Proyecto de lento avance y controversias jurídicas “Que muevan los centavos”, fue la pronta respuesta de Enrique Mier y Terán al ser cuestionado sobre qué se requiere para que el proyecto Zócalo 11 de julio refleje un real avance. Y es que más que centavos, lo que el megaproyecto mueve desde el inicio de su cimentación han sido millones, aún así su avance se aprecia lento, además de estar envuelto en controversias jurídicas derivadas de los amparos que ambientalistas han interpuesto para evitar la obra que califican como de mero interés comercial. El Patronato 11 de julio lo niega, pero admite que el 63 por ciento del proyecto se realizará con inversión privada, sobre todo de empresas nacionales con capital suficiente para concretar un proyecto de mil 300 millones de pesos. Algunas ya han levantado la mano interesadas, pero su identidad a excepción de Telmex, se mantiene en completo hermetismo. La misma reserva persiste en torno a la construcción y operación del estacionamiento público concesionado a la empresa Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V. (AOCSA), que enfrenta una demanda por incumplimiento de contrato con la Comisión Estatal del Agua (CEA). La administración del XX Ayuntamiento de Tijuana se dice sin atribuciones para pedirle cuentas a AOCSA, mucho menos para obligarla a cumplir con el acuerdo de cabildo del XIX Ayuntamiento, quienes determinaron que la empresa concesionada debía entregar al Patronato 11 de Julio el 5 por ciento de sus ganancias. Desde hace 9 meses el estacionamiento público opera, sin que su edificación, estimada en 152 millones de pesos, haya sido culminada, y sin haber cumplido con su aportación al patronato. Aún así el organismo ha obtenido ingresos públicos, gracias a las gestiones que en pro de la plaza cívica efectúa el gobierno del estado, y el propio Patronato, los cuales han sido del orden de los 30 millones de pesos y se derivan de partidas que de inicio fueron etiquetadas para turismo, desarrollo social y seguridad. Por su parte, el Patronato 11 de julio recibe desde el 2009, año en el que se conformó oficialmente como Organismo No Gubernamental, un apoyo anual y directo de cuando menos un millón 200 mil pesos, “sólo para el pago de renta y salarios”. Poco avance A tres años de haberse anunciado con bombo y platillos, del megaproyecto que se vende como una obra “sustentable y benéfica que dará a Tijuana el espacio público que necesita”, solo se puede dar constancia un estacionamiento público administrado, como el negocio que es, por una empresa privada. Pero el estacionamiento opera sin que la edificación del local haya sido concluida por Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V. (AOCSA), empresa beneficiada con su concesión por un periodo de 30 años. 
El resto del avance del megaproyecto se resume en obras para acondicionar lo que se supone será parte de la plataforma del Zócalo, mismas que se han efectuado con fondos federales y en las que se han invertido un total de 30 millones de pesos, recursos que han sido aprovechados de partidas que dependencias como la Secretaría de Turismo, Desarrollo Social y Seguridad Pública, “y que se canalizan a este tipo de obras”, indicó Mier y Terán. Los trabajos efectuados con esos fondos consisten en los cierres de la calle peatonal ubicada a un costado de la Avenida Independencia, la cual ahora es utilizada como acceso al estacionamiento público, administrado por una empresa privada. También se eliminó parte de la calle Juan Ruiz de Alarcón, que era utilizada como estacionamiento, además de la reposición de líneas antiguas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Así, con la aplicación de 30 millones de pesos reconocidos oficialmente, provenientes de recursos públicos federales y administrados por el gobierno de Baja California, “la obra está lejos de encontrarse parada, vamos avanzando, de hecho este año esperamos una bolsa de inversión pública de 340 millones de pesos que la federación se ha comprometido a aportar”, sostiene Ricardo Cisneros Rodríguez, Director General del Patronato 11 de julio. Mucho apoyo, mínimos resultados Pero si el avance de la obra se antojó lento, los logros alcanzados por el Patronato 11 de julio que preside Carolina Aubanel Riedel se califican por sus detractores como pírricos. “La verdad es que sí nos ha faltado difusión, pero ésta es muy costosa, tratar de mantener vigente un proyecto es muy costoso, nosotros nos estamos reservando un poco esa inversión para cuando realmente arranquemos”, argumentó Cisneros Rodríguez. Durante el primer año el organismo nada más se dedicó a modificar el proyecto inicial para adaptarlo a las observaciones que sectores productivos y la sociedad en general les propuso para enriquecerlo, por lo que al año de haber designado, mediante concurso, cuál sería el modelo conceptual a seguir, éste se transformó casi al 100 por ciento. En los dos años subsecuentes el organismo se ha ocupado de promover “el impacto que tendrá para Tijuana el contar con una obra de tal dimensión”. En ese lapso también se ha ocupado en dar la batalla a los dos amparos que los ambientalistas que se oponen al proyecto interpusieron para que la plaza no sustituya la alameda que se ubica entre Palacio Municipal y Centro de Gobierno. A decir del jurídico del patronato, los amparos presentados en el Juzgado Sexto y Décimo Tercero de Distrito ya quedaron solventados al sobreseerse; incluso afirmó que el juez Décimo Tercero de Distrito declaró el sobreseimiento del juicio de amparo en perjuicio de los quejosos por falta de interés jurídico. Pero los grupos de ciudadanos que se oponen al zócalo en ningún momento han detenido el avance del proyecto, “solo han sido un dolorcito de cabeza”, aseguró el Director del Patronato. Con estos logros, la operación del Organismo No Gubernamental es cuestionada por quienes se oponen a la continuidad del Zócalo. “No justifican el apoyo gubernamental y económico que perciben, sobre todo si se toma en cuenta que ese organismo opera desde las esferas del poder, con recursos públicos que no a cualquier organización de la sociedad civil se le asigna”, esgrimió Sabino Arellano Soriano, líder del Movimiento Pro Defensa del Parque Benito Juárez. Y es que desde su conformación, el patronato percibe un apoyo anual de un millón 200 mil pesos, así lo reconoce su director, Ricardo Cisneros Rodríguez, aunque el Secretario de Planeación y Finanzas del gobierno de Baja California, Manuel Aguilar Bojórquez, indica que es un millón 800 mil pesos lo que se canalizan al organismo para su sostenimiento. Recursos que –precisan quienes están al frente del organismo– se utilizan únicamente para “pago de renta y salarios”, aunque –aclaran– los sueldos apenas son proporcionales al personal administrativo que labora en las cómodas oficinas que albergan al patronato en el quinto piso del edificio Waria, ubicado a un costado del Centro Cultural de Tijuana, en la Zona Río. A los altruistas miembros esta organización “nadie nos paga”, subrayó Enrique Mier y Terán, Cónsul Honorario de Corea y tesorero del patronato. Su filantropía y amor por Tijuana es tal que ellos mismos sufragan los gastos que generan los viajes que realizan para promover el proyecto. “Nos cuesta el tiempo que le dedicamos, nos cuestan los viajes y promociones que hacemos, porque lo pagamos de nuestro dinero y lo hacemos porque queremos a Tijuana”, sostuvo el entrevistado. La proyección de la obra incluye estacionamiento, edificio emblema, Instituto de Cultura de Baja California, plazas, explanada principal, áreas verdes y, por supuesto, zonas de servicios, “pequeños negocios que solo ocuparán el 2 por ciento del espacio” en el que se erigirá el megaproyecto y que podrán ser concesionados hasta por 30 años. Al respecto, los filantrópicos promotores del Zócalo enfatizan: “Nosotros nunca vamos a tener negocios ahí, no vamos a tener que ver ni directa, ni indirectamente con las concesiones”, así que la asignación de los locales comerciales se hará por concurso y en forma “totalmente transparente”. Empresa incumplida En marzo de 2009 el cabildo de Tijuana aprobó la concesión para la construcción y operación de un estacionamiento público a la empresa Administradora de Obras y Concesiones, Sociedad Anónima de Capital Variable (AOCSA). La licencia se asignó por un periodo de hasta 30 años y en esa misma sesión se acordó ligar la edificación del estacionamiento público al proyecto Zócalo 11 de julio, “y en consecuencia sujetar al régimen de concesión, la construcción y operación de un estacionamiento público por sobre la fracción sur del inmueble con clave catastral RG-023-001 de propiedad municipal, con uso de Plaza Cívica”, se lee en el dictamen. Para la ejecución del proyecto AOCSA invertiría 151 millones 964 mil pesos, con derecho a tener la concesión del estacionamiento público hasta por 30 años, aplicando una tarifa inicial de 12 pesos la hora. 
El convenio entre Ayuntamiento y AOCSA incluyó el mantenimiento, limpieza y seguridad de la obra, cuyo exterior quedaría a cargo del Patronato Zócalo 11 de julio, obligando así a la concesionaria entregar un 5 por ciento de sus ganancias al organismo, una vez iniciadas sus operaciones, lo cual podría ser una vez que los cajones de estacionamiento estuvieran en condiciones de ser utilizados, aun cuando la obra estuviera incompleta. A la fecha la empresa registra 9 meses de operación, sin que haya canalizado el porcentaje correspondiente al organismo civil, cuyo tesorero, Enrique Mier y Terán expuso a ZETA se prepara para requerirlo en forma retroactiva. La Sociedad Mercantil Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V. (AOCSA), representada por Makro, S.A., no es una empresa que se caracterice por el cumplimiento en sus contratos de obra pública. De ello la Comisión Estatal del Agua (CEA) registró constancia cuando Makro, S.A. de C.V. incumplió el contrato signado con la dependencia en 2007, en el cual se comprometió a llevar a cabo la prestación del servicio de conducción y ampliación de la capacidad del Acueducto Río Colorado Tijuana. Sin embargo, además de no concluirse la obra en el plazo pactado –el cual se fijó para el día 19 de enero de 2009– tampoco se ajustó al monto determinado en el contrato, el cual fue de mil 340 millones 234 mil pesos. Lejos de recibir sanción alguna, AOCSA buscó el cobijo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando la CEA quiso penalizar su incumplimiento; más aún, en octubre de ese mismo año la empresa fue premiada con la concesión de la construcción y operación del estacionamiento público. A la par que lograba la concesión del proyecto del Zócalo 11 de julio, la incumplida empresa requirió de la CEA un incremento de 67 millones de pesos en el costo del servicio, así como autorización de trabajos extraordinarios por montos que sumaron 31 millones 228 mil pesos, rembolso por conceptos de pruebas de control de calidad del orden de los 2 millones 374 mil pesos, y pago de la tarifa por inversión proporcional (T1) por la cantidad de 4 millones 337 mil pesos. En total, para poder terminar la obra la empresa reclamaba un monto aproximado a los 105 millones de pesos adicionales al monto estipulado en el contrato. A la fecha, de los cuatro rubros demandados por AOCSA, tres se han resuelto en primera instancia a favor de la Comisión Estatal del Agua. Tras la demora en la conclusión del proyecto Makro, S.A, de C.V. se comprometió a entregar la obra para el 30 de enero de 2011, es decir, 24 meses después de la fecha estipulada en el contrato. Derivado de este atraso, la Entidad inició procedimiento para la aplicación de pena convencional por la cantidad de 125 millones 798 mil pesos, misma que la empresa impugnó el 1 de septiembre de 2009, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California, instancia que hasta la fecha no ha resuelto la controversia. En noviembre de 2010 AOCSA se declaró descapitalizada, ya que los bancos le retiraron los créditos, al no haber celebrado un convenio para la ampliación del plazo del contrato, por lo que abandonó la obra. El incumplimiento e irregularidad en la forma de operar de la empresa fue motivo de observación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, el 1 de julio de 2011, por lo que en ese momento no solventó esta cuenta pública de la Comisión Estatal del Agua. Mientras la problemática con la empresa AOCSA sigue ventilándose en los tribunales, CEA logró resolver las observaciones de las que fue objeto por parte del ORFIS, con la salvedad que debe informar al Órgano de Fiscalización Superior sobre los avances y resultados de los procesos judiciales que se siguen al respecto, precisó a ZETA el jurídico de CEA, Víctor Manuel Campos Campos. El Acueducto Río Colorado Tijuana entró en operación en 2011, pero la obra está inconclusa, aun cuando en ella se invirtieron los mil 300 millones de pesos programados. No obstante esta controversia, el Ayuntamiento de Tijuana optó por favorecer a la Sociedad Mercantil Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V. (AOCSA) con la licencia a 30 años del estacionamiento público. Por si fuera poco, recientemente, en mayo de 2012, la Constructora Makro, S.A. de C.V. fue objeto de tres embargos prácticamente simultáneos, dos los registró el día 7 de ese mes, mientras que el último lo enfrentó el día 17. Cada uno por un monto similar: 15 millones 934 mil pesos.
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