Los abusos del Congreso

Arrincona ciudadano al legislativo Amparados en la inexistencia de un órgano fiscalizador independiente que los vigile o controle, en medio de una crisis económica, en menos de tres años, los diputados locales han crecido sus recursos disponibles, dependiendo del rubro, desde un 300 hasta un 800 por ciento. La lucha ciudadana que de manera individual encabeza desde hace un año el mexicalense Mario Hurtado de Mendoza semeja el pleito de David contra Goliat. De acuerdo al pasaje bíblico este último basaba su confianza en la estatura descomunal y su fortaleza física, pero David logró vencerlo con apenas una honda, piedras y un palo, pero sobre todo con arrojo e inteligencia. El lado fuerte es el Congreso del Estado, sus 25 diputados y un millonario presupuesto emanado de las arcas públicas en plena opacidad. Hurtado de Mendoza, armado con la Ley de Transparencia, perseverancia, conocimientos contables y astucia política parece tener al legislativo contra la pared. Desde hace un año este ciudadano inició un proceso para conocer no solo el presupuesto desglosado del Congreso del Estado, sino más que nada buscando el llegar al fondo del gasto, desmenuzar en qué, cómo, cuáles partidas, los porqués de ese gasto, quiénes se benefician, cómo lo justifican. Hasta ahora los datos logrados son sumamente reveladores, por ejemplo: En el rubro de Servicios Personales, en el 2010 el Congreso presupuestó en números redondos 164 millones de pesos, pero al 2011 ya con la legislatura acaparada por el PRI subió a 215 millones y para este 2012 a 268 millones de pesos. Lo destinado a Gestión Social, que en el año 2010 fue 9 millones de pesos, en el 2011 lo acrecentaron a 9 millones 900 mil pesos, pero en el año electoral de 2012, la cifra aumentó escandalosamente a 89 millones de pesos. Más del 800 por ciento de aumento para que los señores pudieran cooptar votos, otorgando apoyos a la ciudadanía. Los recursos programados como “Apoyo a Comisiones” que en el 2010 se sostuvieron perfectamente con 19 millones, para el 2011 los aumentaron a 50 millones y en 2012 de plano se sirvieron con la cuchara grande y asignaron 75 millones de pesos, se otorgaron en este rubro casi el 300 por ciento de aumento. “Remuneración al personal de confianza” de los 105 millones asignados en 2010 subió a 142 millones en el 2012, en el mismo rubro la parte desglosada en un apartado donde pueden meter cualquier cantidad de gastos porque se llama “Erogaciones Adicionales” el incremento desproporcionado fue de 49 millones en 2010 a 74 millones de pesos en el 2011. Para 2012 la bajaron, casi nada, a 71 millones 599 mil pesos. El rubro de Servicios de Asesoría que en el 2010 fue de 667 mil pesos, al año siguiente se fue hasta los 25 millones de pesos. En Servicios de Difusión en el 2010 se gastaron 2 millones 185 mil pesos y al año siguiente 25 millones 177 mil pesos. En cuanto a Bienes e Inmuebles, en el 2010 les fueron suficientes 2 millones 708 mil pesos, pero desde el año 2011 lo acrecentaron a 26 millones 204 mil pesos. El bono de trasporte aumentó del 2010 al 2011 de un millón 190 mil a un millón 713 mil pesos, más del 44 por ciento. También el llamado “Bono de buena disposición” en el 2010 sumó 713 mil de pesos y al año siguiente subió a 928 mil pesos, similar aumento tuvo el rubro de “Incentivo de Eficiencia”. Hasta en lo poco se fueron en grande, en 2010 gastaron 116 mil pesos en Artículos de cafetería, y al año siguiente casi duplicaron la cantidad, 230 mil pesos. Todas estas cifras y otros aumentos, emanan de un minucioso desglose realizado por Hurtado de Mendoza, de los 527 millones que se autorizaron los diputados este año, comparados con los 411 millones que erogaron en 2011, los cuales quedaron muy lejos de los 249 millones de pesos que gastaron en el 2010. Eso mientras en el mundo real los ciudadanos –empleados, empresarios, comerciantes– pelean la supervivencia contra los dígitos de la inflación, de la devaluación, del malabarismo en la economía micro y macro. Los datos aportados por Hurtado de Mendoza –quien tiene una especialidad en contabilidad– son el producto de tras una larga lucha que inició desde agosto del 2011. Su recurso, fue el primer interpuesto ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIP). Pero el avance no lo deja satisfecho y ahora insiste en que –por al misma vía de la transparencia– le entreguen datos que tienen que ver con otro minucioso desglose del destino de ese presupuesto. En esta última parte, apenas la semana pasada el ITAIP resolvió a su favor ordenando al Congreso del Estado que entregase toda la información requerida y el plazo de tres días que marca la Ley debió ser prorrogado dos semanas, trasladándolo hasta la primera semana de septiembre — ¿Porque hace todo esto?, se le pregunta y Hurtado de Mendoza –piel quemada, zapatos llenos de pintura y manchas de sudor en la camiseta– responde rápidamente: “Porque algún día me lo van a agradecer mis nietos. Ya no merecemos ser un país que merezca estar calificados en el lugar noventa y tantos de corrupción”, dice Hurtado quien aspira a que algún día existan en México políticos honestos y transparentes en su ejercicio. Las primeras solicitudes Hace un año, Hurtado solicitó al Instituto de Transparencia que notificara al Congreso del Estado que éste no cumplía con la Ley en cuanto a la información presentada en el Portal del Poder legislativo. “Fue el primer asunto que tuvo el Instituto”, comentó el mexicalense. Pedía que colocaran en el portal el desglose del presupuesto y su distribución por rubros, después de mes y medio el entonces recién creado organismo dictaminó en contra del ciudadano, aseverando que el Congreso del Estado sí estaba cumpliendo con la obligación marcada en la legislación. Hurtado refiere que acudió ante el ITAIP y apeló por escrito ante ese organismo, pero además presentó directamente el planteamiento ante el Congreso a fines del año 2011. Ante la negativa acudió de nuevo al Instituto de Transparencia y solicitó la aplicación de un recurso legal, la llamada “positiva ficta”. “En términos de transparencia significa que si no das la información, si la información no es reservada ni confidencial, al momento en que venga el quejoso avisando que no se le entregó, se debe resolver a su favor. Sólo después de todos esos trámites, le dieron la razón en enero de 2012. Hurtado de Mendoza mostró a ZETA una tabla –elaborada por él– donde con los datos solicitados y ya expuestos en el portal pudo materializar un análisis comparativo de lo ejercido en cada uno de los cerca de diez rubros. Además, el desglose de cada uno de éstos, una veintena de secciones o temas. Asimismo, realizó una comparación de lo destinado en el 2010, los aumentos en 2011 y 2012, la diferencia, el porcentaje de esos incrementos. “Ya con esto tuvimos un panorama de en qué gasta el Congreso nuestros impuestos, antes era ‘top secret’”, expuso Hurtado, quien ejemplificó con la negativa de las bancadas del legislativo federal, donde evitaron impunemente que se auditaran los mil millones que se autorizaron bajo el rubro de apoyos parlamentarios, y no se pudo hacer nada. Con la parte de la información que recibió, desglosó y analizó, Mario Hurtado de Mendoza el 18 de abril del 2012 entregó una nueva petición de apenas cuatro hojas donde oficialmente solicita un listado por trimestres donde se indiquen percepciones totales de funcionarios, empleados y titulares que tuvieron otras asignaciones económicas desglosando estímulos, compensaciones, apoyos o cualquier otra prestación en dinero o especie con la que fueron beneficiados. También plantea la interrogante de que si algunos de estos documentos comprobatorios cumplen con la Ley de Impuesto Sobre la Renta y solicita el informe global de dichos impuestos y hasta propone un posible formato para facilitar la presentación de todos estos datos. Pero además requirió –de la partida de remuneraciones al personal de confianza– sueldos tabulares, erogaciones adicionales, listado, nombre, puesto, importe. Del rubro de Apoyos (apoyo institucional, de comisiones y gestión social) pide listado de las personas y la justificación del egreso, igual de la Partida de Servicios Generales. De igual manera, solicitó informe detallado de la partida correspondiente a Honorarios Asimilables a Salarios y de paso solicita la razón que justifique la contratación de personal transitorio bajo ese esquema de pago. Adicionalmente, pidió datos oficiales sobre el gasto en Apoyo Social y el listado de todas las personas que recibieron ese recurso y la justificación del egreso. La respuesta del Congreso vino el 24 de mayo y de forma negativa, planteando una serie de argumentos para justificar el rechazo, desde la discrepancia en la fecha de admisión del IAIP del documento hasta la consideración de infundado e improcedente el recurso, en función –según el Congreso– de que la petición ya había sido concluida que “ya causó estado”. Es decir, dijeron que la información ya había sido entregada, pero además que el plazo para quejarse de la resolución ya había fenecido. En suma lo consideraba improcedente. Hurtado de Mendoza solicitó de nuevo la intervención del ITAP –se apoya en la Ley–, instancia que debió resolver a mediados de junio. Terminó ese mes, inició julio y a mediados de éste, los consejeros del ITAP salieron de vacaciones hasta el 27 de julio. Fue hasta el martes 7 de agosto que el organismo emitió su resolución a favor del ciudadano, dándole tres días al legislativo para que entregase los datos requeridos. Pero ante la obligada y amplia respuesta, desde el Congreso del Estado solicitaron una prórroga de dos semanas para cumplir el mandato del órgano garante. “No se trataba de llevar una secuencia, desde agosto del año pasado para llegar al fondo en que estamos ahorita, estamos en el punto neurálgico”, comenta el cachanilla especializado en contabilidad. Transparencia El Presidente del Consejo, Adrián Alcalá complementó lo expuesto por Hurtado de Mendoza en cuanto al camino que ha seguido la petición de la detallada información y la notificación al sujeto obligado –es el término técnico en alusión al Congreso del Estado–apenas la semana pasada. De paso, refirió que el legislativo, apegándose a la facultad establecida en el Código de Procedimientos Civiles, solicitó una prórroga de 15 días para cumplir con la resolución. “Es una cuestión que no queda al arbitrio de cumplir o no cumplir”, dijo el Consejero Alcalá, quien recordó que ya en otros casos anteriores, el legislativo ha solicitado igual prórroga y ha cumplido antes de las dos semanas. Sobre el señalamiento de que tardaron en su respuesta debido al periodo vacacional, Alcalá justificó comentando que en los últimos meses se incrementó el número de recursos recibidos: “Tan solo el mes de mayo se presentaron 22 recursos, interpuestos por un solo ciudadano”, y eso contrastó con un promedio de cinco recursos por mes que habían estado recibiendo. “Significa que el derecho al acceso a la información se está potencializando en todo el estado”, asumió el presidente del Consejo, quien refirió que el año pasado recibieron 4 mil 67 solicitudes de información de las cuales 290 fueron negadas y que el llamado órgano garante –creado en junio del 2011– de esa fecha hasta fin de año recibió 29 recursos de revisión de los cuales 26 fueron procedentes. Por su parte el titular de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado, Carlos Alberto Sandoval Avilés ratificó que usaran el plazo de 15 días para responder al señor Hurtado y recordó que el órgano que representa es básicamente, una oficina de “gestión entre el Congreso, el Instituto y la ciudadanía”. Recordó que es la Dirección de Gestoría y Vinculación del Congreso, la instancia interna encargada de recabar toda la información. Atorada las reformas a la Ley de Transparencia La propuesta para reformar la Ley de Transparencia presentada por la fracción del PRI y avalada por el resto de los legisladores -incluidos los panistas-, fue rechazada por el Ejecutivo del Estado, regresándola al Congreso con “observaciones”, pero cuando los legisladores intentaron votarla nuevamente, no lograron la mayoría calificada; por lo que el par de modificaciones quedaron momentáneamente congeladas. En la sesión del 26 de junio, la fracción priista presentó ante el pleno el Decreto 255, donde se planteó una reforma a los artículos 46 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo aprobada con la unanimidad de los 20 diputados presentes. El 11 de julio de 2012, el Poder Ejecutivo regresó al Congreso el documento vetado,  con las “observaciones” del gobierno. En cuanto a la primera parte, donde propusieron que el Poder Judicial y el Legislativo participaran en la comisión -actualmente solo integrada por tres funcionarios estatales designados por el gobernador- que evalúa a los aspirantes antes de remitir la terna al Congreso, la administración de Guadalupe Osuna Millán la rechazó, argumentando la división de poderes. Respecto a la propuesta de asignarle al ITAP la obligación de revisar “de oficio todas” las solicitudes de información que fuera negadas por los entes de gobierno, los osunistas consideraron innecesaria la revisión cuando el solicitante esté de acuerdo con la negativa recibida. El Congreso volvió a la carga, y en la sesión del 7 de agosto, votaron para insistir con las reformas, pero entonces solo 13 legisladores -del PRI y sus aliados-  levantaron su mano contra el veto. Les faltaron cuatro para contrarrestar la negativa gubernamental. “Es un retroceso por parte del Ejecutivo, en los temas de transparencia es muy difícil cabildear las cosas con el estado”, sostuvo el coordinador de la bancada tricolor, Julio Felipe García. Legislatura más aceitada que otras: PRI Julio Felipe García Muñoz -líder de la bancada del PRI en el Congreso local- aceptó que la actual Legislatura sí ha crecido, ya que la anterior era más pequeña “en todas sus dimensiones” en cuanto a la fuerza legislativa y el equilibrio de poderes, por lo que se redimensionó con una nueva estructura. En cuanto a cifras, menciona que cerca de 100 millones de pesos que anteriormente estaban en Desarrollo Social, fueron transferidos al presupuesto del Congreso, y sobre el aumento en los rubros,  de entrada comenta que numéricamente es el mismo personal, “solo que ahora sí se ve”, aseguró el líder de la fracción mayoritaria en el Congreso. García Muñoz expuso que se crearon instancias nuevas al dividirse servicios parlamentarios y administrativos, y al crearse los institutos de estudios legislativos y de estudios económicos y sociales, aunque recalca: “En plantilla de personal es casi la misma”. Del numeroso grupo de asesores pagados por honorarios -lo que hizo crecer todo ese rubro-, menciona que como grupo parlamentario tenían el derecho como prerrogativa de contar con un asesor por cada diputado, “la otra parte no la conozco”. — ¿De qué manera beneficia todo esto a la ciudadanía?, se le pregunta al legislador. “Es una Legislatura que ha estado trabajando y que tiene la técnica parlamentaria un poco más aceitada que otras”, sintetizó el líder de la bancada tricolor, quien además dijo que ante los cambios se modificaron los periodos de receso, con la creación de 14 comisiones dictaminadoras, lo que implicó poder presentar más iniciativas y tener más trabajo en áreas técnicas.