La CFE, intocable

En el país de “no pasa nada…”           “Vas a valer madre”, escuchó Antonio Hernández a través de la frecuencia de su radio. Era  la noche del 24 de julio. El contexto: señalamientos que públicamente hizo sobre la serie de irregularidades con que se maneja el Programa ASI, el fideicomiso de la Comisión Federal de Electricidad en Mexicali, donde se han denunciado infinidad de transas que involucran a proveedores y empleados del programa federal. Independiente a la amenaza, funcionarios de la paraestatal eléctrica no han dado la cara –eso sí, pagaron un desplegado el 5 de agosto en los diarios– y un grupo de diez de los principales proveedores del programa firmaron un manifiesto donde reviran las acusaciones a Antonio Hernández. El asunto tiene que ver con las transas emergidas en el programa ASI, donde decenas de ciudadanos han denunciado que fueron utilizados como aval –con firmas falsificadas– de gente que ni conocían y que desde mayo de 2012 les empezaron a llegar cobros en su recibo de energía eléctrica por aparatos adquiridos presuntamente con su aprobación. Tan solo en la Procuraduría Federal del Consumidor en Mexicali se han acumulado más de 60 denuncias, y hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado han llegado ya cerca de 90, las cuales se han integrado en una sola carpeta de investigación cuyo proceso avanza al ritmo de una tortuga.  “Parece que no hay poder humano ni autoridad que pueda hacer algo”, considera Antonio Hernández, quien ha denunciado el mar de irregularidades en que incurren los proveedores amafiados con empleados del programa para agilizar las ventas de refrigeradores y aparatos de aire acondicionado a través del fideicomiso que involucra a la Comisión Federal de Electricidad. “Mínimo se trata de cinco mil créditos anuales, con una utilidad de cinco mil pesos por crédito”, refiere Hernández García en alusión a los cerca de 25 millones anuales que representan las ganancias tan solo en la parte de Mexicali, el Valle y San Luis Río Colorado. Ante esta situación que ha pegado en decenas de familias de Mexicali y el Valle –todas de las más humildes– la semana pasada el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para citar a comparecer al Gerente Divisional de la CFE en Mexicali, el panista David Maldonado, quien hasta la fecha no ha dado la cara sobre el tema. Juan Montejano, diputado priista y cabeza de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales asegura que –pese a ser una instancia federal– Maldonado debe comparecer ante los legisladores locales. En caso contrario refiere, “Vamos a ver cómo a partir de diciembre sí hacen caso”, en alusión a la próxima administración federal que sería encabezada por el priísta Enrique Peña Nieto. Oídos sordos Antonio Hernández ha laborado por varios años como promotor de los proveedores del Programa ASI; conoce lo que sucede de primera mano. De entrada muestra una copia de un recibo por la entrega de un “donativo” que se les cobra a los promotores –se calcula de seis por ciento– y que va al fideicomiso. El documento –copia en poder de ZETA– viene por un monto de 151 mil 68 pesos y se justifica que es un “donativo otorgado para coadyuvar al ahorro de energía eléctrica, así como al mejoramiento y preservación del medio ambiente”. El informante aporta más datos: falsificación de firmas por parte del equipo de proveedores precisamente en la parte que tiene que ver con el aval de los créditos. El tema trascendió desde mayo pasado cuando empezaron a llegar decenas de cobros a usuarios de la CFE bajo el argumento que habían formado como aval en la adquisición de aires acondicionados y refrigeradores bajo el programa ASI. El problema es que los ciudadanos no conocían –en la gran mayoría delos casos– a quienes presuntamente habían avalado y, ante la falta de pago la CFE intentaba cobrarles a ellos el adeudo de 10, 15, 20 mil pesos y en algunos casos ante la negativa empleados de la paraestatal empezaron a cortar el suministro de Energía (ZETA 1990, 21 mayo 2012) ya que el cobro se suma al recibo por consumo de energía. Hernández comenta que en San Luis Río Colorado lo bloquearon y le advirtieron que venta que hiciera era venta que el programa no le pagaría. “Dulce Sánchez es la encargada en San Luis y no me lo dijo directamente a mí, se lo dijo a la persona con la que trabajo”, explicó. Ante esa circunstancia comenta que se entrevistó con Arturo Gómez y con José Luis Guillen, cabezas del programa ASI en Baja California. “Estuve como cuatro horas ahí con ellos, les expuse a detalle todo lo que he dicho”, refiere el promotor y asegura que le pidieron pruebas y hasta aceptaron acompañarlo al día siguiente al Valle de Mexicali, lo que no sucedió. Dice que se dio cuenta que las anomalías no se detuvieron, por eso decidió denunciar públicamente. Acudió a varios medios radiofónicos, televisivos e impresos. Esa misma semana salió un desplegado en el diario La Crónica firmado por diez de los responsables de las empresas proveedoras que habían sido señaladas. “Ha sido precisamente quien ha realizado todas esas prácticas ilegales a las que ha hecho mención en los diversos medios de comunicación desprestigiando con ello tanto a los que suscribimos como al propio programa social”, expusieron en la publicación del domingo 22 de julio. “Son millones los que ganan”, asegura el promotor, quien parece no amilanarse y enumera casos concretos. Menciona como ejemplo el caso de un supervisor del programa, César Martín del Campo, a quien –cuando Hernández trabajaba con Muebles Naranjo, uno de los proveedores– le tuvieron que poner un cerco de malla ciclónica en su casa particular en Los Portales pagado por los promotores. Mas aún, ante el escándalo las empresas voltearon hacia el Valle de Mexicali y muestra los documentos –que debe emitir el comisariado ejidal o la Delegación Municipal– en el cual falsifican para acreditar la residencia de posibles compradores del programa. De las amenazas afirma que fueron dos, una a su celular y la otra al radio, e inmediatamente acudió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para interponer la denuncia correspondiente, la cual quedó asentada con el NUC 0202-2012-26075. Incluso en su declaración asienta que trabajó para Juan Ramón López Naranjo –propietario de Mueblería Naranjo y ahora titular del Servicio Estatal de Empleo– y que una de las llamadas vino precisamente de un actual empleado de esa empresa, que además es proveedora del programa ASI, Ernesto Hurtado. Sobre los funcionarios de la CFE refiere que intentó en dos ocasiones entrevistarse con David Maldonado, el Gerente Regional de la paraestatal eléctrica, pero hasta el momento no lo han recibido. Acumuladas En las oficinas de la Procuraduría de Defensa del Consumidor empezaron a recibir las denuncias por parte de usuarios de la CFE, ante los intentos de cobro de esa dependencia, por cobrarles lo que ellos nunca habían firmado como aval. Carlos Guillen Armenta, titular de la oficina de Profeco, explica que desde mayo empezaron a recibir las quejas –acumularon 64– e intentaron hablar con la gente del fideicomiso, pero “no hubo oportunidad”, aunque comentaron el tema con empleados de la CFE que participan en el módulo de atención a usuarios. Guillen refiere que son cinco las empresas proveedoras de equipo de enfriamiento que han sido demandadas ante esa instancia. La versión es que el fideicomiso les mandaba los cobros y que ellos solamente los incluían en el sistema para aplicarlos en el recibo de pago del fluido eléctrico. El funcionario federal refiere que de los 64 casos que llegaron hasta esa dependencia, en cerca de la mitad ha habido una suerte de conciliación –a favor del ciudadano– donde las empresas asumen el costo de los aparatos y en otros casos, donde no han llegado a acuerdos los demandantes han reconocido la firma pero aseguran que fueron engañados para estamparla. “Hasta el momento tenemos 89 denuncias que han sido presentadas ante la Unidad de Investigación de asuntos relacionados con el Programa ASI”, explica por su parte el titular de Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, Juan Carlos Buenrostro Molina. En cuanto al mecanismo, el funcionario dice que la gente debe acudir al área de Atención Temprana y presentar su denuncia y dependiendo de cuándo fue la falsificación de la firma en los contratos, si fue antes del 11 de agosto del 2010 le toca al Sistema Tradicional y si fue posterior a esa fecha le corresponde al Nuevo Sistema de Justicia Penal. Buenrostro comenta que todas las denuncias van a una sola Carpeta de Investigación donde se han ido acumulando las quejas. En cuanto al avance, expone que ya se citó a declarar a funcionarios del Programa ASI, promotores y los mismos ofendidos. También se solicitaron copias de los contratos los cuales fueron remitidos a la Dirección de Servicios Periciales donde se están realizando los dictámenes caligráficos. Dice que ya compareció el titular del programa y están citados para este viernes 24 dos representantes de las empresas proveedoras. Buenrostro comenta que iniciaron la Carpeta de Investigación por el delito de Falsificación de Documentos y Fraude, aunque aclara que ya avanzado con la investigación se pueden desprender esos delitos o algún otro. Ante la evidente lentitud del proceso, Buenrostro explica que se trata de un expediente “bastante voluminoso” en el que se ha venido avanzando en la integración, agregando los contratos, trabajando en las periciales y a la vez se han ido anexando más testimoniales. El funcionario calcula que sobre el siguiente paso –pasar el expediente ya integrado al juzgado penal– no se puede manejar una fecha exacta. — ¿Sería en este año?, se le pregunta y responde: “Debe de…”. Citado “La procuraduría no tiene la capacidad de elementos para la investigación, el cuello de botella que existe en la Procuraduría es que no hay investigación, sostiene de entrada el legislador y presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales Juan Montejano, quien asegura que por eso no hay judicialización de casos, ni detenidos, ni se persigue el delito y por eso la impunidad está a todo lo que da. Montejano –quien presentó el Punto de Acuerdo en el Congreso la semana pasada para citar al titular de la CFE ante el Congreso– cuenta que ha estado recibiendo quejas ciudadanas, donde le piden su intervención. “Me dicen que han puesto su denuncia ante Profeco y la PGJE solicitan se investigue posibles actos de corrupción y de fraude”. Esto en función de la falsificación de firmas y de documentos oficiales como recibos de predial, o el uso de credenciales electorales. “Es un caso que tiene que investigar la Procuraduría General de Justicia del Estado, es un acto de corrupción, es un acto de fraude a muchos ciudadanos”, expone el legislador y refiere que se trata de gente humilde que no tiene capacidad de contratar un abogado, que están desorientados. El exhorto planteado por el diputado priista y apoyado por el pleno lo dirigió al Director de la CFE para que hagan comparecer aquí al Gerente Regional de la paraestatal, David Maldonado González. Ante la situación de que, por tratarse de una instancia federal, el Congreso local no tenga injerencia, Montejano comenta: “Estamos solicitando como un acto de cortesía, de responsabilidad el hecho de que ellos respondan a un llamado del Congreso del Estado. Pueden no acudir porque efectivamente no está en las facultades el llamar a comparecer a un funcionario federal”, acepta el legislador, pero también comenta que hay otras instancias que pueden interceder, como el caso del Gobierno del Estado. “Es un irresponsable –comenta en torno al Gerente de la CFE aquí, David Maldonado–, es un funcionario federal que tiene que responder a las demandas ciudadanas, hacen oídos sordos. Deberían de presentarse con esa humildad, como cuando andan buscando el voto en la calle, deberían de responder al llamado de los ciudadanos”, expone Montejano, quien añade que en el caso de la Procuraduría estatal también están buscando la manera de presionar para que éstos agilicen la investigación. En suma, opina que a los funcionarios de la CFE parece que no les ha interesado el tema, pero advierte: “En corto plazo creo que les va a interesar. Después de diciembre creo que sí les va a interesar”, dice en alusión al inminente cambio en la administración federal.