Gobiernos demandados

Un joven trabajador municipal apenas treintañero, con cinco años de servicio, tuvo un grave percance a finales de los noventas. Víctima de la inseguridad, le pegaron un balazo en la espalda en un restaurant, afectando sus capacidades de por vida. En marzo de 2012 tuvo una crisis, y, sangrante, llegó al hospital de ISSSTECALI, donde se negaron a atenderlo. El argumento: ser “empleado de confianza” y no contar con servicios médicos en esa instancia oficial. Igual le pasó a una trabajadora del Poder Judicial, quien a principios de este año se vio involucrada en un accidente de tránsito. Por su categoría de “empleada de confianza”, el accidente solo se califica como “enfermedad”. En noviembre de 2011, Andrés Berrelleza, empleado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), sufrió un accidente de tránsito que le costó la vida. Por ser “empleado de confianza” su viuda no tuvo derecho a pensión alguna. Otros casos de la CESPM son igual de injustos, como el de Porfirio Chocoa Toruca, quien cuenta con 37 años de antigüedad y no puede pensionarse, también por su condición de ser “empleado de confianza”; al igual que Acacio Quintanilla Duarte, con cuatro décadas laborando en la institución y sin derecho a pensión por ser de la misma categoría, con el agravante de que  recientemente le detectaron cáncer. Ambas situaciones -y por negociación con los directivos- les otorgaron lo que le llaman “pensión humanitaria”, una suerte de acuerdo entre las partes donde se logra que el trabajador siga cobrando, pero ya no acuda a laborar. “Eso no soluciona el problema, sus familiares no cuentan con seguridad social y en caso de muerte no reciben pensión alguna”, expone el abogado Ángel García Alcaraz, quien encabeza el apoyo legal a más de 800 empleados del sector público que demandan seguridad social, que fundamentalmente incluye el reconocimiento de antigüedad,  la homologación salarial y de prestaciones (derecho a pensión, por ejemplo), con los empleados de base. De acuerdo a sus cálculos, en situación similar se encuentran 20 mil trabajadores del sector gubernamental en todo el estado, distribuidos entre ayuntamientos, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y las llamadas instituciones descentralizadas, como el caso de las comisiones de Agua. “El Estado es el principal violador de los derechos laborales” acusó el abogado mexicalense especializado en el rubro laboral. “La vida de las personas no es negociable”, complementaría Manuel Guerrero, trabajador de la CESPM que en septiembre de 2011 encabezó una huelga de hambre para presionar y lograr un acuerdo por lo menos de pensión humanitaria -figura que no está en ninguna Ley- para una veintena de viejos trabajadores de la paraestatal del agua de Mexicali.   La seguridad   La llamada seguridad social integral está regulada por la Ley de ISSSTECALI, concretamente en el Artículo 4, que incluye los seguros de accidentes de trabajo, jubilación, pensiones de retiro, invalidez o muerte, indemnización global y préstamos. En el caso de la Ley del Servicio Civil, se reglamenta la relación de trabajo, además de los derechos y obligaciones patronales y de los trabajadores. “Una cosa es la relación de trabajo, hablando desde el punto de vista técnico, y otra es la relación de seguridad social que deriva de la relación de trabajo”, explicó el abogado García Alcaraz, para recalcar las recurrentes violaciones gubernamentales a los derechos laborales de los trabajadores, de las que sale impune el sector oficial, mientras en el privado, si un empresario evade esa responsabilidad inmediatamente se le requiere, embarga y rematan sus bienes para el pago de esas omisiones. De acuerdo al abogado, en el momento en que un trabajador “pisa” la fuente de trabajo, tiene derecho a la seguridad social, en tanto que el patrón tiene la obligación de otorgársela. “Es intrascendente aquí que sea trabajador de confianza o no lo sea, ése es un derecho a nivel constitucional, y la Constitución no te hace diferenciación de un trabajador de confianza o trabajador común, aquí la esencia es que tengas la calidad de trabajador”, sostiene Ángel García, quien asegura que n aras de evadir su obligación, el gobierno les otorga la calidad de trabajadores de confianza con la idea “errónea” de que al así designarlos, no tienen acceso a la seguridad social integral, solo servicios médicos y maternidad. Manifestó que una de las consecuencias de la seguridad social es el acceso a servicios médicos. Citó el ejemplo de quienes están en horas de trabajo y sufren un accidente, “es un riesgo de trabajo y si no puedes seguir trabajando, te tienen que pensionar”. Ante la ausencia de prestaciones, el accidente lo clasifican como enfermedad general y así mantienen al trabajador en forma indefinida, hasta que llega un momento en que lo recortan, o éste muere y la familia queda desamparada. García Alcaraz hace cuentas y mentalmente calcula que entre las diferentes instancias gubernamentales, él lleva los casos de más de mil trabajadores. Tan solo en la CESPM encabeza las demandas de más de 600 empleados. Aparte está el tema del otorgamiento de bases laborales -que a través de éstas también logran la seguridad social-, por eso recientemente el gobierno del estado, apoyado por las firmas de los cinco alcaldes, presentó ante el Congreso una propuesta para modificar la Ley de Servicio Civil que buscaba obstaculizar las basificaciones, pero que momentáneamente fue congelada tras las presiones en contra del Sindicato de Burócratas.   El caso CESPM   La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali es ejemplo de lo que sucede en torno al reclamo de seguridad social para los empleados gubernamentales. La paraestatal cuenta con un total de mil 356 empleados, de los cuales 550 pertenecen al Sindicato de Burócratas -por lo que cuentan con la seguridad social- y el resto son de confianza. Pero incluso en el caso de los sindicalizados, hay turbulencias. Manuel Guerrero sirve como botón de muestra, ya que le reconocen antigüedad para pensiones de solo siete años, perro lleva 16 años laborando. La razón: en la dependencia tardaron cerca de siete años en considerarlo de base. “Ahorita aunque tenga 16 años laborando no tengo derecho a una pensión, tendría que tener 15 años cotizados mínimo. Si en estos momentos yo tuviera un accidente y no pudiera laborar, mi familia quedaría en la calle y yo también”, lamentó el trabajador, quien comparte la misma situación con gran parte de la planta laboral de la Comisión. Guerrero recordó la huelga que hambre que tuvieron que realizar en septiembre pasado para denunciar los casos de varios compañeros enfermos, viejos, algunos ya incapacitados para laborar y que por la falta de pensión, debían de seguir acudiendo. Recordó a Jesús García, un señor ya grande que debía de acudir solo a sentarse todo el turno, y hasta lo tenían que atar a la silla, pues por su edad, había el riesgo de que se cayera. Pero la lista es muy larga. Empleados que han muerto en accidentes laborales y sus familias quedaron en el desamparo, como el de un “tubero” que falleció atrapado por un alud de tierra en la colonia Baja California; Samuel Rodríguez Peralta, quien en 2008,  al inhalar gases de drenaje, cayó en coma y la respuesta desde la dependencia fue conseguirle trabajo a su esposa; Acacio Quintanilla, a quien le otorgaron pensión humanitaria, pero ya con el diagnóstico de cáncer linfático. Todos empleados de confianza. “Nos parece gravísimo que la autoridad solo ceda ante casi hechos consumados”, refiere Guerrero, quien considera que el Estado debe tomar cartas en el asunto, al tratarse de un problema institucional. “Para nosotros es justicia”, refiere. Sobre el argumento o excusa gubernamental de no pensionar a todos los trabajadores  porque las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI)  no aguantan más, Ángel García Alcaraz concluyó: “Ése es problema de la dependencia y del ISSSTECALI, pues de acuerdo a la Ley de ISSSTECALI, la dependencia tiene la obligación de que en cada trabajador que contrate, avisarle (al Instituto) para que le hagan los descuentos correspondientes”.   ISSSTECALI y los enroques   ISSSTECALI, instancia gubernamental para otorgar servicios médicos y seguridad social a los empleados, ha servido de rescate a políticos panistas, como Salvador Morales, ex líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN) hasta 2007, cuando fue designado por el gobernador del estado, José Guadalupe Osuna, para encabezar ese organismo en el primer gabinete. Luego, el 6 de septiembre de 2010 -tras la derrota electoral del PAN localmente-, el candidato perdedor por la alcaldía de Mexicali del partido blanquiazul, Raúl López Moreno, fue designado titular del Instituto,  pero solo duró 16 meses, pues el 11 de enero de 2012 fue relevado por Francisco García Burgos, también ex líder estatal del PAN, quien el lunes 16 de julio tomó protesta como nuevo secretario general de Gobierno, en sustitución de Cuauhtémoc Cardona, quien anunció el jueves 5 de julio que buscará la candidatura azul a la gubernatura de Baja California. Utilizar la dirección de ISSSTECALI como botín político y designar como titulares a todólogos que están de paso y no reúnen el perfil requerido para la institución, no ha contribuido a mejorar su funcionamiento ni a realizar los cambios requeridos para evitar el colapso de ese instituto de salud. El lunes 16 de julio, apenas terminada la rueda de prensa del recién designado secretario general de Gobierno y hasta esa mañana titular del ISSSTECALI,  ZETA buscó a García Burgos para hablar de las 800 demandas. El funcionario remitió al reportero con Daniel Bernal, titular del Departamento Jurídico del Instituto,  y recomendó que la entrevista fuera en el corto plazo porque se lo llevaría a la General de Gobierno. Bernal admitió que el Instituto enfrenta más de mil juicios de diversa índole y en diversas instancias: “Tenemos ahí en la Junta (de Conciliación), tenemos en el Tribunal de Arbitraje, otros en segundas instancias. Cada abogado tiene la potestad de hacer la defensa de su propio asunto como mejor le convenga a sus intereses, y de igual manera el Instituto tiene a su alcance diversos medios de defensa que se hacen valer. Todos ellos son de seguridad social, pero son de índole laboral, en base a prestaciones de diversos tipos, reconocimiento de antigüedad, demandas por basificación, riesgos de trabajo”. Agregó que no todas son demandas directamente contra ISSSTECALI, ya que cuando se demanda  a un ayuntamiento, al Poder Ejecutivo o a las paraestatales, el Instituto también es parte del juicio. “Es un reconocimiento doble, demanda a los dos”, dijo. El funcionario calificó como “muy arriesgado” hablar de números en cuanto a demandas exclusivamente por basificación, pero recordó un dato aportado por el Oficial Mayor de Gobierno, Raúl Leggs, quien expuso recientemente que tan solo el Ayuntamiento de Tijuana tiene alrededor de 800 demandas de ese tipo. “Reconocimiento de antigüedad y basificación es lo que más se demanda”. El mismo abogado alude a la Ley del ISSSTECALI, sobre todo en la parte de pensiones y jubilaciones, donde a su consideración, se requiere una reforma urgente que incluya el aumento en la edad de las jubilaciones, modificaciones en las contribuciones de los jubilados y cobertura en beneficiarios: “Es necesario que se voltee a pensar en una reforma, tanto la del ISSSTECALI como la Ley del Servicio Civil, son temas diferentes, las pensiones por un lado y las demandas que me comentas, en apego a la Ley de Servicio Civil”.   Buscar reordenamiento de basificaciones: Raúl Leggs   Para el gobierno del estado, basificar por condena de los tribunales laborales en 2011 a 53 trabajadores significó un incremento anual, tan solo en nómina, de 6 millones de pesos. Aparte habría que aportar otros rubros como pago de cuotas al ISSSTECALI, pago y reconocimiento por antigüedad. “Estamos tratando de ordenar las basificaciones”, explica el Oficial Mayor del gobierno del estado, Raúl Leggs, en función de lo que históricamente ha sucedido, cuando se basifican por condena de los tribunales laborales. Desde 2007 a la fecha se han presentado 1853 demandas y 708 han recibido laudo condenatorio. De acuerdo a datos aportados por el Oficial Mayor, el gobierno del estado cuenta con alrededor de 9 mil 889 trabajadores desglosados con 2 mil 739 de base, 3 mil 425 de confianza y 3 mil 725 con relación administrativo, estos últimos, por así marcarlo, la Ley en el área de seguridad pública. Aparte hay otros 39 mil 700 en el magisterio, que suman más de 49 mil empleados. “Es un tema que data de años atrás, un asunto que se ha venido agudizando en los últimos años”, comenta Leggs en alusión a la seguridad social y las basificaciones de los empleados, en este caso solo del Poder Ejecutivo. Agrega que junto con la representación sindical, buscan “ordenar el tema” bajo la coincidencia de que es un derecho de los empelados de solicitar la base. ”Lo que queremos hacer es la comisión mixta de escalafón, junto con el sindicato, que establezca los lineamientos precisos según los cuales una persona pueda basificarse”. Actualmente personal que tiene seis meses o un año, demandan ante los tribunales laborales la basificación, mientras que otros con más antigüedad no lo hacen. “Lo que queremos es que se establezcan criterios bajo los cuales un empleado sea promovido para obtener la base, con criterios evaluables, con un esquema claro y preciso, y que sean establecidos de manera bipartita entre gobierno y sindicato. Buscamos también reducir todos los litigios que se dan en el tribunal”, afirma el entrevistado. A su consideración, esta temática ha juntado dos vertientes, una económica y otra de voluntad: “Tenemos recursos escasos en el Estado, si no hay manera de cubrir las necesidades, hay que programarlas adecuadamente”. Además, con este plan de basificación, en vez de estar sujetos a los laudos, a las condenas, se podría preveer qué capacidad económica tendría el Estado en el futuro inmediato para acordar paquetes de basificación junto con la representación sindical. Leggs cimenta que la idea es instalar esa comisión este mismo año, por lo que ya se discute el tema con el sindicato, a fin de poner orden y claridad en las reglas sobre las cuales se debe dar la basificación de los trabajadores al servicio del Estado. “Nosotros coincidimos en que es un derecho al cual pueden acceder los empleados del Estado”, finalizó Raúl Leggs.