2008 a la fecha? Incluir nombre y remuneración que recibe cada uno de esos empleados (excepto los de escoltas y personal asignado a la seguridad personal del Procurador)”. La respuesta vino a medias, pues los nombres no fueron dados a conocer, pero sí las nuevas plazas que dieron un total de 464 y se distribuyen de la siguiente forma: Coordinador Técnico Especializado (4); Canalizador (2); Perito (93); Trabajadora Social (8); Psicólogo (5); Auxiliar Administrativo (4); Secretario de Acuerdos (4); Agente de la Policía Ministerial (118); Agente del Ministerio Público (79); Analista Especializado (9); Comandante de Zona (1); Analista Jurídico (6); Coordinador Ejecutivo (1); Supervisor de Proyectos (2); Coordinador Operativo PGJE (1); Mediador (23); Auxiliar de Justicia Alternativa (14); Especialista Mediador (3); Notificador (16); Auxiliar del Ministerio Público Investigador (64); Analista y Programador de Sistemas de Informática (6); Sub Oficial de la Policía Ministerial (1). Otra pregunta, relacionada con los tiempos promedio de integración desde que se presenta una denuncia de hechos constitutivos de delito, hasta el momento en que se determina una averiguación previa, no arrojó un estimado de la PGJE, pues la respuesta obtenida se basó únicamente en los tiempos establecidos por la Ley y no en un promedio de eficiencia medido por la dependencia estatal. Siguen revisando abogados respuesta de la PGJE Tras haber tenido conocimiento de la respuesta hecha por la PGJE, las impresiones de distintos abogados ensenadenses sobre lo expresado por la dependencia, a través del portal de transparencia del ejecutivo estatal, fueron mesuradas. La postura de los integrantes de la Fedabo se conocerá, de acuerdo a su presidente Miguel Arregui Ibarra, hasta que las distintas barras y colegios que lo integran se reúnan y discutan respecto a la información proporcionada por la Procuraduría, evitando de momento cualquier posicionamiento en lo individual. Otros organismos que hicieron una revisión a las respuestas de la PGJE, han sido el Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho de Ensenada A.C., que se mantiene analizando los datos desde hace aproximadamente una semana. Su representante, Angélica María Laborín Navarro, aseguró que el Colegio responderá de vuelta lo dicho por la PGJE, lamentando de inmediato la falta de respuesta en el tema de gastos de viajes, renta de salones y dinero invertido en hoteles, que la Procuraduría se negó a entregar, bajo el argumento de ser información restringida. El Frente Cívico de Ciudadanos A.C. revisó también la información. Este último cuenta con distintos profesionistas entre sus miembros, entre ellos abogados. El lunes 6 de agosto, Ignacio Rubén Avilés Sánchez, Presidente del Consejo Directivo del Frente Cívico, envió un posicionamiento formal de la asociación. “Los integrantes del Frente Cívico de Ciudadanos, A.C., opinan que las cifras como estadísticas administrativas a veces son maquilladas y no reflejan la realidad de los hechos que los abogados nos damos cuenta al acudir a las Agencias Especializadas y a las Receptoras del Ministerio Público del fuero común para la integración de las Averiguaciones y la continuación del proceso ante los juzgados penales. “Y ante esto proponemos, que independientemente de las cifras se debe apoyar en todos lo aspectos al personal subordinado de las agencias, como son: a secretarios de acuerdos, Agentes, Policías Ministeriales, peritos y personal auxiliares. “Que a veces por la falta de apoyo por los altos funcionarios, se hace el rezago en las áreas operativas, y para que sean más eficientes en las integraciones de las averiguaciones y resoluciones de consignaciones o consulta de archivo, se debe integrar a todo el personal como si fuera uno solo dentro de la procuraduría, y no solo a un grupo determinado cerca del Procurador”. Y es que la impresión de Avilés va encaminada a una distribución equívoca de las tareas y recursos, que dejan, precisamente como lo mencionan en su postura oficial, con una sobrecarga de trabajo al personal que trabaja en las oficinas, en resumen, lo que observan es una mala administración hacia el interior de la Procuraduría.