Acusa fraude con terrenos

Posesionario es demandado por compradores que adquirieron a Infonavit En 1987, el señor Jesús Aceves Velis adquirió dos fracciones de terrenos ubicadas en “Aguaje de la Julia” o “Loma Bonita”, ahí construyó lo que hoy es su patrimonio: una recicladora, un yonke y un taller mecánico. El terreno de siete hectáreas lo obtuvo en contrato de compraventa con Carolina Herrera, así quedó registrado el 26 de enero de 1998, mediante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, bajo la partida número 5128375. Muchos de quienes trabajan en sus distintos negocios, conocen al señor Aceves Velis desde hace dos décadas, cuando inició con su negocio. “Yo venía aquí a comprar partes para el carro de mi papá cuando iba en la secundaria”, narra uno de los compradores, una mañana de agosto. Sin embargo, el patrimonio de este hombre, junto al de los más de cincuenta trabajadores que del negocio dependen, se encuentra en riesgo. En 2007 se inició un litigio por la posesión del terreno. A Aceves Velis lo demandaron, en conjunto y bajo la figura de copropietarios, Aníbal Alejandro Pedrero Loaiza, Remo Loaiza Álvarez, María Fernanda Loaiza Álvarez, Claudia del Carmen Loaiza Álvarez, María del Carmen Álvarez Hernández, Hugo Ignacio Villaseñor Cabrera, José Alejandro Villaseñor Sala, Hugo Eduardo Sala Ruiz, Consuelo del Carmen Sala Casas de Villaseñor, Hugo Alberto Villaseñor Sala, Ivonne Consuelo Villaseñor Sala y Alberto May Alba. El grupo de compradores presentó un contrato de compraventa, celebrado con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el cual se les vende “un bien inmueble denominado ‘El Jibarito’, ubicado en el lote 5 de la manzana 405 de la Av. Libramiento Salvatierra en la zona conocida como Cañón de San Antonio, en el municipio de Tijuana, Baja California”. El terreno tiene una superficie de 100 hectáreas, es un predio mayor que comprende el predio menor, del señor Aceves Velis. El valor del terreno es de 40 a 50 dólares por metro cuadrado, un total 2.8 y 3.5 millones de pesos por el terreno. El demandado presentó el juicio de prescripción que lo certifica como propietario y posesionario del “predio rústico San Antonio de los Buenos de Mendoza, el cual se identifica como ‘Aguaje de la Julia’ de esta ciudad, con superficie de 70 mil 525  metros cuadrados, así como las construcciones existentes sobre el mismo”. Sin embargo, en la sentencia formulada por el Juzgado Cuarto de lo Civil en Tijuana, estas pruebas fueron “ineficaces”, Isaac Fragoso López, juez Cuarto de lo Civil, explicó en entrevista, por qué la sentencia no resultó favorable para Aceves Velis. “En un juicio plenario lo que dilucide el juez es quién tiene mejor derecho de posesión, en la resolución se analizaron los títulos que exhibieron las partes, el grupo de personas trajo una escritura, donde le habían comprado a Infonavit”. Los documentos presentados fueron la escritura del grupo de compradores y el juicio de prescripción de Aceves Velis. Abundó, “durante el procedimiento, los peritos determinaron, incluyendo el de Aceves Velis, que ese predio no era ubicable y no podía justificar su derecho de posesión”. Los defensores de Aceves Velis argumentan lo contrario, “el predio que no está identificado, es el que Infonavit vendió a los compradores”, explica Antonio Pérez, representante legal del empresario. El Juez Cuarto de lo Civil responde “lo que comenta el señor Aceves, es que uno de los contratos de los demandantes con el Infonavit, el predio no era ubicable, pero yo solamente estudié su escritura y la de la persona que la está discutiendo”. Los abogados del demandado solicitaron la presencia física de Alberto May Alba –uno de los co-compradores–, para corroborar que su firma sea la misma que la plasmada en los expedientes. “El 8 de agosto se giró un oficio para que se presente, por medio de la fuerza pública, para comprobar que la firma es en realidad suya”, explicaron. La ausencia de Alberto May Alba ya había sido causa de amparo, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado –constituida por los magistrados Raúl González Arias, Olimpia Ángeles Chacón y Marco Antonio López Magaña– dictaminó el 25 de noviembre de 2011 era necesario notificar a May Alba del caso para realizar la resolución de éste. El Juez Cuarto de lo Civil explicó que en ese entonces, el argumento del señor Aceves Velis sobre “la falta de identificación del inmueble litigioso” en el contrato de Infonavit, resultó inválido, primero los Magistrados debían analizar que todos los involucrados estuviesen presentes. Posteriormente, el 25 de junio de 2012, la segunda instancia declaró insubsistente la decisión pronunciada anteriormente y se dictó sentencia, Aceves Velis debe restituir el bien raíz, con sus frutos y accesiones. El demandado presentó un amparo ante instancias federales y la resolución se conocerá a finales de este año. Los compradores: fraudes y negocios turbios Incluso con antecedentes penales cuentan algunos de los demandantes: Aníbal Alejandro Pedrero Loaiza fue detenido por la Procuraduría General de Justicia de Nayarit, en 2009, acusado de fraude por intentar vender en dos ocasiones terrenos en una exclusiva zona turística de esta entidad. En ese entonces, la dependencia identificó a “Alberto May Alva” como presunto involucrado en la venta fraudulenta de terrenos. En la demanda contra Jesús Aceves Velis, aparece precisamente como uno de los doce compradores “Alberto May Alba”. El fraude del cual fueron acusados los empresarios, consiste en que la firma Rancho Nuevo Vallarta, mediante su representante –Pedrero Loaiza– vendió por 12 millones 268 mil dólares, un predio a la empresa Consorcio Rofi. Esta compañía española descubrió que Pedrero Loaiza ya había vendido el terreno a otra compañía. Además, a Aníbal Pedrero Loaiza se le retiró su patente de notario público en Cancún, ya que en 2007 enfrentó un proceso penal por fraude en Tabasco. El Juez Cuarto de lo Civil, negó tener conocimiento sobre los delitos cometidos por este personaje, responde: “El señor Jesús nunca vino a hablar conmigo para manifestarme nada por el estilo y desconozco cualquier situación al respecto”. Pedrero Loaiza, quien ya fue liberado en Nayarit, según el régimen de copropiedad del terreno en Tijuana, posee el 18 por ciento del inmueble, el porcentaje más alto de los doce copropietarios. También, la revista Proceso en su edición 1527 del 5 de febrero de 2006, vincula a los copropietarios, excepto por Alberto May Alba, María Fernanda Loaiza Álvarez y Claudia del Carmen Loaiza Álvarez, como clientes de Guillermo Sahagún Jiménez, a quien se le acusó de beneficiar ventajosamente a constructores a través de Infonavit. De acuerdo a un convenio obtenido por la publicación, Guillermo Sahagún Jiménez, hermano de Marta Sahagún, realizó durante el sexenio de Vicente Fox, gestorías ante el Infonavit para facilitar ciertos trámites “engorrosos”. Él y su gestor, Rubén Huacuja Williams declararon “estar en posibilidad jurídica y material para realizar las gestiones ante el Infonavit, que requieren los ‘clientes’, a efectos de solucionar la problemática que presentan hoy en día, en torno a dos negocios jurídicos identificados como Bajamaq El Águila y El Jibarito”. El negocio jurídico identificado como “El Jibarito” es un predio de cien hectáreas en el rancho identificado con el mismo nombre –en un lugar que no se precisa–, cuyos derechos fueron adquiridos por los “clientes” a Asistec Ingenieros. El terreno al que se refiere, es del que defiende su posesión, el señor Jesús Aceves Velis. En el convenio se explica, que el terreno fue liquidado en un 50 por ciento y queda pendiente un saldo de 870 mil pesos. La comisión cobrada por los gestores es de 13 millones de pesos por ambos negocios. El documento referido se celebró en la Ciudad de México, el 2 de septiembre de 2003 y de acuerdo a la revista Proceso, la mayoría de los clientes se encontraban ubicados en Tabasco. Mediante documentos proporcionados por el señor Jesús Aceves Velis, se constató que la firma de Aníbal Pedrero Loaiza es la misma, en el convenio y en el contrato celebrado con Infonavit, en el cual, Pedrero Loaiza es uno de los doce compradores. Al contrastar las fechas de ambos documentos, el convenio de compraventa SGD/198/04 entre el Infonavit y el grupo de compradores fue celebrado el 28 de enero de 2005; mientras que en el documento en que se gestionan los servicios de Guillermo Sahagún Jiménez, suscrito por Rubén Huacuja y por Aníbal Pedrero Loaiza, es del 2 de septiembre de 2003. El señor Aceves Velis acusa “esas personas no son de aquí, solamente han acudido una sola vez a estampar su firma, a excepción de May Alba quien no se ha presentado… son defraudadores y hay quienes se prestan para ayudarlos”. “Si en verdad quieren el terreno, que me lo paguen, ellos miran el plato servido y nada más quieren llegar a comer, yo batallé para emparejar ese terreno, ninguno de ellos conoce las condiciones en que se encontraba”, explica molesto. Una irregularidad más que señala el demandado es que el contrato de Infonavit funciona bajo la modalidad Ad-Corpus, lo que significa que se realiza por lo que existe y se ve a simple vista, sin medidas específicas y por un precio único. Tal argumento, según el Juez Cuarto de lo Civil, no fue revisado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a reserva de la presencia de May Alba. Cuando se dictó la segunda resolución, el tema no se volvió a mencionar. Dentro de las cláusulas de este contrato, los compradores aceptan tener conocimiento de que el predio se encuentra invadido parcialmente. Aceves Velis pregunta, ¿por qué si sabían desde 2005 que el terreno estaba invadido, esperaron hasta 2007 para iniciar el litigio? El desconcierto e incertidumbre, de los cuales es presa el empresario, lo han llevado a sospechar de favoritismos por parte de los magistrados Raúl González Arias, Olimpia Ángeles Chacón y Marco Antonio López Magaña, así como del Juez Cuarto de lo Civil, Isaac Fragoso López, hacia los copropietarios. Sin embargo, al buscar al ponente, el magistrado Raúl González Arias, un proyectista del caso en cuestión contestó la llamada a petición del magistrado. Se le hizo el mismo cuestionamiento que al Juez Cuarto de lo Civil en Tijuana, acerca de los antecedentes penales y negocios turbios entablados por algunos de los compradores. “Todas las personas que vienen a la Sala, argumentan lo mismo, no puede ninguna autoridad tener por cierto este dato, ve y lee todo lo que se le presenta, pero no puede pre-juzgar las acusaciones que se le hacen a cierta persona”. Después agregó: “Si eso no se hizo valer en primera instancia, ninguna autoridad de segundo grado puede valorar datos hechos, acontecimientos o pruebas no aportadas en primera instancia. “En el peor escenario, si les dieron la razón a los presuntos compradores y no a mí en el amparo, soy desalojado de mi predio y con ello, toda la gente que de ahí depende para trabajar, mi patrimonio familiar y el trabajo de mis dos últimas décadas de vida”, comenta visiblemente frustrado, el afectado. El amparo, que se encuentra en instancias federales, tendrá una resolución a finales de este año, sin embargo, si se vuelven a dejar de lado –como ya ocurrió en dos ocasiones– detalles que resulten vitales para una resolución concreta, cualquiera de las dos partes puede presentar, nuevamente, un juicio de amparo. Con fotografías en mano, recorre las distintas secciones del predio y demuestra cómo se encontraba años atrás y cómo ha ido construyendo sus negocios, comenta: “pues sí, ya que hicieron la plaza comercial “Loma Bonita” (que está ubicada frente al predio en litigio), subió la plusvalía y entonces sí les interesa quedarse con todo lo que he trabajado”.  Por lo tanto, la resolución del caso puede demorar más, mientras tanto, el empresario continúa trabajando sus negocios y en la espera de no ser despojado de lo que ha sido su único patrimonio desde que llegó a Tijuana, hace veinte años.