Aunque soy persona de radio sentí el deseo de relatar por escrito mi experiencia como una más de las 40,737 votantes, que desde 91 países emitimos nuestro sufragio en la pasada elección presidencial de manera por demás heroica, por la odisea que resultó cumplir en tiempo y forma con los mecanismos que regulan actualmente este proceso. Para la clase política, pero más aun para la sociedad mexicana, esta cifra pudiera interpretarse como una prueba inequívoca del escaso interés que nuestros paisanos pudieran tener por participar en el proceso electoral. Por sí solo este planteamiento es por demás engañoso. La realidad de los hechos es que la mayoría de los paisanos antes de cruzar la frontera (hacia Estados Unidos) rompen y tiran cualquier documento que los identifique por razones obvias, y si añadimos el dato de que millones más cruzaron sin haber tenido la oportunidad de empadronarse ante el IFE, en gran medida quedaría explicada la escasa participación. Si a esto le agregamos los comentarios irresponsables de que el voto desde el exterior es un voto sumamente caro, sería lo equivalente a pintarle una raya más a este tigre maniatado, que es precisamente el estado en que los legisladores han mantenido desde el 2005 a esta fuerza innegable que conformamos millones de mexicanos que vivimos (por la razón que sea) en suelo extranjero, pues si bien esa reforma abrió la puerta para que se permitiera votar desde el exterior, la puerta venía con muchos candados que la hacen pesada y limitan su apertura. La historia del voto extranjero sería otra si hubieran sido aprobadas iniciativas respaldadas por líderes migrantes y presentadas por un puñado de senadores como el guanajuatense Alberto Villarreal (PAN), que planteaban la posibilidad de que se permitiera usar la matrícula consular como identificación alterna a la credencial de elector. Lamentablemente estas reformas siguen sin ser aprobadas; los políticos ni tardos ni perezosos frenaron estas iniciativas, pues es innegable que muchos de ellos se resisten a la idea de que la elección de un presidente pueda ser definida por los mexicanos de afuera. Mal que bien nuestros legisladores aprendieron a jugar sus fichas en este ajedrez a veces falto de democracia y sobrado de demagogia, pues con una mano celebran las millonarias remesas que los paisanos mandan a México y con la otra frenan los mecanismos que pudieran facilitar el voto desde el exterior. Paradójicamente y a pesar de los loables esfuerzos hechos por el IFE como permitir el uso de la credencial 03, falta mucho por hacer. Regreso a San Diego alentada por una muy productiva reunión con un grupo representativo de observadores migrantes y convocada por el Consejero Electoral Dr. Francisco Guerrero, Presidente de la comisión del voto en el exterior, en donde éste se comprometió a seguir impulsando iniciativas que permitan no sólo la credencialización fuera de México sino también el voto presencial en consulados y embajadas o en su defecto el voto electrónico, como ya lo hace el DF con los chilangos en el exterior, mecanismos que terminarían por abrir la puerta de par en par al voto paisano. Concluyo contándoles que el propio día de la elección pude presenciar el conteo y escrutinio de los votos de los mexicanos residentes en el exterior, organizado por la oficina a cargo de la coordinación del voto en el exterior encabezada por la Maestra Dalia Moreno y su equipo. El vivir esta experiencia y saber con certeza que uno de esos votos era el mío, me llenó de júbilo, pues el saber que mi voto independientemente de su procedencia valía igual que el de cualquier otro mexicano, me hizo olvidar por un ratito mi realidad de migrante y más aun, valorar que en una sociedad tan diversa como la nuestra, este ejercicio cívico tiene la particularidad, además de elegir a nuestros gobernantes, de convertirnos en iguales aunque sólo sea por un día cada seis años. Para los millones de mexicanos que viven en la sombra por temor a ser deportados, el que la madre patria les facilite verdaderamente la participación en el proceso electoral, más que devolverles un derecho humano es validar un acto de justicia social y solidaridad republicana. Valdría entonces la pena sugerir modificar el slogan del IFE para que rezara: “Lo que hace grande a un país es la participación de su gente en todo el mundo”. Mery López-Gallo Correo: mgallo@univisionradio.com
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