Los niños del cártel

Menores narcomenudistas pueden ser internados hasta por 10 años “Un día que iba llegando a la casa donde venden las tachas, al acercarme, uno de los muchachos me dijo que le hiciera un favor, que si le daba una bolsita con hierba a una muchacha que estaba ahí estacionada en su carro esperando la droga, y nada más se la llevé al carro, eso fue todo…”, fue  la declaración de una menor de 13 años ante la autoridad ministerial, que primero denunció a un grupo delictivo de seis personas, de secuestrarla para vender droga. Después se retractó. Por esos hechos, hoy nadie permanece preso, ni existe un expediente abierto. El Cártel Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa están reclutando niños bajacalifornianos para sus actividades delictivas, ante la incapacidad de los gobiernos locales que sin investigar, detener y castigar a los responsables, se convierten en cómplices de esta vileza que está secuestrando la vida de miles de adolescentes en Baja California. Conforme las cifras de las policías locales, del 1 de enero al 31 de julio de 2012,  es Tijuana donde se presenta el 60 por ciento de la problemática; 201 menores de edad han sido detenidos por su participación en delitos contra la salud, y por lo menos 200 menores más, en los otros cuatro municipios. Están fallando los valores, las estrategias y la coordinación de las entidades incorporadas al Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, cuando en la Dirección de Atención a Niños en Riesgo Delictivo, refieren que el número de menores enganchados por las células de traficantes registra “un alarmante aumento”. Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono”, uno de los líderes operadores del narcomenudeo ligado al grupo de “Los Litos”, encabezado por los hermanos Miguel Ángel y Adrian García Rodríguez, fue detenido el 3 de julio de 2012. Confesó que integró su red de distribución -una de las más redituables en Tijuana- con menores de edad, pero eso no generó investigación para impedir el uso y abuso de estos adolescentes. A Toscano lo consignaron por posesión de arma de fuego y delitos contra la salud. Apenas pasaron 23 días e incidentalmente, el 29 de julio, policías estatales se toparon en recorrido de rutina con Alejandro A.B., de 16 años, quien sobre su espalda llevaba mil 100 dosis de heroína y otras 300 de cristal en una mochila. Era uno de los chamacos de Toscano sirviendo a “Los Litos”, quienes pagan piso al grupo sinaloense de Alfredo Arteaga y/o Arzate “El Aquiles”. Eran las 9:30 de la mañana. Alejandro A.B., un muchacho delatado por extrema delgadez y falta de higiene, estaba parado sobre la calle Michoacán de la Zona Norte. Cuando vio las patrullas intentó huir, pero lo alcanzaron en la esquina de Calle Baja California y F. Martínez. Lo presentaron ante la prensa como el principal operador del narcomenudeo en la Zona Norte, el sucesor de “El Mono”. Eso tampoco motivó indagatoria algunas. Todavía más. Antes que Alejandro, en lo que va de 2012 solo la Policía Estatal Preventiva había capturado a otros 12 menores dedicados a la venta al narcomenudeo en la misma Zona Norte; ocho de 17 años, dos de 16 años y dos de 14 años. Incluidos Heriberto de Jesús C.J. “El Oso”, y Josué V.G.  “El Chory”, viejos conocidos de los uniformados que ya forman parte del reciclaje cíclico de la zona. Respecto a este grupo delictivo que explota niños, las autoridades han mostrado una y otra vez su incapacidad. En octubre de 2011, César Gabriel García Rodríguez, uno de “Los Litos”, fue asesinado y se inició un expediente que permanece congelado en algún rincón de la Unidad Contra Delincuencia Organizada de la Procuraduría estatal. Mismo destino tuvo la información brindada en sus declaraciones por José Francisco Moreno Carrión, Salvador Ortega Ruiz, Francisco Amador Valencia y César Mejía Álvarez, detenidos el 21 de diciembre de 2010 como presuntos homicidas de los sobrinos del líder de célula en el CAF, el ex ministerial Juan Lorenzo Vargas Gallardo “El Chan”, amigo de la priista Liliana Sevilla. Confesaron ser parte del grupo criminal de “El Mono” y de Francisco Cuevas Romero “El Panchito” (asesinado), por  gente del bar As Negro y/o del bar La Caseta, a quienes identificaron como “El Güero Mangueras”, “El Orejón” y “El Cachetón”. Muchos nombres, apodos y direcciones salieron a relucir, pero nada de lo anterior ha generado la obligada acción coordinada para desmantelar esta banda de explotadores y envenenadores de menores que controla el área identificada como la más problemática en el estado en cuanto a narcomenudeo. En crisis desde 2009 La incompetencia gubernamental es más grave. El fenómeno de los niños vulnerados ante el narcotráfico es un foco rojo desde hace tres años. El 6 enero de 2009, tres jóvenes adolescentes fueron asesinados poco antes de las cuatro de la tarde. Recibieron balazos  frente a la escuela preparatoria donde estudiaban en Jardines de la Mesa. Dos días antes, en el fraccionamiento Chapultepec, habían abatido a tiros al joven José Fernando Labastida Fimbres, de familia adinerada. Ambos asuntos fueron ligados por los agentes investigadores a la venta de droga al menudeo. En el caso del triple homicidio se mencionó que Manuel Tadeo Rivera, uno de los fallecidos, encabezaba una banda de muchachitos identificada como “Los Juniors”, dedicados a la venta de droga que recibían de “La Güera” -tío de Tadeo- y que todos operaban para el grupo de “Los Teos”. Como ejemplo, lo que informó Rosa María Solís, de la Dirección de Atención a Niños en Riesgo Delictivo ante la Asociación Estatal de Periodistas, en abril de este año: Que en 2009 en Mexicali, 13 mil menores habían sido detenidos y presentados ante la autoridad competente por “acciones antisociales”. Del total, solo mil 843 fueron consignados, y de éstos, únicamente a 345 (el 2.6 por ciento) se les inició un proceso ante Juzgado. Ese año, los tres juzgados para adolescentes radicados en el estado reportaron que mil 449 menores fueron procesados por acciones delictivas. Acorde a las estadísticas de los jueces, el 70 por ciento de los llegan por delitos contra la salud se quedan internados. Según los números expuestos por Solís, en ese año 200 niños fueron a prisión por haberse involucrado en el narcotráfico. Actualmente existe un desfase entre las estadísticas oficiales. Los jueces recibieron mil 425 menores en 2010; mil 317 chamacos en 2011; y 266 durante el primer trimestre de 2012. En su experiencia, un promedio del 40 por ciento de los asuntos están ligados a delitos contra la salud. La subsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario informó a ZETA que de los  463 menores de edad presos por diversas conductas delictivas en el estado (en Mexicali son 68, en Ensenada 105 y en Tijuana 290), solo 15 (7 en Mexicali, 6 en Tijuana, 2 en Ensenada) están internos  por delitos de narcotráfico. Susceptibles de ser enganchados Sin el menor escrúpulo, los cárteles reclutan a estos menores por dos vías: convirtiéndolos en consumidores, o como distribuidores, asegurándoles que si los detiene la autoridad, no les va a pasar nada porque son niños, lo cual es mentira. La Ley indica que podrían ser internados en una prisión para menores hasta por 10 años. Un diagnóstico realizado en escuelas consideradas de alta peligrosidad por la Dirección de Atención a Niños en Riesgo Criminal, dio como resultado que 40 por ciento de los menores tiene algún tipo de contacto con estos grupos delictivos, a pesar de que el 80 por ciento de ellos pertenece a familias bien integradas. Estos niños meten los enervantes a las escuelas, desde primaria hasta preparatoria, y convierten a menores entre 12 y 17 años en sus principales distribuidores. La semana pasada, el Juzgado para Adolescentes en Mexicali recibió a un muchachito con 5 kilos de cristal. El chico, quien está en la escuela, no tiene antecedentes de delitos o capturas previas, sus padres estuvieron en la audiencia. En el asunto hubo un adulto involucrado. “Es la clásica que el menor se echa la culpa para liberar al adulto, porque al mayor de edad le esperan de 15 a 20 años de cárcel, pero ¿qué anda haciendo este joven con cinco kilos de cristal?”, se preguntó el juez, quien lo dejó interno para procesarlo debido a la gran cantidad de droga. Como carne de cañón están los niños en situación de calle. Tan solo en Tijuana, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estima más de 5 mil. En ese esquema encuadró el caso de Elizabeth G.U., de 13 años. El 22 de julio de 2012, en aparente estado de intoxicación,  la niña le dijo a la Policía Municipal de Tijuana que “… había sido privada de su libertad por la fuerza en un predio abandonado utilizado como refugio de los adictos a las drogas”, manifestando que en dicho lugar le habían suministrado “pastillas psicotrópicas”, forzándola a distribuirlas bajo amenaza de muerte hacia sus familiares. Acorde al informe, los agentes se presentaron al lugar denunciado, donde encontraron a seis personas que detuvieron, y al revisar la casa, encontraron 20 envoltorios de marihuana y 24 pastillas que, de acuerdo al análisis de la federación, dieron negativo. No era droga.     Ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Elizabeth  admitió que en algún momento entregó una bolsita de marihuana a un consumidor del grupo de narcomenudistas detenidos, pero fue un favor incidental porque ella estaba ubicada, geográficamente, entre el comprador y el vendedor. En la Procuraduría del Estado manifestó: “A los policías les dije que me traían vendiendo droga, pero no fue así…no es cierto que me hayan amenazado con matar a mi familia. Tampoco es cierto que me tenían secuestrada”. Respecto a los hombres y mujeres capturados tras su denuncia expuso: “El día jueves (19 de julio 2012), como a las cinco de la tarde, pasé por la (colonia) Obrera, donde está el terreno y el cuarto donde viven todos los que detuvieron este día, y se me ocurrió llegar a pedir que me vendieran una tacha y la compré en 10 pesos”. Sus declaraciones indican que mientras estuvo fuera, convivió con los detenidos. Comentó que una de las mujeres la llevó a Rosarito, y la otra, a quien identificó como “La Sinaloa”, le aconsejaba que no se drogara, y que además, es “una muchacha buena”. Esta adolescente consume alcohol, fuma cigarrillos y desde el 14 de julio de 2012, según su versión, también “tachas”. No estudia, se escapó de su casa durante una semana, y con su declaración emitida en estado de sobriedad, decidió exculpar a sus presuntos captores. Ninguna autoridad consideró investigar el expediente a fondo. Lo mismo sucede con el resto de casos similares. Presentados por decenas El 5 de julio de 2012, la Policía Municipal de Mexicali detuvo a dos menores en posesión de marihuana. Uno de 17 años en Paseo de las Hadas del fraccionamiento Fovissste, y un quinceañero en la calle Luis Echeverría, en Colonia Nacionalista. El 12 de julio, la PEP presentó a José Ramón Quintero Maya, que usaba a sus dos sobrinos menores en su tiendita para venta de marihuana y cocaína en la colonia Pro Hogar, también en la capital. En diversos operativos estatales, otro un menor fue detenido vendiendo drogas en la colonia Baja California de Mexicali, el 18 de julio, y la Municipal capturó el 1 de febrero, en un lote baldío localizado sobre Avenida Ejército Libertador y Tierra Libertad,  Colonia Emiliano Zapata, a ocho narcomenudistas, incluidos dos menores de 16 y 17 años, por cierto, hermanos. En Tijuana, otros dos chamacos detenidos el 29 de junio en el Pedregal de Santa Julia, y otra niña en un lote baldío del Ejido Francisco Villa, casos publicitados en la prensa a través de conferencias. ZETA solicitó a autoridades estatales y municipales los números de los menores detenidos, presentados, consignados, procesados y sentenciados, para hacer un análisis de la situación, sin embargo, muy pocos fueron puestos a disposición, básicamente los de Tijuana, donde se enfrenta el mayor problema. Del 1 enero al 31 julio de 2012, ante la PGR presentaron 201 menores de edad por delitos contra la salud. La Policía Municipal remitió 149 y la Policía Estatal Preventiva 52, la mayoría de ellos aprehendidos en el área de tolerancia conocida como Zona Norte, y en las colonias de la Zona Este. De hecho, estos menores dedicados al narcomenudeo representan el 33 por ciento del total de las capturas realizadas por la PEP en Tijuana, y en el orden municipal, las actividades criminales de los niños, relacionadas con delitos contra la salud, llámese posesión, transporte o incitación al consumo, significan el 16 por ciento del total de los menores detenidos. Silo es superada por el robo. El total de menores detenidos en Tijuana por diversas conductas criminales y antisociales en este primer semestre fue de mil 018. La mayoría de los muchachos implicados con los cárteles está entre los 15 y 17 años, sin embargo, un 10 por ciento son menores de 14 años. En lo que respecta a la procuración de justicia, no informaron la cantidad de expedientes que reciben los ministerios públicos para Adolescentes, ni el número que son enviados y admitidos por los jueces. En el poder judicial, los Juzgados de Primera Instancia para Adolescentes radicados en Mexicali, Tijuana y Ensenada, de enero a marzo, recibieron 372 menores  y consignaron a 262. En 2011 recibieron mil 317 casos, y consignaron 572. Pero el promedio de 2007 a la fecha ha sido de mil 400 jóvenes procesados al año, ante un juez en el estado de Baja California. Un promedio de 65 niños y adolescentes ligados a las células de los cárteles de la droga son juzgados al mes por delitos contra la salud en Baja California, de esos, el 63 por ciento, los apresan en Tijuana, 21 por ciento en Mexicali y 16  por ciento en Ensenada. Cifras que solo incluyen a menores entre 12 y 17 años, que llegan a ser castigados por involucrarse en actividades criminales, pero ni incluye ni afecta la actividad de sus enganchadores. Solo los mayores de 14 años pueden ser internados. Con los detenidos menores de 14 años y mayores de 12, la Ley establece que no pueden ser apresados. “Todo el tratamiento para éstos es externación, en centros educativos, en contacto con la población en general, y eso los hace más vulnerables al contexto de riesgo”, explicó Rosy Solís. De 2 a 10 años de prisión a menores narcomenudistas A partir de una disposición de la Suprema Corte de Justicia emitida en 2001, cuando determinó que como no hay Juzgados para adolescentes en materia de delitos federales, serán los Tribunales del Orden común los que conocerán y desahogarán los casos que involucren a menores de 18 años. Los jueces estatales se hacen cargo de los casos de delitos federales cometidos por menores. “Tampoco hay una Ley Federal de Justicia para Adolescentes, solo un proyecto en el Senado que todavía no se aprueba, pero incluso aprobándose el transitorio de esa Ley, indica que entrará en vigor dos años después de su publicación” explicó Álvaro Castilla Gracia, Juez de Primera Instancia Especializado en Justicia para Adolescentes. Es muy común que bandas de delincuencia organizada utilicen a jóvenes. “Los van envolviendo con la premisa errónea de que, porque son menores, no les va a pasar nada, después los muchachos terminan aceptando por ganar dinero. Incluso, cuando los remiten es muy frecuente que en sus entrevistas los muchachitos manifiesten que ya se quieren ir, y que les han dicho que no les puede pasar nada porque son menores”, detalló Castilla. De igual manera, expuso la frecuencia con que los padres de estos niños están conscientes de que sus hijos están metidos en acciones ilegales, pero como les ayudan con el gasto familiar, llegan al edificio del Poder Judicial exigiendo su libertad, con el argumento que debe estar fuera “solo porque es menor”. “Les explicamos que si son delitos graves, pueden estar detenidos hasta 10 años, según el Artículo 160 de la Ley de Justicia para Adolescentes”. Cuestionado respecto al orden de la incidencia delictiva en los casos que atiende, detalló: “En primer lugar tenemos delitos patrimoniales/robos; en segundo, narcomenudeo/delitos contra la salud; seguidos por delitos sexuales, lesiones, y al final homicidios”. Comportamiento similar al que se da en los Juzgados de Tijuana y Ensenada. “De los delitos federales, la mayoría son por narcomenudeo, chamaquitos con ocho o diez grapas, globitos, el mínimo en droga sintética son 40 miligramos, de marihuana, 4 gramos, arriba de eso quedan detenidos. Claro que hemos tenidos jóvenes que han traído 5 kilos, 10 kilos, 800 kilos inclusive, pero son los menos”, citó el consultado. El Juzgado que Castilla el encabeza recibe un promedio de 70 expedientes al trimestre, de éstos, el 40 por ciento corresponde a delitos contra la salud, y del total de los presentados, el 70 por ciento se queda detenido. El resto es sentenciado a un apercibimiento. Aunque pueden alcanzar sentencias de10 años en prisión, la mayoría son internados por tres o cuatro años, y cumplen las tres cuartas parte de la pena porque los muchachos y sus familias se someten a programas de reinserción. Considerando los porcentajes del Juzgado de Mexicali como muestra y que durante 2011, de los mil 317 casos recibidos, 572 fueron consignados, significaría que más de 200 de estos menores ingresaron a los centros de readaptación de menores por sus ligas con miembros del crimen organizado que no han sido investigadas. En la Procuraduría del estado traen varios programas de intervención temprana en las escuelas para identificar a los niños en riesgo, diagnosticar el peligro y combatirlo. Otras organizaciones no gubernamentales imparten cursos de valores, pero en ambos casos, el alcance y los esfuerzos están limitado económicamente. Sin embargo, de poco o nada valen estos limitados programas preventivos, ni los esfuerzos de las policías municipales con sus cientos de capturas, o los proyectos de reinserción social  planeados en centros de diagnóstico o de ejecución de sentencias, si al regresar a sus comunidades deben enfrentarse nuevamente a líderes de células de narcomenudistas y cabezas de los cárteles que impunemente se aprovechan de su inmadurez, necesidad y desconocimiento, sin que el gobierno local responsable de brindar seguridad, emprenda junto a integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, un combate estratégico y organizado contra este flagelo. Consignan a militares Luego de permanecer arraigados por más de 70 días, los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González, así como el Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, fueron consignados ante un juez federal por presuntos vínculos con el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva. Los acusados fueron presentados ante el  Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de la entidad, Raúl Valerio Ramírez, en una sala de audiencias del penal de alta seguridad del Altiplano.  Por tratarse de diligencias de carácter privado, se desconoce si los mandos castrenses rindieron su declaración preparatoria o se abstuvieron. El caso de los generales del Ejército detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, inició oficialmente el 15 de mayo, cuando Ángeles, Dawe y Escorcia fueron trasladados de sus domicilios a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y posteriormente entregados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por integrantes de la Policía Judicial Federal Militar. El juzgador libró la orden de captura contra el General de Brigada, Rubén Pérez Ramírez, por delitos contra la salud  “en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza”. La PGR no había informado sobre la existencia de este mando, quien hasta junio de 2011 se desempeñaba como Comandante de la XXII Región Militar en el Estado de México, siendo detenido meses después por otros ilícitos. Autoridades de la Procuraduría General de la República indicaron que su detención fue previa a la de los generales y del teniente arraigado, e incluso declaró contra Dawe al asegurar que éste presuntamente le envió a dos narcotraficantes cuando él fungía como jefe de la guarnición de Cancún, en 2007, para que facilitara al Cártel de los Beltrán Leyva el arribo de cargamentos de droga vía aérea en el aeropuerto de esa ciudad. Otro militar implicado en el caso, es el Mayor Iván Reyna Muñoz, quien ya estaba detenido por un fraude y en esta indagatoria testificó contra Ángeles Dauahare, sobre sus presuntos encuentros con narcotraficantes. Supuestamente, todos los mandos del Ejército acusados recibieron cuantiosos sobornos para permitir que el Cártel del Golfo recibiera sus remesas de cocaína desde Centroamérica, además de facilitar su traslado en territorio nacional y proteger las actividades de sus células, aprovechando sus posiciones de poder en las Fuerzas Armadas. A partir del jueves 2 de agosto, la defensa de los mandos militares que ingresaron al penal de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, desarrollará diligencias en las que el juez desahogará pruebas que ofrezcan los militares a través de su defensor particular, tras lo que se definirá si les inicia proceso, o se les dicta auto de libertad. Ricardo Sánchez Reyes Retana, representante legal de Ángeles Dauahare, así como Fernando López Capella, defensor de Dawe González, aseguraron que lejos de afectar a sus clientes, la consignación de éstos permitirá refutar las acusaciones que formuló la PGR en su contra, pues insisten en que hay evidencias de que los cargos son infundados y solo se fundamentan en declaraciones de testigos protegidos, sin ninguna otra prueba que acredite la veracidad de esas versiones. De granadazos y asaltos Hasta el 30 de julio se mantenía inédito el ataque con granadas a centros comerciales. Antes de las 7:00 am del último lunes de julio, cuando los empleados se disponían a abrir un establecimiento Soriana en Nuevo León, tres individuos aventaron desde una camioneta explosivos molotov. Afortunadamente, no hubo heridos qué lamentar. Los hechos ocurrieron en la sucursal de la colonia Hacienda San Miguel, en el municipio de Guadalupe. Tres días antes, el viernes 27 de julio, el denominado Casino Revolución fue atacado con una granada de fragmentación que por fortuna no explotó, además de que hombres armados dispararon contra ese negocio de apuestas. Jorge Domene, vocero de inseguridad del estado de Nuevo León, de plano sugirió a los ciudadanos evitar ir a los casinos: “El llamado que se ha hecho a la sociedad, de evitar en la medida de lo posible el estar en esos lugares, que al final no por los ataques, sino porque no deja nada bueno para sus vidas”. En fechas recientes, Nuevo León se ha caracterizado por el ataque con explosivos a diversos establecimientos. Apenas el domingo 29 de julio, el periódico El Norte fue incendiado en sus instalaciones de Edición Sierra Madre en Monterrey. “No podemos con esto provocar una especie de amedrentamiento o de amenaza contra la libertad de expresión, de libre prensa”, expuso el gobernador Rodrigo Medina. A la fecha no ha habido detenidos, y menos aún sentenciados por los ataques con granadas de fragmentación, cada vez más comunes en aquella entidad. Los granadazos ocurren en medio de la guerra que el Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel del Pacífico, sostienen por la añorada plaza neolonesa. Finalmente, en el estado de Veracruz otra vez fue asaltado un camión de transporte de recursos del Programa Oportunidades del gobierno federal. El frustrado atraco ocurrió el lunes 30 de julio, entre Onatal Azteca y Otatitlán. Los empleados federales y policías municipales se dirigían a hacer entrega de los recursos económicos a diversos beneficiarios del programa. Cinco policías municipales murieron en el ataque sufrido por el convoy federal. El jueves 2 de agosto por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz informó que fueron detenidas seis personas presuntamente culpables de los asesinatos. Decomisos de droga en la región La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la II Región Militar y la Policía Estatal Preventiva hicieron públicos los resultados de los decomisos de droga obtenidos en el periodo que comprende del 27 de julio al 2 de agosto del 2012. Entre estas fechas, el trabajo de los militares de la región fue más efectivo al descubrir el 31 de julio, en el municipio de Tecate, Baja California, 21 plantíos de marihuana sobre una superficie de 3 mil 893 metros cuadrados, los cuales fueron incinerados y destruidos por los elementos castrenses. Además se logró localizar tres pozas almacenadoras de agua, un arma larga con 180 cartuchos útiles, así como un sistema de riego artificial. Lo lamentable es que no hubo detenidos. 31 de julio.- En Ensenada los militares atendieron una llamada ciudadana, la cual manifestaba que entre Calle Tercera y Avenida “F” del Ejido Esteban Cantú, se encontraba una persona descargando droga de una embarcación, trasladándose el personal castrense y policial al lugar en mención para detener a una persona del sexo masculino a quien se le incautaron 97 paquetes de mariguana con un peso aproximado de mil 067.695 kilogramos. 37 bidones conteniendo combustible de dos tiempos para motores fuera de borda haciendo un total aproximado de mil 850 litros, además de un vehículo, una embarcación y dos  motos acuáticas. Mientras que en Tijuana otra denuncia ciudadana alertó a las autoridades de que en la Calle Michoacán de la Colonia Las Torres parte alta, Delegación Centenario, constantemente entraban y salían personas a bordo de autos extrayendo paquetes, así que al arribar los militares y policías lograron asegurar 142 paquetes de mariguana con un peso de mil 061 kilogramos. Además de un recipiente de plástico que contenía mariguana con un peso de 27 kilogramos. Haciendo un total de mil 088 kilos de mariguana. Y en San Felipe, personal castrense detuvo a dos personas del sexo masculino que se encontraban distribuyendo dosis de la droga sintética conocida como cristal. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Asimismo, en la región de Sonora, dentro del municipio de Opodepe, personal militar efectuó una revisión a un tracto-camión logrando asegurar 11 paquetes de mariguana con un peso total de 9 kilos 500 gramos, mismos que venían ocultos en cinco casas para perro con doble fondo. Los castrenses detuvieron a dos personas que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. 1 de agosto.- En Mexicali, el turno fue para la Policía Estatal Preventiva, que consiguió  la detención de dos narcomenudistas y el decomiso de la droga conocida como ice. Los hechos se concretaron debido a una denuncia anónima, donde un ciudadano señaló que en un domicilio ubicado en la colonia Rivera Campestre, personas de aspecto sospechoso realizaban compra y venta de sustancia prohibidas, por lo que solicitaban la presencia policíaca. De inmediato los elementos se trasladaron a dicha colonia, para detener a una persona en su domicilio encontrándole 44 dosis de la droga sintética. 2 de agosto.- Derivado de una denuncia anónima los agentes de la PEP lograron la detención de un narcomenudista en posesión de mariguana, quien manifestó trabajar para agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) en la delegación González Ortega. Los elementos ubicaron el domicilio que coincidía con las características que proporcionó el ciudadano en su denuncia. En las afueras de la casa se encontraba un sujeto que al notar la presencia de la PEP intentó introducirse, pero de inmediato fue detenido encontrándole en la bolsa del pantalón un envoltorio con 35 gramos de mariguana, cantidad para elaborar 70 cigarrillos. Además, el miércoles 1 de agosto se decomisaron 100 libras de metanfetaminas con un valor de 2.1 millones de dólares, a bordo de una camioneta Trail Blazer conducida por un funcionario americano, cerca de la frontera con México. Ese mismo día, en la Garita de San Ysidro se encontraron 28 paquetes de metanfetaminas, en un auto estacionado en la Línea. En este caso no hubo detenidos.