92 mil expedientes, 28 juicios orales

Colapsa justicia alternativa en Mexicali A dos años de su implementación, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), que incluye los famosos juicios orales, “es un total fracaso”, expresa a ZETA el abogado penalista José Antonio Orenday, asesor del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali y catedrático de la Universidad Xochicalco. La Justicia Alternativa entró en vigor el 11 de agosto de 2010, y luego de dos años, al 31 de julio de 2012, las estadísticas son las siguientes: – 92 mil 898 expedientes (números únicos de caso) recibidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE) en Mexicali. – 15 mil 299 acuerdos llevados a cabo por el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP) de la PGJE, que incluye los mecanismos de mediación y conciliación para que los casos no lleguen a un juez oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado; lo cual implica el 16.4 por ciento de efectividad de la PGJE en el total de expedientes. – Mil 818 casos judicializados, es decir, turnados a un juez de garantía dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Además, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ha impuesto solamente 28 fallos de juicio oral en dos años. En otras palabras, de los 92 mil 898 expedientes, el Tribunal Superior de Justicia del Estado solo ha impartido fallo de juicio oral en un 0.03 por ciento. “La estadística es muy fría. El porcentaje es muy bajo y nos puede demostrar realmente que algo anda fallando, y ahí la autoridad debe poner los focos rojos y ver qué es lo que falta corregir para que esto se mejore y realmente podamos tener resultados más halagadores, porque esos porcentajes están muy bajos”, explica a ZETA el licenciado Armando Atilano Peña, vicepresidente en la Región Noroeste de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. A propósito de los más de 750 millones invertidos en Mexicali en 2010 para el edificio del llamado Centro de Justicia del Nuevo Sistema de Justicia Penal y tomando en cuenta los paupérrimos resultados luego de dos años, Atilano Peña es contundente: “Se creó ahí un elefante blanco enorme, con unas instalaciones magníficas y mucho personal, y realmente para tener 28 juicios orales en veinticuatro meses, también es muy bajo, es bajísimo”. El análisis del abogado involucra tanto al Poder Judicial que lidera la magistrada María Esther Rentería, como a la Procuraduría General de Justicia del Estado que encabeza Rommel Moreno Manjarrez: “Podemos decir que estaría funcionando en caso de que el porcentaje (de casos resueltos por la PGJE) fuera muy elevado para decir, ‘¿sabes qué?, pues no se ha necesitado de los juicos orales, porque en la etapa de mediación y conciliación se ha abatido el rezago’; pero si en un año el Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene 28 juicios orales, pues ese porcentaje también es bajísimo. Eso demuestra que algo no está funcionando y que algo está fallando”. El rezago histórico en la PGJE Cuando recién había iniciado el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali, del 11 de agosto de 2010 al 14 de diciembre del mismo año, la PGJE había recibido 10 mil 296 casos, de los cuales 7 mil 934 casos estaban rezagados, es decir, no estaban determinados ni resueltos por la justicia alternativa, tampoco turnados al Tribunal Superior de Justicia del Estado. En aquella ocasión, para el licenciado Jorge Emilio Iruegas, asesor del procurador Rommel Moreno en materia de justicia penal, “garantizó” que no se trata de rezago porque el sistema iba empezando: “Lo que se está buscando al momento es que nosotros tengamos en trámite cerca del 25 por ciento de lo que recibamos, es decir, el 75 por ciento, o debe estar ante el juez o determinado. Obviamente tenemos un porcentaje un poquito (sic) mayor, porque a tres meses apenas están iniciando las investigaciones, y en un lapso tradicional, una investigación tarda en madurar unos seis meses. Estamos dentro de los rangos”. El vocero en materia penal insistía en que no le preocupa el rezago: “Me estaría preocupando, digamos, que ya estuviéramos en seis meses, y que esos 6 mil no estarían ya con el juez, ¿no?”, diría a ZETA en su edición 1917 (del 10 al 16 de diciembre de 2010), haciendo alusión al tiempo, en promedio, que tardan en “madurar las investigaciones”. Pero ahora que se cumplen dos años, las cifras se dispararon: 92 mil 898 expedientes, de los cuales 15 mil 299 fueron resueltos por los métodos de conciliación y mediación de la PGJE; mil 818 judicializados y 20 mil 899 determinaciones del Ministerio Público, lo cual da una cifra de 38 mil 017 casos atendidos por la PGJE. Pero si se recibieron 92 mil 898 expedientes, el rezago es de más de 50 mil casos. “Es un rezago, claro, claro. Al principio podíamos darles el beneficio de la duda porque se estaba implementando y podíamos creerles que no era rezago, pero ahorita, a la vuelta de dos años y con este disparo tan elevado de la estadística, pues los hechos nos están demostrando que desafortunadamente para la Procuraduría y la ciudadanía eso sí es rezago; al rato imagínate, dentro de dos años estamos hablando que van a ser 200 mil ahí atorados, es una locura eso; entonces, sí deben enmendar el camino y corregir los vicios que tienen, que no han sacado, para evitar que este rezago, que ellos no lo ven así, se les duplique en dos años y que después esto sea una bola de nieve que sea imparable y que venga a ocasionar una grave impunidad en nuestro estado”, expresa a ZETA el licenciado Armando Atilano Peña. “En la Procuraduría hay un enorme rezago de acuerdo a los números que están manejando; nosotros estamos manejando números más graves, porque esos son los números oficiales; porque para ellos, el Poder Judicial y la Procuraduría, es un triunfo que nada más se hayan celebrado 28 juicios orales”, coincidió el abogado José Antonio Orenday. La impunidad, las consecuencias Lo peor del caso es que los delincuentes gozan las “bondades” del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali. Tan solo en el rubro de robos con y sin violencia, incluidos los hurtos de vehículos, a casa habitación, comercios, bancos y vía pública, hubo un aumento del 40 por ciento entre 2010 y 2012. En Mexicali se registraron 10 mil 051 robos con y sin violencia en el primer semestre de 2010, mientras que en 2011 se dispararon hasta 14 mil 929 en el mismo periodo, y 14 mil 051 también en los primeros seis meses de 2012. “El Código de Procedimientos Penales es muy blando, el presunto responsable tiene derecho a gozar de su libertad provisional, el juez inmediatamente le da su libertad, al rato ya anda otra vez delinquiendo, mucha gente se ha quejado de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es muy laxo, y le da muchas garantías a los delincuentes”, aseguró el licenciado Atilano Peña. Sobre el aumento del 40 por ciento de robos con y sin violencia entre 2010 y 2012, expuso: “Ése es otro foco rojo. Muchos mexicalenses se han estado quejando precisamente de que al implementarse el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el número código se hizo muy laxo, que está muy fácil y el presunto responsable tiene muchas garantías, entonces esto ha propiciado de que saben que van y cometen el delito, los detienen, inmediatamente salen y al rato andan volviendo a delinquir; esta situación crea este foco rojo con este 40 por ciento de incremento, cuando debería ser al revés: en lugar de incrementarse, debería haber un decremento, pero desafortunadamente se ha disparado ese tipo de delitos y yo creo que mucho tiene que ver precisamente que el Nuevo Código sea muy laxo y le dé muchas garantías a los presuntos responsables; de ahí se están agarrando para cometer sus fechorías”. Otro de los puntos que analiza también el licenciado José Antonio Orenday, es sobre las penas menores de las que ahora gozan los delincuentes con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el principio de que con la justicia alternativa, se iban a despresurizar las cárceles: “Lo que no han visto ellos, Procuraduría y Poder Judicial, por ejemplo, donde se han llevado juicios abreviados en homicidios, violaciones, secuestros, la Ley establece penas mínimas; por decir algo, en un secuestro son 20 años como mínimo, pero si el responsable admite un juicio abreviado, les rebajan una cuarta parte más; es decir, de 20 le tocarían 15 años. Sin embargo, se les olvida que ya una legislación establece la pena mínima, y con los juicios abreviados están beneficiando todavía a esas personas, cuando fue un triunfo que los legisladores establecieron penas más altas para ese tipo de delitos, ya sea homicidio, violación y secuestros; en los secuestros, con un juicio abreviado en el Nuevo Sistema se imponen 15. “En las violaciones simples han alcanzado beneficios en el Nuevo Sistema cuando no alcanzan beneficios preliberacionales: En una pena mínima de 6, si se lleva a un juicio abreviado se imponen 4, y ya con eso alcanzan un beneficio de condena condicional”, lamenta el abogado penalista. — ¿Qué está fallando en el Nuevo Sistema de Justicia Penal?, se le pregunta a Orenday. “Están fallando los operadores del Nuevo Sistema; el sistema está bien, pero no están preparados, debieron haber iniciado con delitos no graves, o sea, poco a poco”. Mientras que el licenciado Armando Atilano Peña concluye: “La autoridad tienen que hacer un alto en el camino y analizar minuciosamente qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y qué hay que corregir para que se mejoren las condiciones de impartición de justicia en Mexicali, y evitar que los riesgos que están corriendo ahí, no se implementen en Ensenada y sobre todo en Tijuana. Si se implementara el Nuevo Sistema en Tijuana, con la problemática actual que tenemos, aquí el sistema se colapsaría en meses”.