De acuerdo a la nómina del Congreso del Estado de Baja California, por lo menos hasta el 1 de agosto de 2012, Ariel Lizárraga Montero –quien se desempeñaba como Director de Comunicación del legislativo pero fue retirado luego de ser señalado por una niña e investigado por violación y corrupción de menores– sigue cobrando su cheque mensual. Detenido que fue el 19 de julio, en el Congreso informaron que prescindirían de sus servicios a partir de ese día, pero resulta que el 1 de agosto cobró 80 mil 221 pesos con 72 centavos. Aparte que de acuerdo al procurador Rommel la investigación en contra de Lizárraga sigue abierta, la labor que ejercía el acusado ahora es responsabilidad de don Fernando del Monte, y no tendría aquél por qué cobrar si lleva semanas sin laborar. Quienes le conocen de cerca, dicen que se la pasa pregonando que nadie lo sacará del congreso, que para eso tiene padrinos y que ya elabora una lista de quienes investigaron y redactaron –oficial y en medios– sobre su persona, para iniciar su venganza. ¿Así? ¿O más impune? De plano un sospechoso cobijado por todo un Congreso.
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