La (verdadera) señora Presidenta

Estará siete años en el TSJE, cinco de los cuales los ha llevado en medio de la polémica Cuando en noviembre del 2007 fue electa para sustituir al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, quien primero cayó enfermo y después falleció, nadie imaginó que María Esther Rentería Ibarra se entronizaría en la presidencia del Poder Judicial por cerca de siete años, situación inédita en la historia de la máxima instancia de justicia. Primero relevó a Jaime Rico en la presidencia del Tribunal, luego se reeligió no por dos años, sino por tres, al haber cambiado la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en el 2011 ya con cuatro años al frente de esa presidencia se aferró a conservar el poder otros tres más, pese a que la misma Ley limita a solo dos periodos la estancia en la máxima silla del Poder Judicial. “Es parte de los efectos de la simpatía que el Gobernador del Estado ha encontrado con esa gestoría de la Presidenta del Tribunal”, considera el ex consejero de la judicatura Julio César Santibáñez en torno a esa permanencia y a la reciprocidad de apoyos y beneficios entre Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Serán siete años –de los que lleva cinco– lo que durará la presidencia de Rentería, y en los que  ha llevado aparejada la controversia, por su estilo personal de gobernar, de ejercer el poder de manera vertical, obsesiva y en ocasiones hasta visceral, como el despido de la entonces directora del Instituto de la Judicatura Silvia Justina Castro Trenti, quien no solo fue despedida sino literalmente arrastrada para echarla de su oficina, lo que después del pleito judicial significara pagarle cerca de cinco millones de pesos al emitirse un laudo laboral a su favor. O el caso primero del control del Consejo de la Judicatura y el despido de varios funcionarios –que igual mantienen demandas laborales aún en proceso–, luego la modificación de la composición del mismo Consejo para endurecer el control.  Aparte, la presidencia de Rentería –con el apoyo irrestricto del gobernador Osuna Millán- le ha apostado virtualmente todo a la implementación en la entidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el mismo que  a casi dos años de su vigencia en Mexicali ha mostrado múltiples fallas pese a lo oneroso que resulta para las arcas públicas, lo que ha significado el retraso de su vigencia en Ensenada y Tijuana. Pero además el llamado “viejo sistema”, aunque aparentemente se le ha apoyado presupuestalmente en mejoras a edificios y oficinas, la parte medular que tiene que ver con que la justicia pronta y expedita sigue en espera. Todo esto en detrimento de los llamados “justiciables”, los ciudadanos que aún están a la espera de los cambios, de la agilización y la trasparencia en el sistema de justicia en la entidad, y todo además bajo la complacencia y pasividad del resto de los Magistrados, del Congreso, del Ejecutivo. Difícil hablar de democracia “El Poder Judicial es el poder que está más rezagado en muchos aspectos”, comenta Eleazar Verástegui, abogado, ex integrante del Consejo de la Judicatura y quien recientemente solicitó –fallidamente– un juicio político contra la Presidenta del Poder Judicial. “Da la impresión de que no hay avances cuantitativos y cualitativos”, sostiene el abogado. Menciona las dos vertientes que tienen que ver con la parte penal y la civil. En esta última considera que hay buenos jueces, pero en la penal había jueces de calidad y experiencias pero los trasladaron al Nuevo Sistema, dejando este espacio en gente sin mucha experiencia. “Da la impresión de que el Poder judicial los designó y los dejó a su suerte, no ha permeado al exterior que el Poder Judicial esté haciendo algo para ayudarles”, dice Verástegui, quien amplía: “Difícilmente podemos hablar de democracia al interior del Poder Judicial, todos los señores Magistrados están muy a gusto, tienen un trabajo donde les pagan muy bien y todo esto hace que no tengan una percepción de que tengan que dinamizar, que innovar”. Considera que si los Magistrados llegaran por méritos verdaderamente transparentes y tuvieran que luchar para ser ratificados, eso implicaría que buscaran ser mejores en todo sentido. “Ellos son los dueños del Poder Judicial”, sostiene el entrevistado, quien califica de “gris”, el poder ejercido por la actual Presidenta. “La señora no está haciendo nada para superar el nivel y calidad”, dice Verástegui, quien cuestiona el gasto excesivo destinado al Nuevo Sistema, el cual no se ha traducido en la eficiencia de éste –por ejemplo en la necesaria capacitación– y califica igual que muchos como “elefante blanco” al edificio que alberga esta sede, pero que a la vez hasta el momento se ha traducido en un escaso número de procesos. “A la señora no le interesa cambiar nada, simplemente le fascina estar en la foto”, sostiene el abogado  Verástegui; asegura que las decisiones de la Presidenta han estado influenciadas por las intereses políticos de otro poder, en este caso del Ejecutivo. Para Verástegui, ha habido una evidente falta de interés para incidir realmente en la problemática del sistema de justicia. Rentería, el conducto De acuerdo a Julio César Santibáñez, abogado ensenadense y ex consejero de la Judicatura, en el tiempo que fue parte de ese organismo se trabajó de manera intensa en la reconducción presupuestal del Poder Judicial, lo que dio las bases para la solidez económica y poder llevar a cabo una reestructuración material, sobre todo en Rosarito y el Valle de Mexicali, pero también en el resto de las sedes. Luego vino el Nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que significó un aumento desmedido –presupuestalmente hablando-, pero no equilibrado. “Privilegiaron la materia penal sobre todo en Mexicali, con el Nuevo Sistema, cuando existen materias tan sensibles como la familiar, donde existen rezagos sumamente importantes, dice Santibáñez y ejemplifica: Ensenada, donde existe un solo juzgado de lo familiar. Aparte en el caso de Tijuana y Mexicali estas instancias tienen sobrecargas de trabajo y además en el Tribunal Superior no existe una Sala especializada en materia familiar. “Esto ha hecho que el avance material tenga sus claroscuros: En algunas ciudades sí, en otras no, en algunas materias sí, en otras no”, sostiene el abogado ensenadense. Santibáñez comenta que se invirtieron cerca de 900 millones de pesos en la infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali, siendo que el presupuesto del Poder Judicial en todo el estado era de 700 millones. “Si esos 900 se los hubieran dado al Poder Judicial para que creciera en todas las materias, el Poder Judicial tuviera otra visión, otra estructura y otro perfil totalmente diferente”, refiere el abogado, quien como Consejero se manifestó  en repetidas ocasiones contra el arranque aquí del Nuevo Sistema. Santibáñez pone el caso de Nuevo León, donde el nuevo sistema inició con los delitos “no graves”, lo que implicó que todos los posibles errores afectasen a un menor número de personas.  “En Baja California se aventaron el boleto de irse con todo tipo de delitos, lo cual en Mexicali pueden decirte que en realidad el índice de delitos ha aumentado, y es en vía consecuencia del NSJP que tiene unos candados que lo hacen garantista, pero nuestra cultura no puede adaptarse por decreto con una mentalidad y una infraestructura de primer mundo”, dice en relación a un sistema donde la oralidad y el uso de la verdad es prioritario para poder procesar a alguien. Para el exconsejero la implementación en la entidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal se convirtió en un objetivo político del Gobernador del Estado, pese a que dentro del pleno del Tribunal –así dice haberlo percibido– los Magistrados no estaban enteramente conformes y de acuerdo en aceptarlo. “Existe una correlación de ayuda”,  analiza Santibáñez en alusión a la situación de los Magistrados y la inamovilidad otorgada a fines de la legislatura pasada. “En septiembre del 2010, a unos días de entregar la legislatura (la siguiente ya con diferente conformación, dominada por priistas) aprueban una reforma para darle inamovilidad y que todos los Magistrados que iban a cumplir 15 años en la función no se les aplicara la disposición y se quedaran en el cargo hasta cumplir los 70 años”,  dice en relación a lo que considera una respuesta cortés del Ejecutivo ante el respaldo al Nuevo Sistema de Justicia Penal. En otro rubro Santibáñez menciona ausencia de un fondo de retiro para los funcionarios del Poder Judicial, que hasta el momento no existe y para lo cual habían solicitado 10 millones para su creación, los cuales nunca fueron aprobados. Para Santibáñez, el papel de la Magistrada Rentería ha sido el fungir como conducto, como una buena operadora y conciliadora entre los intereses que buscan los Magistrados y los intereses que quiere conservar el Ejecutivo. “Las nuevas instalaciones, el aspecto moderno no coincide con el aspecto sustantivo que sigue estando con los mismos sistemas del siglo pasado”, dice Santibáñez, y ejemplifica con la necesidad de contar con expedientes electrónicos, firma electrónica, acceso  a gestiones vía internet. Otra parte tiene que ver con la necesaria transparencia y el que las sesiones tanto del Consejo como de los Magistrados sean públicas. Retraso en lo civil “Desde luego que estoy en contra de que las cabezas de los poderes del Estado –sobre todo del Poder Judicial– se pudieran mantener con las puertas cerradas, nunca deben de perder de vista que se deben al pueblo”, sostiene el Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali Herman López Frank, en referencia a lo señalado por su antecesor en el Colegio, José Luis Huape, quien cuestionaba a la Magistrada Presidenta por la cerrazón contra el gremio. Pero López Frank aclara que en su caso –encabeza el Colegio desde septiembre pasado– sí le han concedido las audiencias solicitadas. Sobre la permanencia de la Magistrada, López Frank se muestra cauto y habla sobre la conveniencia de que haya permanencia o no y asegura que habría que analizar varios aspectos. “Primero tendríamos que ver si se ha dado efectividad al sistema de justicia, si ha habido, pues adelante, que siga permaneciendo, pero si no ha habido, no es conveniente que siga permaneciendo para los ciudadanos, que siga en la cabeza a una persona que no lleva a cabo su trabajo”. — ¿Y ha habido efectividad? “Yo te puedo hablar de lo que comentan los abogados, quienes sobre todo se han quejado del retardo en el procedimiento en materia civil”, dice López Frank, con quien secretarios y jueces mencionan la falta de personal como la causa principal de ese retraso. En el caso de los Magistrados y su evidente pasividad, López Frank comenta, “Ese tipo de personajes que son pasivos, que son chambistas, que únicamente solo quieren recibir su sueldo, no nos sirven tenerlos. En un sistema de impartición de justicia, los que deberían estar vigilando sus propios derechos en cuanto a su imparcialidad, en cuanto a su independencia son los propios magistrados y jueces, si no lo hacen así, entonces cómo pueden vigilar otro tipo de derechos”. Sobre el Nuevo Sistema y la prioridad que se le ha dado sobre el anterior, López Frank comenta que estos cambios vienen por una orden de una reforma constitucional aprobada desde enero del 2008 y donde no se permitió a los estados establecer otro método de posibilidad de arreglo a  los retrasos del sistema procesal. Para el abogado, la implementación pronto fue un acierto por parte del Gobierno del Estado, sobre todo porque los recursos ya estaban establecidos.</p> Para el dirigente de los abogados, el problema en la operación del NSJP no ha estado en los jueces, sino en los operadores del sistema de procuración de justicia, asegurando que la ineficiencia ha venido desde la cabeza, desde la Subprocuradora de Justicia María Elena Andrade. En cuanto al ex presidente del Colegio, José Luis Huape, en el balance de la administración que encabeza en el Poder Judicial María Esther Rentería,  habla primero de logros: Un desempeño favorable en cuanto a la gestión para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura, que incluye la tecnología de punta, la preparación del personal y los espacios, dignos para el ciudadano; Otro punto a favor tiene que ver con la honradez como regla principal y un tercero la responsabilidad, ya que –según Huape- son más los que cumplen con su trabajo que los que no lo hacen. En la parte pendiente, el  abogado  menciona la necesidad de que la administración del Poder Judicial voltee a ver al ser humano, esto por la actual ausencia de una carrera judicial, con procedimientos claramente establecidos en cuanto a la promoción de los puestos. Otro pendiente tiene que ver con la ausencia de un sistema de pensiones –que corresponda a la responsabilidad ejercida– y un tercer pendiente sería  la transparencia en el quehacer sustantivo del Poder Judicial. Finalmente el ex presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, quien en mayo del 2011 se quejó públicamente de la cerrazón de la Magistrada presidenta, quien repetidamente se negó a recibirle –actitud principesca, le caracterizó–, refiere que finalmente Rentería Ibarra respondió al llamado y le ofreció recibirle, pero esto fue seis meses después, cunado ya había sido relevado en la titularidad del Colegio.