Agúndez no saldrá de inmediato: Procurador

El Juez Segundo de Distrito en Baja California Sur, Francisco Javier Silva Anda, ordenó el 12 de julio revisar la acusación en contra del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y “en caso de existir una conducta distinta a la de peculado, reclasificar el delito” por el que está privado de su libertad desde hace 58 días en el Cereso de La Paz. El ex gobernante del PRD, detenido el 24 de mayo y acusado de distraer 76 millones 200 mil pesos por concepto de la venta irregular de 7 bienes inmuebles en el exclusivo Fraccionamiento de “El Pedregal” de Cabo San Lucas, metió en aprietos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) tras conseguir ampararse del auto de formal prisión dictado por el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Primera Instancia, bajo el expediente 477/2012. No obstante, y según versión del Procurador Gamill Arreola Leal, “el amparo no significa que vaya a dejar la prisión de forma inmediata”, sino es el comienzo de una batalla legal, derivado de que la PGJE se inconformó e interpuso –al cierre de esta edición— un recurso de revisión sobre la actuación del juzgador federal, caso que tendrá que ser analizado y revisado jurídicamente por los magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados federales entonces tendrán que emitir entre septiembre y octubre próximos una resolución sobre si confirman, modifican, revocan o anulan el amparo otorgado por el Juez Francisco Javier Silva Anda al ex gobernante del PRD. Según la interpretación del juzgador, la PGJE y el TSJE no demostraron fehacientemente la existencia del delito de peculado, porque “el congreso del estado de Baja California Sur autorizó la operación de compraventa a particulares de los 7 bienes inmuebles que eran propiedad del dominio público”. La visión del Juez Segundo de Distrito fue vista por la PGJE como “una presunción poco afortunada”, ya que –según el Procurador— “existen elementos suficientes que acreditan plenamente el delito de peculado, y aunque si bien, hubo una autorización del congreso, debe considerarse que estuvo por encima de la Ley, y no puede ser validada jurídicamente, porque se trata de bienes del dominio público que no pueden ser vendidos o cedidos legalmente a terceros, por el contrario, deben ser utilizados única y exclusivamente para infraestructura urbana o construcción de áreas verdes o deportivas”. El artículo 103 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, establece claramente en el inciso III que “los bienes del dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a la enajenación, mientras no varíe su situación jurídica, acción, reivindicatoria o de posesión definitiva o interna”. Durante una entrevista con ZETA, el Procurador Gamill Arreola Leal, informó que desde la notificación del amparo a favor de Agúndez, trabaja en coordinación con la Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Estado –como parte denunciante— para elaborar el recurso de revisión en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, y confió en que la protección de la justicia federal que también contempla al ex secretario general, Alfredo Porras Domínguez, finalmente sea modificada, porque “nadie puede estar por encima de la Ley y de la Constitución”. — ¿Qué opinión le merece el amparo? “Es un recurso legal al que cualquier procesado tiene derecho. Pero nosotros hicimos un trabajo responsable y estrictamente jurídico e independientemente de que el juez federal, no haya visto reunidos todos los elementos del tipo penal del delito de peculado, consideramos que la averiguación está soportada e integrada debidamente. Sabemos que lo del amparo deriva de situaciones de interpretación y técnico-jurídicas, por lo que sentimos que el caso tiene que ser revisado en una segunda instancia para que se analice la opinión del juez federal”. Sin embargo, como en el caso del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, detenido el 4 de junio del 2011 y posteriormente liberado, el juez Silva decidió ignorar el valor probatorio del delito: en este caso, la operación irregular de compraventa de los bienes inmuebles a particulares, a pesar de que contraviene a la Constitución Política del Estado, independientemente de que son terrenos que fueron vendidos a precios totalmente muy por debajo de su valor real, perjudicando a terceros. Por lo pronto, la defensa del ex gobernador Agúndez, encabezada por el abogado Marco Antonio Ceseña Sandoval, mostró su beneplácito, y festinando el golpe jurídico a la PGJE y del TSJE confió en que su cliente podrá finalmente alcanzar su libertad ahora que el caso sea revisado por los magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación. “Ahorita estaremos en espera de que el amparo cause ejecutoria en términos legales, sabemos de antemano que si la PGJE, se inconforma, puede solicitar una revisión e irnos a una segunda instancia para que sean los magistrados, quienes resuelvan de forma definitiva, sin embargo, el juez federal por lo pronto está reconociendo que no existen elementos suficientes para acusar al ex gobernador por el delito de peculado, lo que significa que de confirmarse, tendría que reclasificarse el delito”, dijo el abogado. — ¿Qué opinión tiene el ex gobernador y el ex secretario general de gobierno sobre el amparo y la posibilidad de que recuperen su libertad? “Van a esperar y están contentos y tranquilos, conscientes de que dimos un gran paso y de que vamos bien en el proceso jurídico”. Las irregularidades Datos recabados por ZETA, en el expediente de más de 3 mil hojas que obra en manos de la PGJE y del TSJE, exponen que la operación de compraventa de los 7 bienes inmuebles, con una extensión de 71 mil 939 metros cuadrados, estuvo plagada de serias irregularidades. Los primeros en violentar la Ley fueron los propios diputados de la XI Legislatura cuando, ignorantes de la Constitución Política de Baja California Sur, y encabezados por el Presidente de la Comisión Permanente en aquel entonces, Juan Carlos López Cisneros, aprobaron como si nada la venta de los terrenos del dominio público, después que la solicitud fue “analizada” por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, integrada por los ex diputados Óscar Leggs Castro, Blanca Guadalupe Guluarte Guluarte y Georgina Nohemí Hernández Beltrán. La solicitud del proyecto de decreto estuvo firmada entonces por el ex gobernador, el ex secretario de finanzas y el ex secretario de planeación urbana, infraestructura y ecología, Narciso Agúndez, Nabor García Aguirre (fallecido) y Guillermo Jáuregui Moreno, respectivamente. Los bienes inmuebles donados por el desarrollador del exclusivo Fraccionamiento de El Pedregal de Cabo San Lucas, Manuel Díaz Rivera, debieron haber sido destinados a equipamiento urbano o áreas verdes y deportivas, tal como marca el artículo 74 de la Ley de Fraccionamientos y de Desarrollo Urbano del Estado. Pero el ex gobernador solicitó venderlos a particulares a título oneroso, y supuestamente destinar el dinero a obras de infraestructura urbana y social que ni siquiera fueron construidas, porque resulta –y según el razonamiento del Agente del Ministerio Público de la PGJE, responsable del caso— la primera operación de compraventa no pudo concretarse, y en la segunda, el comprador terminó pagando el 25 por ciento del valor real cuyo dinero no alcanzaba para el proyecto original que había de invertir en la construcción de un hospital en Los Cabos. Independientemente de que haya sido legal o no, los diputados de aquel entonces colocaron un candado en el artículo 3 del decreto: “Se obliga al titular del Poder Ejecutivo a enterar oportunamente al Congreso del Estado, en cualquier tiempo que éste lo requiera, de la promoción y enajenación a título oneroso en su caso, así como el destino de los recursos económicos, derivados de la presente autorización”. El problema es que nada de eso sucedió. De hecho, el ex gobernador jamás informó sobre la anulación de la primera operación ni tampoco enteró que habría una segunda venta que fue pactada el 17 de febrero del 2011 en una sospechosa sesión secreta –y donde según una minuta de la reunión— se hizo constar que habían estado presentes, Narciso Agúndez, Alfredo Porras Domínguez, Juan Garibaldo Romero, así como los ex diputados Natividad Osuna Aguilar y Arturo Flores González. Los presentes a la sesión secreta acordaron “volver a vender los siete bienes inmuebles, en virtud de la anulación del contrato de compraventa con Las Veredas de San José S. de R.L. de C.V., y por consiguiente, se declara desierta la Licitación Pública Nacional número  PI-01/2008”. En la minuta también se transcribe que tienen a dos interesados en comprar los bienes inmuebles de El Pedregal de Cabo San Lucas, y los describe de la siguiente manera. Mónico Javier Soto López, administrador único de la compañía Alja Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V., quien ofreció pagar 20 millones de pesos, y Hassan Mansur González, representante de Inmobiliaria Fakhir, S.A. de C.V., Inmuebles Soria Torreón, S.A. de C.V. e Inmuebles Samar Torreón, S.A. de C.V., quien presentó una propuesta económica de 23 millones 980 mil pesos. La minuta detalla que después de analizar las propuestas y los avalúos “se determina vender los terrenos al empresario Hassan Mansur González y se ordena al comprador pasar a la Notaría Pública Número 15, representada por el Lic. Juan Raúl Mendoza Unzón para formalizar el contrato de compraventa en un término de cinco días hábiles y liquidar impuestos, derechos y honorarios notariales de los siete bienes inmuebles”.