Autoridades desconocen los abusos contra niños jornaleros El rostro de Paquito enrojece. La piel morena del niño, de apenas 7 años, pareciera a ratos cambiar de color cuando los fuertes rayos del sol pegan inclementemente en su cuerpo, cuando el barómetro marca los 38 grados centígrados. Las pequeñas manos arrancan tomates, y uno a uno, van cayendo en un balde que carga con mucha dificultad. Paquito tiene la lengua blanca y seca, porque durante dos horas no ha podido tomar agua; primero debe recolectar el producto del día. Son las 2 de la tarde del 7 de julio, y en el rancho Los Pinos, en el poblado de Vizcaíno, en la parte norte del municipio de Mulegé, todo mundo trabaja a marchas forzadas en espera terminar la jornada laboral, y cobrar por fin su semana, más las “horas extras” trabajadas que casi nunca se las pagan. Paquito casi no habla español, pero sabe que entre más tomates junte, más dinero le darán a su familia. El niño es originario de Oaxaca, y llegó acompañado de sus padres y sus tres hermanos, que junto con él fueron enganchados en su tierra y traídos hasta Baja California Sur. Los responsables de contratar a su padre y madre, ofrecieron el pago de transporte, un excelente sueldo, prestaciones y una casa donde vivir, pero cuando llegaron, fueron llevados a un galerón construido con ramas, madera y desperdicios de plástico y de cartón. Una de las 50 viviendas que están en ese sitio, será su nuevo hogar, no tan parecido al que tenían en su lugar de origen, pero que servirá para vivir temporalmente los tres meses que trabajarán en la pizca de tomate. Los pequeños junto con Paquito, sonríen a ratos y se refugian entre las plantas de tomates, como no queriendo ser vistos. Y efectivamente, pasan inadvertidos ante todas las autoridades municipales, estatales y federales de Baja California Sur. 
Oficialmente en los expedientes de la Secretaría del Trabajo Estatal y Federal, Paquito figura como “el hijo de un trabajador”, pero en el rancho agrícola, la realidad es otra: es un empleado más que es explotado, y desgraciadamente por su corta edad, no aparece siquiera en el censo de más de 13 mil jornaleros agrícolas. La labor que realiza constituye un delito que sus patrones cometen a diario. La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) admite que estos casos existen en la mayoría de los 41 ranchos agrícolas que operan en el estado, a pesar de que el artículo 123 de la Constitución de México prohíbe utilizar a menores de hasta 14 años en centros de trabajo, y más aún, en lugares no apropiados, donde hay riesgo de sufrir enfermedades o lesiones. — ¿Cuántos casos tienen registrados formalmente?, preguntó ZETA a la coordinadora del programa de campos agrícolas de la CEDH, Dulce Jazmín Hernández Trasviña. “Oficialmente, ninguno. Pero definitivamente, sí existen casos de niños en esas condiciones, y los estamos investigando. Ahorita, no tenemos casos registrados, porque desgraciadamente, la gente no denuncia, cuando vamos a los ranchos a ver las condiciones en las que están todos los jornaleros agrícolas”. La versión es respaldada por el presidente de la CEDH, Ramón Meza Verdugo, quien dice que el principal obstáculo para que se formalice alguna denuncia sobre explotación infantil son los capataces y los empleadores. “Les tienen miedo”, expresa y comenta: “Cuando llegamos a los campos agrícolas hablamos con la gente e indagamos en qué condiciones viven, cuántos les pagan, si están contentos o no, pero cuando llegamos a ese punto, la gente se calla, no dice nada, por temor a los capataces. Ya en algunas ocasiones, hemos observado las miradas del capataz hacia el trabajador, y nos damos cuenta que son intimidados con la pura mirada”. La información sobre irregularidades que la propia CEDH ha detectado en algunos campos agrícolas ha sido canalizada a la STPS, a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, los ayuntamientos, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que fiscalicen e inspeccionen las condiciones y normas que no se están cumpliendo en cada una de sus respectivas competencias. A decir de los funcionarios de la CEDH, la mecánica que han establecido algunos patrones –no todos, subrayan— es contratar a los padres, quienes a su vez llevan a sus hijos. Ya en los campos agrícolas, y sabedores de sus condiciones económicas y “costumbres”, los patrones saben que los menores saldrán a trabajar para contribuir a la responsabilidad de sus padres, porque como la mayoría labora por destajo, entre más productos levanten, mayor es su pago. Así, los patrones tienen mano de obra “gratis” y evitan cualquier responsabilidad legal y económica de una manera ventajosa y sin escrúpulos, a pesar de que organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido por sus siglas como UNICEF, decretaron en la Convención sobre los Derechos del Niño que “los niños deben estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, nocivo para la salud para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. En México, la Cámara de Diputados, aprobó el 22 de marzo una ley para prevenir y erradicar la trata de personas que contempla sanciones de hasta 40 años de prisión, a quien incurra en este delito, y donde está considerado el caso de la explotación infantil, sobre todo porque –según datos de UNICEF— uno de cada 8 niños de entre 5 y 17 años de edad, trabaja en México, lo que arroja una cifra de 3 millones y medios de infantes entre niñas y niños, de los cuales 7 de cada 10, lo hacen en poblaciones rurales o campos agrícolas. Las irregularidades La explotación de niños es solo la punta del iceberg de toda una serie de irregularidades, abusos, maltratos, engaños, violaciones, crímenes y cientos de historias que todos los días se registran en los llamados campos agrícolas. Por eso, organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tuvieron que crear hasta un área muy específica para atender a todos los migrantes que provienen en su mayoría de Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Sinaloa, y los cuales se diseminan en ranchos de poblados como El Pescadero, Todos Santos, Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes y Vizcaíno, donde se concentra la mayoría de la producción agrícola, y los cuales tiene desde 150 hasta mil 600 trabajadores en la temporada alta, que es en el mes de agosto. La función de esa área es hacer visitas periódicas a los ranchos agrícolas y hablar con los trabajadores sobre las condiciones en que viven y recabar datos estadísticos e información que es canalizada a las autoridades competentes para que tomen medidas correctivas en torno a focos rojos. Pero el camino no ha sido fácil. Algunos ranchos como “Los Pinos”, en Vizcaíno, prácticamente prohibieron el paso de los visitadores de la CEDH, porque son tantas las irregularidades que encontraron que temían ser descubiertos. Por citar un ejemplo, el 20 de junio uno de sus jornaleros agrícolas de nombre Zergio (con Z) Noriega Francisco, resultó herido en una riña. Registraba traumatismo craneoencefálico, y cuando llegaron a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guerrero Negro, los médicos lo internaron, aun cuando, “no estaba asegurado”. Por la gravedad de su estado, el trabajador, requería ser ingresado a terapia intensiva, pero como la clínica no cuenta con esa área, debía ser enviado en avioneta a La Paz. 
El encargado del rancho, de nombre Roel Acosta Gastélum, envió entonces un pase de autorización provisional para que fuera atendido exclusivamente en la clínica de esa población, y cuando los médicos solicitaron que afiliara inmediatamente al jornalero agrícola para que pudiera ser trasladado a la capital, se negó y ya no quiso ni contestar su teléfono celular. Prácticamente, lo abandonó a su suerte. Por este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió una investigación y auditó a la base trabajadora del citado rancho. Entonces se descubrió que más de 60 trabajadores no tenían seguridad social. El encargado del rancho, con tal de deslindarse de responsabilidades, mandó a dos personas a sacar al trabajador de la clínica, y supuestamente, enviarlo a un hospital de San Quintín. Sin embargo, el IMSS finalmente decidió enviarlo en una ambulancia aérea a La Paz, derivado de la intervención de la CEDH, y cargó todos los gastos al rancho “Los Pinos”, como una manera de castigo. Pero situaciones como la del jornalero agrícola no son vistas ni observadas por la Secretaría del Trabajo estatal y federal. El titular del estado, José Luis Pérpuly Drew, ve todo color de rosa, y para la institución a su cargo, “descartan cualquier situación que pudiera afectar laboralmente a los jornaleros agrícolas y sus hijos, porque de manera permanente hacen inspecciones y operativos de vigilancia en los ranchos agrícolas”. No dijo cómo ni dónde, pero el funcionario se jactó de que hasta el momento no han encontrado “problemas significativos”; incluso presumió que han hecho inspecciones en 21 de los 41 ranchos agrícolas del estado en donde trabajan cerca de 14 mil jornaleros. A decir del funcionario, lo más grave que han detectado es que algunos trabajadores no cuentan con seguridad social, pero es porque “tienen muy poco tiempo trabajando en las empresas”. Contradictoriamente a la versión de la CEDH y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el titular de la Secretaría del Trabajo en el estado, descartó que en los ranchos agrícolas estén laborando menores de edad, porque “se tiene una vigilancia permanente, sobre todo en temporadas de cosecha”. Las medidas Hoy, y después de décadas, por primera vez en la historia, los hijos de los jornaleros agrícolas de Baja California Sur, lograron finalmente acceder a un programa de alimentación de 0 a 14 años. “Hasta el año pasado, no se bajaba un solo centavo para cuidar la alimentación de los niños de jornaleros. Hoy, logramos un fondo de 10.8 millones de pesos, porque en los estudios que se hicieron, nos dimos cuenta que los padres de los infantes, se levantan a las 4 ó 6 de la mañana a trabajar y dejan a sus hijos en el abandono o encargados con el hijo más grande, y por ende, no tienen una buena alimentación”, dijo a ZETA Yesenia Ramírez Saldaña, coordinadora del programa de grupos prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). La funcionaria comentó que en este primer semestre ya tienen registrados a mil 200 infantes en Comondú, mil 650 en Vizcaíno y 35 en La Paz, quienes todas las mañanas reciben su alimento. De hecho incluimos en el programa a una gran parte de los habitantes de Ciudad Insurgentes y Ciudad Constitución, porque tienen colonias enteras de personas que trabajan de jornaleros agrícolas, y erróneamente, no eran contemplados como tales por ser habitantes fijos y porque no emigraban. “Emigraran o no, son jornaleros agrícolas, porque de eso viven y de eso comen, aun y cuando sean sudcalifornianos. Hoy, ya están incluidos y sus hijos reciben su respectiva alimentación”, dijo. La responsable del programa de jornaleros comentó que este año pretenden empadronar a más de 2 mil niños en los campos agrícolas para ampliar la cobertura, y estar pendientes de que aparte de que reciban su alimentación, puedan estudiar a través de una beca de “permanencia escolar”. “El objetivo de este noble programa es que los niños no salgan junto con sus padres a trabajar, con el pretexto de que tienen que ser una mano de obra más para la familia, es decir, mejor los dejamos en la escuela, y mientras sus padres trabajan, ellos estudian”, comentó la funcionaria. — ¿Ustedes han detectado a niños trabajando?, preguntó ZETA. “Sí claro, sí existen muchos casos”. — ¿Tienen alguna estadística? “Desgraciadamente no, pero hemos detectado que cuando un niño cumple los 12 ó 14 años, resulta que ya no cobró sus estímulos de permanencia escolar, porque ya se fue a trabajar al campo. Hoy por hoy, la CEDH es la más interesada en que todas las irregularidades detectadas sean atendidas en los ranchos agrícolas, porque como dijo el presidente Ramón Meza Verdugo, “la mayoría de los jornaleros, siempre tienen muchos problemas, y estamos analizando y proponiendo abrir la Casa del Migrante, porque somos un estado receptor de migrantes, y por ende, requerimos de un espacio donde se canalicen y atiendan todo tipo de asuntos relacionados a los jornaleros”. Sin embargo, la indiferencia de José Luis Pérpuly Drew y Amalia Camacho, titulares de la ST estatal y federal, es tal que el 22 de marzo el diputado Carlos Castro Ceseña tuvo que exhortarlos en un punto de acuerdo para que salieran de sus oficinas refrigeradas y cumplieran con su obligación de acudir a los campos agrícolas a inspeccionar y vigilar para que se respeten las leyes, y revisen caso por caso todas las irregularidades existentes e iniciar los procedimientos de sanción a que se hagan acreedores los propietarios o patrones de los campos agrícolas, quienes explotan a sus trabajadores y sus familias y los tienen viviendo en condiciones infrahumanas.
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