Eduardo Arellano Félix, el estratega financiero del que fuera uno de los cárteles trasnacionales más poderosos del mundo, podrá celebrar su cumpleaños 71 como un hombre libre. Por más de 20 años, los gobiernos federales de México y Estados Unidos investigaron a “El Doctor”, quien de haber perdido el juicio, pudo haber recibido una condena de hasta 140 años por sus delitos; ahora recibirá 15 como máximo. De nada sirvieron los señalamientos de la Fiscalía Federal de Estados Unidos sobre los cientos de toneladas de droga que traficaba el Cártel Arellano Félix (CAF), o el terror que imponían a la sociedad a través de ejecuciones, torturas y secuestros. Ninguno de esos delitos le pudieron ser imputados. Eduardo es el tercer miembro del clan Arellano Félix en ser enjuiciado en la Corte de Larry Burns. Al igual que sus hermanos Benjamín y Francisco Javier, establecieron convenios en los que admitieron su culpabilidad a cambio de beneficios o reducciones en sus condenas, siempre y cuando les fuera incautada una parte de sus ganancias ilícitas. En total, el gobierno de los Estados Unidos se ha quedado con 150 millones de dólares del CAF, y podría quedarse con 50 millones de “El Doctor”, si es que se los encuentran. El Cártel Arellano Félix no está muerto “Este convenio declaratorio clava el último clavo en el baúl de lo que solía ser la Organización Arellano Félix”, declaró el agente especial a cargo de la oficina de San Diego de la Agencia Anti-Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), William Sherman, horas después de la audiencia de Eduardo Arellano. “Lo que solía ser un cártel brutalmente violento, ahora se ha convertido en un comentario al pie de los libros de historia”, manifestó el agente. La paradoja: la misma institución, pero a inicios de mayo de 2013 y en las páginas de ZETA, publicaron una recompensa para hacer un llamado a la ciudadanía a proporcionar información que lleve a la captura de seis capos, entre ellos, Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, a quien ubicaron como cabeza del Cártel Arellano Félix, o como lo refirieron también, “El Cártel de Tijuana”. Anotaron: “En la actualidad, los ciudadanos de San Diego y Tijuana continúan bajo la amenaza de violentas organizaciones criminales como ‘El Cártel de Tijuana’, bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano y su asociado, José Manuel López Núñez, alias ‘El Balas’…”. La realidad es que el Cártel Arellano Félix o CAF, como lo identifican también la DEA y el FBI en su anuncio solicitando información, ha cambiado de liderazgo en distintas ocasiones, hasta llegar a las manos y mente criminal de “El Ingeniero”, identificado como hijo de Alicia Arellano Félix y heredero del imperio del narcotráfico que Benjamín y Ramón Arellano Félix erigieron en Tijuana a mediados de la década de los ochenta. En febrero de 2002, muerto Ramón Arellano Félix, el cártel quedaría en los planes de Benjamín Arellano, aunque no por mucho tiempo. Huyendo entre México y los Estados Unidos, el mayor del clan fue detenido en Puebla en marzo de ese mismo año. No opuso resistencia a la captura por parte de elementos del Ejército Mexicano y fue internado en el penal de Máxima Seguridad en Almoloya de Juárez, desde donde continuó coordinando acciones criminales hasta su extradición a los Estados Unidos, en 2011. Tras la muerte de Ramón y la aprehensión de Benjamín, el menor de los Arellano Félix, Francisco Javier “El Tigrillo” se hizo cargo de la operación criminal del CAF. Este capo, junto a su lugarteniente Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón”, dividirían Tijuana entre células criminales que originaron a los narcotraficantes más violentos de los que se tenga cuenta desde Ramón Arellano Félix. Para “El Tigrillo” sirvieron en distintas partes de la ciudad, Jorge Briseño “El Cholo”, Marco Antonio García Simental “El Cris”, Saúl Montes de Oca “El Ciego”, Efraín Pérez Pasuengo “El Efra”, Aureliano Félix “El Macumba”, entre otros. La mayoría capturados entre 2004 y 2009, mientras “El Cholo” fue asesinado. El poderío de “El Tigrillo” finalizaría en agosto de 2006, cuando fue detenido por agentes de la DEA y el FBI en aguas internacionales cercanas a las costas de La Paz, Baja California Sur. Lo acompañaba una decena de compinches, entre ellos, Arturo Villarreal Heredia. Ese mismo año tomó las riendas del CAF el sobrino de los hermanos. Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, quien continúa prófugo tanto para las autoridades mexicanas, quienes en el sexenio pasado ofrecieron una recompensa por información que llevara a su captura -lo cual no sucede en la actual administración-, como para las norteamericanas que también han puesto precio a su detención a partir de una alerta a la ciudadanía. Ciertamente la mayoría de quienes integraban la estructura criminal de “El Ingeniero” han sido capturados: Manuel Ivanovich Zambrano, Armando Villarreal, Isaac Godoy, Teodoro García Simental, Filiberto Parra Ramos y recientemente, Melvin Gutiérrez Quiroz. Pero antes que estas aprehensiones sucedieran, y ante la escisión de García Simental y Raydel López Uriarte, el CAF se reestructura. Nuevos elementos como el también aprehendido Juan Francisco Sillas aparecieron en la escena criminal. A la sazón, Fernando Sánchez Arellano está libre, y hasta donde las áreas de inteligencia del menguado Consejo Estatal de seguridad Pública de Baja California conocieron, hubo un pacto con otras organizaciones criminales para delinquir varios en este territorio. Pero la alerta de la DEA y el FBI lo ubica aún como el cabecilla de la organización criminal en Tijuana. Un día victorioso en la Corte Desde el momento en que puso un pie en la Corte, Eduardo Arellano Félix supo que había triunfado legalmente. Tal vez por eso caminó sereno hacia el centro de la sala, con una sutil sonrisa dibujada en el rostro. Para tener 56 años de edad, luce avejentado y con la piel flácida, posiblemente porque ha perdido mucho peso desde su reclusión solitaria en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego. Ha perdido prácticamente todo el cabello; le quedan un poco de canas en la nuca. No estaba encadenado como otros presos que encaran al juez Larry Allan Burns, quien se refirió al capo de la droga como “Doctor Arellano”, su grado de escolaridad, pero también su alias criminal. —“Estamos aquí porque ha decidido llegar a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos, ¿es correcto?”, preguntó el juez. “Sí”, contestó confiado Arellano. — “En el convenio de 16 páginas que ha firmado usted, se declara culpable de dos cargos, lavado de dinero y transferencia de ganancias procedentes del narcotráfico, ¿es correcto esto también?”. “Sí”. — “De ser así, levante su mano derecha y jure decir la verdad durante esta audiencia”. “Sí, lo juro”. Fue así como comenzó una audiencia de 41 minutos, en la que se formalizó el acuerdo extrajudicial mediante el cual Arellano cambiaba su declaración de no culpable, como se había pronunciado en septiembre de 2012, a culpable, pero solo por dos de los siete cargos de tráfico de droga: asociación delictiva y lavado de dinero, imputados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California. Si el caso se hubiera ido a juicio y la Fiscalía hubiera logrado comprobar todos los cargos en su contra, “El Doctor” pudo haber sido sentenciado a 140 años en prisión. De acuerdo con la acusación formal del caso -97cr2520-LAB-, se le inculpa de haber participado directa o indirectamente en los siguientes delitos: – Tráfico ilegal de narcóticos, incluyendo pero sin limitarse, cocaína y marihuana. – Lavado de dinero procedente de las ganancias del cártel, producto del narcotráfico. – Secuestro, tortura y homicidio de informantes, narcotraficantes rivales, autoridades que no quisieron cooperar con ellos, y otros que son percibidos como “enemigos” del cártel. – Soborno sistemático de autoridades mexicanas y personal militar. Los juicios de crimen organizado por lo regular duran varios meses o hasta años, por la gran cantidad de pruebas y testimonios que deben presentarse ante un jurado. En este caso se hubieran tenido que desahogar pruebas y documentación compiladas en un expediente de más de mil 400 páginas, con información recabada desde 1986 hasta 2002. A través del convenio promovido por su abogado de oficio, Brian P. Funk, Eduardo Arellano se declara culpable de solo dos delitos: 1) Conspiración para lavar instrumentos monetarios desde 1986 hasta 2002, provenientes de actividades ilícitas de importación y exportación de marihuana y cocaína, al recibir el dinero e invertirlo de manera directa o indirecta para ayudar a la organización del tráfico de drogas. 2) Conspiración para transferir o transportar cientos de millones de dólares derivados de las ganancias de la venta de droga en San Diego, California, u algún otro lugar desde 1986 hasta 2002. “Estos cargos son parecidos, pero no iguales”, aclaró el juez Burns, para después deslindarse por completo del convenio: “Éste es un acuerdo entre usted y el gobierno de los Estados Unidos, yo no tengo nada que ver con él. — “Éstos no son las acusaciones originales, son acusaciones supletorias preparadas por la fiscalía y no un Gran Jurado. De aceptar todos los otros cargos van a sobreseer, ¿comprende esto, doctor Arellano?”, cuestionó Burns. “Sí”, respondió el inculpado. El juez también explicó que como parte del acuerdo, Arellano aceptaba una acusación de decomiso de hasta 50 millones de dólares en efectivo, cuentas bancarias o bienes procedentes de ganancias del tráfico de drogas o lavado de dinero. —“¿Está consciente que al aceptarlo, el gobierno de Estados Unidos puede decomisar este dinero y usted no tendrá derecho a reclamarlo después?”. “Sí”, respondió tranquilo. Una vez leídos los cargos, el juez procedió a explicarle los cargos que le serían fincados al admitir su culpabilidad. Por el delito de lavado de dinero, recibiría hasta cinco años de cárcel y una multa de 50 mil dólares, así como la confiscación de los bienes antes mencionada. Por el delito de transferencia de fondos monetarios, recibiría hasta 10 años de prisión. — “Después de cumplir su condena usted será deportado hacia México, al menos de que enfrente otros cargos aquí o en su país”, advirtió el juez. “No, yo no tengo otros cargos ni aquí, ni en México”, replicó contundente “El Doctor”, con el fuerte acento sinaloense que le caracteriza. Como parte del procedimiento para admitir formalmente su culpabilidad, el juez Burns realizó una serie de preguntas que cambiaron la postura de seguridad que hasta entonces reflejaba el capo. — “En la página cuatro del convenio que ha firmado, se establece que usted es un miembro de alto rango de la Organización Arellano Félix, ¿es esto cierto?”. “Sí”, contestó titubeante. — “¿Era usted consultado de las decisiones de la organización?”. “Pues nomás estaba ahí yo”, sostuvo Eduardo Arellano, vacilante. —“¿Pero le pedían su consejo?”. “No, yo solo hablaba con mi hermano”. — “¿Cuál hermano?”. “Benjamín”. — “Pero aquí dice que usted participaba en la toma de decisiones de la organización”. “No, yo solo soy un miembro de la familia”. —“Aquí también dice que usted tenía a su cargo a un grupo de subordinados para el lavado de dinero, ¿no es así?”. “No, ellos trabajaban para mí. Nosotros hacíamos casas, para nosotros y para vender”, dijo Arellano, enfadado de las incómodas preguntas del juez. También fastidiado por las evasivas, Burns le reprochó: “Doctor Arellano, si usted quiere que yo acepte su declaración de culpabilidad, va a tener que aceptar lo que declara en este documento”. El juez continuó con los cuestionamientos: — “Controlaba o no a un grupo de personas de la organización…”. “’Pos sí, póngale ahí que sí”, respondió Arellano con tono de niño regañado. De ahí en adelante “El Doctor” contestó que “sí” a todos los planteamientos del juez, y finalmente juró su culpabilidad de los dos cargos imputados y renunció reclamar al dinero confiscado. Sin embargo, Larry Allan Burns cuestionó al fiscal James P. Melendres si esos 50 millones de dólares existían. “Sí, pero no lo hemos encontrado todo, así que no lo hemos decomisado aún”, contestó. Antes de concluir la audiencia, el juez Burns ordenó se expidiera un informe pre- condenatorio y fijó como fecha para la audiencia de sentencia el 19 de agosto. Satisfecho, Eduardo Arellano fue escoltado de vuelta a su celda. No pudo evitar sonreír de nuevo. Para la fiscal federal Laura Duffy, el caso alcanzó “un arreglo muy favorable para los Estados Unidos”. Duffy y la Fiscalía a su cargo han investigado por décadas las actividades criminales de los Arellano Félix, y lograron llevar a la Corte a Benjamín y Francisco Javier “El Tigrillo”, a quienes confiscaron 100 millones y 50 millones de dólares, respectivamente. También se ha enjuiciado a otros miembros del CAF, como Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón”, a quien sentenciaron a 30 años de prisión y confiscaron 5 millones de dólares; Everardo Arturo Páez Martínez “El Kitty”, sentenciado a 30 años de prisión por tráfico de cocaína y lavado de dinero; al mismo tiempo, a Jesús “Chuy” Labra Avilés, sentenciado a 40 años de prisión por tráfico de droga, lavado de capitales y asociación delictuosa; y a Armando Martínez Duarte “El Loco”, quien recibió una sentencia de ocho años con tres meses, por servir como escolta de los hermanos Arellano Félix. De igual manera, fueron procesados los hermanos Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, con sentencias de 40 y 30 años de prisión, respectivamente.
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