Los desencuentros entre MVS y el gobierno federal siguen en boga, tal como constataron los hechos suscitados esta semana, donde finalmente la cabeza de la periodista Carmen Aristegui presuntamente estuvo en juego. Cinco años han transcurrido del jaloneo que comenzó entre el medio de comunicación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, período que no bastó para que las partes se pusieran de acuerdo para prorrogar las frecuencias que la compañía tiene en la banda de 2.5 GHz. El marzo pasado se dio a conocer que la autoridad le requirió a la empresa una contraprestación de mil 700 millones de dólares para mantenerse en la jugada, lo que generó la negativa de MVS. En abril de este año la firma ya había sostenido que la SCT, junto con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), no podrían retirar sus concesiones porque seguían pendientes litigios para confrontar la negativa que el gobierno dio de una extensión de plazo. De ahí la bomba estalló apenas el 8 de agosto, cuando el titular de la citada secretaría, Dionisio Pérez Jácome, expuso que dará inicio un proceso para recuperar la banda de 2.5 GHz y licitarla para su oferta de servicios de banda ancha 4G. La reacción de Jorge Vargas Guajardo, quien está al frente de MVS, llegó el martes 14 del mes en curso, cuando denunció que el gobierno trató de negociar a su conveniencia y que incluso, pidió la salida de la periodista Carmen Aristegui a cambio de la prórroga, lo que claramente se califica como chantaje. Por supuesto Jácome rechazó la versión de Vargas, y a su defensa salió la Secretaría de Hacienda, que a través de un comunicado estableció: “El Estado está obligado a administrar el espectro radioeléctrico con eficiencia y economía, y por ello, tiene el derecho a recibir una contraprestación económica que refleje el valor de mercado de este recurso escaso. “Sobre este punto, en el ámbito de sus facultades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabajó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en buscar las mejores condiciones para la explotación del espectro en beneficio del país”. Esto, claro, por aquello de que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, propiedad de la nación, y no pertenece a la iniciativa privada. El detalle es que de llegar a confirmarse el precio que le pusieron a la labor de Aristegui, esto podría interpretarse como un acto premeditado de censura que marcaría no solo el cierre del sexenio de Felipe Calderón, sino el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República de aquí al 2018.
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